Laboratorio de guerra urbana: Río de Janeiro en el siglo XXI.

por David Barrios Rodríguez (*)/OLAG.

América Latina y el Caribe destaca a nivel mundial tanto por los niveles de violencia cuantificables, como por las modalidades que esta comporta. Ante ello, las preocupaciones en torno a la seguridad pública o ciudadana han ofrecido una serie de interpretaciones poniendo énfasis en el comportamiento económico del área, los procesos de urbanización o la polarización generada por los índices de criminalidad y las políticas de mano dura vueltas “consenso”. En este caso, se propone abordar la problemática a través de la incorporación de elementos semánticos y operacionales de la estrategia militar, tomando como ejemplo la ciudad de Río de Janeiro con la experiencia de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) y la militarización de la ciudad en el marco de un ciclo de megaeventos de diez años de duración. En base a la consulta de distintas fuentes documentales, entre ellas escritos de militares que participaron en Operaciones de guerra urbana en la ciudad, se corrobora la hipótesis sobre el empleo de estrategias de guerra en contextos urbanos como alternativa disponible para las elites políticas y económicas con objetivos de control social.

Introducción

El crecimiento de los índices de violencia, especialmente en lo que se circunscribe a las tasas de asesinato por cada cien mil habitantes, ha atrapado la preocupación de distintas instancias regionales y foráneas respecto al recorrido contemporáneo de América Latina y el Caribe. Esta problemática, que se remonta a las décadas de los años ochenta y noventa ha adquirido centralidad en toda la región, aun cuando se manifiesta de manera diferenciada en ella.[1] De manera muy esquemática tiene dos vertientes principales. Por un lado, un conjunto de ciudades y países en los que la sensación de inseguridad no coincide con las tasas objetivas de criminalización, situación que ha sido señalada para Argentina, Costa Rica o Chile. Por el otro, contamos con países que duplican la proporción considerada “tolerable” entre población y asesinatos, esto es, de 10 personas por cada cien mil habitantes. En la región tenemos cuatro de los países con más muertes violentas en términos globales, a saber Brasil, México, Colombia y Venezuela, lo que se traduce en que uno de cada cuatro eventos de este tipo a nivel mundial, acontece en uno de estos estados-nación (Muggah y Aguirre Tobón, 2018). También se cuentan aquellos, especialmente los que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, en los que se cuenta con las mayores tasas de asesinato a nivel mundial, en lo cual influye que se trate de países pequeños en términos territoriales y poblacionales, en los que la evolución del fenómeno de las maras ha entrado en conjunción con el desarrollo y sofisticación de la economía criminal ilegal.

Esta problemática, que cuenta con una evolución similar a nivel regional, ha hecho que los estudios sobre violencia urbana o seguridad pública o ciudadana, proliferen en la región, aunque esto ocurre a partir de distintos enfoques. De tal suerte que se puede poner énfasis en el comportamiento económico del modelo neoliberal y sus efectos sociales a tres décadas de implementación. Otra manera de acercarse a la problemática es a través del estudio sobre el recorrido regional en términos de urbanización, caracterizado por la profundización de un esquema excluyente que con los procesos de gentrificación supone el reforzamiento de los mecanismos de disciplinamiento y control en nuestras ciudades. Para señalar uno más, pensemos en el auge de las políticas públicas de “mano dura” vueltas consenso en buena medida gracias al papel de los oligopolios mediáticos y la capitalización de un “eco social” que, en determinados contextos, ha incluido la realización de movilizaciones en contra de la violencia y el crimen.[2] Sin embargo, existe una vertiente de la problemática que, aun cuando está presente en distintas regiones del área, no ha recibido la atención que merece. Lo que prolifera ahora en distintos países de la región es la imbricación de sentidos sociales y políticas gubernamentales en la materia, con contenidos y formas de funcionamiento bélicas. Así, el recurso de metáforas que aluden a un imaginario de guerra se expande en términos sociales, tanto desde los centros de poder y decisión, como a partir de la población inmersa en lo que se presenta como situación de guerra (Ceceña, 2014) o estado de guerra (Santiago e Illades, 2014).[3] Esto supone entonces, una profunda modificación en las atribuciones policiacas que ahora incorporan estrategias bélicas inscritas en las formas de guerra irregular (contrainsurgencia, asimetría, guerra de baja intensidad, etc.) y que redefinen en el siglo XXI las fronteras previas de actuación del Estado y las construcciones en torno a la ciudadanía.

Por ello en el presente texto, centraré la atención en el recorrido brasileño y en particular en su ciudad más emblemática, Río de Janeiro, por considerar que se trata de un puesto de avanzada en lo que se refiere a la militarización de la seguridad pública y la conformación de porciones de la urbe en teatro de operaciones de guerra irregular, lo que en el fondo supone la conversión de la población de dichos espacios en enemigos internos. Esto reviste aún mayor preocupación, si se atiende al hecho de que se trata de una manera de enfrentar la problemática que tiende a generalizarse en la región. Para ello, se establecerá desde una perspectiva general, el recorrido en la conformación de la Policía Militar del Estado de Río de Janeiro, de la cual forman parte en la actualidad tanto el Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) como las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), en ambos casos entidades que tuvieron un papel destacado en la “retoma de territorios” favelados por parte del Estado brasileño durante los últimos años. Acto seguido, se describirán algunas de las operaciones militares que permitieron la implantación de las UPP, al mismo tiempo que se llevará a cabo un balance de esta experiencia en el marco del decreto de intervención federal en Río de Janeiro del mes de febrero de 2018.

“El entendimiento debe intentar aproximarse a esas circunstancias con la mayor decisión, para consumar la crítica, tanto de la violencia fundadora como de la conservadora. Pero estas dos formas de la violencia se hacen presentes en aún otra institución del Estado, y en una combinación todavía mucho más antinatural que en el caso de la pena de muerte y amalgamadas de forma igualmente monstruosa: esta institución es la policía.” (Para una crítica de la violencia, Walter Benjamin).

Policía Militar de Río de Janeiro: el brazo armado de las clases propietarias

Los esfuerzos destinados por la élite carioca para intentar disciplinar a la población de Río de Janeiro han  sido enormes a lo largo del tiempo. Un momento clave en la configuración de este proceso se da como resultado del arribo de la Corte Imperial portuguesa (1808) y la concomitante conversión de la ciudad, con 80 mil esclavos a mediados del Siglo XIX (Chalhoub, 2011), en el principal lugar de arribo de cautivos africanos en el Hemisferio Occidental.[4] Al esclavismo como sostén del proyecto económico de Brasil que configuraría el racismo de largo aliento y que se expresa hasta la actualidad, debemos agregar en ese periodo, el terror que produjeron distintas rebeliones internas y de manera muy especial Revolución Haitiana (consumada en 1804).[5] Es por ello que no se escatimó en la generación de mecanismos de control para contener a la población capturada en África que incluyeron redadas, castigos públicos y ejecuciones.[6] Mientas que en el periodo de finalización jurídica de la esclavitud, fueron impulsadas formas de segregación socioespacial, como en el caso de los cortiços, formas de habitación popular que precedieron a las favelas.[7]

La creación de la Policía Militar de Río de Janeiro (PMERJ) se inscribe en esta lógica y tiene continuidad en el tiempo: hacia atrás en la figura del capitão do mato y hacia el presente en la conformación socioeconómica que tiene la institución y sus distintas vertientes.[8] La PMERJ ha tenido y mantiene como principal función proteger los intereses de las clases propietarias, elemento que se puede rastrear en el propio escudo de la institución. Conformado por una mata de café, una caña de azúcar y una corona, resulta símbolo elocuente de su origen en el pasado colonial-imperial, pero también de sus tareas como cuerpo dedicado a la defensa patrimonial de los poderes económicos del país. La actualización de estas formas de control se puede identificar al considerar el desarrollo ulterior de la PMERJ en sus diferentes subdivisiones, quienes son encargados de capturar, castigar y asesinar a sus iguales. Tratándose del cuerpo del Estado responsable de llevar a cabo el patrullaje ostensivo de las calles y al mismo tiempo de las labores de prevención, es la que está en contacto permanente con la población.[9]

El laboratorio carioca de guerra urbana

Observou-se também uma nova modalidade de conflito moderno para as forças armadas brasileiras, que necessitaram se adequar, para combater e pacificar. Uma guerra irregular, sem fronteiras, com inimigos difusos, atuando entre os moradores. (Marcelo de Barros Campos, Oficial de Reserva del Ejército brasileño)-

Tenemos un soldado para cada 55 moradores. Desde que la Maré nace en la década de los años 30 nunca tuvimos un profesor para cada 55 moradores,  ni un médico para cada 55 habitantes. ¿por qué merecemos tanques de guerra y no merecemos educación y salud ? (Gizele Martins,  periodista independiente de Maré).

Desde el año 2008 en que las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) comenzaron a ser instaladas en distintas favelas y morros de Río de Janeiro, el discurso securitario en construcción comenzó a aludir al logro de hacer presencia en lugares ocupados por traficantes e incluso se habló en términos de la retoma de territorios por el Estado brasileño, gracias a la acción de las fuerzas policiacas y militares.[10] Algunas de estas operaciones cobraron enorme relevancia mediática. Por un lado, aquellas áreas con alta concentración poblacional que incluyen conjuntos de favelas, como Complexo do Alemão o Maré. Por otra, las ubicadas en la Zona Sur como Santa Marta, Cantagalo, Babilônia y Chapéu Mangueira, Vidigal o Rocinha. En esta última, considerada la favela más grande de América Latina y el Caribe y que por añadidura se encuentra en una de las áreas comerciales e inmobiliarias más valorizadas de Río de Janeiro, la operación, con amplia cobertura del oligopolio mediático brasileño, recibió el nombre de Choque de paz. Durante su implementación, helicópteros lanzaron panfletos en los que se le daba el siguiente mensaje a la población: su favela está siendo pacificada. Al mismo tiempo se incluían correos electrónicos y números telefónicos para llevar a cabo denuncias anónimas sobre la ubicación de traficantes y sobre la comisión de actividades ilícitas. En estos lugares la incursión del BOPE de la PMERJ incluyó, además del uso de tanquetas, helicópteros y demás pertrechos militares, el ritual de izamiento de la bandera brasileña y la entonación del himno nacional.[11] Durante un foro contra los Juegos de la exclusión, nombre con el que diversas organizaciones sociales renombraron a las Olimpiadas Río 2016, escuché relatar un episodio de este tipo a un habitante de esa favela en particular quien señaló que cuando vio al Ejército y la Policía Militar realizando dicha ceremonia se preguntó: ¿y entonces qué éramos antes de esto?; en alusión a la operación de ocupación policiaco-militar de la que estaban siendo objeto y al ulterior rito de “conquista” que subyace a la colocación del estandarte nacional.[12]

La participación de las Fuerzas Armadas brasileñas en tareas de seguridad pública dentro de la capital carioca se ha llevado a cabo en distintas oportunidades con anterioridad, pero esto ha ocurrido a partir de principios jurídicos y escalas distintas. Un par de antecedentes a finales del siglo pasado, fueron la ECO-92 y la Operação Rio (1995).[13] A mediados de la década siguiente volvieron a ser utilizadas con el inicio del ciclo de ocho megaeventos que se inaugura con los Juegos Panamericanos en 2007. Con el objetivo de implantar las UPP en la zona Norte de la ciudad y contrarrestar acciones del tráfico, se llevó a cabo la ocupación militar del Complexo do Alemão y da Penha en 2010-2011. Volvieron a ser convocadas entre 2012 y 2013 durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable Rio+20 (2012) y a propósito de la visita del Papa en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud – JMJ (2013). Finalmente, en el contexto de una fuerte crisis social y económica en el país, se sucedieron los tres mayores eventos del periodo, la Copa Confederaciones en 2013, la Copa del Mundo FIFA al año siguiente y en lo que fue considerado el cierre de este ciclo para la ciudad, la Olimpiada y Para Olimpiada Río 2016 (Lima de Carvalho, 2013), (Prisco de Souza, 2015).

Cabe resaltar que en todas estas oportunidades la intervención de las Fuerzas Armadas estuvo mediada por la solicitud en primera instancia del gobernador del Estado de Río de Janeiro al ejecutivo federal, y posteriormente de este hacia las Fuerzas Armadas del país. Esto quiere decir que los dos gobiernos identificados como de izquierda política del Partido dos Trabalhadores (PT) son responsables de la decisión de establecer operaciones cívico militares en las favelas de Río de Janeiro.

En términos más generales, es posible considerar que el proceso de implantación de las UPP fue una de las maneras en que el gobierno brasileño en sus distintos niveles, encontró una manera de convencer a la opinión pública, nacional e internacional, de que la problemática de la inseguridad pública y especialmente la actuación de los traficantes con uso ostensivo de armas, podría ser revertido para generar un clima de seguridad hacia los visitantes extranjeros en el marco de los megaeventos en puerta.

Aun así este proceso no fue realizado de la misma forma en los distintos espacios de la ciudad donde fueron implantadas las 38 unidades de Policía Pacificadora. Inclusive, de acuerdo a distintos especialistas, más que un modelo acabado, hubo un cierto grado de improvisación y adaptación a lo largo del periodo de implementación. Prueba de ello es que entre el decreto para su creación (2009) y uno en que quedara clara su estructura, objetivos y atribuciones pasaron 2 años (2011), para ser de nuevo alterados un par de años después (2013). Siendo ese último bienio en que se estableció su carácter y gestión como policía de proximidad, aun cuando no siempre quedó clara la distinción entre esto y los principios de policía comunitaria (Franco, 2014).

El secretario de seguridad pública de la ciudad durante 10 años y a quien se le atribuye la creación de estas unidades, Mariano Beltrame, señaló que en 2007 viajó a Medellín para conocer la experiencia de los Centros de Atención Inmediata periféricos (CAI) de la ciudad colombiana, en los que se habrían inspirado para la introducción de las UPP en Río (Valente, 2016).[14] Esto parece haber sido una forma de mostrar el proyecto a la opinión pública, ya que como veremos más adelante, los abrevaderos de esta experiencia de militarización de determinadas áreas de la ciudad, se encuentra en la Cuenca del Caribe aunque ha incorporado elementos para el combate en Oriente Medio.[15]

De esta manera los criterios esgrimidos para su instalación fueron: que se tratase de comunidades pobres, con baja presencia institucional y que contaran con actividad de grupos criminales ostensiblemente armados. En función de esto, los objetivos de las UPP estaban vinculados con la consolidación del control estatal sobre estas comunidades para devolver a la población local la paz y la tranquilidad pública (Cano et al, 2012b).

Los resultados inmediatos a la instalación de las UPP, como la reducción de determinados delitos y la disminución del uso ostensivo de armas en las favelas de la ciudad, produjo optimismo en habitantes y en el gobierno, lo que se refrendó a través de la coparticipación de la iniciativa privada en materia de inversión para la financiación de las instalaciones.[16] El triunfo en términos simbólicos de la estrategia también es perceptible en el hecho de que las películas Tropa de Elite y su secuela, fueran especialmente exitosas.[17]

Estudios posteriores hicieron énfasis en que al menos en la primera etapa de implementación (17 UPP), el objetivo de incrustar bases policiacas en determinadas áreas de la ciudad tuvo un criterio más o menos claro de selección: una parte de ellas ubicadas en la Zona Sur, de barrios de sectores privilegiados y orientada al turismo; en el centro de la ciudad y la zona del puerto, en donde también se desarrolló una importante reforma urbana y en una región específica de la Zona Norte, alrededor del Estadio de Maracaná (Cano et al,2012b:27-28).[18]

Es así que se estableció un cerco sobre algunas favelas de la ciudad, por lo que puede ser considerada más que una política general de seguridad, una forma de intervención en espacios de la urbe estigmatizados: se trataba de controlar/contener dichas áreas. Aunque el proyecto era contar con 40 instalaciones para 2016, finalmente fueron instaladas 38, la mayor parte de ellas en la Zona Norte y Sur de Río (UPP-RJ: 2016).

Con el paso de los años, tanto los comandantes como los efectivos de las UPP tendieron a replicar las formas de ejercicio de poder antes atribuidas a traficantes y a los grupos de milicianos.[19] Entre estas destacan imponer regulaciones diversas sobre actividades recreativas (prohibición de bailes funk y fiestas) o comerciales (hora de cierre de tiendas y botecos).[20] Es por ello que se ha señalado que lo que ha tenido lugar es un proceso de sustitución de los anteriores donos do morro por otros. Tampoco estuvieron ausentes casos sonados de corrupción, como los que involucraron al comandante de la UPP del morro de São Carlos, así como a otros integrantes de este cuerpo de policía, quienes recibían pagos por parte de traficantes (Gledhill, 2016, 79).

En el caso de las favelas de la Zona Sur, éstas fueron desalojadas de forma relativamente sencilla y no hubo enfrentamientos ni una ocupación militar tan extendida como la que acontecería en los complejos de favelas ubicados en el Norte de la ciudad. Lo que sí destaca del proceso de instauración de las UPP en las áreas de la ciudad más próximas al litoral y al centro de la ciudad es la llamada expulsão branca o gentrificación que ahí tuvo lugar.[21] Esta ocurre porque ante la disminución, al menos visual, de la presencia del tráfico en las favelas de éstas áreas de la ciudad, se da un paulatino proceso de valorización a partir del cual, comienzan a arribar como inquilinos de casas y nuevas construcciones, personas de capas medias de la población, e incluso extranjeros. De manera paralela, el Estado puso en funcionamiento estrategias de regulação fundiaria que al mismo tiempo que permitieron mejorar el acceso a determinados servicios públicos (luz y agua), hace que estos comiencen a ser cobrados, cosa que no ocurrió durante los casi 125 años previos de existencia de las favelas. Así, personas que históricamente habían habitado los morros de esas zonas de la ciudad, tuvieron que desplazarse ante el incremento del coste de la vida hacia otras áreas.

Por su parte, en las favelas del Norte de la ciudad, se llevaron a cabo las mayores operaciones. En parte esto se debió a que éstas rodean algunos de los accesos estratégicos (Avenida Brasil y Linha Vermelha), como aquellos que van desde el Aeropuerto Internacional Galeão, hacia el Centro de la urbe y hacia instalaciones como el Estadio de Maracaná o la Ciudad Olímpica construida en la zona Oeste (de Barra da Tijuca hacia Jacapareguá). Esto se hizo a través de la conformación de una Fuerza Pacificadora adscrita al Comando Militar do Leste del Ejército brasileño (CML) con sede en el Estado de Río de Janeiro.[22]

Esta fuerza que actuó en las operaciones realizadas en los complexos de Maré, Alemão y da Penha, se conformó a partir de segmentos de las Fuerzas Armadas Brasileñas con experiencia en Haití a través de la Missão das Nações Unidas para Estabilização no Haiti (MINUSTAH).[23] En la isla del Caribe, estas habían desarrollado acciones como brigadas médicas y odontológicas, mientras que otras unidades tenían como objetivo participar en la “pacificación” de los barrios considerados problemáticos como Bel Air, Cité Soleil, Cité Militaire, entre otros.[24] En esta experiencia, que en 2014 cumplía ya diez años, las Fuerzas Armadas brasileñas obtuvieron conocimientos relevantes sobre la manera de hacer presencia en un contexto urbano densamente poblado, a través de la vigilancia ostensiva de sus habitantes, a pie o a bordo de vehículos motorizados. Resalta de ello la militarización de la vida cotidiana como un proyecto a largo plazo, en zonas caracterizadas por carencias materiales, en donde las labores de inteligencia y su corroboración a través de la obtención de datos ofrecidos por la población, forman parte de la lógica de intervención territorial. En los estudios existentes sobre la “vertiente” haitiana del proceso, se establece la relación entre este precedente y la de la implantación de las UPP. Esto en dos sentidos: por un lado, a partir del momento de la invasión y ocupación del territorio urbano y por el otro, a través de la lógica de permanecer en él a través de los llamados pontos fortes utilizados en Haití como posiciones fortificadas y que guardan una lógica similar tanto con los CAI periféricos de Medellín, como con las UPP cariocas. Además de ello, el patrullaje ostensivo realizado en la isla por parte de los vehículos blindados y efectivos a cargo del Batalhão Brasileiro de Infantaria de Força de Paz (BIF-Paz) tiene similitudes con la actuación de los caveirões que habiendo sido utilizados desde comienzos de la década pasada, han sido perfeccionados para las incursiones en distintas favelas de Río.[25] Entre las funciones realizadas en la isla del Caribe y que después serían replicadas en las operaciones en las favelas de Río de Janeiro se encuentran operaciones de cerco y cateo, checkpoints, static points, seguridad de instalaciones y operaciones de control de disturbios (do Amaral Peixoto, 2009).

En Alemão y Penha la operación llevada a cabo en 2011, constituyó la de mayor envergadura que ha tenido la Fuerza Terrestre Brasileña desde las operaciones en el siglo XIX a cargo de Luis Alves de Lima e Silva, mejor conocido como el Duque de Caxias.[26] Durante 87 días se llevó a cabo esta ocupación en la que tomaron parte el BOPE, la Policía Civil, miembros de la Policía Federal y que contó con apoyo logístico del Ministerio de la Defensa (Lima de Carvalho: 2013). Uno de los argumentos esgrimidos para la actuación de las Fuerzas Armadas fueron las acciones realizadas por facciones de traficantes durante aquellos días (Comando Vermelho y Amigos dos Amigos) y que consistieron en quema de autobuses y el bloqueo de algunas vialidades, lo que fue interpretado como una manera de protestar ante la puesta en marcha de las UPP en la ciudad.

De esta manera, se llevaron a cabo acciones de cercamiento por parte del cuerpo de infantería de paracaidistas (Operação Chivunk) y de otras fuerzas federales que se conformaron como Fuerza de Tarea Arcanjo, mismo nombre que tendría la operación militar.[27] Para pensar en la dimensión del despliegue, es necesario reparar en que en el área de 16 kilómetros cuadrados de aglomeración urbana vertical, habitaban en ese momento alrededor de 400 mil personas. Después de la intervención inicial otras unidades del Ejército se alternaron en turnos de tres meses para controlar el área hasta el 28 de junio de 2012, cuando el gobierno del Estado de Río de Janeiro terminó la instalación de las últimas UPP, un total de 8 en ambos complejos de favelas. A lo largo de diez y nueve meses, 8.764 militares participaron de la ocupación (Lima de Carvalho: 2013).

Respecto a la favela de Maré, en 2014 se llevó a cabo la Operación São Francisco, solicitada por el gobierno del Estado el 05 de abril de ese año. A diferencia de la Operação Arcanjo antes descrita, en este caso se enmarcó en términos jurídicos en la atribución del Ejército brasileño en ejercicios de Garantía de la Ley y el Orden (GLO).[28] Para ello se llevaron a cabo exposiciones de motivos interministeriales, que autorizaron la participación temporal de militares para la preservación del orden público. En el mismo periodo fueron publicadas instrucciones administrativas del Estado Mayor del Ejército, que determinaron la organización de una Fuerza de Pacificación, con el empleo de recursos operacionales militares (de Barros,2016).

Como elementos principales fueron considerados aspectos en materia de comunicación, así como mecanismos para ganar la confianza de la población, producto de la mala percepción de los aparatos armados del Estado, atribuida a la acción de los traficantes (de Barros Campos, 2016).[29] Como habían tenido oportunidad de aprender en Haití, esto resultaba crucial para las labores de inteligencia. O como señala otro militar brasileño a propósito de esta operación: “A inteligência também priorizou a coleta e a busca de informações sobre a população – centro de gravidade dos conflitos irregulares assimétricos do século XXI”. En este ámbito, resulta notoria la incorporación de la experiencia del Ejército y los Fusileros Navales de Estados Unidos en Afganistán.[30] En este caso, la actuación de las fuerzas armadas incluyó la colocación de check points, patrullaje ostensivo, cateos a autos y personas, captura en flagrancia y cumplimiento de mandatos de apresamiento para lo que fueron instalados los llamados Postos de Bloqueio e Controle de Vias Urbanas (PBCVU).

En la operación participaron 3, 300 militares veinticuatro horas al día y siete días a la semana desde el 01 de abril de 2014 y hasta el 30 de junio de 2015.[31] Esto quiere decir que fueron utilizados 18 militares por cada 1000 habitantes, una cifra que desde la perspectiva militar es suficiente para operaciones de “imposición de paz” o para tareas de contrainsurgencia.[32] También fueron implementadas acciones cívico-militares con el objeto de intentar paliar el descontento producido entre la población, así como altoparlantes y panfletos para difundir las acciones de la operación y desacreditar a los grupos de tráfico.

Desde la óptica militar se trataba de actuar en un área densamente poblada con 129.770 habitantes distribuidos en 3.301.743 m2, lo que proporcionalmente equivale a 25,44 personas por metro cuadrado (de Barros, 2016). Resulta significativo que en los textos de militares brasileños aparecidos en Military Review dedicados a las operaciones en Alemão, Penha y Maré, no se hable de las muertes por decenas que tuvieron lugar durante las mismas. De igual manera no se alude a las afectaciones a la vida cotidiana  de la población, entre la que se cuenta la de niños y ancianos. Aun cuando no es del todo posible establecer el saldo social de estas incursiones militares, existen algunos cálculos llevados a cabo por organizaciones. Así por ejemplo, durante la Operação São Francisco en Maré fueron asesinadas 21 personas, además de 16 asesinatos previos llevados a cabo por el BOPE al preparar el terreno para la ocupación.[33]

Durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos fueron dispuestos más de 43 mil militares para tareas de seguridad pública en la ciudad, quienes actuaron en la lógica de prevenir y confrontar amenazas asimétricas, tales como la posibilidad de atentados terroristas, aun cuando el mayor temor era frente a “nativos autorradicalizados” (Visacro, 2018).[34] En ese sentido, es preciso recordar que desde 2013, Río y otras ciudades del país fueron escenario de protestas contra distintas medidas del gobierno, tanto de la depuesta Dilma Roussef, como de Michel Temer, ungido presidente con posterioridad al golpe de Estado concretado en agosto de 2016.

Como colofón de la política de seguridad implementada durante el ciclo de megaeventos es necesario apuntar que al interior de Brasil el entusiasmo inicial sobre su eficacia se ha modificado. Durante los años que van desde la colocación de la primera UPP en el morro de Santa Marta hasta la actualidad, la percepción en torno a estas se ha deteriorado debido a la represión contra la población que ha incluido la desaparición forzada, así como el asesinato de habitantes de las favelas.[35] Sin embargo, hacia el exterior las UPP suelen ser vistas a nivel regional como un modelo exitoso para abatir la violencia y se habla de su exportación a otros contextos con problemáticas similares. Tal es el caso de El Salvador, en donde para su implementación participan la Secretaría de Seguridad del país en colaboración con la USAID (UPP-RJ, 2015).[36]

Coartada olímpica: la militarización de las favelas

El proyecto de seguridad centrado en las UPP tenía como objetivos explícitos modificar la estrategia de incursiones violentas en las favelas e intervenir en los espacios controlados por facciones de tráfico ostensiblemente armadas. Como fue planteado en este artículo, lo que se estableció fue una estrategia de cerco sobre determinadas favelas de la ciudad, con el objetivo de invisibilizar y aislar a sus habitantes, al mismo tiempo que se promovió un proceso de expulsão branca. La realización de distintos megaeventos durante cerca de diez años, permitió la generación de condiciones excepcionales para la implementación de mecanismos de vigilancia y control, así como de la militarización de la ciudad (Vainer, 2016).[37] Este proyecto no concluyó con el fin de ciclo, sino que se mantiene y agudiza en la actualidad.

En julio de 2017 fue decretada una Lei de Garantia e Ordem que se tradujo en la invasión de favelas Salgueiro y Rocinha con un saldo de 11 personas asesinadas. A comienzos de 2018, con posterioridad a la realización del Carnaval de la ciudad, fueron explotados gubernamental y mediáticamente eventos de violencia ocurridos durante el mismo para crear una situación propicia que permitiera solicitar una vez más la presencia de las Fuerzas Armadas. A pesar de que el incremento de la violencia no alteraba en demasía el recorrido previo de la urbe, 2018 año electoral y con la necesidad de imponer parte de las reformas propuestas por el gobierno, ha sido el escenario para dar un aliento mayor a la de por sí delicada situación  de militarización en Río.[38]

El 16 de febrero de este año a través de un decreto presidencial fue nombrado interventor de seguridad pública el General Walter Souza Braga Netto quien había estado encargado de este tipo de funciones durante el ciclo megaeventos. Michel Temer también nombró como Ministro extraordinario de Seguridad Pública a Raúl Jungmann quien dejó el cargo de Ministro de Defensa para asumir la responsabilidad. El decreto puede durar hasta finales de este año, aun cuando puede ser ampliado o aplicada una política similar en otros lugares de Brasil. En declaraciones posteriores el Comandante del Ejército brasileño, General Eduardo Vilas Bõas señaló que en el marco de la intervención federal en Río, las Fuerzas Armadas deberían actuar con garantías de que no serían instauradas Comisiones de Verdad como aquellas que juzgaron los crímenes de la dictadura (Justiça Global, 2018). Un mes después, el 14 de marzo Marielle Franco vereadora oriunda de Maré, crítica de la violencia policial sobre las favelas de la ciudad y que había sido electa como relatora de la comisión que supervisa la intervención de las fuerzas de seguridad federales en Río fue asesinada.

La intervención federal en Río, señala el fracaso de la política de pacificación en lo que refiere al desistimiento de las incursiones violentas por parte de las fuerzas del Estado en las favelas. Además, escala el grado de militarización, al conformar un proyecto de largo alcance y con el objeto de resguardar el carácter autoritario, antidemocrático y antipopular de las medidas adoptadas por el presidente golpista Michel Temer.

Jue, 03/01/2019.

(*) David Barrios Rodríguez. investigador del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos (PPLA), de la UNAM (México) y del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica (OLAG)

 

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Notas

[1] El incremento de la denominada “delincuencia común” como fenómeno replicado en la mayor parte de los países, adquirió un aura distinta con la comisión de delitos que requerían tanto mayor infraestructura como vínculos con elementos policiacos, lo que resulta característico por ejemplo en el caso de  los secuestros extorsivos. De manera paralela las décadas de los años ochenta y noventa señalaron el inicio de la paulatina alteración en la dinámica de producción, trasiego y tráfico de estupefacientes en la que destaca la violencia producida en el mercado de la economía criminal ilegal por la introducción de la cocaína. Ciudades de Colombia, Brasil y México dan cuenta de ello.

[2] Este tipo de movilizaciones se han llevado a cabo en distintos puntos de la región, donde en términos generales han compartido un cierto repertorio de demandas, así como un componente de clase atípico en lo que a protestas callejeras se refiere.

[3] De esta manera, en lo que se refiere a oligopolios mediáticos, plataformas electorales y gobiernos en funciones, podemos pensar en la proliferación de metáforas y recursos lingüísticos que hablan de ganar o declarar la guerra a la delincuencia, o bien de la implementación de operaciones de pacificación (Contursi y Tufró, 2015) y estabilización. Por el otro, la población de nuestros países crea y reproduce un slang o ciertos neologismos que recuperan el acervo de violencia cotidiana que es experimentada como guerra. Este puede ser tanto el caso del parlache paisa (Aricapa: 1998) como de lo que ha sido enunciado para México como narcoñol (Reguillo, 2011).

[4] La institución atravesó por diversas transformaciones a partir de entonces, entre ellas las derivadas de la relación cambiante en términos jurídico-administrativos, primero dentro de la Corte Imperial y después en el periodo republicano. Otra mutación de gran trascendencia proviene del traslado a Brasilia en 1960 de las atribuciones como capital del país. Aun así se puede rastrear la continuidad de los cuerpos armados de formato militar que hasta la actualidad llevan a cabo las tareas de vigilancia y actuación policial en la ciudad. Con la salvedad de un breve lapso en 1831 cuando el cuerpo fue disuelto por una rebelión, este tipo de institución ha sido permanente en la historia de la urbe (Bretas, 1997).

[5] La rebelión de esclavos Malês (musulmanes) en Salvador de 1835  horrorizó de manera particular a propietarios y gobernantes por su grado de organización, por estar en manos de personas alfabetizadas y por su carácter abiertamente militar (Malaguti,2003).

[6] Significativa es la figura del Comandante de la Guarda Real de Polícia, Miguel Nunes Vidigal, quien cobró fama por llevar a cabo expediciones punitivas sobre determinados habitantes de la ciudad, especialmente de los descendientes de africanos. La vida y acciones del Geral Vidigal fueron popularizadas y preservadas en el tiempo, gracias a la novela decimonónica de Manuel Antônio de Almeida, intitulada Memorias de un Sargento de Milicias, considerada una de las obras fundacionales de la literatura brasileña. En la actualidad precisamente una de las favelas de la Zona Sur donde hay una UPP instalada, lleva su nombre.

[7] La abolición “por etapas” suponía que de manera gradual se iría extinguiendo el tráfico y comercio de esclavos. A partir de 1871 con la Lei de ventres livres las mujeres aun esclavas tendrían descendencia liberada y finalmente llegaría la extinción jurídica de la esclavitud con la Lei Áurea de 1888.

[8] Los capitães do mato eran reclutados entre ex esclavos africanos quienes tenían la tarea de capturar a sus congéneres Con ello se fue instaurando otro elemento central para la reproducción sistémica del orden social brasileño: “inculcar en el oprimido que la violencia contra otro oprimido estaba asociada al beneficio de su inclusión social” (Rosas Reis, 2016). En la actualidad la distribución racial de los cuerpos policiacos se caracteriza por una mayor presencia de descendientes de esclavos africanos en la PMERJ (pretos y pardos), mientras que las policía Civil (de investigación) y Federal son integradas en mayor medida por blancos (Barrios Rodríguez, 2017).

[9] Todas ellas expresiones militarizadas de policía, la PMERJ cuenta con cuerpos de choque, operaciones especiales (BOPE), integrantes de la Policía Pacificadora, por señalar aquellos más relacionados con las incursiones violentas en las favelas.

[10] De esta manera, en la trayectoria del vocablo en Occidente, se prefigura desde la instauración de la “pacificación” la relación asimétrica entre bandos, la anexión de territorios y poblaciones incontrolados, así como el ocultamiento del momento bélico que le acompaña, en parte a través del uso alternativo de tácticas de contrainsurgencia, guerra de baja intensidad y de aquellos otros eufemismos como la operaciones de mantenimiento de la paz y estabilización. Además de establecer la genealogía de la noción, en un artículo aparecido hace un par de años se establece su aplicación en distintos contextos regionales (Contursi y Tufró, 2015).

[11] El Batallón es creado en 1978 con el nombre de Núcleo da Companhia de Operações Especiais y con la tarea de realizar acciones de seguridad pública en situaciones en las cuales los demás cuerpos de la Policía Militar no tenía capacidad de intervención. Sus operaciones en las favelas fueron pensadas en la lógica de confrontación con facciones del narcotráfico (Mattos de Rocha, 2013).

[12] La mesa en cuestión se intituló “Moradia e mobilidade: Conexões com a cidade e impactos nas favelas”, llevada a cabo en el Instituto de Filosofía e Ciencias Sociais (IFCS) de la Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 04 de agosto de 2016.

[13] El caso de la Operação Río de 1995 tuvo un carácter específico, ya que el objetivo declarado era participar en funciones de seguridad pública y no solamente con el argumento de proteger a las delegaciones internacionales que participaran en los megaeventos. Tomaron parte la Brigada da Infanteria de Paracaidistas, reforzada por batallones del Ejército y de la Fuerza Aérea (Escoto, 2016). La operación fue resultado del clima de inseguridad (en cierta medida mediáticamente construido) relacionado con las incursiones de jóvenes favelados en las playas de la Zona Sur para robar a los bañistas (estrategia conocida como arrastroes). Además de ello se trata de un periodo de tiempo marcado por eventos de violencia institucional entre los que destacan tres masacres de jóvenes de sectores populares con gran impacto social: Chacina de Acari (1990); Chacina da Candelaria y Chacina de Vigario Geral (1993).

[14] El programa de las UPP fue desarrollado durante el gobierno estatal de Sergio Cabral del PMDB, quien dimitió en abril de 2014 y posteriormente fue uno de los objetivos de la “cruzada” anticorrupción en Brasil. Actualmente se encuentra preso bajo delitos de corrupción y con una condena de más de 100 años de prisión.

[15] Otro estudioso del tema sugiere que en relación a su carácter de policía comunitaria, Boston, además de Medellín y Bogotá, habrían sido los prototipos de la experiencia (de Sousa, 2017). Sin embargo como señalé antes, el proyecto se modificó durante los años de implementación, diluyendo con ello la validez sobre la herencia del modelo.

[16] Al menos hasta 2011 habían invertido Coca Cola y empresas brasileñas como Souza Cruz (cigarrillos), Firjan (conglomerado de industrias), Bradesco Seguros, Light (energía), EBX (energía, minería, infraestructura, petróleo) y la Confederación Brasileña de Fútbol. En conjunto habrían invertido unos 60 millones de reales (Granja, 2015)

[17]Tropa de Elite II O Inimigo Agora é Outro que relata temas de corrupción y la aparición de las milicias en la ciudad, ocupa el segundo lugar en taquilla en la historia del país, sólo por detrás del largometraje dedicado a temas religiosos Os dez mandamentos. La sucesión de este tipo de intereses da cuenta de rasgos culturales del Brasil contemporáneo.

[18] El histórico puerto de Río, a donde llegaron decenas de miles de esclavos africanos durante la colonia, fue objeto de un agresivo proyecto de intervención, mediado por procesos de desalojo habitacional de sectores populares y que fue nombrado como Porto Maravilha. Incluyó la instalación de un teleférico en el cerro de Providência, un sistema de transporte dedicado principalmente al turismo (Vehículo Leve de Trilhos), así como la remodelación de la zona portuaria para la edificación del llamado Boulevard Olímpico.

[19] Las milicias son un fenómeno de actualización y sofisticación de esquemas de privatización de la seguridad conformadas por efectivos policiales y del cuerpo de bomberos en activo y retiro. Aun cuando en un principio fueron identificadas como una forma de contrarrestar las actividades de las facciones de tráfico, de manera paulatina fueron asociadas con violaciones a los derechos humanos sobre la población y con la comisión de distintas actividades ilícitas. Monopolizan actividades económicas en los territorios donde tienen presencia (televisión por cable, gas, luz y el transporte local) y ahora existen indicios de que también participan del tráfico de estupefacientes (Couto et al, 2018). Actúan principalmente en la Zona Oeste de Río y la investigadora Alba Zaluar estimaba en 2010 que controlaban territorios habitados por más de 400 mil personas (Gledhill, 2016).

[20] Los bailes funk son reuniones específicamente asociadas con los tráficos y que en su versión contemporánea se caracterizan por ser espacios donde se escucha un tipo de música que hace apología de estas actividades, así como por una estética y un conjunto de prácticas, incluyendo el baile, hipersexualizadas. Los dos géneros más populares dentro de este tipo de bailes son el llamado putaria, abiertamente sexista y el proibidão, que es propiamente el que habla de las distintas organizaciones de tráfico y sus formas de vida. Aun cuando son enormemente populares, existen restricciones para escucharlos en los medios comerciales de comunicación. Con la política de ocupación militar de las favelas tanto los bailes como la música han sido objeto de persecución.

[21] Durante el trabajo de campo con motivo de mi estancia de investigación, tuve oportunidad de habitar en una favela situada en los límites de la Zona Sur con el Centro de la ciudad. Se trata de una pequeña colonización a las faldas de un morro que administrativamente pertenece al barrio de Laranjeiras. Pereira de Silva, también conocida como Pereirão constituye un caso emblemático del resultado de los procesos de “pacificación” en relación a la preservación del tráfico y a la convivencia que hay de manera cotidiana, entre actores armados estatales y no estatales (de Mattos, 2013).

[22] La fuerza quedó constituida de la siguiente forma: comando a cargo de un oficial-general del Ejército brasileño; tropas del Ejército con dos Fuerzas de Tarea compuestas por Batallones de Infantería; Policía Militar del Estado de Río de Janeiro (PMERJ); un comando y dos batallones de campaña de la Policía Militar; Policía Civil del Estado de Río de Janeiro. También formaron parte de la fuerza equipos de inteligencia, un destacamento logístico, un equipo de comunicación social, otro más de operaciones psicológicas y hacia el final de la operación Arcanjo una sección de asuntos civiles (Klinguelfus, 2012).

[23] La participación de efectivos brasileños en la MINUSTAH constituye la mayor experiencia en su tipo en la historia del país sudamericano como partícipe de operaciones de la ONU. Entre 2004 y 2016 han tomado parte de la misma casi 33 mil militares entre tropas y oficiales (Passarelli Hamann, 2016).

[24] Nos referimos al Batalhão Brasileiro de Operação de Paz no Haiti (BRABATT/ MINUSTAH) que realizo distintas acciones bélicas y de asistencia en caso de desastre (Leite Silva, 2014). Se estimaba que como resultado del terremoto e enero de 2010, alrededor de 4,500 presidiarios, algunos considerados como de alta peligrosidad, habían logrado escapar, lo que los convertía en objetivo militar de la MINUSTAH y de los batallones brasileños (Porto Pinheiro, 2011).

[25] Se trata de vehículos blindados que son utilizados para la invasión y patrullaje de las favelas. El término caveirão empleado por los habitantes remite al símbolo del BOPE conformado por una calavera con unos cuchillos atravesados. Por su parte la PMERJ y en términos más generales el gobierno, optan por llamarlo o pacificador.

[26] También denominado en la historiografía brasileña como “el pacificador” fue el responsable militar de sofocar rebeliones decimonónicas en las provincias de Maranhão, São Paulo, Minas Gerais y Rio Grande do Sul. También fue el jefe militar de las tropas brasileñas en la Guerra de la Triple Alianza o Guerra del Paraguay. Es considerado el patrono de la Fuerza Terrestre brasileña (Zaccone, 2015).

[27] El equipo de paracaidistas llevó a cabo tareas de inteligencia, reconocimiento aéreo, así como intervención directa en los complejos de favelas ocupados militarmente (Ramos Marques, 2012: 56-64).

[28] Estas misiones se llevan a cabo bajo orden expresa del presidente de la República en casos de agotamiento de los mecanismos instituidos para la preservación de la seguridad pública o ante una situación grave de perturbación del orden. Son reguladas por la Constitución Federal y conceden de manera provisoria a los militares la facultad de actuar con poder de policía hasta el restablecimiento de la normalidad. Con la excepción de los Juegos Panamericanos Río 2007 y los V Juegos Mundiales Militares de 2011 fue el marco de actuación de las Fuerzas Armadas durante el ciclo de megaeventos (Ministerio de Defensa brasileño, 2018).

[29] En ese momento, en la favela de Maré se identificaba la presencia del Comando Vermelho, sus rivales del Terceiro Comando Puro, así como grupos de milicias. Para efectos de la operación en términos semánticos, fueron denominados como Agentes da Perturbação da Ordem Pública (APOP).

[30] En este caso la referencia es a la conformación de Células de Inteligencia de Compañía (Company-Level Intelligence Cells) que hacían parte de las Compañías Operacionales. Otros mecanismos de inteligencia fueron a través de informantes que hacían uso de la aplicación para teléfonos móviles Whatsapp, así como de Disque Pacificação implementado por la Fuerza de Pacificación (Escoto, 2016)

[31] Fueron utilizados carros de combate M113, Urutu y Guaraní; por parte de la Marina brasileña distintos vehículos blindados como el SR 8×8 Piranha IIIC, además de motocicletas; así como aeronaves del Comando de Aviación del Ejército como los helicópteros HA-1 Esquilo y el HM-Pantera. (de Barros, 2016)

[32] De acuerdo a uno de los militares brasileños citados con anterioridad, la experiencia de 8 operaciones previas señalaba que para ser exitosos, esta clase de despliegues deberían de contar con 13 elementos por cada mil integrantes de la comunidad en cuestión, mientras que el manual estadounidense de contrainsurgencia establece un número de efectivos adecuado para estas tareas de entre 20 y 25 personas por cada mil habitantes (Escoto, 2016).

[33] Un año antes, durante un operativo con motivo de la Copa Confederaciones, sólo el día 24 de julio habían sido asesinadas 10 personas (Comitê Popular da Copa e Olimpíadas do Rio de Janeiro, 2015).

[34] Durante la realización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Rio de 2016 fue desactivada una célula de ciberactivistas quienes difundían propaganda islamista en internet (Operación Hashtag). Otro incidente fue el ingreso por error de un vehículo de Fuerza Nacional en la favela de Maré (atribuido al dispositivo de geolocalización utilizado), que derivó en una balacera en la que resultaron heridos dos policías, mientras que un soldado murió. Como resultado de ello, se llevó a cabo un operativo que incluyó el cerco de Vila João (lugar donde ocurrió el incidente) para preparar la incursión del BOPE, así como del Comando Conjunto de Prevenção e Combate ao Terrorismo (CCPCT) perteneciente a las Fuerzas Armadas brasileñas (Visacro, 2018). Como resultado de ello, resultaron heridos dos habitantes de la favela, mientras que otro fue asesinado, lo cual fue atribuido a balas perdidas durante el enfrentamiento con facciones del tráfico.

[35] Especialmente significativo ha sido el caso de Amarildo Dias de Souza, un albañil que fue detenido por elementos de la UPP de la Rocinha, conducido por ellos a través de distintos lugares de la ciudad, lo que inclusive quedó registrado por el GPS de la patrulla en que lo transportaron, para finalmente desaparecer sin que hasta el momento se sepa qué fue lo que ocurrió con él (Granja, 2015).

[36] Dentro de Brasil el modelo fue imitado cuando el gobierno del PT estableció una Base Comunitaria de Segurança en el Bairro da Paz a finales de 2012.

[37] En algo que por cuestiones de espacio no pudo ser abordado en el presente texto, también  destaca la instalación del Centro de Comando y Control más avanzado del planeta hasta el momento, el llamado Centro de Operações Rio (COR) conectando casi 11 mil cámaras en vías de acceso y medios de transporte en la ciudad con una sala de control de crisis y emergencias (Haesbaert, 2014).

[38] El incremento de los índices delictivos en la ciudad se remonta a 2013, año a partir del cual comportan un incremento sostenido. Sin embargo, la capital carioca no supera en estos rubros a otras ciudades del país, de manera señalada las del Nordeste, donde se encuentran algunas de las que registran mayores tasas de asesinato, no sólo de Brasil, sino a nivel regional. De manera significativa, en lo que Río de Janeiro supera en más del doble a la media brasileña es en la experiencia de ser víctima de violencia policial (Cano, 2018).

 

Fuente: http://geopolitica.iiec.unam.mx/node/326

Inicio de las remociones en Manguinhos, fotografía de Luiz Baltar

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