Argentina roja: 22 de agosto, Masacre de Trelew.

por Gobernación del Chaco/Dirdocumentacion.

El 22 de agosto se cumplen 43 años del fusilamiento de 16 militantes políticos durante la dictadura de Lanusse, comúnmente denominado “Masacre de Trelew”. Este acontecimiento marca un punto de inflexión ya que a partir de aquí el Estado acentúa su política terrorista eliminando físicamente a los opositores políticos y que desde 1976 se convierte en práctica sistemática.
Los hechos comienzan el 15 de agosto de 1972 cuando 25 presos políticos se fugan de la cárcel de Rawson. El intento de fuga no se da exitosamente ya que los camiones que debían esperarlos fuera para llevarlos al aeropuerto de Trelew no se encontraban allí.
A causa de la persecución, los que intentaban escapar son obligados a dispersarse. Un grupo logra subir a un coche que a pesar de todo continuaba esperándolos. Estos lograron abordar en el aeropuerto de Trelew un avión de Austral que previamente había sido copado y escaparon hacia Chile donde el gobierno de Salvador Allende les permitió seguir viaje a Cuba.
Otros 19 internos logran llegar con taxis al aeropuerto pero ya el avión que trasladaba a sus compañeros había despegado. Ante la imposibilidad de completar la fuga deciden entonces realizar una conferencia de prensa en el aeropuerto. Ante los periodistas y con el compromiso de autoridades judiciales y militares de respetar sus vidas se entregaron y fueron alojados en la base aeronaval de Almirante Zar.

LA MASACRE

La madrugada del 22 de agosto los 19 presos son obligados a salir de las celdas, los hacen pararse en fila en el pasillo y comienzan a disparar con metrallas a mansalva.
La armada durante el amanecer del mismo día hace circular la versión de que las muertes fueron el resultado de un nuevo intento de fuga.Los únicos sobrevivientesde la masacre María Antonia Berger; Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar son los encargados de que los hechos se conocieran tal como fueron.
Las consecuencias fueron manifestaciones masivas y la condena de todo el arco político al gobierno de facto. A su vez, las autoridades responden prohibiendo los velatorios públicos de las víctimas de la masacre, irrumpiendo en uno de ellos con tanquetas.
Los tres sobrevivientes fueron desaparecidos durante la dictadura de Videla.

EL JUICIO

El lunes 7 de mayo de 2012 comenzó en el Centro Cultural José Hernández de Rawson la primera audiencia del histórico juicio por el fusilamiento. Los imputados en la causa son Jorge Enrique Bautista, Emilio Jorge Del real, Carlos Marandino, Horacio Alberto Mayorga, Rubén Paccagnini y Luis Emilio Sosa. Además, está imputado el ex capitán Roberto Bravo, hoy ciudadano de EE.UU., cuyo gobierno negó la extradición para que sea juzgado en la Argentina.

LAS VICTIMAS

Los caídos el 22 de agosto de 1972:
Alfredo Elías Kohon (FAR): Nació en Entre Ríos el 22 de marzo de 1945 (27 años), estudiaba ingeniería en la Universidad de Córdoba y trabajaba en una fábrica metalúrgica. Formó parte de los comandos Santiago Pampillón y fue fundador de las FAR local. Detenido el 29 de diciembre de 1970.
Clarisa Rosa Lea Place (PRT-ERP). Nació en Tucumán el 23 de diciembre de 1948 (23 años), estudió derecho en la Universidad de Tucumán, donde se integró al PRT. Participó del congreso fundacional del ERP. Detenida en diciembre de 1970 durante un control de rutina.
Susana Graciela Lesgart de Yofre (MONTONEROS). Nació en Córdoba el 13 de octubre de 1949 (22 años), maestra. Se radicó en Tucumán donde enseñaba y compartía la vida con los trabajadores cañeros. Fue una de las fundadoras de Montoneros en Córdoba. Detenida en diciembre de 1971.
José Ricardo Mena (PRT-ERP). Nació el 28 de marzo de 1951 en Tucumán (21 años), obrero azucarero. Integró los primeras grupos del PRT en Tucumán. Detenido tras la expropiación a un banco, en noviembre de 1970.
Miguel Ángel Polti (PRT-ERP). Nació en Córdoba el 11 de julio de 1951 (21 años), estudió ingeniería química en la Universidad de Córdoba, era hermano de José Polti, muerto en abril de 1971. Detenido en Córdoba, en julio de 1971.
Mariano Pujadas (MONTONEROS). Nació en Barcelona el 14 de junio de 1948 (24 años), fue fundador y dirigente de Montoneros en Córdoba. Participó en la toma de La Calera. Estaba a punto de terminar la carrera de ingeniero agrónomo cuando fue detenido en una redada, en junio de 1971.
María Angélica Sabelli (FAR). Nació en Buenos Aires el 12 de enero de 1949 (23 años), conoció a Carlos Olmedo cuando estudiaba en el Colegio Nacional Buenos Aires. Cursaba matemática en la facultad de ciencias exactas, trabajaba como empleada y como profesora de matemática y latín. Detenida en febrero de 1972 y salvajemente torturada.
Ana María Villareal de Santucho (PRT-ERP). Nació en 9 de octubre de 1935 (36 años), era compañera de Mario Roberto Santucho y madre de tres chicos. Licenciada en artes plásticas por la Universidad de Tucumán. Junto a Santucho empezó a militar en el FRIP (Frente Revolucionario Indoamericano y Popular) que luego confluyó en el PRT. Detenida en un control de rutina en un colectivo.
Humberto Segundo Suarez (PRT-ERP). Nació en Tucumán el 1 de abril de 1947 (25 años), de origen rural, fue cañero, obrero de la construcción y oficial panadero. Detenido en marzo de 1971.
Humberto Adrián Toschi (PRT-ERP). Nació en 1 de abril de 1947 en Córdoba (25 años), trabajaba en una empresa familiar hasta que eligió ser obrero. Detenido, junto con Santucho y Gorriarán Merlo, en una redada el 30 de agosto de 1971.
Jorge Alejandro Ulla (PRT-ERP). Nació en Santa Fe el 23 de diciembre de 1944 (27 años), maestro; abandonó sus estudios para trabajar como obrero en una fábrica metalúrgica. Participó del congreso fundacional del ERP y en la primera operación armada. Detenido junto con Humberto Toschi en Córdoba, en agosto de 1971.

Los sobrevivientes:

Maria Antonia Berger (MONTONEROS). Licenciada en sociología, había sido detenida el 3 de noviembre de 1971. Herida por una ráfaga de metralla logró introducirse en su celda, donde recibió un tiro de pistola; fue la última en ser trasladada a la enfermería. En la fecha de la masacre tenía 30 años. Secuestrada a mediados de 1979.
Alberto Miguel Camps (FAR). Estudiante, había sido detenido el 29 de diciembre de 1970. Eludió la metralla arrojándose dentro de su propia celda, donde fue baleado. En la fecha de la masacre tenía 24 años. Su cuerpo, enterrado como NN en el cementerio de Lomas de Zamora, fue identificado en el año 2000.
Ricardo René Haidar (MONTONEROS). Ingeniero químico, había sido detenido el 22 de febrero de 1972. Evadió las ráfagas de ametralladoras introduciéndose en su celda, donde fue herido. En la fecha de la masacre tenía 28 años. Secuestrado el 18 de diciembre de 1982.
Salvaron sus vidas porque los fusiladores los creyeron muertos. Los tres están desaparecidos.
Fuente: https://dirdocumentacion.blogspot.com/2015/08/22-de-agosto-masacre-de-trelew.html
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[Anexo CT]

La masacre tuvo su día de justicia 40 años después.

por Ailín Bullentini /Página 12. /16 de octubre de 2012.

La sentencia generó emoción y aplausos entre los familiares de las víctimas, en Rawson. Anticiparon que apelarán las absoluciones. El fallo marca un precedente porque retrasa el inicio del terrorismo de Estado en el país.

Desde Rawson

Desde el extremo del escenario reservado para ellos, se las ingeniaron los cinco acusados en el juicio por la Masacre de Trelew para ubicarse de espaldas al público. Alguno, incluso, procuró taparse la cara. Tardó la gente, el mediodía de ayer, en colmar el cine teatro José Hernández de Rawson, en donde se desarrolló el debate desde su inicio, en mayo de este año, para escuchar en vivo y en directo la decisión del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. La multitud respetó el silencio pedido por el presidente del TOF, Enrique Guanziroli, al iniciar la lectura del veredicto, silbó en protesta de las absoluciones de Rubén Paccagnini y Jorge Bautista y festejó con aplausos, llantos y de pie al grito de “asesinos” las condenas a prisión perpetua e inhabilitación absoluta de Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino.

Las absoluciones

La tensión invadía las primeras filas del teatro, en donde los familiares de quienes fueron asesinados en la Base Almirante Zar de Trelew hace cuarenta años aferraban manos, se mordían los labios y apretaban los ojos como queriendo, con ese gesto, obligar al tiempo a avanzar más rápido. Más arriba, integrantes de Hijos, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Esa ansiedad esperanzada con la que todos sostenían las imágenes de sus fusilados fue la primera en recibir la lectura inicial de Guanziroli como un aguijonazo: la absolución de Jorge Bautista “por no haberse probado el delito de encubrimiento”.

El gesto en las caras de los familiares pasó de expectativa a preocupación. La siguiente decisión despertó silbidos y los murmullos comenzaron a calentar el ambiente: la absolución de Rubén Paccagnini del cargo de “autor mediato de 16 homicidios reiterados con alevosía y concurso premeditado de dos o más personas y tres tentativas del mismo delito”. En esta decisión, la jueza Nora Cabrera de Monella se manifestó en disidencia y recibió aplausos por ello. Dos a cero de los cinco puntos que se jugaban en esta final que, para muchos, marca un precedente en la historia argentina porque atrasa el punto de inicio del terrorismo de Estado tal y como se lo conoce propio de la última, fatal y feroz dictadura cívico-militar argentina.

Las perpetuas

A Raquel Camps, hija del sobreviviente de la masacre Alberto Camps, se le vino el mundo abajo. “No podía creer lo que estaba escuchando y no quería seguir haciéndolo. Tenía miedo de que el resto de las condenas fuera igual. Quise salir corriendo”, recordó cuando ya todo estaba dicho, con mucha más calma, pero con las heridas aún abiertas.

Lo que siguió despertó las fuerzas. Los militares retirados Sosa, Del Real y Marandino fueron condenados a “prisión e inhabilitación absoluta y perpetua por considerarlos coautores responsables del homicidio con alevosía y de tres casos de ese delito en calidad de tentativa” de Rubén Bonet, Jorge Ulla, Humberto Suárez, José Mena, Humberto Toschi, Miguel Angel Polti, Mario Delfino, Alberto Del Rey, Eduardo Campello, Clarisa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Astudillo, Alfredo Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart, y de los sobrevivientes Alberto Camps, María Antonia Berger y Ricardo Haidar, todos ellos presos políticos militantes de Montoneros, FAR y ERP-PRT, cometidos el 22 de agosto de 1972.

Los aplausos no permitieron al presidente del TOF finalizar de corrido la sentencia. Tampoco los gritos de “bravo” o los “hijos de puta” y “asesinos” que muchos hombres y mujeres del público, de pie, les dedicaron a los acusados, que permanecieron de espaldas. La declaración de los delitos como crímenes de lesa humanidad sirvió de válvula de descarga para quienes arribaron esa mañana a Trelew en busca de esa frase que, suponían, englobaba a “toda la Justicia”. Cuando la escucharon olvidaron por cuestión de segundos, nomás, las absoluciones del inicio, por las que deberán seguir luchando. Y lloraron. Y se abrazaron. Y buscaron con la mirada hacia arriba el encuentro con aquellos cuyos derechos humanos fueron violados cuarenta años atrás. “Para este tribunal, el juicio ha terminado”, clausuró Guanziroli, luego de mencionar que los condenados sólo acabarían en una cárcel federal cuando la condena estuviera firme. Esto es, por lo menos, tras las apelaciones de defensas y querellas, quienes ya aseguraron que las habrá. Mientras tanto, Sosa, Del Real y Marandino permanecerían excarcelados.

“Sabemos que se hizo justicia, pero no acordamos con las absoluciones”, definió Jorge Ulla, hermano del militante del ERP-PRT, la sensación que se instaló en el cuerpo de la mayoría de los familiares, a medida que iban, poco a poco, abandonando las butacas del lugar en donde un camino cuarenta años de lucha encontró el fin de su primera gran etapa: las condenas. Alicia Bonet, compañera de otro integrante de esa fuerza, también fusilado, fue más positiva al considerar la definición de los delitos como de lesa humanidad como “un enorme triunfo. Jueces argentinos determinaron que Trelew fue el primer acto de terrorismo de Estado”.

Los otros puntos

El pedido de extradición del militar retirado Roberto Bravo a Estados Unidos es otro de los puntos importantes del fallo, junto con la orden para que se le realice al almirante Horacio Mayorga –quien quedó afuera de este juicio por problemas de salud– análisis periódicos para controlar su estado. Bravo fue señalado durante el debate por varios testigos –entre ellos por las voces de los sobrevivientes– como uno de los disparadores en los fusilamientos. En 2008 se realizó un pedido de extradición al país norteamericano, que fue rechazado por la Justicia del estado de Florida. En ese sentido, “la declaración de los hechos como delitos de lesa humanidad es un nuevo argumento para reiterar el pedido”, analizó el fiscal de Comodoro Rivadavia, Horacio Arranz, uno de los tres miembros del Ministerio Público fiscal que integraron esa parte acusatoria durante el debate.

El análisis

En cuanto al punto de Bravo, las querellas se mostraron conformes, aunque la abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales, que representa a la querella de los familiares, Carolina Varsky, remarcó que el alegato de esa parte solicitó la deportación del militar retirado: “Con este fallo queda claro que él mintió en su ingreso a los Estados Unidos. La masacre es un crimen de lesa humanidad y él es sindicado constantemente con Sosa como uno de los autores de los disparos y responsables”. El TOF, en tanto, denegó el pedido de esa querella de incluir la figura de tormentos en el caso. “El tribunal no entendió el planteo de esta querella de que las torturas que los fusilados padecieron desde el 15 al 22 de agosto de 1972 formaron parte del mismo hecho”, explicó Varsky.

Del fallo del TOF de Comodoro Rivadavia, las partes acusatorias destacaron la definición de los delitos como crímenes de lesa humanidad y todas, también, criticaron fuertemente la absolución de Paccagnini, quien fue el jefe de la base en donde sucedieron los fusilamientos. “La causa de la masacre nos permitía adentrarnos en la estructura militar cuando se trata de terrorismo de Estado, explicar el encubrimiento posterior de Bautista de los hechos y cómo se trasmiten las decisiones a nivel jerárquico dentro de la fuerza. Yo no conozco casos de absolución de jefes de dependencias en las que se hayan cometido delitos de lesa humanidad. Desde el Estado, habla de un desconocimiento de cómo opera esa estructura militar. Leeremos los fundamentos”, expresó Germán Kexel, de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Su colega Martín Rico aseguró que recurrirán a Casación por el asunto.

“Nosotros estuvimos en la investigación del caso y siempre relacionamos al ex presidente de facto (Agustín Lanusse) con diferentes jefes de mando. En ese trabajo se dejó bien claro cuál era la prueba que lo unía con Paccagnini, dentro de un plan sistemático generalizado de persecución a gran parte de la población, cosa que el tribunal sí dio por probado. No entendemos los argumentos con los que se lo liberó a Paccagnini de culpa y cargo”, rezongó el fiscal de Rawson Fernando Gélvez.

ACTO EN LA BASE ZAR

Cartel en memoria

Abrigada hasta la nariz, apoyada en el antebrazo de una compañera que no la deja ni a sol ni a sombra, Encarnación Díaz se paró frente al enorme cartel y leyó en voz bien baja. Se lo contaba a sí misma, pero también a su tierra, a Trelew, para que ninguna de las dos olvide ese momento histórico. Despacio, recorría las palabras: “En esta unidad de la Armada Argentina se cometieron crímenes de lesa humanidad. El 22 de agosto de 1972 se perpetró la Masacre de Trelew. Memoria. Verdad. Justicia”.

A poco menos de un kilómetro de la entrada del edificio en donde estuvieron detenidos los 19 presos políticos una semana de agosto de 1972 antes de ser fusilados el 22 de aquel mes, más precisamente en el kilómetro 1453 de la ruta 3, en donde comienza el territorio de la Base Aeronaval Almirante Zar, existe desde ayer un enorme cartel que indica de manera oficial lo que Encarnación sabe desde hace 40 años, lo que dijo a gritos desde entonces. “40 años esperamos mi tierra y yo este acto de justicia, para que las atrocidades que sucedieron aquí no vuelvan a pasar”, comentó a Página/12, que la oyó leer el mensaje del cartel en voz baja.

En un acto del que participaron pobladores de Trelew, familiares de las víctimas, miembros del Archivo Nacional de la Memoria y de la Secretaría de Derechos Humanos, quedó inaugurada la señalización de la base. “Es necesario recordar a los compañeros que se llevaron aquellos traidores, cobardes, que no son siquiera capaces de mirar a las familias de quienes ellos mataron y reconocer lo que hicieron”, enfatizó el titular de esa secretaría, Martín Fresneda, bajo el cartel a la vera de la ruta nacional. Desde ese mismo lugar y momentos antes de ingresar al sector donde estuvieron los calabozos que albergaron los últimos días de las víctimas de la Masacre de Trelew, entre ellas su hermano Alejandro, Jorge Ulla resumió la jornada en nombre de los familiares. “Después de 40 años pedimos justicia no motorizados por rencor y venganza sino por la vida. Recordar la muerte sería el triunfo de la matanza. Ellos creían que al perforar esos cuerpos iban a desaparecer los reclamos de democracia, los pedidos de libertad. Pero no lo lograron. No mataron los cuerpos sino que los inmortalizaron a través nuestro. Esto va más allá de una sentencia, es la reivindicación de toda una generación”, apuntó.

 

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-205660-2012-10-16.html

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