Declaración pública Plataforma Chile Mejor Sin TLC: Rechazamos el TPP-11.
La Plataforma Ciudadana Chile Mejor SIN TLC, conformada por distintas organizaciones, movimientos y personalidades, rechaza el proyecto el proyecto del Acuerdo integral y Progresista de Asociación transpacífico (CPTPP por su sigla en inglés), un tratado de libre comercio negociado a espaldas de la ciudadanía, de los pueblos indígenas y del Parlamento. Chile ya cuenta con acuerdos comerciales con todos los países miembros de este nuevo pacto, por lo tanto, el CPTPP generaría nulos o mínimos beneficios comerciales e impondría nuevas normas y regulaciones que restringirían la posibilidad de decidir soberanamente las políticas que se implementen en el país.
Como es sabido, durante la negociación y votación de este acuerdo no se realizaron los estudios previos de evaluación de los impactos ambientales y sociales del TPP-11, tampoco se realizó la consulta indígena, que de acuerdo al convenio 169 de la OIT debe hacerse cada vez que concurre un proceso legislativo susceptible de afectar derechos de los pueblos indígenas.
Este es un tratado que en realidad no se refiere al comercio sino establece garantías para los inversores, es decir las corporaciones transnacionales que buscan asegurar y aumentar sus ganancias. Entre estas corporaciones están la industria farmacéutica, las corporaciones informáticas, de energía, las mineras, forestales, la agroindustria y otras que pretenden obtener por esta vía lo que no logran a través del congreso ni en tribunales.
El gobierno pretende hacernos creer que este tratado es diferente al TPP inicial. Sin embargo, sus 30 capítulos de más de 600 páginas están plenamente vigentes, las 20 disposiciones “suspendidas” por la salida de Estados Unidos pueden ser repuestas posteriormente en un trámite parlamentario de más fácil despacho, no comparable con la discusión de un tratado completo.
El tratado no admite nuevos anexos ni excepciones ni observaciones y vulnera la soberanía nacional, al establecer una suerte de gobierno corporativo transnacional que supervigilará nuestras leyes y políticas públicas, con el pretexto de generar “coherencia regulatoria”.
Cambios en el ámbito de la alimentación
El tratado impactará el acceso a las semillas y alimentos sanos, generando alzas en sus precios y escasez. El TPP-11 sigue exigiendo la ratificación del convenio UPOV 91 el cual en Chile no ha sido implementado. Esto implica reflotar la Ley Monsanto de privatización de la semilla, requisito para implementar esa ratificación. La privatización de la semilla pone en riesgo la agricultura familiar campesina y la biodiversidad. Criminaliza las costumbres de los pueblos originarios sobre el libre intercambio, reproducción y conservación de las semillas, en favor de las grandes empresas transnacionales de la biotecnología. Así se generan condiciones para aumentar la migración rural y asegurar la expansión de los cultivos transgénicos y las plantaciones forestales, con su paquete tecnológico de agrotóxicos, afectando gravemente la salud de las personas, y contaminando los alimentos y el agua, así como los ecosistemas.
Salud
Entre las medidas provisoriamente suspendidas pero que pueden ser repuestas en breve están las que afectan a quienes padecen enfermedades catastróficas o raras. Los enfermos de cáncer y personas viviendo con VIH tendrán más dificultades para contar con remedios, y la viabilidad de las farmacias populares estará en riesgo por el alza de precio de los medicamentos. El Gobierno chileno oculta al Parlamento y al país que el tratado expande de 5 a 8 años la duración de las patentes de los medicamentos biológicos, usados para las enfermedades catastróficas. El impacto es muy grave dado que el 26% del presupuesto público en remedios se destina a la compra de estos medicamentos. Se permiten además “segundos usos” para revalidar patentes, lo cual hasta ahora no ocurría. La directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chang ha declarado que el TPP cierra las puertas a los medicamentos accesibles para la población.
Internet
Asimismo, el TPP-11 extiende la duración del derecho de autor (propiedad intelectual) a 70 años, impidiendo que se utilicen en beneficio de nuevas creaciones culturales a partir de esas obras. Y entre las disposiciones suspendidas que luego pueden ser repuestas, está considerar delito la descarga libre de información de internet o el colgarse de señales satelitales. Los proveedores estarán obligados a identificar en tribunales a quienes eludan las llamadas “medidas tecnológicas de protección”, que son los obstáculos digitales impuestos por las empresas. Esto impide además el acceso a información de investigadores independientes o de innovadores respecto de productos de las transnacionales, ya que siempre estos productos tienen protección intelectual.
Candado a los cambios
Este tratado sería un candado para las luchas sociales orientadas a generar cambios de fondo que podrán ser considerados “obstáculos al comercio” por el tratado. Chile nunca ha sido demandado por este tipo de tribunales internacionales precisamente porque no ha hecho estos cambios. Por ejemplo, una nueva constitución que permita recuperar los derechos arrebatados en materia de previsión social y el derecho humano al agua tendría nuevas trabas al afectar las ganancias de los inversores en esos negocios. Existe un mecanismo del Tratado sobre resolución de controversias Inversor-Estado a través del cual se demanda al país cuando los inversores estiman que no están garantizadas sus “expectativas razonables de ganancia”. Los paneles arbitrales internacionales establecidos en el tratado no cumplen ninguna de las normas del debido proceso y funcionan fuera del país, con costos millonarios. El Estado no puede demandar a las empresas pues funciona en un solo sentido, y en la mayoría de los casos –como por ejemplo Chevron, Ecuador, los Estados pierden las demandas.
Las disposiciones del tratado dan garantías a los de siempre: las transnacionales de las industrias extractivistas de la minería, energía y agroindustria que han agotado los recursos naturales y son los responsables de la existencia de comunidades sin agua y zonas de sacrificio. Además de proteger la inversión en minería, que tiene un alto impacto ambiental, el Gobierno se ufana de que el tratado permitirá el aumento de la producción industrial de carne para exportación, una actividad que deteriora en forma insoportable la calidad de vida y salud de las comunidades donde se instalan las plantas faenadoras, como ya se vio en Freirina y actualmente en la región del Maule y la Metropolitana (Melipilla) entre otras. Los impactos de la agroindustria y las semilleras de transgénicos serán más graves por el reciente proyecto de expansión de la planta de Monsanto en Paine. Este tipo de actividades extractivas dañan la agricultura y restringen o contaminan gravemente el agua para el consumo humano.
Finalmente, este tratado debió ser consultado de manera previa, libre e informada a los pueblos indígenas del país. El convenio 169 suscrito el año 2008 establece que cualquier proyecto o tratado que prevea medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectar a los pueblos indígenas directamente, debe contar con un proceso previo de consulta.
Por lo dicho, desde la sociedad civil, tenemos la convicción de que la ratificación de la firma del TPP-11 profundizaría la sistemática vulneración de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales como lo han hecho todos los tratados de libre comercio firmados por parte de nuestro país durante las últimas décadas. Este tipo de tratados no consideran, ni garantizan, el respeto y el ejercicio de los derechos humanos, pero además profundizan las desigualdades y la insustentabilidad ambiental en los territorios.
En suma, demandamos la suspensión de la votación sobre el Proyecto de Ley que Aprueba el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico entre Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, los Estados Unidos Mexicanos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, la República de Chile, la República del Perú, la República de Singapur y la República Socialista de Vietnam (Boletín 12195-10) en la próxima sesión del congreso del día 13 de marzo, hasta que, por lo menos se realicen los estudios de impacto ambiental y social adecuados y la requerida consulta indígena.
Plataforma Chile Mejor Sin TLC
12 marzo 2019
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Declaración pública Comité SocioAmbiental 8M
EL TPP 11 NO DETENDRA NUESTRAS LUCHAS
Para nosotras, luchadoras socioambientales, el TPP11 no es sobre libre comercio, es sobre libertad total para las corporaciones transnacionales que depredan nuestros territorios y empobrecen a las mujeres dejándolas sin agua, sin semillas y envenenando a sus familias. Sus verdaderos redactores son los más de 600 lobbyistas de las transnacionales mineras, farmaceúticas, biotecnológicas y de internet. Pretenden obtener así lo que no logran a través del congreso ni en tribunales. El Estado se pone de espaldas a las demandas de ochocientas mil mujeres que a lo largo de Chile salieron este 8 de marzo a decir ¡basta! a la precarización de la vida. El Estado ignora que no es posible ya detener nuestras luchas.
Piñera dice que el TPP11 es diferente al TPP con Estados Unidos. Eso es falso porque sus 30 capítulos de más de 600 páginas están plenamente vigentes, y las 20 disposiciones “suspendidas” por la salida de Estados Unidos pueden ser repuestas en un trámite parlamentario de fácil despacho. El gobierno ya ha expresado su voluntad de que Estados Unidos vuelva a ser parte del tratado.
El TPP 11 es un candado a todo posible avance en dirección al buen vivir que buscamos mujeres y comunidades en lucha, defendiendo las economías locales del avance depredador. Las transnacionales que arman esos megaproyectos de inversión son el verdadero poder detrás de Piñera y los gobiernos firmantes. Bachelet lo firmó primero, y ahora la Cámara de Diputados lo votará el 13 de marzo negándose a discutir sus impactos y operando como buzón de Piñera que le puso urgencia al trámite.
Cómo nos daña a las mujeres y los territorios
El tratado impactará el acceso a las semillas y alimentos sanos, generando alzas en sus precios y escasez. El TPP11 sigue exigiendo la ratificación del convenio UPOV 91 de privatización de la semilla del cual Chile aun no es parte. Eso implica reflotar la Ley Monsanto, requisito para implementar esa ratificación y criminalizar el libre intercambio, reproducción y conservación de las semillas realizado ancestralmente por campesinas e indígenas, para aumentar las ganancias de Bayer Monsanto y otros. Así aumentará la migración rural, se expandirán las plantaciones forestales y los cultivos transgénicos con su paquete tecnológico de agrotóxicos, afectando gravemente la salud de nuestras familias, y contaminando los alimentos, agua, y ecosistemas.
Este tratado protege la inversión en minería, que tiene un alto impacto ambiental, y además el gobierno ha dicho en el congreso que el TPP aumentará la producción industrial de carne para exportación. Sabemos que esa actividad deteriora en forma insoportable la calidad de vida y salud de las comunidades donde están las plantas faenadoras, como ya se vio en Freirina y actualmente en las regiones del Maule y Metropolitana (Melipilla) entre otras. Además aumentarán las emisiones de gases de efecto invernadero acelerando el cambio climático en forma inversa a los compromisos de Chile. Los impactos de la agroindustria y las semilleras de transgénicos serán más graves por el reciente proyecto de expansión de la planta de Monsanto en Paine, restringiendo o contaminando aún más el agua disponible en esos territorios.
Sobre nosotras mujeres, recae el cuidado de los enfermos, especialmente cuando se trata de enfermedades catastróficas o raras.Entre las medidas provisoriamente suspendidas pero que pueden ser repuestas en breve están las que afectan a quienes padecen ese tipo de enfermedades. El gobierno chileno oculta al Parlamento y al país que el tratado expande de 5 a 8 años la duración de las patentes de los medicamentos biológicos, usados para las enfermedades catastróficas. El impacto es muy grave dado que el 26% del presupuesto público en remedios se destina a la compra de estos medicamentos, por eso los enfermos de cáncer y personas viviendo con VIH tendrán más dificultades para contar con remedios, y la viabilidad de las farmacias populares estará en riesgo por el alza de precio de los medicamentos. Se permiten además “segundos usos” para revalidar patentes, lo cual hasta ahora no ocurría.
Asimismo el TPP extiende la duración del derecho de autor (propiedad intelectual) a 70 años, impidiendo que las utilicemos en beneficio de nuevas creaciones culturales a partir de esas obras. Y entre las disposiciones que pueden ser repuestas, está criminalizar la descarga libre de información de internet o el colgarse de señales satelitales.
Amenaza sobre soberanía
En la práctica el tratado se constituye en un “congelador” de nuevas leyes y derechos a incorporar en la constitución o en nuevas leyes, yun candado para las luchas sociales orientadas a generar cambios de fondo, que podrán ser considerados “obstáculos al comercio” por el TPP. Una nueva constitución que nos permita recuperar los derechos arrebatados en materia de previsión social, y el derecho humano y de la tierra al agua, tendría nuevas trabas al afectar las ganancias de los inversores en esos negocios. Si nuestras comunidades logran detener un megaproyecto, o tras grandes movilizaciones como las del 8 de marzo, y por nuestra presión social, se dictan leyes que castiguen efectivamente el daño ambiental y la destrucción de los territorios, la transnacional podrá demandar al Estado chileno por no cumplir sus “expectativas razonables de ganancia”. Serían demandas unilaterales porque el Estado no puede contrademandar y deberá defenderse en paneles internacionales que no respetan las normas del debido proceso y en los cuales las transnacionales tienen mayoría. Así le sucedió a Ecuador donde el fallo apoyó a Chevron liberándolo de pagar por daños en la Amazonía, y en Egipto, donde en 2012 la transnacional francesa Veolia logró con su demanda que el gobierno anulara el alza del salario mínimo durante la construcción de una represa. La soberanía nacional estará muerta y enterrada y de aprobarse el Acuerdo Transnacional TPP, los verdaderos gobernantes serán las representantes de las transnacionales.
El gobierno tampoco hizo la consulta previa, libre e informada dispuesta en el Convenio 169 de la OIT sobre derechos de pueblos indígenas, ocultando que este tratado garantiza el nivel máximo de derechos a los inversores en megaproyectos energéticos, mineros y otros que obviamente se realizarán en territorios donde habitan hermanas mapuche, aymara y de otros pueblos.
Las garantías del TPP son para los de siempre: las transnacionales de las industrias extractivistas de la minería, energía y agroindustria que han agotado y mercantilizado los bienes comunes y son los responsables de la existencia de comunidades sin agua en territorios depredados. Por eso como Comité SocioAmbiental de la Coordinadora 8M, como mujeres que nunca más callaremos ni nos someteremos, decimos claramente NO AL TPP y seguiremos con todos y todas en la defensa del territorio. Comunicamos a diputados y senadores que su voto a favor será un delito contra las comunidades. Llamamos a todos los territorios a informarse y resistir. Y comunicamos, como ya hicimos en el Manifiesto del 8 de Marzo que no tenemos miedo. El TPP no podrá detener nuestro despertar, y junto a todos los que luchan.
Comité SocioAmbiental 8M
11 de marzo de 2019.
Fuente: http://chilemejorsintlc.cl/declaracion-publica-comite-socioambiental-8m-el-tpp-11-no-detendra-nuestras-luchas/
Como Organizaciones multiples…podríamos DEMANDAR al Estado de Chile…y/o al Congreso en pleno como Organismo que se supone nos REPRESENTA como Ciudadano/as, si se APROBASE ESTE NEFASTO TRATADO…,?