Presxs Políticxs de la Revuelta: ¡Libertad inmediata para Nicolás Ríos! [+video]

“Pre informe químico excluye trazas de hidrocarburo”: Defensa de joven encarcelado por jueza Atala refuta que haya portado bomba molotov.

Por Natalia Figueroa.

El video de la detención de Nicolás Ríos (20) se viralizó por la violencia de sus aprehensores y la ausencia de identificaciones en ellos que los vincularan a la fuerza policial. Se habló de un secuestro llevado a cabo por civiles. Pero con el pasar de los días, Carabineros confirmó que se trató de una detención hecha por funcionarios de la institución, sobre la hipótesis de porte y uso de bombas molotovs. Los argumentos del abogado de Ríos, a los que pudo acceder El Desconcierto, apuntan a que no se pudo comprobar la existencia de material incendiario.

La detención de Nicolás Ríos Verdugo (20), el joven que fue violentamente aprehendido por funcionarios policiales de civil la noche del viernes en los alrededores del cerro Santa Lucía, generó alta indignación una vez que se difundió un video por redes sociales, en el que se observa a cinco personas golpeándolo mientras lo subían a una camioneta blanca.

El hecho, viralizado en internet, abrió nuevamente el debate por las presuntas detenciones ilegales que se han denunciado a organizaciones de derechos humanos desde el estallido del 18 de octubre.

La respuesta de Carabineros vino a la mañana siguiente. El general Enrique Bassaletti indicó que se trataba de una detención efectuada por funcionarios OS-9 de la institución, y que estaba “dentro de los márgenes legales”. También entregó más detalles: que operaron sin uniforme, que se le indicó la razón de la detención y se le informaron sus derechos. Todos estos puntos serían al menos controvertidos, según la defensa del joven.

La tarde del sábado, Ríos fue formalizado en el Centro de Justicia de Santiago. El fiscal de la Fiscalía Centro Norte, Cristián Meneses, quien está cargo de la causa, aseguró que la prueba aportada por Carabineros fueron imágenes de videos en el que se observa a Ríos lanzando una bomba molotov durante la manifestación del día de su detención.

Fue el fallo de la jueza del Séptimo Juzgado de Garantía, Karen Atala, el que generó aún más conmoción respecto al caso. Su decisión pasó por declarar legal la detención y dictar prisión preventiva en su contra como medida cautelar, además de decretar 60 días de plazo para llevar adelante la investigación.

Tras esto, Atala aseguró que vio los videos aportados por Carabineros y que el delito de lanzar artefactos incendiarios ameritaba esta medida cautelar, lo que conllevaba a una pena aflictiva. Además, la jueza planteó que la violencia de la detención se debía a la resistencia del joven, dado que el procedimiento era legal. Todo esto lo ha valido fuertes críticas por el criterio aplicado, llevándola a denunciar ser víctima de “amenazas por redes sociales”.

En contraposición a lo que ha señalado por Atala, la apelación del abogado de la Defensoría Popular y representante de Ríos, Lorenzo Morales, sostiene que hasta el momento, solo se ha conocido que una de las cinco personas que lo detuvo pertenece al OS-9 de Carabineros. Se trataría del teniente Pablo Cabezas, quien supuestamente lo habría filmado durante toda la jornada de manifestación de esa tarde. Además, los funcionarios policiales ocultaban sus placas institucionales y, con esto, Morales aclara que se infringen los principios de probidad y transparencia.

Con todo esto, el abogado recalca que se trató de una detención desproporcionada con “infracción a los derechos humanos” y que no existen más pruebas del supuesto ilícito que cometió el joven que la de Carabineros. Un dato relevante que agrega, se basa en que “el pre informe químico en tres de las muestras excluye trazas de hidrocarburos, pero de todos modos se le imputan de manera impropia ilícitos graves y además de acuerdo a la hipérbole de la formalización”.

El documento, revisado por El Desconcierto, indica que Ríos ejerció su derecho a libertad de expresión, de reunión y de presentar peticiones a la autoridad. “Estas circunstancias de manifestación no son un delito, si fuera por aquello, todos los días los tribunales penales tendrían que estar juzgando a estudiantes, trabajadores, pobladores, distinta gente que, precisamente, a través de la protesta social plantea su descontento legítimo en un estado democrático de derecho, que no les gusta a los gobernantes porque protestan en contra de ellos”, enfatizó el abogado en la apelación.

Todo esto lo lleva a decir que se trata de una persecución penal infundada, por lo cual solicitó que se aplique una medida cautelar de menor intensidad, en este caso, de arresto domiciliario parcial.

Revisa el documento completo de la apelación aquí:

 

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