Compartimos con uds. los antecedentes sobre lo que pasó el día de ayer en la tercera sesión de la convención constitucional, la que centró su discusión en torno a la pertinencia de elaborar un pronunciamiento sobre los presos políticos y la ley de indulto. Incorporamos una declaración de María Rivera y el MIT en la que se justifica la abstención de la abogada en las dos ocasiones que se votaron las propuestas de declaración. Además, adjuntamos el texto presentado por la Lista del Pueblo y lxs constituyentes mapuche fue rechazada. Por último, compartimos las palabras que la Agrupación de familiares y amigos Guacolda público en sus redes sociales: «Ya está hecho el trámite, el cual se hizo sin que ninguno(a) de los 155 constituyentes dejase su asiento vacío. La venta de humo ya fue, ahora colocar toda la presión y ojos en donde se debe y puede resolver una solución política para que la libertad sea un hecho y no una mera alusión discursiva: En el Congreso y La Moneda, es hacia donde se debe apuntar» (Editora CT, Natalia Pravda).
Con 105 votos a favor: Convención Constitucional aprueba declaración por indulto a presos de la revuelta.
Por el Desconcierto.
“Hoy abrimos este proceso constituyente con un debate de una profundidad ineludible”, comienza la declaración a favor de la Ley de Indulto presentada por Apruebo Dignidad y Lista del Apruebo, elegida por las y los constituyentes con 105 votos a favor, tras un arduo debate en la última sesión de la Convención Constitucional desarrollada este jueves.
La Convención Constitucional aprobó este jueves realizar una declaración a favor del indulto a las y los detenidos de la revuelta popular, como uno de los primeros actos efectuados por el órgano que redactará la nueva Carta Magna para el país.
105 constituyentes votaron a favor de la declaración firmada por Pedro Muñoz, el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista y otros. La declaración propuesta por vocerías, la Lista del Pueblo y representantes de los Pueblos originarios no obtuvo votos, mientras 34 personas se pronunciaron en contra, y 10 se abstuvieron.
Inicialmente, ambas declaraciones fueron sometidas a votación, sin embargo, ninguna alcanzó la mayoría absoluta necesaria para su aprobación. En detalle, la primera obtuvo 52 preferencias, mientras que la segunda declaración obtuvo 49 respaldos, en tanto que hubo 34 votos en contra y 16 abstenciones.
“Hoy abrimos este proceso constituyente con un debate de una profundidad ineludible”, comienza la propuesta de Apruebo Dignidad y Lista del Apruebo. “Hemos decidido iniciar esta discusión sobre las bases históricas de nuestra vida en común, reconociendo los sufrimientos y anhelos con los que llegamos hasta aquí sobre la sociedad que queremos y cómo queremos construirla”, continúa.
La propuesta de Apruebo Dignidad y Lista del Apruebo señala que la CC “tiene la responsabilidad ética y política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que, claramente, contravienen el espíritu que guía su trabajo: asentar un camino de paz y justicia social para todas y todos los habitantes de nuestra comunidad política”.
En ese sentido, reconoce que “la revuelta social costó decenas de vidas, violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado incluyendo mutilaciones, traumas oculares, apremios ilegitimos y distintos tipos de vulneraciones, que no podemos invisibilizar. Miles de personas fueron detenidas y sometidas a condiciones ilegales, acusadas de manera injusta, arbitraria e inhumana, mientras que otro gran número nunca tuvo un debido proceso ni la aplicación de la presunción de inocencia”.
“En efecto, aun hoy, a casi un año y medio de ocurridos los hechos, vemos cómo hijas e hijos de nuestros pueblos han sido sometidos a la imposición abusiva de la prisión preventiva y el nulo avance de las investigaciones, muchas veces con pruebas de dudosa calidad entregadas por sus captores, sin control jurisdiccional, lo que ha afectado profundamente el respeto por las garantías fundamentales mínimas”, continúa.
En esa línea, demanda la máxima celeridad en la tramitación del proyecto de Ley de Indulto General, y solicita al Ejecutivo dar suma urgencia a la Ley de Reparación a Víctimas de Derechos Humanos, y el retiro de todas las querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad del Estado.
Así también, pide la inmediata desmilitarización del Wallmapu, así como la anulación de la medida que aumenta el presupuesto para la represión del territorio mapuche, y que el indulto, en el caso de las regiones del Biobío, Araucanía, Los Lagos y Los Ríos sea aplicable desde el año 2001 para los presos políticos mapuche.
Las y los constituyentes solicitan además apoyar una indicación que disponga la aplicación directa y obligatoria del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, “especialmente en lo relativo al conocimiento de situaciones calificadas de delitos y que constituyan ejercicio de derechos territoriales, culturales, y políticos y a la aplicación preferente y obligatoria de penas distintas a la privación de libertad”.
Por otro lado, demandan la implementación de “una política robusta de justicia”, que contribuya a la reparación integral de los perjuicios y los daños sufridos, de forma individual y colectiva, para quienes han sido víctimas de persecución, prisión política y vulneración sistemática a los derechos humanos.
Revisa aquí la declaración completa:
Sobre la Declaración aprobada por la Convención en relación a los presos políticos.
Por MIT- Chile.
Hoy la Convención votó una Declaración sobre el tema de los presos políticos. La Declaración aprobada fue impulsada por la ex Concertación, Frente Amplio, PC y otros constituyentes. La Lista del Pueblo y otros independientes hicieron una propuesta distinta pero ésta no fue aprobada en primera vuelta y en segunda vuelta la mayoría de los constituyentes independientes se sumaron a la propuesta del bloque FA/PC/Concertación (105 votos a favor). La derecha votó en contra de ambas Declaraciones y hubo 10 constituyentes que se abstuvieron en la segunda vuelta.
Nuestra compañera María Rivera se abstuvo en las dos vueltas, no votando por ninguna de las dos declaraciones. Como anunciamos ayer, propusimos una Moción por la Amnistía para que fuera aprobada por la Convención. Nuestra declaración planteaba que la Convención debería dar 15 días de plazo al Parlamento y Ejecutivo para aprobar el actual proyecto de indulto que se está tramitando en el Parlamento y también votar una amnistía a todos los presos y presas chilenos y mapuche de antes y después del estallido social. En el caso de que el Congreso y el Ejecutivo no aprobaran esas medidas, la Convención debería aprobarlas y convocar a una gran movilización nacional para respaldar su decisión.
Nuestra Moción no fue a votación debido a que la mesa directiva (Elisa Loncón y Jaime Bassa) instaló una regla de que las únicas propuestas que puedan ir a votación deben tener a lo menos 30 firmas de constituyentes. Nosotros creemos que esta medida limita totalmente la democracia a las distintas expresiones políticas dentro de la Convención, instalando desde el inicio la necesidad de hacer acuerdos incluso para defender propuestas minoritarias. En nuestra opinión esta medida debe ser eliminada y todas las propuestas presentadas a la mesa directiva deben ser llevadas a votación.
Ninguno de los constituyentes (ni siquiera de la Lista del Pueblo) apoyó nuestra moción con sus firmas para llegar a votación. Queremos saber: ¿si están por la libertad a todos los presos, por qué no firmaron por nuestra moción?
Así, al no tener la posibilidad de defender nuestra propuesta en plenario y en desacuerdo con las propuestas realizadas por los dos bloques “de izquierda”, nos abstuvimos.
Ambas propuestas de Declaración, en nuestra opinión, eran extremadamente limitadas por los siguientes motivos:
1 – Las declaraciones se limitan a emplazar al Congreso y el Poder Ejecutivo a aprobar el proyecto de indulto (incorporando a los presos mapuche), la desmilitarización del Wallmapu y otras medidas. Ninguna palabra de desconfianza en relación a esos poderes, ninguna palabra sobre qué hará la Convención si esas medidas no son aprobadas, ninguna palabra sobre la soberanía de la Convención. No solo no tienen ninguna palabra sobre la soberanía de la Convención como la propuesta aprobada dice claramente:
“La Convención Constitucional, sin pretender interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que, claramente, contravienen el espíritu que guía su trabajo: asentar un camino de paz y justicia social para todas y todos los habitantes de nuestra comunidad política.”
Queremos preguntar a los 34 constituyentes que firmaron el Manifiesto de la Vocería de los Pueblos: ¿qué pasó con la soberanía de la Convención? ¿O la Soberanía de la Convención significa escribir declaraciones de exigencia al gobierno y al Congreso?
¿Debemos estimular las ilusiones de los familiares de presos y de los miles que salieron a las calles en un Congreso totalmente desprestigiado, el mismo que aprobó la Ley antisaqueos, una herramienta que fortalece la prisión política? ¿Debemos tener ilusiones de que el gobierno de Piñera, el mismo que declaró la guerra al pueblo, vaya a aprobar la libertad de los presos cuando ni reconoce que existen presos políticos?
En nuestra opinión solo una enorme movilización social puede imponer la libertad a los presos. Y la Convención debería utilizar el prestigio que todavía tiene para convocar a esa movilización y enfrentarse a los otros poderes del Estado. No se puede escribir una nueva Constitución con presos políticos.
2 – Ambas declaraciones dejan afuera una parte importante de los presos políticos al no incorporar los presos chilenos de antes del estallido social y los presos posteriores a la fecha señalada en el Proyecto de indulto (fines de 2020).
Vemos con mucha preocupación los acuerdos que están haciendo los independientes y constituyentes de pueblos originarios con las organizaciones políticas que han dirigido el país en los últimos años (PC incluido) y que han firmado el Acuerdo por la Paz (Frente Amplio). Si siguen en esa lógica, todos los independientes van a terminar siendo dirigidos por los partidos políticos de la ex Concertación, PC y Frente Amplio. Lo que quieren PC y FA es formar un nuevo bloque para gobernar el país negociando con la ex Concertación e incluso con la derecha, ya que ni los programas de Jadue o Boric presentan una alternativa profunda de cambios sociales. Si no abren los ojos, los independientes van a terminar como vagón de cola de esas organizaciones.
Desde el MIT y nuestra compañera constituyente María Rivera llamamos a fortalecer la lucha por la libertad de todos los presos en los lugares de trabajo, en las poblaciones, en los sindicatos y todos los demás espacios. Tenemos que fortalecer la demanda por la libertad de todos los presos, en la clase trabajadora, la única que podrá liberarlos. Seguiremos en todas las movilizaciones por la libertad a los presos y alertamos que no podemos confiar ni en el Congreso ni en ese gobierno criminal. Y queremos emplazar a los constituyentes de la izquierda: ¿qué van a hacer si no se liberan los presos? ¿Van a escribir una Nueva Constitución con lindas palabras mientras los hijos del pueblo siguen en las cárceles?
¡Por una Amnistía total y sin condiciones a todos los presos políticos!
¡Por una Constituyente Soberana!
¡Juicio y castigo a Piñera y a los responsables por la guerra al pueblo!
8 de julio, 2021.
Fuente: https://www.vozdelostrabajadores.cl/sobre-la-declaracion-aprobada-por-la-convencion-en-relacion-a-los-presos-politicos
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Anexo: Declaración propuesta por la Lista del Pueblo y convencionales mapuches.
LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL A LOS ÓRGANOS DEL PODER CONSTITUIDO SOBRE LA PRISIÓN POLÍTICA EN CHILE.
Los pueblos siempre nos hemos rebelado contra este orden injusto y la respuesta del Estado chileno ha sido una y otra vez la misma. Nos hemos rebelado incluso antes de ser Chile contra el despojo de los territorios para la acumulación de una elite colonial. Nos levantamos por la vida digna desde hace siglos, fuimos marea sufragista en cada rincón del país, nos levantamos contra una dictadura sangrienta que hoy recién llega a su fin.
Quienes tenemos en el cuerpo esta historia de lucha también portamos la memoria colectiva de esa respuesta de un Estado que nos ha invisibilizado, perseguido, secuestrado, torturado, mutilado, violentado sexualmente, que nos ha hecho desaparecer. Esa larga memoria colectiva nos habla también de las complicidades que han hecho posible esa respuesta estatal y que en nombre de la defensa del orden y de la institucionalidad han desplegado un manto de impunidad.
Hoy, abrimos este proceso constituyente con un debate de una profundidad ineludible. Hemos decidido iniciar esta discusión sobre las bases históricas de nuestra vida en común, reconociendo los sufrimientos con los que llegamos hasta aquí.
Hablamos en primera persona porque es nuestra historia. Somos nosotras, nosotres y nosotros, encarceladas en la dictadura de ayer y perseguidas por el terrorismo de Estado de hoy. Ponemos nuestros dolores sobre la mesa como primer punto en tabla pues son nuestras compañeras y compañeros, hermanas y hermanos, junto a quienes salimos a las calles a escribir este momento, quienes hoy no están aquí para verlo nacer.
No estamos todes: faltan las y los presos. Faltan quienes les cuidan desde afuera de los muros de las cárceles, porque la prisión política nunca es una experiencia individual sino que es un castigo a nuestras familias y a nuestras comunidades enteras.
Con fecha 8 de julio de 2021, esta Convención Constituyente Plurinacional de Chile, con el fin de sentar las garantías democráticas para el adecuado funcionamiento del proceso constituyente, el respeto al debido proceso, al principio de presunción de inocencia; por la verdad, justicia y reparación para todas las personas presas políticas, privadas de libertad y víctimas de la represión estatal de ayer y de hoy, declaramos lo siguiente
1. Las circunstancias de origen y concurrentes a la legitimidad del proceso constituyente, así como el compromiso con el respeto irrestricto a los derechos humanos y a la dignidad, son parte de nuestra competencia y constituyen presupuestos fundamentales para el desarrollo de esta Convención Constitucional.
2. Resulta fundamental para un proceso democrático y una verdadera paz social para los pueblos, que los órganos del poder constituido allanen los caminos ofreciendo garantías democráticas y de equidad para que el proceso histórico que atravesamos funcione adecuadamente y sea reconocido como legítimo por los pueblos y naciones de Chile. Para ello, el fin inmediato a la prisión política en Chile es esencial.
3. Condenamos la criminalización de la protesta social y la aplicación abusiva del monopolio de la fuerza estatal, mediante apremios ilegítimos, detenciones masivas y actos de vulneración a derechos humanos, agresiones sexuales, mutilaciones oculares y el uso de la prisión preventiva como pena anticipada; así como las gravísimas consecuencias que provoca el nulo avance de las investigaciones; hechos insostenibles e injustificables desde el punto de vista jurídico, político y humano.
4. Para tales propósitos, como Convención Constitucional, demandamos a los poderes constituidos, lo siguiente:
a) Al Poder Legislativo la tramitación urgente del Proyecto de Ley de Indulto General (Boletín N°13.941-17) en la Comisión de Constitución del Senado solicitando incluir como inciso segundo al artículo 2°: “En el caso de las Regiones del Bio Bio, Araucanía, Los Lagos y Los Ríos, el plazo se extenderá desde el año 2001 hasta el día de la presentación del proyecto de ley que da origen a la presente norma”, su aprobación, promulgación y publicación, dentro de un plazo de 20 días para responder a esta petición.
b) Al Poder Legislativo, en el Proyecto de Ley Boletín Nº 13.715-17, apoyar una indicación que disponga la aplicación directa y obligatoria del Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente en lo relativo a las situaciones calificadas de delitos y que constituyan ejercicio de derechos territoriales, culturales, y políticos, y a la aplicación preferente y obligatoria de penas distintas a la privación de libertad.
c) Al Poder Ejecutivo dar suma urgencia legislativa al Proyecto de Ley de Indulto General (Boletín N°13.941-17) y al Proyecto de Ley de Reparación a Víctimas de Violación de Derechos Humanos (Boletín N°13.854-17). Así como el retiro de todas las querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad Interior del Estado.
d) El fin de la militarización del Wallmapu y las políticas estatales desarrolladas sobre tal supuesto, así como la anulación de la medida que aumenta el presupuesto público para la represión de las comunidades en su territorio. La represión históricamente ejercida al pueblo nación Mapuche, no puede ser avalada ni ignorada en un proceso democrático.
e) La implementación de una política robusta de justicia, que contribuya a la reparación integral de los perjuicios y los daños sufridos, de forma individual y colectiva, para quienes han sido víctimas de persecución y prisión política.
5. Desde la Convención Constitucional, la necesidad de instituir una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación que investigue, reconozca, divulgue, realice un catastro, sistematice y proponga medidas concretas de reparación para todas las víctimas de la represión estatal, particularmente la situación de los presos y presas políticas de la revuelta en todas las etapas procesales, ya sean privados de libertad, con procesos en curso y con condenas vinculados a los hechos y circunstancias de la movilización social. Además, que pueda asegurar garantías de no repetición, para que
las violaciones a los derechos humanos no vuelvan a ocurrir en nuestro país.
6. En el caso de los pueblos de la Patagonia austral, que intentaron infructuosamente ser exterminados y que sigue invisibilizada su presente lucha para la mantención de su lengua, es momento de adoptar las medidas de reparación.
Convención Constitucional
FIRMANTES
1. Isabella Mamani Mamani, constituyente Aymara
2. Luis Jimenez Cáceres, constituyente Aymara
3. Wilfredo Bacián Delgado, constituyente Quechua
4. Felix Galleguillos Aymani,
5. Isabel Godoy Monardes, constituyente Colla
6. Erick Chinga Ferreira, constituyente Diaguita
7. Fernando Tirado Soto, constituyente Chango
8. Tiare Aguilera Hey, constituyente Rapa Nui
9. Machi Francisca Linconao Huircapan, constituyente Mapuche
10. Elisa Loncon Antileo, constituyente Mapuche
11. Natividad Llanquileo Pilquiman, constituyente Mapuche
12. Rosa Catrileo Arias, constituyente Mapuche
13. Adolfo Millabur Ñancuir, constituyente Mapuche
14. Victorino Antilef Ñanco, constituyente Mapuche
15. Alexis Caigual Ancapan, constituyente Mapuche
16. Margarita Vargas Lopez, constituyente Kawashkar
17. Lidia González Calderon, constituyente Yagan
18. Dayana Gonzalez, constituyente Distrito 3
19. Daniel Bravo Silva, constituyente Distrito 5
20. Ivanna Olivares, constituyente Distrito 5
21. Janis Meneses, constituyente Distrito 6
22. Cristobal Andrade, constituyente Distrito 6
23. Carolina Vilches, constituyente Distrito 6
24. Tania Madriaga, constituyente Distrito 7
25. Marco Arellano, constituyente Distrito 8
26. Natalia Henriquez, constituyente Distrito 9
27. Alejandra Perez Espina, constituyente Distrito 9
28. Manuel Woldarsky, constituyente Distrito 10
29. Alondra Carrillo, constituyente Distrito 12
30. Rodrigo Rojas, constituyente Distrito 13
31. Ingrid Villena, constituyente Distrito 13
32. Francisco Caamaño, constituyente Distrito 14
33. Alvin Saldaña M, constituyente Distrito 15
34. Gloria Alvarado, constituyente Distrito 16
35. Fernando Salinas, constituyente Distrito 18
36. Francisca Arauna, constituyente Distrito 18
37. Cesar Uribe, constituyente Distrito 19
38. Bastián Labbé Salazar, constituyente Distrito 20
39. Loreto Vidal, constituyente Distrito 20
40. Adriana Ampuero, constituyente Distrito 26
41. Elisa Giustinianovich, constituyente Distrito 28
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