Trabajadores públicos de Chile: Por un Contrato Único en el Estado.

por Irma Parra (*) /SSMC.

Las y los trabajadores a honorarios en el Estado, no somos prestadores de servicios ocasionales, por el contrario, somos trabajadores dependientes, con relación de subordinación y dependencia, obedecemos órdenes de jefatura y cumplimos funciones permanentes. Somos una expresión más de las contradicciones que genera el sistema capitalista el ámbito laboral, tenemos deberes, pero no se nos reconocen derechos. Frente a lo anterior, ha sido la organización y la lucha consciente las que han logrado instalar el problema de los honorarios a nivel país, asimismo, ha sido la fuerza sindical la única capaz de torcer la mano al Estado y alcanzar derechos.

Sin embargo, lo que nosotros y nosotras queremos es acabar con la precariedad laboral, terminar con la desprotección y vulneración a las y los trabajadores del Estado. Y para ello, no basta con pasar a la “contrata”, es decir, a un contrato a plazo fijo. Lo que queremos es igualar las condiciones laborales en el sector público y en ese camino acabar con la precariedad y flexibilización laboral instaladas a la fuerza por una dictadura sangrienta, profundizada por una democracia embustera.

La lucha por el contrato único es una demanda a largo plazo que hemos adoptado las y los honorarios agrupados en la Coordinadora Metropolitana de Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios. Nuestras organizaciones sindicales luchan por mejorar las condiciones laborales en el cotidiano, alcanzando varios avances como la igualación a la contrata en permisos por vacaciones, días administrativos, permisos por matrimonio, enfermedad del hijo(a), hora de amamantamiento a hijos(as) menores de dos años; así como la contratación de mujeres embarazadas, acceso igualitario a sala cuna, respeto al trabajo sindical de dirigentes y delegados(as), negociación de convenios anuales, entre otros. Pese a estos avances, consideramos que el trabajo a honorario al ser una forma de precariedad debe dejar de existir, por ello nuestra demanda a mediano plazo es la contratación del total de honorarios, sin embargo, la solución al problema es más profunda, y tiene que ver con la lucha por la modificación de las relaciones laborales al interior del sector público, que se resume en un contrato único en el Estado, el cual tiene sustento en tres ideas fuerza.

En primer lugar, la única forma de acabar con la precariedad y flexibilización laboral en el Estado es creando un nuevo y único estatuto que regule las relaciones laborales en el sector público. Esta nueva forma de contratación debe tener la capacidad de adaptarse a las modificaciones de propias de la sociedad, el crecimiento demográfico, las necesidades y demandas de la población y el tamaño que debe tener el Estado como institución garante de derechos.

En ese sentido, el Estatuto Administrativo, al permitir la contratación a plazo fijo, así como al dejar abierta la contratación a honorarios ha dado rienda suelta a la precarización laboral, la desprotección de derechos y la flexibilización, desbaratando la llamada “carrera funcionaria”, que permite estabilidad laboral, mejora en el empleo, capacitación y promoción del desarrollo de las y los trabajadores, protección social, entre otros.

En segundo lugar, debemos avanzar hacia la unidad de las y los trabajadores del Estado, en el ámbito material pero también subjetivo. La heterogeneidad de contrataciones (planta, contrata, honorarios, compra de servicios, subcontrato) ha generado la existencia de trabajadores de 1°, 2°, 3° y hasta 4° categoría, conviviendo en una misma institución, en muchos casos, realizando las mismas labores. Esto genera diferencias en la vida material de las y los trabajadores que, realizando las mismas funciones pueden o no tener protección social, pueden o no tener derechos laborales, y son o no son reconocidos como funcionarios públicos.

Por otro lado, además de generar diferencias en el aspecto material, estas divisiones administrativas y contractuales generan divisiones en el ámbito de las relaciones entre trabajadores. Es por ello por lo que, para un trabajador contratado, el o la trabajadora a honorario no vale lo mismo, tiene menos derecho a voz y puede estar sujeto(a) a mayores niveles de maltrato u hostigamiento.

Claramente estas diferenciaciones en el ámbito subjetivo, además, dividen las luchas de la clase trabajadora, fragmentando sus organizaciones e intereses, propiciando la competitividad, las prácticas desleales en el ámbito sindical, y un escaso foco centrado en las demandas conjuntas. Esta situación es de gran conveniencia para el estado como empleador, ya que está comprobado el poder movilizador del sector público y el alcance nacional que tienen sus organizaciones.

Esto sumado al escaso desarrollo de conciencia de clase en los gremios del sector, permiten que sus organizaciones se entren en disputas poco relevantes y dejen de lado la lucha por objetivos comunes más allá de las diferencias contractuales o reivindicativas.

En tercer lugar, no vamos a permitir la externalización de servicios y la entrada del sector privado al Estado. Nosotros y nosotras queremos ser reconocidos como trabajadores(as) dependientes, como trabajadores públicos.

La precarización del empleo y la diversidad de formas de contratación ha permitido el creciente ingreso del sector privado al Estado, es decir, el lucro con el servicio público. Los organismos del Estado se supone que tienen como fin proveer de servicios a la población que constituyen derechos sociales, derechos que hoy adquieren formas como “concesiones”, sistemas mixtos de atención en diferentes planos, subcontrato, entre otras cosas.

En ese sentido, las y los honorarios, en tanto, trabajadoras y trabajadores públicos, no queremos lucro con los derechos sociales por los cuales trabajamos a diario, ya que trabajamos en servicios de salud (Cesfam y hospitales), en programas de protección infantil y de la mujer, en municipios, en educación, entre otros. No queremos empresarios lucrando con estas tareas sensibles y críticas, que deben ser concebidas como derechos.

En ese mismo sentido, rechazamos de plano la solución al trabajo a honorario impulsada por la falsa central de las y los trabajadores, CUT. Esta central propone que las y los honorarios pasemos a ser contratados por código laboral, justamente abriendo la puerta de par en par a los empresarios.

Nosotros queremos ser reconocidos como trabajadores y trabajadoras dependientes y ser contratados, pero no por el sector privado, porque somos funcionarios públicos.

Las tareas son grandes y nos queda un largo camino de lucha, sabemos que esto no será fácil, pero debemos empezar a plantear los problemas de fondo, avanzar en el desarrollo de conciencia de clase y ejercer activamente la solidaridad en las luchas, acabando con el gremialismo y la deslealtad entre las organizaciones sindicales.

Por un sindicalismo clasista y combativo

Por un Contrato Único en el Estado

(*) Dirigenta Sindicato Honorarios del Servicio de Salud Metropolitano Central, participante de Asociación Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras Clasistas (AIT).