Resistencia en Bolivia: Noticias y opiniones de la coyuntura [+Videos].

por Martín Cúneo / El Salto.

El golpe de Estado ha chocado con su primer gran obstáculo: la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto. Esta poderosa organización social ya se había destacado en las luchas sociales que precedieron a la llegada de Evo Morales al Gobierno, y fue determinante en la caída del presidente neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003, así como en la expulsión de Aguas del Illimani, filial de la multinacional Suez, después de la privatización del servicio, en 2005. Esta ciudad situada a cinco kilómetros de la capital también fue el epicentro de las protestas que en 2010 obligaron al mismo Evo Morales a retirar el famoso “gasolinazo”.

Horas después de que Morales presentara su dimisión este 10 de noviembre, la dirección de la Fejuve-El Alto llamaba en rueda de prensa a “conformar comités de autodefensa, bloqueos, movilización permanente y contundente, en diferentes sectores de la sede de Gobierno”. De la misma forma, la Fejuve-El Alto hacía un llamamiento a la policía para que defienda a la población boliviana y lanzaba una amenaza: “En caso contrario, se instruye a construir la policía sindical civil para resguardar a nuestra población”.

La organización vecinal apuntaba a las intenciones de los impulsores del golpe —que “vuelva la oligarquía para que siga manejando y destruyendo” el país— y se declaraba “en cuartel general en defensa de la democracia”, una auténtica declaración de guerra en la jerga de las luchas sociales, indígenas y campesinas bolivianas.

El presidente de la federación vecinal de El Alto, Basilio Vilazante, daba un plazo de 48 horas a quienes considera responsables del golpe para abandonar el departamento de La Paz “por incitar la división, la convulsión y la violencia entre bolivianos”.

El primero de los citados por esta organización social es Luis Fernando Camacho, un abogado de Santa Cruz, capital de la oligarquía boliviana, que inició su militancia en la ultraderechista y supremacista Unión Juvenil Cruceñista, identificado por el partido de Evo Morales como el principal instigador del golpe. El presidente de la Fejuve-El Alto también citaba a Waldo Albarracín, rector de la paceña Universidad Mayor de San Andrés, convertido en férreo opositor a Morales, y a Marco Punari, presidente del Comité Cívico de Potosí.

Tras la larga lista de dimisiones en el Gobierno, encabezadas por las del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, la presidencia del país podría recaer de forma provisional en la senadora opositora Jeanine Áñez, cuya principal misión, según las leyes del país, sería convocar nuevas elecciones.

El Alto en pie.

El Alto es una ciudad de casi un millón de habitantes, nutrida en su gran mayoría por migrantes aymaras del Altiplano, situada a escasos kilómetros de La Paz, a más de 4.000 metros de altura. En El Alto se encuentra el aeropuerto de la capital, muchos de los principales depósitos de gasolina y uno de los pasos obligados para entrar en La Paz. El valor estratégico de El Alto y el poder de las juntas vecinales, que se organizan por manzanas, ha hecho que todos los Gobiernos que pasaron por el Palacio Quemado, ya desde tiempo de la colonia, miraran hacia arriba con una mezcla de respeto y temor.

Horas después del anuncio de la federación vecinal, ya en la noche del 10 de noviembre, cientos de personas cortaban la carretera que conecta la capital con el aeropuerto y por donde pasan los autobuses que bajan a La Paz, y bloqueaban el paso a la altura del peaje.
Cientos de manifestantes de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto cortan el peaje que conecta la ciudad con La Paz.

Unos escenarios y unos vecinos que ya fueron protagonistas de la famosa Guerra del Gas de octubre de 2003, cuando los enfrentamientos entre la población alteña y el ejército por el control de los accesos a la capital se convirtió en una auténtica guerra, tan épica como desigual. La imaginación estaba de parte de las juntas vecinales, que se organizaron para resistir durante semanas, cavaron zanjas en el cemento y hasta llegaron a descarrilar vagones de tren para impedir el paso de los convoys militares que intentaban llegar a los depósitos de gasolina. Pero las armas estaban de parte del ejército y sus balas provocaron 77 muertes y 400 heridos. El entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, educado en Estados Unidos y que seguía teniendo acento inglés, tuvo que dimitir. La agenda de la movilización de octubre de 2003 fue la base del Gobierno de Evo Morales, que ganó las elecciones a finales de 2005.

Sin embargo, mucho ha llovido desde entonces. Y la Fejuve, así como el resto de los movimientos sociales bolivianos —después de años fuera de las calles, en los que sus dirigentes fueron incluidos en diferentes gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS)—, ya no son lo que eran. Según critica la socióloga Raquel Gutiérrez, estos movimientos fueron en gran medida “corporativizados” y han perdido iniciativa, en una deriva de divisiones internas y desconexión entre la dirigencia y las bases. Además, tal como denuncia una y otra vez el centro de investigación en recursos naturales de Cochabamba, Cedib, la política extractivista y desarrollista del Gobierno de Evo Morales, así como la criminalización que han sufrido las organizaciones sociales que no se alineaban con el MAS, llevaron al Gobierno de Morales a perder muchos apoyos, incluso dentro del movimiento indígena. Algunos de estos movimientos formaron parte de las protestas contra el supuesto fraude en las últimas elecciones.

Tal como señala el analista boliviano y exdirector de la ONG internacional Focus On The Global South —entidad nada sospechosa de hacerle el juego a la derecha—, la composición de los bandos enfrentados no es homogénea: “Es necesario dejar claro que tanto en el lado del gobierno como de las fuerzas de la oposición existen indígenas y trabajadores. El gobierno tiene evidentemente más apoyo en las áreas rurales, pero en el sector de la oposición están también productores de hoja de coca de la zona de los Yungas [cerca de La Paz], dirigentes campesinos, trabajadores mineros, trabajadores en salud y educación y sobre todo jóvenes estudiantes tanto de clase media como de extracción popular”.

Está por ver si la actual crisis, que puede ser aprovechada por los sectores oligárquicos de los departamentos más ricos de Bolivia para una echar por tierra las conquistas del llamado ‘proceso de cambio’, permite una nueva articulación de las antes todopoderosas organizaciones sociales bolivianas.

Golpe, caos y respuestas

Las denuncias de fraude tras las elecciones de 20 de octubre se convirtieron en disturbios en todo el país, protagonizados mayoritariamente por sectores medios y apoyados por los partidos opositores. Las protestas podrían haberse quedado en nada. Pero el 9 de noviembre la policía de Cochabamba decidió amotinarse y replegarse a los cuarteles, aprovechando el clima de caos social para clamar contra un supuesto abandono por parte del Gobierno en relación con los militares y exigir mejoras laborales. La policía de La Paz, Santa Cruz y otras regiones se sumó al motín dando alas a los sectores opositores, que aprovecharon el vacío de poder para redoblar su ataque, incluyendo entre sus objetivos las casas particulares de líderes del MAS y dirigentes sociales.

En la mañana del 10 de noviembre, con un demoledor dictamen de la Organización de Estados Americanos sobre las irregularidades de los comicios en la mano, Evo Morales anunciaba la renovación total de los vocales del criticado Tribunal Supremo Electoral y nuevas elecciones generales. Pero ya era tarde: el ejército boliviano le daba la espalda y consumaba el golpe de Estado. “Después de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”, declaraba el jefe de las fuerzas armadas, Williams Kaliman.

El presidente Evo Morales presentaba su dimisión reclamando su legado después de 13 años de gobierno: “Estamos dejando a Bolivia con soberanía e independencia del Estado. Estamos dejando a Bolivia con dignidad e identidad del pueblo boliviano, con muchas conquistas sociales universalizadas”. El hasta ahora presidente acusaba a los opositores Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho de estar detrás de un golpe “cívico-político-policial”.

“Vamos a cumplir la sentencia de Túpac Katari: ‘Volveremos y seremos millones’”, fue la advertencia final de Evo Morales, en referencia a la frase más famosa adjudicada al líder indígena que hizo temblar los pilares de la colonia española, décadas antes de los primeros gritos de independencia.

Entre las razones de la dimisión, Evo Morales señaló la incapacidad de controlar los ataques contra simpatizantes y familiares del MAS y otras organizaciones sociales: “Estoy renunciando para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades, del Movimiento al Socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico”, dijo Morales.

Morales afirmó que existe una orden de detención en su contra y anunció que volvía al Chaparé, la zona selvática de Cochabamba en donde inició su militancia en los sindicatos cocaleros. Desde mediados de los años 80, estas organizaciones sociales —consideradas como la guardia pretoriana de Evo Morales— fueron clave en el despertar de la conciencia indígena en Bolivia con la defensa de la coca y la oposición a la intervención de Estados Unidos como bandera, y el bloqueo de carreteras como principal herramienta de lucha.
Tras la dimisión de Morales y García Linera, los episodios de violencia se expandieron en La Paz, El Alto y Cochabamba. En la noche del 11 de noviembre, según el medio digital Bolpress, simpatizantes de Morales incendiaron decenas de autobuses en la capital, así como las viviendas de Waldo Albarracín, rector de la UMSA y uno de los principales líderes opositores, y de la periodista de Televisión Universitaria Casimira Lema.

Al caer la noche, seguidores de Morales cortaban el servicio de agua potable de decenas de barrios en La Paz y en El alto e incendiaban las instalaciones de la empresa Avícola Sofía, propiedad de líderes cívicos cruceños, entre otros ataques a instalaciones y propiedades de políticos y empresarios afines a figuras destacadas de la oposición.

Esa misma noche, según informaba Bolpress, opositores a Evo Morales saqueaba la casa del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Unas horas antes, otros grupos habían quemado la casa de Evo Morales en Cochabamba y la vivienda de su hermana Esther Morales en Oruro. En Potosí, sectores opositores tomaban como rehén al hermano del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, para forzar la renuncia de este político, según Bolpress.

Sobre la salida del conflicto, Pablo Solón cree que el vacío de poder puede generar nuevas situaciones de violencia: “En general hay una tendencia a que el vació de gobierno se resuelva por vía institucional a través de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, esta salida no es fácil porque el MAS tiene más de dos tercios en el parlamento y debe aceptar la renuncia de Evo Morales y elegir a un presidente transitorio que convoque a nuevas elecciones a la brevedad posible”.

La confrontación amenaza con subir de tono en los próximos días a medida que las organizaciones sociales organizan la respuesta —la federación campesina de La Paz y los productores de coca del Chapare han llamado también a la movilización—, los policías salen de los cuarteles y los militares patrullan las calles. Tal como en 2008, la amenaza de confrontación civil vuelve a estar sobre la mesa.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/bolivia/las-juntas-vecinales-de-el-alto-le-declaran-la-guerra-al-golpe-de-estado-en-bolivia-?fbclid=IwAR1FGDI5Ze2OtVckLt_XZEpz84LJd9x0rdMVjk8q4USHcC6mPeeUjN2_3DQ

————————–

Bolivia, la hora de la barbarie.

por Marco Teruggi/La Haine.
«La lucha sigue» dijo el mandatario indígena, en un discurso que quedará en la historia

«Renunciamos para que no sigan quemando casas, intimidadas nuestras familias y amenazadas”, dijo tras semanas de escalada de violencia y después de que el comandante general de las FF.AA. le reclamara la dimisión.

“La lucha sigue” concluyó Evo Morales en un discurso que quedará en la historia. El presidente electo renunció a su cargo luego de semanas de una escalada de violencia que en las últimas horas anunciaba un desenlace inevitable. “Renunciamos para que no sigan quemando casas, intimidadas nuestras familias y amenazadas, por eso renunciamos”, dijo desde Chapare, luego haber despegado de la ciudad de El Alto en horas de la tarde.

Al conocerse las palabras sonaron bocinas y estruendos en las calles del centro de La Paz, en lo que fue el festejo de quienes protagonizaron las movilizaciones por el derrocamiento de Morales. En las avenidas se vieron caravanas de autos con banderas de Bolivia, abrazos, una euforia golpista enarbolada como democrática por sus dirigentes y seguidores.

Junto con Morales renunció el vicepresidente Álvaro García Linera, quien habló a su lado. Así concluyó una escalada que tuvo como detonante que marcó el fin la alocución del comandante general de la Fuerza Armada de Bolivia, Willimas Kaliman, le “sugirió” al presidente que renuncie a su mandato.

La declaración de Kaliman se dio cuando el escenario parecía a punto de consumarse. Los últimos dos días habían sido de un despliegue de violencia golpista que incendió casas de dirigentes del proceso de cambio, amenazó a quienes se mantenían en el gobierno, atacó medios de comunicación estatales.

Ya el centro de La Paz había sido tomado por los opositores desde el sábado en la mañana, y desde ese día hasta la renuncia de Evo Morales, se multiplicaron las imágenes de opositores junto con policías armados en las calles paceñas y de diferentes ciudades del país.

El avance del golpe pareció no encontrar más barreras, y el acto simbólico, llegó minutos antes de la alocución de Morales: Luis Fernando Camacho, dirigente del proceso golpista, presentado como “cívico” por los medios de comunicación, ingresó al Palacio Quemado -antigua sede de gobierno- donde depositó en el suelo una bandera de Bolivia y una biblia.

El anuncio hecho por Morales era entonces cuestión de tiempo. La ofensiva golpista ya había tomado los principales espacios, y las renuncias de funcionarios se fueron sucediendo, la mayoría bajo amenaza y persecución.

La renuncia de Morales y Linera fue seguida de persecusiones: las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque y Antonio Costas, fueron detenidos y esposados por la policía, en un escenario de sucesión de imágenes y noticias mezcladas entre la confusión, la militarización, y la euforia golpista con gritos y evocaciones a la democracia y a Dios.

Luego de los anuncios desde Chapare, renunció la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, quien debía asumir la presidencia. Lo mismo sucedió con quien debía seguir, el primer vicepresidente, abriéndose un escenario de preguntas que serán resultan a medida que tome forma el reordenamiento conducido por la Policía Nacional, la Fuerza Armada, los dirigentes golpistas, los empresarios que financiaron, y quienes respaldaron la invalidación de las elecciones desde el primer momento: el gobierno norteamericano.

En ese contexto se sucedieron las denuncias respecto a la seguridad de Evo Morales, quien denunció que existe una “orden de aprehensión ilegal” en contra suya, y que su domicilio fue asaltado por grupos violentos. La situación de Morales se repite en el caso de varios dirigentes y militantes del proceso de cambio bajo amenaza de persecución.

Marcelo Ebrard, secretario de relaciones exteriores de México, anunció haber recibido a “20 personalidades del ejecutivo y legislativo de Bolivia en la residencia oficial de La Paz, de así decidirlo ofreceríamos asilo también a Evo Morales”, y pidió que se respete la integridad de la sede de la embajada.

Las denuncias internacionales respecto a lo que fue un golpe de Estado se multiplicaron en el continente y el mundo, como por parte de Lula Da Silva, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, Nicolás Maduro, Gustavo Petro, Pablo Iglesias y Jeremy Corbyn, así como de numerosos movimientos sociales y partidos políticos.

Los gobiernos de derecha del continente, como el de Mauricio Macri, Sebastián Piñera, o Iván Duque, guardaron en cambio el mismo silencio que a lo largo de la escalada golpista.

El desenlace del domingo fue entonces la acumulación de una serie de acciones de ofensiva de una estrategia abiertamente golpista que nunca tuvo intención de realizar una segunda vuelta electoral o encontrar un punto de acuerdo para lograr detener la violencia que proclamó, organizó y desplegó. El objetivo era derrocar al gobierno y ese objetivo fue logrado.

A partir de ahora se abre un escenario de interrogantes, tanto acerca de quién asumirá la presidencia y cuándo serían las elecciones. La otra gran pregunta es: ¿qué harán los movimientos que respaldan a Evo? Si bien algunos dirigentes se sumaron al golpe de Estado, la mayoría no lo hizo.

Al finalizar la tarde se supo de las primeras protestas en defensa del proceso de cambio.

Evo Morales escribió en la noche desde su cuenta de Twitter para ratificar que su renuncia fue para que “Mesa y Camacho no sigan persiguiendo, secuestrando y maltratando a mis ministros, dirigentes sindicales y a sus familiares”.

Y, afirmó: “Quiero que sepa el pueblo boliviano, no tengo por qué escapar, que prueben si estoy robando algo. Si dicen que no hemos trabajado, vean las miles de obras construidas gracias al crecimiento económico. Los humildes, los pobres que amamos la Patria vamos a continuar con esta lucha”.

La Jornada

11/11/2019

Fuente: https://www.lahaine.org/mundo.php/bolivia-la-hora-de-la


Bolivia: un levantamiento popular aprovechado por la ultraderecha.

por Raúl Zibechi /Desinformémosnos.

El levantamiento del pueblo boliviano y de sus organizaciones fue lo que en última instancia provocó la caída del gobierno. Los principales movimientos exigieron la renuncia antes de que lo hicieran las fuerzas armadas y la policía. La OEA sostuvo al gobierno hasta el final. La crítica coyuntura que atraviesa Bolivia no comenzó con el fraude electoral, sino con el sistemático ataque del gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera a los movimientos populares que los llevaron al Palacio Quemado, al punto que cuando necesitaron que los defendieran, estaban desactivados y desmoralizados.

1.- La movilización social y la negativa de los movimientos a defender lo que en su momento consideraron “su” gobierno fue lo que provocó la renuncia. Así lo atestiguan las declaraciones de la Central Obrera Boliviana, de docentes y autoridades de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), de decenas de organizaciones y de Mujeres Creando, quizá la más clara de todas. La izquierda latinoamericana no puede aceptar que una parte considerable del movimiento popular exigió la renuncia del gobierno, porque no puede ver más allá de los caudillos.

La declaración de la histórica Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), cercana al gobierno, es el ejemplo más claro del sentimiento de muchos movimientos: “Presidente Evo ya hiciste mucho por Bolivia, mejoraste la educación, salud, le diste dignidad a mucha gente pobre. Presidente no dejes que tu pueblo arda ni te lleves más muertos por encima presidente. Todo el pueblo te va a valorar por esa posición que tienes que tener y la renuncia es inevitable compañero Presidente. Tenemos que dejar en manos del pueblo el gobierno nacional”.

2.- Este triste desenlace tiene antecedentes que se remontan, en apretada síntesis, a la marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) en 2011. Luego de esa acción multitudinaria, el gobierno empezó a dividir a las organizaciones que la convocaron.

Mientras Morales-García Linera mantuvieron excelentes relaciones con el empresariado, dieron un golpe del Estado contra el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), dos organizaciones históricas de los pueblos originarios. Mandaron a la policía, echaron a los dirigentes legítimos y atrás llegaron, protegidos por la policía, los dirigentes afines al gobierno.

En junio de 2012 CIDOB denunció “la intromisión del gobierno con el único propósito de manipular, dividir y afectar a las instancias orgánicas y representativas de los pueblos indígenas de Bolivia”. Un grupo de disidentes con apoyo del gobierno desconocieron a las autoridades y convocaron una “comisión ampliada” para elegir nuevas autoridades.

En diciembre de 2013, un grupo de disidentes de CONAMAQ, afines al MAS, tomaron el local, golpearon y expulsaron a quienes allí se encontraban con apoyo de la policía, que permaneció resguardando la sede e impidiendo que las legítimas autoridades pudieran recuperarla. El comunicado de la organización asegura que el golpe contra CONAMAQ se dio para “aprobar todas las políticas en contra del movimiento indígena originario y del pueblo boliviano, sin que nadie pueda decir nada”.

3.- El 21 de febrero de 2016 el propio gobierno convocó un referendo para que la población se pronunciara a favor o en contra de la cuarta reelección de Morales. Pese a que la mayoría dijo NO, el gobierno siguió adelante con los planes de reelección.

Ambos hechos, el desconocimiento de la voluntad popular y la expulsión de las legítimas direcciones de movimientos sociales, representan golpes contra el pueblo.

Más grave aún. En la mañana del miércoles 17 de febrero, días antes de la celebración del referendo, una manifestación de padres de alumnos llegó hasta la alcaldía de El Alto. Un grupo de cien manifestantes ingresó por la fuerza al recinto provocando un incendio en el que murieron seis personas. Los manifestantes que se escudaron en la movilización de los padres pertenecían al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).

Este es el estilo de un gobierno que denuncia “golpe” pero una y otra vez ha actuado de forma represiva contra los sectores populares organizados que enfrentaron sus políticas extractivistas.

4.- Las elecciones del 20 de octubre consumaron un fraude para la mayoría de las personas en Bolivia. Los primeros datos apuntaban hacia una segunda vuelta. Pero el conteo se detuvo sin explicación alguna y los datos que se ofrecieron al día siguiente mostraban que Evo ganaba en primera vuelta, ya que obtenía más de 10% de diferencia aunque no llegara a 50% de los votos.

En varias regiones se producen enfrentamientos con la policía, mientras los manifestantes queman tres oficinas regionales del tribunal electoral en Potosí, Sucre y Cobija. Las organizaciones ciudadanas convocan a una huelga general por tiempo indeterminado. El día 23, Morales denuncia que está en proceso “un golpe de estado” por parte de la derecha boliviana.

El lunes 28, se intensifica la protesta con bloqueos y enfrentamientos con la policía, pero también entre simpatizantes y opositores del gobierno. Como en otras ocasiones, Morales-García Linera movilizan a las organizaciones cooptadas para enfrentar a otras organizaciones y a personas que se oponen a su gobierno.

El 2 de noviembre se produce un viraje importante. El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, que mantenía una alianza con el gobierno de Morales, Luis Fernando Camacho, llama al ejército y a la policía a “ponerse del lado de la gente” para forzar la renuncia del presidente, invocando a dios y la biblia. El viernes 8 se amotinan las primeras tres unidades policiales en Cochabamba, Sucre y Santa Cruz, y los uniformados fraternizaron con los manifestantes en La Paz. Dos días después, con un país movilizado, el binomio ofrece su renuncia verbal, que no escrita.

5.- En este escenario de polarización, debemos destacar la notable intervención del movimiento feminista de Bolivia, en particular el colectivo Mujeres Creando, que encabezó una articulación de mujeres en las principales ciudades.

El 6 de noviembre, en plena polarización violenta, María Galindo escribió en el diario Página 7: “Fernando Camacho y Evo Morales son complementarios”. “Ambos se erigen en representantes únicos del ‘pueblo’. Ambos odian las libertades de las mujeres y la mariconada. Ambos son homofóbicos y racistas, ambos usan el conflicto para sacar ventaja”.

No sólo exige la renuncia del gobierno y del tribunal electoral (cómplice del fraude), sino la convocatoria de nuevas elecciones con otras reglas, donde la sociedad esté involucrada, para que “nadie necesite nunca más de un partido político para ser escuchad@ y para hacer ejercicio de representación”.

La inmensa mayoría de las personas que habitan Bolivia no entró en el juego de la guerra que quisieron imponer Morales-García Linera cuando renunciaron y lanzaron a sus partidarios a la destrucción y el saqueo (en particular en La Paz y El Alto), probablemente para forzar la intervención militar y justificar así su denuncia de un “golpe” que nunca existió. Tampoco entraron en el juego de la ultraderecha, que actúa de forma violenta y racista contra los sectores populares.

6.- La izquierda latinoamericana, si es que aún queda algo en ella de ética y dignidad, debemos reflexionar sobre el poder y los abusos que conlleva su ejercicio. Como nos enseñan las feministas y los pueblos originarios, el poder es siempre opresivo, colonial y patriarcal. Por eso ellas rechazan los caudillos y las comunidades rotan sus jefes para que no acumulen poder.

No podemos olvidar que en este momento existe un serio peligro de que la derecha racista, colonial y patriarcal consiga aprovechar la situación para imponerse y provocar un baño de sangre. El revanchismo político y social de las clases dominantes está tan latente como en los últimos cinco siglos y debe ser frenado sin vacilaciones.

No entremos en el juego de la guerra que ambos bandos nos quieren imponer.

11 noviembre 2019.

(*) Raúl Zibechi, Periodista y educador popular; acompañante de las luchas de los pueblos de Amércia Latina.

 

Fuente: https://desinformemonos.org/bolivia-un-levantamiento-popular-aprovechado-por-la-ultraderecha/

Be the first to comment

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.