Mujeres embarazadas también sufrieron la represión tras el 18-O.
Por Daniela Mohor W. /Documenta.Labot.
Desde el 18 de octubre, el INDH ha presentado cinco querellas por apremios ilegítimos y tortura contra mujeres embarazadas. Dos de ellas tuvieron abortos. Las vulneraciones incluyen golpes, patadas en el abdomen, heridas de perdigones, burlas y humillaciones, intoxicación con gas lacrimógeno y la decisión voluntaria de los responsables de no asistirlas incluso cuando estaban con síntomas de pérdidas. Documenta habló con algunas de las víctimas.
Eran pasadas las 18 horas y Jeniffer Montero —una mujer de 36 años, de baja estatura, melena castaño oscuro— iba camino a su casa en Rancagua.
Volvía de su oficina, una empresa de recursos humanos ubicada cerca de la Plaza de Armas de esa ciudad. Iba con la premura de llegar a ver a sus dos hijos de 14 y seis años. Solo se había detenido a comprar pan en un almacén de la calle Independencia.
Desde el inicio del estallido social, Jeniffer había renunciado a usar el transporte público, porque las protestas enlentecían mucho el tráfico; caminando no se demoraba más de 20 minutos en llegar a su casa. Ese 28 de octubre de 2019, como todos los días, enfiló por la calle Alameda. Se encontró con una marcha; parecía pacífica, lo que la alentó a seguir. Había ancianos, familias con niños, no se veían disturbios y, de todos modos, era el trayecto que debía seguir para alcanzar su destino.
Sorpresivamente, el ambiente cambió. Todo ocurrió muy rápido. La gente comenzó a correr y, al final de la columna de manifestantes, Jeniffer vio dos carros lanza-aguas y un zorrillo avanzar por la multitud. Desde un bus institucional, estacionado al otro lado del bandejón, se bajaron decenas de efectivos de Fuerza Especiales. Jeniffer sintió el aire cargarse de gas lacrimógeno, escuchó perdigones y gritos.
“De pronto, sentí algo en la espalda, como si alguien me hubiera empujado. Miré y no había nadie. No sentí dolor. En ese momento vi a un niño en la ciclovía que lloraba y su mamá pedía ayuda. Cuando me acerqué a ellos, me di cuenta de que yo tenía en la pierna izquierda un hoyo en el pantalón y que salía sangre. Me asusté y corrí hasta mi casa para revisarme”, dice.
A Jeniffer Montero la habían alcanzado cinco perdigones: uno en la zona escapular y tres en la parte lumbar de la espalda que no atravesaron su ropa, pero dejaron voluminosas marcas rojas. El quinto perdigón, en cambio, se alojó en la parte interna del muslo y ahí quedó. Lo que no sabía Jeniffer entonces es que estaba embarazada. Se enteraría dos días después, cuando tuvo que ser hospitalizada por un aborto producto de sus lesiones.
En el último año, las repetidas vulneraciones de los derechos humanos cometidas por agentes del Estado desde el estallido social se han convertido en un hecho notorio. En este contexto, los casos de mujeres embarazadas que se enfrentaron a abuso policial son menos conocidos. De las 1.288 querellas presentadas por el INDH analizadas por Documenta, cinco corresponden a casos de mujeres embarazadas víctimas de tortura y apremios ilegítimos. Dos de ellos resultaron en la pérdida del hijo en gestación. A esos, sin embargo, se suman querellas interpuestas de manera particular y casos, como el de Jeniffer, que aún no han sido judicializados.
Todos dan cuenta de la brutalidad sin límites de las fuerzas policiales contra mujeres en estado de particular vulnerabilidad, de los procedimientos irregulares a los que recurren los funcionarios de Carabineros para protegerse, del prejuicio y de la revictimización a los que son sometidas estas mujeres a la hora de buscar atención médica y de las falencias de un sistema que les hace difícil contar con toda la información necesaria para acceder en tiempos debidos a la justicia.
De las querellas interpuestas por el INDH, tres son de la Región Metropolitana, una de la Región de Coquimbo y otra de la Región de Tarapacá. Son relatos de una violencia desmedida, como en el caso de una joven de 21 años detenida el 14 de enero de 2020 en una marcha en Iquique. Fue golpeada en el rostro, tomada desde el cuello y ahorcada al momento de la detención. Luego los oficiales la subieron con una patada en la espalda al furgón y la lanzaron con rabia contra el suelo. La víctima tenía 10 semanas de embarazo; no se le notaba, pero ella les advirtió a los carabineros, a lo que ellos respondieron: “Qué vas a estar embarazada tú, ser inculiable”. Dos de ellos la apuntaban con armas. La semana siguiente, la joven tuvo que acudir a urgencias por una hemorragia y se le informó que había sufrido un aborto. Aunque la fiscalía de Tarapacá aún está indagando “antecedentes que permitan vincular el aborto con los apremios ilegítimos denunciados”, cuesta no relacionar los dos hechos.
Otro caso, ocurrido en Coquimbo, destaca por el ensañamiento de Carabineros contra a un grupo de mujeres arrestadas en las protestas, el 23 de octubre de 2019. Una de ellas tenía tres meses de embarazo. Los policías las llevaron a la Segunda Comisaría, donde varias carabineras las obligaron —a distintas horas del día y por grupos de dos o tres— a desnudarse por completo, realizar sentadillas y otros gestos de connotación sexual. Esto, pese a que meses antes del 18-O, en marzo de 2019, Carabineros modificó su protocolo prohibiendo esta práctica.
Cerca de las 20:30 horas, las dejaron en un calabozo al que le tiraron gas lacrimógeno que les provocó náuseas y vómitos. La causa, como en la mayoría de los casos, sigue en proceso de investigación.
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Karina Belmar tiene 34 años y hasta hace dos meses vivía en Recoleta, en la esquina de Bombero Núñez con Bellavista, al lado de la bomba de bencina Petrobras. Durante el estallido social, el lugar fue un punto neurálgico de las protestas que se iniciaban en Plaza Italia, y Karina estaba acostumbrada a que todos los días hubiera disturbios frente a su casa. Por eso, se preocupaba de salir cuando la multitud se había dispersado y el ambiente se notaba tranquilo. Estaba embarazada de 12 semanas.
Sus precauciones, sin embargo, no le permitieron salvarse de la violencia policial.
El 12 de diciembre, alrededor de las 20:45 horas, fue a comprar a un negocio cercano. Caminó de ida y de vuelta, sin apuro. Una vez en la tienda, pagó por el pan, el papel higiénico y otros productos que necesitaba, los guardó en bolsas y tomó rumbo a su casa. La calle estaba despejada, salvo por dos adolescentes sentados en la bencinera y una mujer que iba unos metros detrás de ella. Le faltaba poco para llegar cuando, de un minuto a otro, la esquina se llenó de carabineros.
“No sé de dónde aparecieron tantas patrullas, si no había nadie en ese momento. ¡Fue como si hubiesen caído de un árbol!”, recuerda.
Un funcionario se bajó de una motocicleta y se abalanzó sobre la mujer que caminaba detrás de Karina. Sin pensarlo, ella se acercó para ayudarla a pararse, pero entonces otro oficial se bajó de una radiopatrulla. Ni él ni el resto de los patrulleros llevaban puesto su nombre en el chaleco antibalas, asegura Karina. El hombre, que recuerda mayor y “cercano a jubilarse”, se le acercó de manera amenazante.
—¡Ándate pa’dentro!, ¡éntrate! — gritaba.
—No te acerques, estoy embarazada —alcanzó a decirle Karina, estirando los brazos hacia adelante para protegerse.
No sirvió.
El oficial le miró la cara, bajó la vista hacia su abdomen y le pegó una patada en la parte baja del vientre.
—Lo hizo con intención— se enrabia Karina.
La mujer no pudo levantarse del dolor. A esas alturas, a las patrullas se había sumado un contingente de Fuerzas Especiales y el operativo también había atraído a vecinos y transeúntes. El ambiente se caldeó.
Un video publicado en la página de Facebook de Identidades Gráficas, muestra los minutos que siguieron el ataque. Karina está choqueada, sollozando y preocupada por su guagua. Se la ve sentada en la acera, rodeada de gente que busca ayudarla o filmando con sus celulares. Más cerca de ella, paramédicos la atienden en espera de una ambulancia. En torno a este grupo se ve a cerca de diez oficiales de Fuerzas Especiales y dos furgones de esa unidad, los que reciben proyectiles de todo tipo y puntapiés. Se escuchan insultos contra los carabineros. Karina sigue llorando y quejándose, atónita.
Lo que no está documentado en el video es que, según cuenta hoy la víctima, el carabinero que la golpeó dejó la radiopatrulla abandonada en la calle y corrió a resguardarse entre la fuerza de élite.
“Ellos le decían ‘ándate para atrás no más, pasa’ y él se subió a uno de los furgones. Los Fuerzas Especiales me querían llevar al hospital San José, pero yo les dije que no. No me iba a subir, tenía miedo. ¿Y si después no volvía más? ¿Si desaparecía?”
Según cuenta Karina, la insistencia de la policía para llevarla al centro de salud fue persistente. El piquete incluso obstruyó el camino de la ambulancia para impedir su paso. Quizás por la creciente agresividad de los vecinos, quizás por la intervención de los paramédicos, finalmente desistieron de trasladarla.
En el hospital, el ginecólogo Gonzalo Rubio le hizo una ecografía y constató que el feto seguía vivo. El médico explica que tuvo suerte, porque durante el primer trimestre de gestación el útero aún se encuentra dentro de la pelvis y está más protegido. Las imágenes incluídas en la querella muestran, sin embargo, que Karina quedó con un hematoma ancho y largo de varios centímetros en la zona abdominal. El Cesfam de Recoleta, al que fue el día siguiente, consignó, además, la existencia de “un golpe traumático en zona posterior por caída a nivel”.
Karina tuvo a su hija el 22 de junio; la llamó Marita Eluney. No hubo complicaciones durante el embarazo ni durante el parto. Pero después del 12 de diciembre, Karina no salió de su casa, salvo para los controles médicos. A esas citas fue siempre acompañada. Tardó meses en vencer el miedo.
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A casi un año de los hechos, la investigación del caso de Karina Belmar avanza muy lentamente, como la mayoría de las causas de violaciones a los derechos humanos. Los abogados explican el retraso debido a la pandemia, la falta de peritos expertos en este tipo de delitos y de suficientes fiscales para la cantidad de causas. Otros lo atribuyen también a la limitada colaboración por parte de Carabineros.
—Entregan la información gota a gota —indica una fuente cercana a la fiscalía—. Si uno les pide A y ellos ven que B también te sirve, no te lo van a entregar. O si, por error, alguien tipea “20 de octubre de 1919” en vez de “2019”, van a contestar que en esa fecha no existía Carabineros.
El caso de Karina Belmar ilustra con claridad esa dinámica, así como la existencia de ciertas irregularidades que hacen más difícil conseguir pruebas. Fuentes cercanas a la investigación indican que al inicio la fiscalía pidió información sobre las patrullas que habían estado en el lugar ese día y la institución policial no respondió. Tras revisar videos, se aportaron nuevos antecedentes, pero la Brigada de Derechos Humanos de la PDI y la fiscalía aún no han logrado definir qué funcionarios y qué dotaciones participaron de los hechos.
Esto podría deberse a que parece haber estado involucrado un nuevo tipo de unidades de control del orden público, creado para apoyar a las Fuerzas Especiales. Se trata de las llamadas “patrullas de reacción rápida”, desconocidas para la PDI y la fiscalía hasta hace pocas semanas. Estos grupos están a cargo de la prefectura y no de las unidades policiales de las comisarías, lo que dificulta también la identificación de quienes estuvieron presentes durante este y otros episodios de abuso policial.
21 de Octubre, 2020.
Fuente: https://documenta.labot.cl/mujeres-embarazadas-tambien-sufrieron-la-represion-tras-el-18-o/
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