por Bill Van Auken/WSWS.ORG
Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, dejó claro el viernes [24 de julio, nota del Editor CT] que su Gobierno está negociando activamente la entrega de Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, a las autoridades británicas, cuyos policías están vigilando fuera de la embajada ecuatoriana para llevárselo en el momento en que salga a las aceras de Londres.
Si fuere a caer en manos de las autoridades británicas, se enfrentaría a un encarcelamiento prolongado hasta su extradición a EUA, donde hay cargos de espionaje y conspiración en su contra que conllevan la cadena perpetua o incluso la pena de muerte.
Moreno, quien está realizando un tour por Europa, busca congraciarse a él mismo y a su Gobierno con las principales potencias imperialistas. Es por esto que se desvió de su camino para vilipendiar a Assange el viernes.
“Jamás he estado de acuerdo con la actividad que realiza el señor Assange. Nunca he estado de acuerdo con las intervenciones en los correos privados de la gente para poder obtener información por más valiosa que esta sea para sacar a la luz ciertos actos indeseables de Gobiernos y personas… Existen formas correctas y legales de hacerlo”.
Moreno también llamó a Assange un “hacker” un “problema que lo heredamos” y una “piedra en el zapato”.
No existe evidencia alguna que Assange ni WikiLeaks se infiltraron en los correos electrónicos de nadie ni infringieron ninguna ley. Assange realizó un trabajo invaluable como un periodista valiente e ingenioso, poniendo a disposición del mundo piezas de información secretas sobre crímenes de guerra imperialistas, espionaje masivo y manipulaciones y conspiraciones antidemocráticas realizadas por Washington y otros Gobiernos y corporaciones transnacionales.
Assange fue concedido asilo por el Gobierno ecuatoriano anterior del presidente Rafael Correa en el 2012 ante la clara evidencia de que era objeto de una persecución política por exponer dichos crímenes.
Cuando anunció la decisión de Quito de otorgarle asilo a Assange, el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, declaró que las represalias de Washington por las exposiciones de Assange ponían “en peligro su seguridad, integridad e incluso su vida”. Patiño añadió: “La evidencia jurídica muestra claramente que, de darse una extradición a los Estados Unidos de América, el señor Assange no tendría un juicio justo, podría ser juzgado por tribunas especiales o militares, y no es inverosímil que se le aplique un trato cruel y degradante y se le condene a cadena perpetua o a la pena capital”.
¿Qué cambió desde entonces? Assange ha pasado los últimos seis años atrapado en la embajada ecuatoriana. El Gobierno de Trump solo ha hecho las intenciones estadounidenses más explícitas. El exdirector de la CIA y actual canciller estadounidense, Mike Pompeo, declaró a WikiLeaks un “servicio de inteligencia hostil no estatal respaldado frecuentemente por actores estatales como Rusia”, y proclamó que los reportajes de Assange no estaban protegidos por la Primera Enmienda a la Constitución de EUA.
El fiscal general estadounidense, Jeff Sessions, ha insistido en que Assange debe ser llevado en cadenas a EUA para enfrentarse a un juicio fraudulento, describiendo esto como una “prioridad” del Departamento de Justicia norteamericano.
En sus declaraciones el viernes, el mandatario ecuatoriano señaló: “Lo único que queremos es la garantía de que su vida no va a correr peligro. Hemos conversado y lo estamos tratando con el asesoramiento legal del señor Assange y con el Gobierno británico”.
Parecería que la única condición planteada por el Gobierno ecuatoriano a cambio de la cancelación del asilo de Assange y la entrega a sus perseguidores es la promesa vacía de que las autoridades británicas y estadounidenses no lo ejecutarán. Las otras amenazas para Assange mencionadas por las autoridades ecuatorianas en el 2012, incluyendo su “trato cruel y degradante” y una “cadena perpetua”, son aparentemente más aceptables ahora para Quito.
Además de sus negociaciones con el Gobierno británico, Moreno visitó España, firmó un acuerdo de seguridad con el Gobierno derechista y minoritario del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) bajo Pedro Sánchez, donde les garantizó a los capitalistas españoles un acceso irrestricto a los mercados, recursos y mano de obra barata de Ecuador.
Se reporta que fueron las protestas de España por las denuncias de Assange contra Madrid por el arresto del expresidente regional catalán, Carles Puigdemont, que instaron al Gobierno de Moreno a cortarle el Internet, las llamadas telefónicas y las visitas a Assange, imponiéndole un régimen de incomunicación con menos derechos que un prisionero.
Todo esto se trata de un giro a la derecha, no solo del Gobierno de Lenín Moreno, sino de todos los Gobiernos de la llamada “marea rosa” latinoamericana y sus satélites pseudoizquierdistas.
Moreno es el sucesor seleccionado personalmente por el expresidente Rafael Correa, quien se proclamó un simpatizante de la “Revolución Bolivariana” del fallecido exmandatario venezolano, Hugo Chávez. Mientras que Moreno y Correa han caído en una enconada riña, la política derechista de acercarse al imperialismo y escalar los ataques contra la clase obrera fue iniciada bajo Correa, cuyo Gobierno fue el primero en cortarle el Internet a Assange por la publicación de WikiLeaks de correos electrónicos que mostraban la trama del Partido Demócrata para manipular las primarias del 2016 para asegurar que Hillary Clinton venciera a Bernie Sanders.
Mientras tanto, otros Gobiernos identificados con este llamado “giro a la izquierda” en América Latina han sido completamente desacreditados. El sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, ha colocado el peso total de la desesperada crisis económica de Venezuela sobre los hombros de la clase obrera, asegurando la riqueza y privilegios de los oligarcas y mandos militares del país, al igual que los pagos de la deuda a los bancos internacionales.
El presidente sandinista de Nicaragua, Daniel Ortega, ha desatado un baño de sangre para aplastar protestas populares contra medidas de austeridad que han resultado en más de 400 muertes. El expresidente brasileño, Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), se encuentra en la cárcel, mientras que el PT ha quedado plenamente desacreditado por sus propias medidas antidemocráticas y ataques contra los derechos de la clase obrera, lo que le abrió el paso al Gobierno más derechista desde la dictadura militar y a la candidatura explícitamente de tinte fascista de Jair Bolsonaro.
La pseudoizquierda latinoamericana —dominada por el nacionalismo pequeñoburgués y orientada a las burocracias sindicales nacionales y a obtener bancas parlamentarias y adaptarse a la política de identidades— ha ignorado en gran medida los ataques contra Assange, rehusándose a levantar un solo dedo para defenderlo ni para informarles a los trabajadores latinoamericanos sobre los decisivos intereses democráticos y sociales conectados a su futuro.
Un ejemplo típico ha sido la reacción —o, mejor dicho, falta de ella— de los principales partidos pseudoizquierdistas en Argentina, el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y el Partido Obrero (PO), los cuales, independientemente de sus diferencias, están unidos en una coalición electoral carente de principios, el “Frente de Izquierda y de los Trabajadores” (FIT).
El último artículo significativo de Assange en el sitio web del PTS, Izquierda Diario, fue publicado el 3 de abril del 2017, bajo el título, “Con el triunfo de Lenín Moreno, Julian Assange evitó su desalojo de la embajada ecuatoriana”. Al sembrar tales ilusiones en un político burgués derechista como Moreno y promover la complacencia ante los peligros enfrentados por Assange, el PTS efectivamente socavó la defensa del editor de WikiLeaks.
En cuanto al PO, ha ignorado completamente la cuestión de Assange. No ha escrito nada sobre su caso por más de cinco años. Este partido, orientado hacia una alianza con la burocracia sindical peronista en casa y hacia las fuerzas ultraderechistas del estalinismo ruso en el extranjero, ejemplifica el punto de vista reaccionario del nacionalismo pequeñoburgués latinoamericano que, en relación con el caso de Assange y cualquier otra cuestión política importante, sirve como un conducto de presiones imperialistas sobre la clase obrera.
La tarea de defender a Julian Assange —y, si vamos al caso, la defensa de los derechos sociales y democráticos de la clase trabajadora, junto con la liberación de América Latina de toda opresión imperialista, desigualdad social y pobreza— solo puede ser cumplida por medio de la movilización política de la clase obrera, independientemente de todos los partidos burgueses supuestamente “izquierdistas” y los grupos pequeñoburgueses pseudoizquierdistas que los apuntalan.
La clase obrera constituye la única base de apoyo auténtica para la defensa de los derechos democráticos, los cuales solo pueden ser asegurados como parte de la lucha por unificar a los trabajadores internacionalmente y poner fin al sistema capitalista, el cual amenaza a la humanidad misma con una guerra mundial y dictaduras.
Los trabajadores latinoamericanos deben cerrar filas con los trabajadores de todo el mundo en defensa de Assange, exigiéndole al Gobierno ecuatoriano detener los esfuerzos reaccionarios para acabar con su asilo, luchando por su liberación inmediata de toda persecución por parte de las autoridades estadounidenses y británicas y preparando protestas y huelgas de masas contra cualquier intento para arrestarlo o extraditarlo.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 27 abril de 2018)
Fuente: https://www.wsws.org/es/articles/2018/07/30/pers-j30.html
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