El Patriarcado debe caer: Violaciones e impunidad en Argentina y Chile.

El Patriarcado, ese orden social basado en el binarismo jerarquizado de los géneros, donde lo masculino es lo valorado, la potencia  y lo femenino es lo despreciable; orden social que cimienta una infinitud de desigualdades, abusos, injusticias a nivel  material y subjetivo; que sirve de justificación para actos brutales de violencia, debe ser también la bandera de lucha de aquellos que portan el deseo de cambiar radicalmente la realidad. El Patriarcado mata, tortura, genera un dolor insoportable y además justifica sus crímenes. Ejemplo de lo anterior, es lo sucedido hace unas semanas en Argentina. Una joven fue encontrada en Rivadavia, a unos kilómetros de la ciudad de Salta, luego de haber sufrido una violación en grupo, en lo que es conocido como «remear»:  práctica de iniciación sexual realizada en algunas zonas del norte la ciudad trasandina; así también, lo acontecido en Chubut  cuando un fiscal habló de “desahogo sexual” para referirse a una violación en grupo a una adolescente. En Chile, Anahís Godoy Ramírez de sólo 15 años se suicidó, tras enterarse que su violador podría quedar en libertad. Hace algunos años atrás, la misma decisión tomó Gabriela Marín Mejías de 23 años, tras la libertad de quienes la habían violado. Hoy podemos nombrar estos hechos como suicidio femicida, es decir el suicidio de mujeres comprendido como única salida a la violencia que viven. Por todo, no solo es necesario pedir justicia a un sistema impregnado de misoginia, sino más bien evidenciar la urgencia de acabar con el Patriarcado y desarrollar formas autónomas de reparación y justicia que vayan construyendo otro sentido de lo ético, de lo justo. De esto hay ejemplos, es solo indagar en nuestras experiencias, en nuestra historia. (Natalia Pravda, Editora CT)

Ramear: la aberrante «iniciación sexual» que padecen las niñas aborígenes en el norte

Por Rivadavia Informa.
Una joven fue encontrada en Rivadavia Banda Sur – 400 km aproximadamente de la ciudad de Salta – llorando y en estado de shock, luego de haber sido víctima de una violación en grupo. El hecho vuelve a poner en escena una lamentable práctica que se da en todo el norte del país, y con otros nombres en el resto del país.
Para algunos esto responde a una «práctica cultural» que históricamente fue llamada «ramear», en el norte, aunque en otras zonas del país ha sido nombrada de diversas formas, como «chinear».

Con licencia para violentar

El «rameo» consiste en: varones blancos violan y luego devuelven a sus comunidades a jóvenes menores de edad sin ningún tipo de sanción. A lo largo de la historia, fue considerado una práctica cultural que existe desde hace siglos y continúa como parte de un odio de clase.
Al igual que en la Edad Media, a plena luz del día, varones criollos, adinerados, comerciantes o terratenientes, con poder económico o político, someten a niñas menores de edad de las comunidades indígenas del norte del país a un ritual de iniciación sexual que parece increíble que aún exista: se las llevan de los pelos, las alcoholizan, abusan sexualmente de ellas (muchas veces en manada), y luego las devuelven a sus comunidades como si nada hubiese sucedido. Una forma de racismo contra los pueblos originarios que se mantiene en el tiempo y que aún no ha desaparecido.

Racismo

Durante décadas mujeres indígenas han intentado erradicar tan aberrante acto, aunque hasta la fecha resulta complejo. Referentes como Octorina Zamora, del pueblo wichi; Noelia Chumbita, del pueblo diaguita; y Moira Millán, del pueblo Mapuche, se han referido a esto como constantes abusos sexuales en todas las comunidades Wichí, Qom, Pilagá, Moqoi, entre otras.
«Esto es posible por la impunidad que se disfraza de ‘costumbre cultural’, pero esto no es cultura, es un crimen racista y queremos que se termine esta práctica atroz», explica Noelia Chumbita.
Es así que las referentes del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir exige que este tipo de abusos sean juzgados como crímenes de odio. «La gente piensa que la esclavitud es la producción de la tierra sin remuneración, pero la esclavitud acá también es el sometimiento y la opresión de los derechos», señaló Moira Millán.

Crímenes de odio

«Por un lado, los violadores amenazan a las niñas abusadas y, por el otro, en ciertos casos, se aprovechan de la necesidad y del hambre de nuestras comunidades. Acuerdan intercambios de comida o apenas migajas para callar el abuso o embarazo. Frente al abandono y desprotección del Estado, esos acuerdos terminan sucediendo», agregó la referente.
29 de junio, 2020.
Fuente: https://www.facebook.com/MujeresMapucheAutoconvocadas

Mujeres de la comuna de Vicuña salen a la calle a manifestarse y exigir #JusticiaParaAnaís.

Por Izquierda Diario.

Decenas de personas marcharon por las calles de Pampilla San Isidro, exigiendo justicia para Anaís, denunciando el rol de las instituciones y la responsabilidad ante un nuevo suicidio femicida. #JusticiaParaAnaís suicidio femicida, ya van mas de 21 femicidios en lo que va del año.

Anahís Godoy Ramírez, quien denunció haber sido violada a sus 13 años en la Pampilla San Isidro el año 2018, el presenta año el acusado queda impune, quien se encuentra preso por otras causas, pudiendo quedar libre por “buena conducta”; lo que provoco un suicidio femicida a raiz de la situación de miseria y vulneración de derechos, sumado a un sistema judicial machista y misógino, que sostiene el patriarcado mediante profundos estereotipos. Fue lo que la llevo a terminar con su vida.

Un niña de 15 años se ve condenada a morir por la culpa de las miserias a las que nos arroja este sistema, que nos precariza la vida mediante la objetivación del cuerpo y la naturalización de un sistema jerárquico que nos vulnera simbólica y físicamente por el simple hecho de ser mujer.

En una carta escrita por ella, reclama justicia, esa justicia que no encontró ni encontraremos en ese sistema capitalista y patriarcal, por lo que este miércoles 1° de julio cientos de personas marcharon por las calles de Pampilla San Isidro bajo el grito de ni una menos, ¡nos siguen matando¡, manifestándose contra la impunidad que se sostiene a nivel local en Coquimbo, y a nivel nacional, denunciando las nefastas instancias institucionales. Simultaneamente otros lugares del sector realizaron concentraciones y veltatones. 

Estos fatales hechos producto de la violencia machista, en plena crisis sanitaria empujaron a cientos a movilizarse y denunciar esta violencia sistemática que perpetua el encubrimiento y el silencio.

2 de julio, 2020.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.cl/Mujeres-de-la-comuna-de-Vicuna-salen-a-la-calle-a-manifestarse-y-exigir-JusticiaParaAnais


El debate abierto por la violación en Chubut.

Por Sonia Santoro/Página12

El acuerdo aceptado por Rivarola, el pedido de la víctima, el «linchamiento mediático» del fiscal (Rita Segato dixit), el lenguaje patriarcal y cosificante… Reflexiones de las que se reconocen feministas y de la sociedad en general.

En el quinto aniversario del primer #Niunamenos se filtró la información de que un fiscal había hablado de “desahogo sexual” para referirse a una violación en grupo a una adolescente producida en Chubut. El uso de la expresión provocó el repudio inmediato y unánime no solo de quienes estudian, militan y trabajan en violencia contra las mujeres sino del resto de la sociedad. El lenguaje usado por el fiscal fue apenas la punta del iceberg a partir de la cual surgieron otros cuestionamientos al sistema judicial penal en casos de violencia de género: ¿Se puede llegar a un juicio abreviado en delitos de gravedad? ¿El sistema judicial tiene que hacer lo que la víctima quiere? ¿Qué pasa con las condenas ejemplares, qué pasa con que los agresores no repitan los hechos? También surgieron preguntas sobre los derechos de las víctimas: ¿Deciden con autonomía? Aquí algunas expertas desenmadejan un complejo entramado.

La violación grupal de la chica de 16 años ocurrió en Chubut en la primavera de 2012, pero ella la hizo pública en 2019, cuando tenía 23 años. Estaban implicados seis hombres, pero tres fueron sobreseídos y quedaron tres acusados. El fiscal Fernando Rivarola acordó juicio abreviado y liberación de los acusados. Todo esto se difundió el 3 de junio, día en que desde hace cinco años se dice Basta a la violencia contra las mujeres. El escándalo mediático y por redes fue inmediato. El 5 de junio, en un artículo publicado en la revista La Garganta Poderosa Rita Segato consideró al hecho como una “provocación”. Días más tarde pidió disculpas por el “linchamiento mediático” al que se había llegado y explicó que si bien el uso del término no era apropiado, el fiscal lo había usado “como figura de acusación, para agravar, no para morigerar la pena. Hemos linchado a un fiscal que hizo actuar a la justicia de la manera correcta.”

Muchas feministas se enojaron con Segato. Pero más allá de las posturas dentro de los feminismos, la indignación generalizada trascendía espacios. Pronto se supo que la joven pedía que se dejara de viralizar el caso, que ella quería cerrar el tema sin ir a juicio. Entonces aparecieron nuevos planteos: ¿pero cómo, la víctima realmente quiere eso o fue presionada para que nadie fuera preso? ¿El sistema judicial tiene que hacer lo que la víctima quiere? ¿Qué pasa con las condenas ejemplares, qué pasa con que los agresores no repitan los hechos? Mientras el debate escalaba, el juez de la causa no sólo rechazó el acuerdo propuesto por el fiscal Fernando Rivarola, sino que consideró “repugnante” que se esté propiciando una “reparación económica” para callar a la víctima. Lo último que se supo es que el jueves el fiscal escrachado impugnó la decisión del juez por considerar que “cosificó a la víctima con un estándar de moralidad basado en estereotipos patriarcales y machistas absolutamente repudiables, dejándola en un total desamparo, revictimizándola y desoyendo su opinión”.

Las expertas consultadas por Página/12 hablaron de las implicancias del caso. Por si todavía hubiera dudas, aclararon que la expresión “desahogo sexual” no es una figura jurídica sino una vieja interpretación doctrinaria de algunos autores. Nelly Minyersky, experta en Derecho de Familia, consideró que “aunque lo haya usado de manera adecuada, es completamente inoportuno y tiene que ver con la ideología el uso del lenguaje. Es un lenguaje caduco. Por algo los sectores más oscurantistas se oponen a un cambio en el lenguaje. Esto muestra cómo hemos terminado en situaciones tan complejas. Porque el hecho de habernos considerado discapacitadas, el hecho de ponernos en el lado de lo que no se habla, produce estas situaciones”. Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), dijo que “necesitamos transformaciones muy profundas en las miradas, en la forma de considerar los delitos. Seguir hablando en estos términos… El mensaje social en definitiva fue ‘sigan violando que no pasa nada’. Más allá de que no fuera la intención del fiscal, lo que dicen los fiscales tiene transcendencia en la comunidad”. Para Ana Casal, experta en violencia de género e Integrante de la Red de Mujeres para la Justicia, “no hubo reflexión sobre la terminología que estaba usando porque está normalizado por el patriarcado. Actuó con su sentido común. Hay que alejarse de eso porque el sentido común es patriarcal. Hay que trabajar con sensibilidad de género”.

Más allá del problema del lenguaje, el caso permitió sacar a la luz varios aspectos que están en juego en los casos de delitos sexuales. Por un lado, el tema de las salidas alternativas vinculadas a estos delitos. “Hay una discusión fuerte sobre si está bien que se abrevien los procesos para descomprimir los sistemas judiciales. El fallo Góngora (2013) lo prohibió para los casos de violencia de género. Esto es porque en su momento los casos de violencia de género no se le asignaban ningún valor y había que revertir esa situación de falta de respuestas. Eso es un problema para el sistema de justicia. Porque el número de casos es enorme y el peligro es que siga siendo una no respuesta a las víctimas. De hecho el fallo Góngora, paradójicamente, es uno de los ejemplos: es un caso de violencia sexual simple contra dos mujeres, ellas querían el juicio abreviado o reparación económica, la Corte les dijo que no y la causa prescribió”, explicó Labozetta. Entonces, para la fiscal, tomar posición prohibicionista de las salidas alternativas es un problema en general. “Dicho esto, se ponen en juego muchas cosas. Cuando las víctimas quieren abreviar porque no quieren seguir adelante con el juicio también tenemos que pensar por qué no queremos seguir en los procesos las mujeres, por qué el sistema sigue siendo tan hostil. O sea, para que la herramienta sea legítima, tiene que haber condiciones. Que la persona tome la decisión de manera libre y autónoma. Tenemos que cambiar la mirada sobre las víctimas del delito, no siempre están en condición de vulnerabilidad y no tienen capacidad de decisión; son autónomas que toman decisiones autónomas”. En el mismo sentido, Casal dijo que “no todas las mujeres sobrevivientes de estos delitos van a actuar de la misma manera. Hay que estar atentas a las particularidades, si una mujer llega con redes de apoyo suficientes, ella puede tomar decisiones. Otra cosa es cuando desde la justicia se la presiona para ir a un juicio abreviado porque la mujer no tiene apoyos, información, para decidir. No hay que aplicar mecánicamente ninguna de las dos salidas”. Una mujer puede querer abreviar el juicio, consideró Minyersky “el problema es que habitualmente las mujeres que sufren malos tratos desisten. Ahí está el poder judicial que tiene que verificar qué pasa con ese desistimiento, si es real. La justicia tiene que trabajar muchísimo con las víctimas para ver si hay autonomía o no”.

Una vez aclarado este punto, lo que quiere la víctima es rector en estos casos. “Los delitos sexuales son de instancia privada y no podés avanzar si la víctima no quiere. Hay otros delitos que son de instancia pública. Por ejemplo, los delitos de femicidio, en los que el sistema tiene mucho para hacer en términos de mejorar la justicia desde una mirada de género y lograr la condena social a este tipo de criminalidad”, apuntó Labozetta. La fiscal aclaró que estas alternativas de justicia tienen que lograr una reparación para las víctimas, y no ser la única salida a la violencia de género, es decir, no retroceder al paradigma anterior.

Muchas veces se desiste de ir a juicio porque se dice que es difícil conseguir las pruebas. En este punto para Labozetta también hay mucho por cambiar: “Hay algo relacionado con el valor probatorio del relato de la víctima. Se exige más a la víctima de violencia. En términos de verosimilitud del testimonio, a priori se lo pone en dudas, cosa que no pasa con otros delitos. Esto se advierte por la forma en que se valoran y segundo por las prácticas judiciales que se desencadenan. Los test de fabulación que se usan para las víctimas de violencia de género no se hacen para otros delitos. Eso no pasa en un delito de estafa, de robo de automotor, de narcotráfico”.

La justicia desalienta. Facilitar el acceso de las mujeres a la justicia tiene que ver también con hacer que el Poder Judicial no expulse a las sobrevivientes, que las acompañe y las contenga. ”Hay que poner a las sobrevivientes en el centro de toda la actuación de la justicia y brindar todos los apoyos necesarios para asegurarnos que no sea revictivimizada por el propio sistema que tiene que protegerla”, dijo Casal. Para Minyersky no solo la justicia sino los medios victimizan: “La sociedad todavía está impregnada de oscurantismo. Es un cambio muy profundo el que se necesita”.

14 de junio, 2020.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/272156-el-debate-abierto-por-la-violacion-en-chubut

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