Sinclair, otro general homicida, se beneficia de la indulgencia del poder: 5 años de cárcel por 12 ejecuciones.

Caravana de la Muerte: condenan al ex vicecomandante del Ejercito y senador designado Santiago Sinclair por ejecuciones en Valdivia.

por El Mostrador.

En la sentencia, la Tercera Sala del tribunal de alzada capitalino condenó a Sinclair a 5 años y un día de presidio, en calidad de autor, al igual que Juan Viterbo Chiminelli Fullerton. En tanto, Pedro Octavio Espinoza Bravo fue condenado a 10 años de presidio, y Emilio Robert de la Mahotiere González, 3 años y un día de presidio, como encubridor.

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a cuatro miembros en retiro del Ejército, entre ellos el exintegrante de la Junta Militar y exsenador designado Santiago Arturo Sinclair Oyaneder por doce crímenes del episodio Valdivia de la «Caravana de la Muerte», cometidos en octubre de 1973 durante la dictadura militar.

En la sentencia (causa rol 2.070-2018), la sala integrada por los ministros Carlos Gajardo, Alejandro Madrid y la abogada integrante Paola Herrera condenó a Sinclair a 5 años y un día de presidio, en calidad de autor, al igual que Juan Viterbo Chiminelli Fullerton.

En tanto, Pedro Octavio Espinoza Bravo fue condenado a 10 años de presidio, y Emilio Robert de la Mahotiere González, 3 años y un día de presidio, como encubridor.

El fallo corresponde a los delitos de homicidio calificado de Gregorio José Liendo Vera, Pedro Purísimo Barría Ordóñez, Rudemir Saavedra Bahamondes, Víctor Eugenio Rudolph Reyes, Víctor Segundo Valeriano Saavedra Muñoz, Santiago Segundo García Morales, Luis Mario Valenzuela Ferrada, Sergio Jaime Bravo Aguilera, Luis Hernán Pezo Jara, Víctor Fernando Krauss Iturra, Enrique del Carmen Guzmán Soto y José René Barrientos Warner.

La sentencia dio por establecido que las muertes corresponden a “un homicidio en los términos previstos en el artículo 391 N° 5 del Código Penal, pues no cabe sino concluir que la decisión de ordenar el fusilamiento de cada uno de ellos, creando la apariencia de la ejecución de una resolución judicial proveniente de un supuesto Consejo de Guerra, revela la existencia de un plan previamente concebido”.

En tal sentido, el tribunal de alzada recordó que “todos los actos que terminan con el fusilamiento de las víctimas, comienzan con la llegada a la ciudad de la comitiva que encabezaba Sergio Arellano Stark y es así, que en el breve lapso de su permanencia en la ciudad, se llevan a efecto todas las ejecuciones, procediéndose de la misma forma en todos aquellos lugares en que se hizo presente».

En el aspecto civil, el fallo confirmó la sentencia que acogió la demanda y que condenó al fisco a pagar una indemnización total de $1.910.000.000 (mil novecientos diez millones de pesos) a familiares de las víctimas.

Fuente: https://www.elmostrador.cl/dia/2020/08/07/caravana-de-la-muerte-condenan-al-exsenador-designado-santiago-sinclair-por-doce-ejecuciones-en-valdivia/
————
Anexo CT (Memoria viva).

Santiago Sinclair Oyaneder, General de Ejercito.

Primera Foto: Cortesia de Julio Oliva

Santiago Sinclair Oyaneder, nacido en Santiago el 29 de diciembre de 1927. Egreso del ejercito en 1948 con el grado de oficial. Para el golpe militar era el comandante del Regimiento de Caballería Blindada N°2 de Cazadores y es responsable de la  matanza de 17 campesinos de la región de Chihuío y Liquiñe, parte de la «Caravana de la Muerte» liderada por Sergio Arellano Stark.

De acuerdo a la resolución Judicial: “El día 03 de octubre de 1973, aterrizó en Valdivia un helicóptero “Puma” con un grupo de militares bajo el mando del entonces General de Ejército, Sergio Víctor Arellano Stark, delegado por quien a la fecha era Comandante en Jefe del Ejército, Augusto Pinochet Ugarte, con el objeto de cumplir labores de coordinación de criterios institucionales de gobierno interior y de procedimientos judiciales o de revisar y acelerar los procesos; Que, a raíz de la llegada de los militares mencionados, el día 04 de octubre de 1973, se ordenó sacar desde la Cárcel Pública de Valdivia, a Rudemir Saavedra Bahamondez, Víctor Eugenio Rudolph Reyes, Víctor Segundo Valeriano Saavedra Muñoz, Santiago Segundo García Morales, Luis Mario Valenzuela Ferrada, Sergio Jaime Bravo Aguilera, Luis Hernán Pezo Jara, Víctor Fernando Krauss Iturra, Pedro Purísimo Barría Ordoñez, Enrique Del Carmen Guzmán Soto y a José René Barrientos Warner, a quienes se les condujo al predio militar de Llancahue, específicamente en el Polígono de tiro de la Guarnición Militar de Valdivia, lugar en donde se les fusiló a consecuencia de una sentencia pronunciada en un supuesto Consejo de Guerra, cuya materialidad no existe”

Santiago Sinclair Oyaneder fue mas tarde promovido a vice comandante en jefe del Ejército desde 1986 e integró la Junta Militar en 1989; Comandante en Jefe del Ejercito de enero de 1990 a noviembre de 1994, luego fue senador designado hasta 1997.

Santiago Sinclair Oyaneder fue también procesado por homicidio de cinco frentistas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, Julián Peña Maltés y Alejandro Pinochet Arenas, en 1987.

Fuentes de Información: «Dónde están hoy los dinos de ayer?»  Gladys Díaz; “La masacre de Chihuio” – Arnaldo Pérez Guerra; “Volver a la memoria” Capítulo II: Surcos en la memoria – Raquel Olea y Olga Grau (Compiladoras); “Exhumación masiva – Matanza en Chihuío. Memoria histórica. Detenidos desaparecidos” Raúl Auth Caviedes; La Nacion; La Tercera; El Mostrador; El Mercurio; Biobiochile.cl; Memoriaviva

La Nacion /19 de Marzo 2003

Cuatro altos oficiales (R) procesados por matanzas de Chihuío y Liquiñe

En dos resoluciones en las que procesó a cuatro altos oficiales retirados del Ejército y a un civil, el ministro en visita con dedicación exclusiva para causas de derechos humanos Alejandro Solís dio cuenta de los episodios de Chihuío y Liquiñe en la precordillera de la Décima Región, dos de los más masivos en cuanto a número de víctimas de la represión durante la dictadura.

En Chihuío, unos 190 kilómetros al sureste de Valdivia, cerca de la frontera con Argentina, el 9 de octubre de 1973 fueron asesinados 17 campesinos por personal de los regimientos Cazadores y Maturana de Valdivia, cuyos comandantes eran los coroneles Santiago Sinclair (ex vice comandante en jefe del Ejército y ex senador designado) y Jerónimo Pantoja Hernández (ex segundo hombre de la DINA), respectivamente. Por este caso, el juez Solís sometió a proceso por secuestro a Pantoja, hoy en retiro; al general (R) Héctor Bravo Muñoz, a septiembre de 1973 jefe de la IV División del Ejército con asiento en Valdivia y jefe de zona en estado de sitio; al entonces capitán Luis Osorio Garardazanic y a un civil.

Los cuerpos de los 17 campesinos fueron desenterrados por personal de Ejército a fines de 1978 y permanecen desaparecidos. El 17 de junio de 1990 se descubrieron las tres fosas en las que habían estado enterrados los campesinos, y sólo se encontraron pequeñas piezas óseas, lo que permitió confirmar las identidades de los campesinos.

Un día después, el 10 de octubre de 1973, un operativo de Ejército y Carabineros secuestró y dio muerte a 15 campesinos en la aldea de Liquiñe, a pocos kilómetros de la localidad de Neltume también en la precordillera. Por once de estas víctimas, Solís procesó en calidad de autor de secuestro al teniente coronel (R) de Ejército Hugo Guerra Jorquera. Según testigos de la época, estos campesinos fueron ejecutados sobre el puente del río Toltén y sus cuerpos lanzados al río. Por este caso, el juez Juan Guzmán procesó previamente al civil Luis García, dueño de las Termas de Liquiñe, que colaboró en los secuestros. Si bien el general (R) Sinclair no ha sido hasta ahora procesado por Chihuío, fuentes vinculadas a la investigación afirman que sí llegar a estarlo.

—-

El Mostrador /15 de julio de 2008 

Ex senador Sinclair procesado por homicidio de cinco frentistas

El ministro Mario Carroza, que sustancia el proceso por el secuestro y desaparición de cinco militantes del FPMR en 1987 a manos de agentes de la CNI -con la participación del Ejército- someterá a proceso a dos oficiales en retiro y uno activo.

Se trata de quien fuera el último vicecomandante en jefe del régimen militar, Santiago Sinclair -quien llegó a ser senador designado a principios de la transición democrática-, en calidad de coautor de homicidio en las personas de Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, Julián Peña Maltés y Alejandro Pinochet Arenas.

La decisión del magistrado se basa en que los frentistas fueron lanzados desde un helicóptero institucional al mar, previa reunión de coordinación en la que habría estado presente Sinclair y que, por autoridad superior, no podía menos que saber de las muertes.

El mismo razonamiento judicial usará Carroza para quien fuera el jefe de la Dirección de la Inteligencia del Ejercito (DINE), el entonces general Hugo Prado, junto a un coronel actualmente en servicio activo de apellido Bustos. Para ambos también pesará el mismo delito. En el caso del funcionario que aún integra las filas de la institución castrense -y como ha sido la tendencia para los involucrados en casos de violaciones de derechos humanos- será alejado de la institución.

El sistema usado por Carroza hasta ahora ha logrado establecer no sólo que agentes de la CNI secuestraron a los frentistas, sino también que estos pierden la vida en el cuartel Borgoño del mismo servicio represivo y son lanzados al mar en un helicóptero del Ejército.

Los pilotos de Pinochet, Hugo Barría Rogers -ex agregado militar en Francia- y “el Chino Campos” -ambos procesados- son quienes participan en esta operación, pero sin saber a qué se dirigían cuando se les ordenó despegar y dirigirse a un predio de Colina, el mismo que utilizó la DINA en los 70’s para hacer desaparecer a los militantes de izquierda.

Desde 2002 están sometidos a proceso, el entonces jefe de la CNI, general (R) Hugo Salas Wenzel, el comandante (R) Krantz Bauer Donoso, el mayor (R) Álvaro Corbalán, capitán (R) Luis Sanhueza Ros; los suboficiales (R) Manuel Ramírez y René Valdovinos y los empleados civiles de Ejército César Acuña, Manuel Morales, Luis Santibáñez y Víctor Ruiz Godoy. Se suman el coronel (R) de Carabineros Iván Quiroz, y los agentes Juan Orellana Morales, Hernán Vásquez, Raúl del Carmen Durán, José Salas Fuentes, Marco Antonio Pincheira y Jorge Raimundo Ahumada Molina. Se suma a ellos el ex jefe del Batallón de inteligencia del Ejército (BIE), el general (R) Julio Cerda. Santiago Sinclair fue un militar destacado durante la dictadura militar. Junto con llegar a vicecomandante en jefe hasta 1986 e integró la Junta Militar en 1989, como también senador designado hasta 1997.

—-

La Nación/Viernes 18 de julio de 2008   

Fallo establece responsabilidad institucional de mandos del ejército

El ministro Mario Carroza encausó también en calidad de autor del secuestro de los cinco militantes del FPMR al coronel activo Marco Antonio Bustos. El crimen fue coordinado entre la jefatura del Ejército, su Dirección de Inteligencia, y la CNI. En la operación también participó el Comando de Aviación de esta rama castrense. Ya van 27 oficiales y suboficiales retirados declarados reos por este crimen.

Una acción coordinada entre la comandancia en jefe del Ejército, la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército (DINE) y la Central Nacional de Informaciones (CNI), además del Comando de Aviación de la institución, fue la operación para eliminar en septiembre de 1987 a cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

La coordinación al más alto nivel la establecieron en la investigación judicial los ministros Hugo Dolmetsch, Haroldo Brito y Mario Carroza, quienes han tenido la causa en sus manos.

El actual magistrado a cargo de la indagatoria, Carroza, procesó ayer al ex vicecomandante en jefe del Ejército y ex integrante de la Junta Militar, general (R) Santiago Sinclair Oyaneder; al general (R) y ex jefe de la DINE, Hugo Prado Contreras, y el ex integrante del Batallón de Inteligencia Militar (BIE), actual coronel en servicio activo, Marco Antonio Bustos Carrasco, quien es el jefe del Departamento de Planificación de la División de Logística del Ejército.

Los tres fueron encausados en calidad de coautores del delito de secuestro calificado de los cinco militantes del FPMR.

Los dos oficiales generales y el oficial superior fueron arrestados y quedaron internados en el Batallón de Policía Militar en la comuna de Peñalolén.

Con estos tres encausados llegó a 27 el número de oficiales y suboficiales retirados declarados reos por este crimen.

En el marco de esta operación coordinada, el 21 de septiembre de 2006 el juez de Haroldo Brito procesó al entonces director de la CNI, general (R) Hugo Salas Wenzel, y a otros diez ex agentes de ese organismo, entre ellos el jefe operativo Alvaro Corbalán y el jefe de la Brigada Antisubversiva, Kranz Bauer Donoso.

En la investigación logró establecerse que los cinco frentistas, Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola fueron secuestrados entre el 9 y 10 de septiembre de 1987, como posibles rehenes de canje por el coronel de Ejército Carlos Carreño Barrera, secuestrado el 1 de septiembre de 1987 por el FPMR. Carreño apareció finalmente el 3 de diciembre de 1987 en la ciudad Sao Paulo, Brasil, tras 93 días de cautiverio.

El juez Carroza sostiene en su auto de procesamiento que los cinco militantes fueron muertos «una vez que el coronel Carreño apareció». El dato es relevante, pues nunca se ha podido precisar la fecha exacta en que fueron asesinados.

Esa información agrega coherencia a la tesis jurídica de que la dictadura mantuvo vivos a los cinco frentistas para el probable canje hasta el último momento y que su muerte se decidió sólo después de que Carreño fue liberado por sus captores.

Es en este momento en que, según los antecedentes del proceso, entra a participar en el caso el general Santiago Sinclair, en su cargo de vicecomandante en jefe del Ejército, o más bien, de comandante en jefe en ejercicio o ejecutivo, dado que Augusto Pinochet ejercía como autodesignado Presidente de la República.

Una vez liberado Carreño, se produjo una reunión entre Sinclair, quien llevaba allí la voz del dictador Pinochet, el jefe de la DINE, Prado, y el director de la CNI, Salas Wenzel. En esa reunión Sinclair ordenó que había que hacer desaparecer a los cinco prisioneros.

La razón fue que ya a esa fecha y por la reestructuración que se había realizado, la CNI no podía mantener prisioneros en sus cuarteles. Los cinco militantes llevaban ya tres meses secuestrados, interrogados y torturados y el caso podía convertirse en otra arma en contra de Pinochet a un año del plebiscito de 1988.

Cuando secuestran a Carreño, la DINE, a través de su organismo operativo, el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), formó un equipo a cargo de la investigación del secuestro del coronel.

Los oficiales de ese equipo, entre los que estaba el actual coronel activo Marco Antonio Bustos y el entonces jefe del BIE, actual general (R) Julio Cerda Carrasco, también encausado, mantuvieron durante todo el tiempo de cautiverio de Carreño un estrecho vínculo con la CNI. Incluso sus integrantes estuvieron varias veces en el cuartel Borgoño.

Prisión de Sinclair

“Mi general, su Ejército está listo, para lo que usted lo necesite”, le dijo el general Santiago Sinclair al general Augusto Pinochet la noche del 5 de octubre de 1988, cuando internamente ya se sabía que el dictador había perdido el plebiscito y tendría que abandonar el poder.

Ese episodio da cuenta de la estrecha lealtad de Sinclair hacia su superior. En ese entonces, como cuando se decidió la muerte y desaparición de los cinco frentistas por lo que ahora está procesado y detenido, formalmente Sinclair era el vicecomandante en jefe del Ejército, pero en la práctica era su máxima autoridad, porque Pinochet ocupaba la primera magistratura nacional por obra y gracia de su Constitución.

De ahí que su procesamiento y detención sea recibida en el mundo de los derechos humanos como una señal que allana el camino a otros procesamientos a altos mandos de entonces. La noticia tiene además otro ribete institucional. Otro de los procesados está aún al servicio de la institución. Se trata del coronel Marco Antonio Bustos, jefe del Departamento de Planificación de la División de Logística del Ejército. El ministro Mario Carroza, a cargo de la investigación, encausó también en calidad de autor del secuestro de los cinco militantes del FPMR al entonces director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Hugo Prado Contreras.

El magistrado estableció que el crimen fue coordinado entre la jefatura del Ejército, la DINE y la CNI y que en la operación también participó el Comando de Aviación de esta rama castrense.

A bordo del puma

La forma que se eligió para hacer desaparecer a los cinco militantes fue la misma que utilizó la DINA para hacer desaparecer a sus víctimas: matarlas y tirar los cuerpos al mar. De esta manera, a través de Sinclair y con conocimiento de Pinochet, se autorizó la operación para que un helicóptero del Comando de Aviación del Ejército (CAE) fuera utilizado para lanzar los cuerpos al mar. Éstos fueron asesinados en Borgoño y sus cuerpos, debidamente ensacados y amarrados a trozos de rieles, son llevados al predio militar de Peldehue, al norte de Santiago, donde son cargados a bordo del helicóptero Puma del CAE que comandaron los oficiales Víctor Campo Valladares y Hugo Barría Rogers. Comandante del CAE en 1987 era el coronel Aquiles Navarrete Izanortegui, quien también está encausado en el proceso.

Los últimos desaparecidos

José Julián Peña Maltés: Soltero, 36 años al momento de su secuestro. Salió al exilio en Francia en enero de 1974. En 1985 se levanta su prohibición de ingreso al país. No se sabe la fecha exacta de su regreso a Chile, pero sí que estaba clandestino al momento de su secuestro. Fue visto la última vez con vida el 9 de septiembre. Su familia supo de su desaparición el 15 de septiembre de 1987, por la llamada telefónica de una mujer que no se identificó. En noviembre de ese año, Investigaciones informó que no registraba ingreso al país “por lo que es dable suponer que aún no retorna”. Fue rechazado su recurso de amparo.

Julio Muñoz Otárola: Separado, 27 años al momento de su desaparición. Estuvo casado con Cecilia Magni, la comandante Tamara, integrante del comando que atentó contra Pinochet en septiembre de 1986, asesinada luego en Los Queñes junto al comandante José Miguel, ambos del FPMR. Según informó Investigaciones, cuando desapareció tenía dos órdenes de detención pendiente en su contra, “por lo que es presumible que se encuentre oculto tratando de eludir la acción de la justicia”. El recurso de amparo a su favor fue rechazado.

Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez:Casado, 27 años al momento de su detención. Vivía en la comuna de Ñuñoa, pero su familia residía en Valparaíso, en donde le vieron por última vez el 8 de septiembre. Sus amigos le vieron en Santiago el 9 por la mañana y quedaron de juntarse con él en la tarde; nunca llegó. Según informó entonces la CChDH, algunos testigos informaron que fue detenido el 10 de septiembre en Catedral con San Martín, por civiles que lo introdujeron a la fuerza dentro de un furgón utilitario. Se rechazó su recurso de amparo.

Alejandro Pinochet Arenas: Soltero, 23 años al momento de su desaparición. También domiciliado en Valparaíso y de paso por Santiago, debía regresar a su casa el 18 de septiembre, pero no fue así. Según testigos, fue secuestrado el 10 de septiembre, mientras viajaba en un bus de la locomoción colectiva, desde el que fue bajado a la fuerza por civiles en la esquina de Compañía con Amunátegui. En 1986 había sido buscado en su casa en el puerto, por orden del fiscal Torres, en relación al atentado contra el general Pinochet ocurrido el 7 de septiembre de 1986 en el Cajón del Maipo.

Gonzalo Iván Fuenzalida Soltero: 25 años al momento de su desaparición. Su novia fue la última persona en verlo, el 8 de septiembre, cuando el pasó a verla a una ferretería donde ella trabajaba. Quedaron de verse más tarde en un restaurante en Estación Central, pero nunca se vieron de nuevo. En esos días, la novia también fue detenida por un “caso sobre el cual existe prohibición de informar”, sostenía El Mercurio. Luego se supo que se trataba de Patricia Cancino, detenida el 4 de octubre. Su recurso de amparo también fue rechazado.

—-

g80.cl7/4 de Noviembre 2011

A 38 AÑOS DE LA MASACRE CAMPESINA DE CHIHUÍO

La matanza de campesinos de Chihuío ocurrió el 9 de Octubre de 1973, en la comuna de Futrono, provincia de Valdivia (al nor-este del lago Maihue), a menos de un mes de instaurada a sangre y fuego la dictadura militar y su régimen de terrorismo de Estado.

Ejecutada en el marco de la persecución política generalizada y sistemática del régimen en contra de parte de la población civil, se configura como uno más de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura.

Según los antecedentes reunidos en el proceso a los responsables directos de este aberrante crimen, un convoy militar salió el 7 de Octubre de 1973, desde los regimientos “Cazadores” y Maturana” de Valdivia, los que estaban al mando respectivamente de los coroneles Santiago Sinclair Oyaneder (quien más tarde llegaría a ocupar el cargo de Vice Comandante en Jefe del ejército) y Jerónimo Pantoja Hernández (quien llegaría a ocupar la segunda jerarquía de mando en la DINA). Lo componían 90 hombres, entre tropa y oficiales, y 7 vehículos. A cargo estaba el Capitán del regimiento Cazadores Luis Alberto Osorio Gardasanich y los Tntes. Patricio Keller Oyarzún, Marcos Rodríguez Olivares, Luis Rodríguez Rigorighy y Lautaro Ortega. Iban acompañados por Américo González Torres, uno de los dueños del fundo Chihuío, fiel exponente de la abyecta burguesía terrateniente, quien había confeccionado las listas de personas que debían ser detenidas y eliminadas.

El convoy salió con rumbo a Futrono, 130 Km al sureste de Valdivia y recorrió la zona norte de los lagos Ranco y Maihue, pasando por Llifén, Arquilhue, Curriñe y Chabranco, hasta llegar a Chihuío en la alta cordillera, muy cerca de la frontera con Argentina. A medida que avanzaba, iban completando la lista de las detenciones.

Un total de 17 trabajadores agrícolas, pertenecientes al Sindicato Campesino “La Esperanza del Obrero” del Complejo Agrícola y Forestal Panguipulli, fueron apresados en forma brutal por la caravana de asesinos, siendo golpeados hasta sangrar y en presencia de sus familias. Entre ellos el menor Fernando Adrián Mora Gutiérrez, cuyo delito fue preguntar dónde llevaban a su padre (Sebastián Mora Osses) al verlo junto a otros detenidos a bordo de un camión militar.

Fueron detenidos:

En Futrono Luis Arnaldo Ferrada Sandoval

En Llifén Rosendo Rebolledo Méndez y Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez

En Arquilhue Narciso Segundo García Cancino y Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez

En Curriñe José Rosamel Cortés Díaz, Rubén Neftalí Durán Zúñiga, Eliecer Sigisfredo Freire Caamaño, Juan Walter González Delgado, Pedro Segundo Pedreros Ferreira y Carlos Vicente Salinas Flores

En Chabranco Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, José Orlando Barriga Soto, Daniel Méndez Méndez, Fernando Adrián Mora Gutiérrez (menor de edad), Sebastián Mora Osses y Rubén Vargas Quezada

De noche llegaron cerca de Chihuío, el 9 de Octubre, lloviendo, amontonados en los camiones, golpeados y heridos, dando tumbos con las irregularidades del camino. Cerca de su destino, los camiones y los yeeps se empantanaron en el barro y no pudieron seguir. Los bajaron y los hicieron caminar a obscuras, bajo la intensa lluvia y custodiados por efectivos con los fusiles apuntándoles. Un oficial, haciendo gala de su sadismo, les obligó a que cantaran. Varios de ellos eran evangélicos, uno comenzó a cantar una alabanza. El resto lo siguió y sus cantos se convirtieron en oración, encomendándole a Dios su destino. Caminaban lentamente, hundiendo sus zapatos en el barro, sus ropas empapadas y sus cuerpos entumecidos. Cerca de la medianoche la columna llegó a la casa patronal del esbirro González Torres.

Unos soldados cortaron trozos de los alambres usados para colgar ropa y con ellos amarraron de las muñecas a cada uno de los 17 campesinos. Después los encerraron en una de las piezas de la casa. Los militares se dedicaron a comer y a beber. En tanto y en contraste, los campesinos tendidos en el piso, con sus ropas mojadas, con hambre, congelados de frío y con sus manos en la espalda amarradas con alambres, reanudaron sus cánticos de alabanzas, hasta caer rendidos por la fatiga y el hambre. Esta sería la postrera oración de estos verdaderos mártires de su fe que, por su toma de conciencia, habían escogido el camino de la lucha por la redención social de los pobres del campo y la ciudad, agrupándose al interior de su sindicato.

Durante la noche, y a una hora no precisada, un oficial se dirigió a los conscriptos y pidió 21 voluntarios. Sólo se presentaron 9, el resto fue completado con el personal de planta. Cada uno con su fusil fueron llevados donde estaban los prisioneros. Violentamente los despertaron y arrojaron fuera. Después, el oficial les ordenó correr. A los pocos pasos el pelotón inició las descargas y comenzó la masacre. La mayoría, heridos y moribundos en el barro, fueron rematados en el suelo con los corvos. Los gritos eran desgarradores. (Estos testimonios fueron presentados a la Comisión Rettig, al magistrado Juan Guzmán Tapia a cargo de la investigación de la masacre, y a la Pastoral de Derechos humanos del Obispado de Valdivia por 3 conscriptos que estuvieron presentes en los hechos).

Así, sin mediar ni siquiera un Consejo de Guerra para aparentar una mascarada de proceso, el convoy liderado por el Cap. Luis Alberto Osorio Gardasanich, siguiendo instrucciones de los mandos, asesinó en forma alevosa y desquiciada a 17 modestos campesinos en un pequeño bosque aledaño al complejo turístico llamado Termas de Chihuío, en la alta cordillera valdiviana.

Durante la investigación para el proceso a los responsables de esta masacre, se determinó que al día siguiente un testigo observó que los cuerpos sin vida de varias de las víctimas presentaban cortes en las manos y en el estómago. Además, se acreditó que los cuerpos de las víctimas permanecieron durante varios días en el lugar del crimen cubiertos sólo con ramas y troncos, hasta que algunos familiares, arriesgando también sus vidas, procedieron a enterrarlos.

En 1978 de modo clandestino, y dentro de la “Operación Retiro de Televisores” ordenada por la dictadura para hacer desaparecer las evidencias de sus crímenes, llegaron militares de civil a exhumar los restos y nuevamente con la ayuda del esbirro Américo González Torres los desenterraron e hicieron desaparecer sus cuerpos lanzándolos al mar.

Sólo recientemente el Servicio Médico Legal (SML), después de un arduo trabajo de investigación logró identificar, como parte de los restos de 5 de los 17 campesinos asesinados, las escazas muestras óseas que fueron encontradas en la fosa desde la que fueron removidos los cuerpos. Esos pocos restos óseos fueron entregados el pasado 15 de Julio de 2011 a sus familiares, por la Directora Regional del SML de Valdivia, Patricia Benhe, y correspondían a:

Luis Arnaldo Ferrada Sandoval 42 años, obrero agrícola.
Manuel Jesús Sepúlveda 28 años, obrero maderero.
Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez 24 años, jefe de fábricas
Carlos Maximiliano Acuña Inostroza 46 años, obrero maderero.
Daniel Méndez Méndez 42 años, obrero maderero.

Por otra parte, a fines de Enero de 2011 la Corte Suprema dictó una vergonzosa sentencia en esta causa, condenando a Luis Alberto Osorio Gardasanich, a una pena de sólo 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor material de los 17 homicidios calificados.

En tanto, el oficial de Carabineros en retiro Luis Eduardo Osses Chavarría, fue sentenciado a 3 años y un día de presidio por su responsabilidad como cómplice de 4 de los 17 secuestros calificados. Por su parte, el civil Bruno Esteban Obando Cárdenas resultó absuelto por “falta de participación”. Además, la misma Sala, con el voto en contra del ministro Dolmestch y el abogado integrante Chaigneau, resolvió desestimar el pago de una indemnización para los familiares de las víctimas.

El ex – Cnel. Jerónimo Pantoja Henríquez, que ya había sido condenado por la desaparición del militante comunista Pedro Espinoza Barrientos, murió antes del fallo definitivo de la Corte Suprema.

El ex – Gral. Santiago Sinclair, quien dio las órdenes, no fue condenado. Tampoco fue procesado el esbirro Américo González Torres.

Cabe recordar que Santiago Sinclair también fue sometido a proceso como coautor del secuestro y homicidio en 1987 de 5 militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR): Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, Julián Peña Maltés y Alejandro Pinochet Arenas y de quienes, después de ser asesinados, sus cuerpos fueron lanzados al mar desde un helicóptero para hacerlos desaparecer.

Siguiendo la norma de conducta siempre confirmada por la alta oficialidad de la dictadura de: “a mayor grado, mayor cobardía”, el ex Gral. Santiago Sinclair Oyaneder se amparó en los enclaves autoritarios del poder judicial para evitar ser condenado por esos horrendos y alevosos crímenes, siguiendo el ejemplo del dictador que, en el colmo de su cobardía para eludir enfrentar la justicia, optó por declararse loco.

Resumen.cl /7 de Febrero 2015

Proceso a Santiago Sinclair: Las implicancias criminales de un protegido de Pinochet y la derecha.

El día de hoy se supo que el pasado 16 de enero la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió someter a proceso a 5 militares en retiro que tuvieron responsabilidad directa en el Episodio Valdivia de la Caravana de la Muerte. El suceso alude a la serie de homicidios cometidos los días 3 y 4 de octubre de 1973 sobre 12 personas que se encontraban detenidas en poder de los militares y ejecutados en dependencias del Ejército de la ciudad de Valdivia.

En aquella oportunidad, mediante ejecuciones sumarias, y luego del arribo a la zona valdiviana de la comitiva de Sergio Arellano Stark, su helicóptero y sus matones, fueron ejecutados 12 militantes del MIR de la región de los lagos. El día 3 fue ejecutado José Gregorio Liendo Vera, el líder del MCR y dirigente del MIR en la zona del Complejo Forestal y Maderero de Panguipulli. El día 4 fueron ejecutados Pedro Purísimo Barría Ordoñez, José Barrientos Wagner, Sergio Bravo Aguilera, Santiago García Morales, Enrique Guzmán Soto, Víctor Fernando Krauss Iturra, Luis Pezo Jara, Víctor Rudolph Reyes, Rudemir Saavedra Bahamondez, Víctor Saavedra Muñoz y Luis Valenzuela Ferrada. El primero de los asesinados tenía la particularidad de ser minusválido y se desplazaba apoyado en muletas; la casi totalidad eran trabajadores de CFMP.

El 13 de mayo pasado la ministra Patricia González determinó procesar como autores del homicidio de José Liendo Vera a los ex miembros del Ejército Sergio Arellano Stark, Pedro Espinoza Bravo, Marcelo Moren Brito, Carlos López Tapia y Juan Chiminelli Fullerton; como cómplices fueron procesados Antonio Palomo Contreras y Emilio De La Mahotiere González.

En otra resolución la magistrada procesó además a los ex miembros del Ejército Pedro Espinoza Bravo y Marcelo Moren Brito como autores de los homicidios de los 11 prisioneros asesinados el día 4.

Ahora, la resolución de la Quinta Sala de la Corte de Santiago procesó a Santiago Sinclair Oyaneder, Juan Carlos Michelsen Délano, José Feliú Madinagoitía, Mario Rafael Manterola Garrido y Hugo Alberto Guerra Jorquera y revoca así la decisión de la ministra González que en septiembre pasado había negado el procesamiento de los mencionados ex oficiales de ejército.

De acuerdo a la resolución: «el día 03 de octubre de 1973, aterrizó en Valdivia un helicóptero «Puma» con un grupo de militares bajo el mando del entonces General de Ejército, Sergio Víctor Arellano Stark, delegado por quien a la fecha era Comandante en Jefe del Ejército, Augusto Pinochet Ugarte, con el objeto de cumplir labores de coordinación de criterios institucionales de gobierno interior y de procedimientos judiciales o de revisar y acelerar los procesos; Que, a raíz de la llegada de los militares mencionados, el día 04 de octubre de 1973, se ordenó sacar desde la Cárcel Pública de Valdivia, a Rudemir Saavedra Bahamondez, Víctor Eugenio Rudolph Reyes, Víctor Segundo Valeriano Saavedra Muñoz, Santiago Segundo García Morales, Luis Mario Valenzuela Ferrada, Sergio Jaime Bravo Aguilera, Luis Hernán Pezo Jara, Víctor Fernando Krauss Iturra, Pedro Purísimo Barría Ordoñez, Enrique Del Carmen Guzmán Soto y a José René Barrientos Warner, a quienes se les condujo al predio militar de Llancahue, específicamente en el polígono de tiro de la Guarnición Militar de Valdivia, lugar en donde se les fusiló a consecuencia de una sentencia pronunciada en un supuesto Consejo de Guerra, cuya materialidad no existe»

Para el caso de Liendo Vera se determinó que: «A raíz de la llegada de los militares mencionados, se ordenó sacar desde la Cárcel Pública de Valdivia a, Gregorio José Liendo Vera, estudiante de Agronomía, militante del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) y dirigente del Movimiento Campesino Revolucionario, a quien se le condujo al predio militar de Llancahue, específicamente en el polígono de tiro de la Guarnición Militar de Valdivia, lugar en donde se le fusiló a consecuencia de una sentencia dictada en un supuesto Consejo de Guerra cuya materialidad no existe».

El protegido de la derecha.

A la época de los crímenes, Santiago Sinclair tenía el grado de coronel y comandaba el Regimiento Blindado Cazadores N°2 de Valdivia. El comportamiento de este sujeto en las acciones represivas cometidas tanto en Valdivia como en Chihuío y Liquiñe, le valieron las adulaciones de Pinochet y su séquito; en 1975 lo designan agregado militar en Corea en donde permaneció por un período de dos años. En 1977 fue nombrado Director de Operaciones del Ejército y luego Director de Personal; en 1979 es designado como Ministro Jefe del Estado Mayor Presidencial, una función y entidad que solo es entendible en el marco de una dictadura, y en 1982 Pinochet lo designa Ministro Secretario General de la Presidencia, otra entidad y función surgida de la constitución e institucionalidad dictatorial.

El próximo paso en el ascenso del protegido fue el de Vice Comandante en Jefe del Ejército cargo en el que fue asignado en 1985; en esa ocasión es ascendido al pomposo título de teniente general del ejército.

Con ambos títulos encima en noviembre de 1988, luego de perdido el plebiscito por el dictador y su séquito, Sinclair asume como miembro de la Junta Militar en representación del dictador, permaneciendo en ese puesto hasta 1990.

En 1990 el protegido de Pinochet es designado por los dictadores como Senador Institucional, ocupando un puesto en el enclave que dictadores y derechistas establecieron en el Congreso para mantener sus políticas y controlar el poder. En esta situación se mantuvo hasta 1998 cuando comenzó la debacle de su amo detenido en Londres.

Hasta ahora, Sinclair había logrado conservar la impunidad que él y sus iguales urdieron en la maraña institucional y judicial para evitar responder por delitos cometidos al amparo del terror y bajo el imperio de las armas. El año 2008 ya estuvo procesado por el Ministro Mario Carroza por la responsabilidad que le cabía en la detención y desaparición de 5 militantes del FPMR ocurrido en septiembre de 1987. Es de esperar, que esta vez, las infames redes de la impunidad no vengan de nuevo en auxilio de un criminal miserable.

Fuente (extractos): http://www.memoriaviva.com/criminales/criminales_s/Sinclair.htm

1 Comment

  1. Nota enviada a CT por Alfonso hernández. Enlace del decreto supremo mediante el cual Bachelet designó a James Sinclair, quien destruyó documentos sobre actividades criminales de la dictadura, como embajador en Singapur, sabiendo muy bien de quien se trataba. Antes le había designado en Australia.
    Recuérdese que sólo había transcurrido una semana desde que Bachelet recibiera en La Moneda (según lo informó la prensa), a la coordinación de agrupaciones de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y de Detenidos Desaparecidos (AFDD), cuando ella misma designa (23 de julio de 2014) como embajador ante el gobierno de Singapur al mismo James Sinclair Manley, responsable, entre otras acciones, de la dolosa destrucción de documentos sobre actividades criminales de la dictadura. Por lo demás, hijo de Santiago Sinclair, quien fuese miembro de la Jefatura pinochetista.
    En marzo de 2014 le había designado embajador ante Australia, pero la indignación -manifestada en protesta activa- le hizo cambiarle de destino (reemplazándole en tal cargo por un hombre de confianza de Piñera).
    Así, por voluntad de Bachelet, desde el 16 de agosto de dicho año, Sinclair pasó a ser el representante de todos nosotros ante otro Estado (en un país poco noticioso, donde “no se note tanto”), con la remuneración más alta de la escala del Ministerio de Relaciones Exteriores (que de por sí son elevadas). Mientras, las víctimas de la misma dictadura, o estaban en la cesantía, o percibiendo pensión Valech, de monto miserable. https://eduvijo.files.wordpress.com/2020/08/decreto-nombramiento-james-sinclair-embajador-singapur.pdf

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.