Chile turbio: Indagan abusos y encubrimientos que vinculan a la Iglesia católica con las FF.AA.

En la foto: general Humberto Oviedo Arriagada, ex comandante en Jefe del Ejército 2014-2018, y el actual Arzobispo de Santiago, monseñor Ricardo Ezzati.

por Alejandra Carmona López / El Mostrador.

Chillán se ha convertido en una de las diócesis con las historias más oscuras. No solo porque en 2009 un sacerdote fue apuñalado 16 veces sin que nadie encontrara al culpable, sino también porque es la primera zona donde un obispo es investigado por abusos sexuales. Además, un capellán del Ejército es indagado y su nombre se suma a tres obispos castrenses cuyas pistas son seguidas por eventual encubrimiento.

Ese 9 de agosto, cuando un grupo del OS-9 de Carabineros allanó el Obispado Castrense en Providencia, Mauricio Pulgar no tuvo dudas. Toda la ruta de encubrimiento que había denunciado desde el año 2012 –cuando presentó una querella por abusos sexuales contra el presbítero Humberto Henríquez, mientras estaba en el Seminario Mayor San Rafael– le hizo sentido otra vez.

En su camino por lograr establecer responsabilidades frente a lo que vivió, Pulgar siempre había denunciado que fueron muchas autoridades de la Iglesia católica las que conocieron su realidad y la de otras víctimas de sacerdotes en Valparaíso. Entre ellos, mencionó ante la justicia a Gonzalo Duarte y Santiago Silva, ambos con cargos en la jerarquía eclesiástica de Valparaíso y que,  además, pasaron por el Obispado Castrense.

Pulgar cree que los relatos de encubrimiento no solo dejaron huellas en las diócesis donde ocurrieron los hechos o en los escasos tribunales hasta donde llegaron las denuncias, sino también tras las paredes del lugar que alberga a los sacerdotes de las Fuerzas Armadas.

Chile fue el primer país de América donde la Iglesia católica levantó un Vicariato Castrense para atender a los hombres y mujeres vinculados a las Fuerzas Armadas, y sus cimientos fueron sellados por Juan Pablo II, en 1996, mediante la Constitución Apostólica “Spirituali Militum Curae”.

En los últimos años, entre los que han liderado ese obispado están Duarte (1995-1999), Pablo Lizama Riquelme (1999-2004), Juan Barros Madrid (2004-2015) y Santiago Silva Retamales, actual obispo castrense desde 2015 y presidente de la Conferencia Episcopal.

Todos han sido cuestionados por estar vinculados en algún caso de encubrimiento; sin embargo, la hebra podría ser más contundente que en otros episodios, porque, a diferencia de los secretos que puede ocultar la Iglesia católica, los sacerdotes vinculados al Obispado Castrense son también funcionarios públicos: dependen de las Fuerzas Armadas, sus sueldos son pagados vía Ministerio de Defensa y están obligados a denunciar un delito. Es decir, si la Fiscalía descubre que bajo el ejercicio de sus funciones tuvieron conocimiento de abusos y no los denunciaron a la justicia, las imputaciones por encubrimiento serían indesmentibles.

La encrucijada de Chillán

Desde el 2 de agosto, día en que la Fiscal Regional de Bío Bío, Marcela Cartagena, confirmó una denuncia en contra del obispo de Chillán, Carlos Pellegrin, empezó a correrse el velo de un secreto a voces, algo sobre lo que todo el mundo hablaba, que “Chillán se ha convertido en un escenario oscuro, donde nadie entiende nada”, comentó un sacerdote.

Según fuentes vinculadas a la investigación, actualmente son cinco sacerdotes, más el obispo Pellegrin, las personas investigadas por el Ministerio Público en Chillán. Entre ellos está Héctor Bravo, la tercera denuncia que abrió la Diócesis en 2018 y que fue desestimada por el sacerdote encargado del caso, hace pocos días, porque no encontró “certeza moral” respecto a la verosimilitud de los hechos. Sin embargo, su nombre aún está siendo indagado por el Ministerio Público.

Bravo fue denunciado a través de la prensa por una posible víctima que dio cuenta del abuso que habría ocurrido mientras era párroco de San Juan de Dios, a la que pertenecen dos capillas, entre ellas, la Divino Maestro, donde habría sucedido el abuso y donde fue párroco hasta 2009. Tiene grado de capitán, es capellán del Regimiento Nº9 de Chillán y, a pesar de estar en esa zona, está incardinado al Obispado Castrense, es decir, pertenece a este último.

El teniente coronel del regimiento, Alejandro Sandoval, explicó que no se puede referir a la causa sobre la que la Fiscalía ha decretado 40 días de reserva, pero sí confirma que Bravo estuvo con licencia y, ahora, con un permiso sin goce de sueldo por tres meses. Es por el mismo secreto de la investigación que tampoco el obispado puede referirse a los hechos que han convertido a Chillán en una de las diócesis más complejas y herméticas.

El año 2009, el sacerdote diocesano Cristián Fernández fue apuñalado 16 veces y solo se imputó a un joven, que pasó cerca de ocho meses preso antes de ser absuelto. El asesinato se convirtió en un enigma, pero en las declaraciones que recogió la PDI muchos de los sacerdotes interrogados hablaron de sus fiestas y conductas homosexuales.

En Chillán pasa lo mismo que en cualquier ciudad o parroquia donde los sacerdotes se convierten en autoridades con redes y poder. El diario La Discusión es uno de los pocos medios que ha seguido cotidianamente lo que sucede en esa diócesis y, en una de sus notas, señaló que en las últimas semanas algunos vecinos de la capilla Divino Maestro habían visto merodear con uniforme de militar a Bravo, un hecho que el teniente Sandoval aseguró desconocer.

Tanto el obispo como los sacerdotes de Chillán han hecho buenas migas con el poder. “Mucha gente también tiene miedo de denunciar, porque la Iglesia da trabajo en la zona, están a cargo de muchos colegios”, señaló un católico que reconoce la importancia de las autoridades eclesiásticas en el lugar, donde la institución posee una fundación de la que dependen 19 colegios y que ha sido integrada por importantes políticos. Uno de ellos fue el ingeniero industrial de la UDI, Martín Arrau, nuevo delegado presidencial para Ñuble, quien será intendente desde el próximo 6 de septiembre.

No solo el obispo Bravo está ligado a la FF.AA. –y está siendo investigado en Chillán– sino también el sacerdote Luis Ricardo Montenegro, quien fue capellán del Ejército entre 1996 y 2008, primero en Concepción y luego en Antofagasta. La diócesis inició una investigación después de una denuncia por presunto abuso de un menor, que habría ocurrido cuando Montenegro era vicario pastoral en San Carlos Borromeo. No es la primera vez, ya había sido investigado en 2012, por una denuncia que lo vinculaba a un adulto y por la que debió ser indagado por otro sacerdote externo.

A Dios y las armas

“El Obispado Castrense es la caja de pago para los sacerdotes”, afirmó Mauricio Pulgar, que ingresó a fines de 1992 a las postulaciones para ser sacerdote. Tenía 17 años y siempre había sido cercano a la parroquia de Quilpué, donde siguió creyendo a ultranza en el catolicismo, hasta que comenzó a vivir las primeras situaciones extrañas con el ex párroco de la comuna, Jaime Da Fonseca, como “la obsesión de él de acercar la cabeza a los genitales cuando uno se confesaba”, contó en una entrevista con El Mostrador hace unos meses. Da Fonseca recién perdió el estado clerical en agosto de 2017,  tras una determinación de la Congregación para el Clero de la Santa Sede.

Pese a que Santiago Silva ha rechazado las acusaciones de Pulgar, este último aseveró que, cuando le contó lo que estaba viviendo con el sacerdote Henríquez, Silva le dijo que se suicidara, “que era lo mejor que podía hacer”.

Las denuncias contra Silva han venido asimismo de parte de otro ex seminarista, Sebastián del Río, quien también denunció al obispo Duarte en 2011, cuando presentó en la Nunciatura Apostólica una denuncia en su contra, de Santiago Silva y del ex rector del Seminario San Rafael, Mauro Ojeda, por abuso de poder y de conciencia con connotaciones sexuales.

Cuando sucedió lo que relata Del Río, Silva era obispo auxiliar de Valparaíso. “Cuando él se dio cuenta que a Mauro Ojeda le pasaban cosas conmigo, lo primero que hizo fue decirme que yo lo parara. Me pidió encarar a Mauro. ‘Yo te exijo que lo enfrentes’, me dijo. Y eso es sin lugar a dudas un encubrimiento. Me pasó a mí la pelota”, relató Del Río.

Cuatro años después de ese hecho, Silva asumiría en el Obispado Castrense, cuando aún Valparaíso era un hervidero de denuncias sin resolver y que le significaron al ex arzobispo Duarte ser la primera renuncia aceptada por el Papa posencuentro en Roma. Son pistas que ahora sigue el Ministerio Público y que pone doble carga a los sacerdotes que prestan servicios religiosos para las Fuerzas Armadas.

Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/08/28/las-investigaciones-por-abuso-y-encubrimiento-que-vinculan-a-la-iglesia-catolica-con-las-fuerzas-armadas/

 

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