Fuente imagen de portada: Sitio web de INCAR Seguridad

A pocos días de que la Convención Constitucional inicie sus sesiones ya se han puesto en marcha al menos 37 procesos para adquirir bienes y servicios para el trabajo de los constituyentes. Así lo informó a CIPER el jefe de la Secretaría Administrativa de la convención, Francisco Encina. La unidad que dirige Encina fue designada por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y está encargada de los procesos de compra para la convención. De acuerdo con los registros de Mercado Público, al menos 12 de estos procesos corresponden a licitaciones, cinco de las cuales ya fueron adjudicas.

Estas cinco licitaciones ya cerradas involucran un desembolso global de $1.303 millones y una de las más altas es la destinada a proveer el “Servicio de Vigilancia y Guardias de Seguridad”. Este contrato fue adjudicado el 2 de junio pasado a INCAR Seguridad, empresa que cobrará un total de $488 millones distribuidos en diez meses. El monto prácticamente iguala a la cifra del presupuesto de la convención destinada al ítem de “participación ciudadana”: $500 millones (ver detalle).

Entre los antecedentes presentados por INCAR a la licitación con ID 1180677-1-LR21, se cuenta el currículo de quien dirigirá ese servicio de vigilancia en la convención: Luis González Pérez, quien además es socio de la compañía. Según lo expuesto por INCAR en su oferta, González es sargento (r) de Carabineros e integró el Grupo de Guardia Presidencial en los últimos años del gobierno de Augusto Pinochet, labor que continuó bajo el mandato de Patricio Aylwin y hasta el inicio del período de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Los registros de la Dirección del Trabajo indican que en los últimos cinco años INCAR acumula 197 sanciones por incumplimientos laborales, tales como no pago de remuneraciones, no otorgar descansos durante la jornada de trabajo, no pagar asignaciones, reducir el salario sin acuerdo entre las partes y no otorgar el descanso de dos domingos al mes.

La oferta que la empresa presentó a la licitación señala que los guardias contratados cumplirán turnos de 12 horas. También que se priorizará la contratación de ex funcionarios de Carabineros o de las Fuerzas Armadas que no hayan ejercido en esas instituciones en los últimos seis meses y que no hayan sido sancionados por causas que impliquen inhabilitación de funciones.

CIPER consultó al secretario ejecutivo de la convención, Francisco Encina, si no se consideró evaluar antecedentes históricos o laborales como los señalados en los párrafos anteriores, los que pueden generar aprensión y desconfianza en algunos sectores de la convención. Encina respondió que este tipo de preguntas le parecían “capciosas” y que su equipo se ajustó a la normativa técnica: “Nosotros asignamos los procesos respecto a lo que diga la normativa. Y los antecedentes de por qué se adjudica a una empresa o no están establecidos en las actas de licitación” (ver detalles de la resolución).

CIPER revisó las 12 licitaciones convocadas por la Secretaría Administrativa de la convención que figuran en Mercado Público. Además de las cinco ya adjudicadas, hay tres en proceso de cierre, otras tres se declararon desiertas y una fue revocada para realizar una compra directa (ver detalle).

Entre las licitaciones adjudicadas, además del servicio de vigilancia, se cuenta el arriendo de 80 monitores a la empresa TECSISTEM (por $10,6 millones); el arriendo de dos computadores y equipo audiovisual adjudicado a ALFACOM ($25 millones); el arriendo de equipo tecnológico para salas de reuniones a NETDATABIO ($8,9 millones);  la instalación y operación del circuito cerrado de TV para transmitir el trabajo de la convención, que fue adjudicado a Mediastream S.A. ($769 millones). Cabe destacar que las bases de esta última licitación indican que “no se permite transmitir contenido que no haya sido expresamente autorizado por el Ministerio (Secretaría General de la Presidencia)”.

En la plataforma de Mercado Público también figuran compras directas de la Segpres destinadas a la convención. Una de ellas es un contrato con la empresa GTD por el servicio de internet fibra óptica ($38 millones). Otra es la asignación del diseño de la identidad de la convención a FEELS Diseño Audiovisual ($19,5 millones). Este último servicio fue licitado inicialmente, pero el concurso se declaró desierto y FEELS fue el único oferente.

Las licitaciones que están en proceso son: arriendo de dos grupos electrógenos (con un presupuesto asignado de $156 millones); la instalación de un Sistema de Distribución de Energía de Respaldo para el ex Congreso Nacional ($250 millones) y la adquisición de equipos para el control de acceso a la convención, que consta de dos torniquetes y dos cámaras para reconocimiento facial ($17 millones).

Una licitación que fue revocada, para ser asignada vía trato directo, es el arriendo de equipamiento para la conectividad y seguridad de los constituyentes ($140 millones).

Según las bases de estas licitaciones, estos contratos son financiados con el presupuesto asignado para la convención ($6.708,25 millones), incluido en el presupuesto 2021 de la Segpres, información que fue corroborada por el secretario ejecutivo de la convención, Francisco Encina.

SIETE AÑOS EN LA GUARDIA PRESIDENCIAL

En la propuesta que presentó a la licitación, INCAR Seguridad se comprometió a asignar un grupo de guardias a la antigua sede del Congreso Nacional. Entre sus objetivos está el resguardo del “patrimonio”, realizar “control de acceso” de personas y vehículos, además de despliegue de seguridad en caso de “catástrofes, asaltos y sabotaje” en las inmediaciones (vea la propuesta de INCAR).

INCAR tiene más de 1.500 trabajadores y es propiedad de los hermanos Marcos, Manuel y Luis González Pérez. En Mercado Público registra varios contratos desde 2011 con organismos públicos, entre ellos el Registro Civil, Dipreca y el Hospital Padre Hurtado. En su propuesta técnica para el proceso de licitación destacó sus contratos con las municipalidades de Las Condes, Lo Barnechea y Lo Espejo, además de servicios prestados a privados, como la Universidad del Desarrollo.

El gerente de operaciones que estará a cargo de coordinar el servicio para la convención es Luis González Pérez, quien durante siete años perteneció al Grupo de Guardia Presidencial (1988 – 1995). González dijo a CIPER que no fue escolta de presidentes, ya que se desempeñaba en las inmediaciones de La Moneda. Destacó que no ha estado involucrado en casos de Derechos Humanos y que cumplió su rol como funcionario de Carabineros durante 20 años, carrera que dejó para fundar su empresa.

PRÁCTICAS LABORALES

En los últimos cinco años, INCAR ha pagado 197 multas ejecutadas por la Dirección del Trabajo (DT). Una decena de ellas han sido cursadas durante 2021. La última es del 29 de mayo pasado, cuando recibió una sanción por una falta “grave” y pagó 60 UTM (unos $3,2 millones), por no cumplir con la comunicación exigida anualmente por la DT.

Sólo en multas calificadas como “graves”, aquellas que se sancionan con multas de más de 30 UTM, INCAR ha pagado 4.459 UTM (unos $231 millones) desde 2017. A esto, y en el mismo periodo, se deben sumar multas por más de 300 Ingresos Mínimos Mensuales.

De las otras cuatro empresas que se presentaron a la licitación, solo una supera a INCAR en cantidad de sanciones de la DT: Seguridad y Servicios, con 220 multas ejecutoriadas entre 2018 y 2021. De las restantes, una tiene 19 (HS y Cía Limitada), otra figura con 15 (Ralph Hugo) y la tercera no registra (Shields Limitada).

En el ámbito judicial, INCAR presenta varias denuncias. Desde 2017 a la fecha, figura en al menos 77 procesos judiciales en tribunales de Santiago, San Miguel, Valparaíso, Rancagua y Concepción. Las causas se dividen entre mediaciones (11); demandas ordinarias, como despidos injustificados o cobros de prestaciones (20); reclamaciones de INCAR para evitar multas de la Inspección del Trabajo (36), y una decena de demandas de tutela de derechos fundamentales. De estas últimas, tres se encuentran en trámite, una fue denegada y en el resto se llegó a acuerdo para retirar la demanda.

Según la actual legislación, estos antecedentes de prácticas laborales de INCAR no son impedimento para ser proveedor público.  Las únicas causales que impiden a un empleador firmar contratos con organismos públicos, son: registrar deudas previsionales o de salud de trabajadores dependientes por más de 12 meses y haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

*Este reportaje fue actualizado el 25 de junio de 2021 a las 21:46 hrs.