Chile corrupto: Socioslistos hay en todos lados, también en el Partido Social Cristiano.

“Yo soy empresario por naturaleza, pero lo que a ustedes les interesa es lo siguiente: desde el momento en que soy senador de la República, nunca he firmado contratos con el Estado”, aseguró el senador Juan Castro Prieto (ex RN y hoy militante del Partido Social Cristiano) frente a la prensa en un pasillo del Congreso. Los medios buscaban una respuesta tras la investigación de The Clinic que identificó a Castro como uno de los parlamentarios que ha firmado contratos con el Estado, a través de empresas en las que participa.

Pero la respuesta que dio el senador tiene matices: los contratos con el Estado que este medio analizó no fueron hechos por Juan Castro como persona natural, sino que por la Constructora Indemma, una empresa fundada en 2002 por el senador, quien la controló hasta inicios de 2018, cuando ya había sido electo senador por la Región del Maule.

Esa constructora es parte fundamental del holding familiar de empresas que posee el senador junto a sus hijos y cercanos: Indemma se ha adjudicado licitaciones y ha cerrado contratos con el fisco por más de $8.246 millones. Contratos que fueron pagados entre 2007 y 2022 por al menos 26 servicios públicos, la mayoría de la Región del Maule, según los registros de Mercado Público.

Hasta 2018, Castro mantuvo el control de la Constructora Indemma a través de otra de sus sociedades, Transportes y Movimiento de Tierra Santa Malva. A pocos días de asumir el cargo, el 28 de febrero de 2018, Castro le traspasó el control de esa sociedad a dos de sus hijos: Nicole y Cristián Castro Parra, quienes no quisieron responder preguntas para este reportaje.

Ambos hijos ya integraban el directorio de esa misma empresa junto a un tercero, muy cercano al senador, que actuaba como presidente: Rafael Muñoz Canessa, quien ejerció como secretario ejecutivo de la Corporación Municipal de Cultura de Talca y luego como administrador municipal de Talca, durante el periodo en que Castro fue alcalde de esa comuna. Al menos hasta 2021, cuando la Constructora Indemma aún mantenía contratos con el fisco, Rafael Muñoz se mantenía también como presidente del directorio de la constructora.

Muñoz estuvo al lado de Castro durante uno de los momentos más críticos en la carrera política del hoy senador. En 2017, tras dejar el cargo de alcalde de Talca, Castro fue formalizado por malversación de caudales públicos y negociación incompatible, a raíz de una serie de hechos ocurridos bajo su administración municipal. Sin embargo, en abril de 2018, cuando ya ejercía como senador, la justicia decidió suspender la causa y no se llegó a ninguna condena.

Desorden interno

El senador Castro dejó de participar en la propiedad de la Constructora Indemma en febrero de 2018, pocos días antes de asumir su cargo en el Senado. Así lo muestra una copia del Libro de Accionistas de la empresa Transportes y Movimiento de Tierra Santa Malva SPA, la empresa a través de la cual el senador participaba en la propiedad de la constructora. Esa copia del libro de accionistas fue protocolizada ante notario por el abogado de Castro un día después de la publicación del reportaje original de The Clinic, donde se indicó erróneamente que Castro aún figuraba como accionista de la constructora cuando asumió en el Senado. 

Sin embargo, ese error no fue responsabilidad de este medio. Los datos fueron aportados por la contadora de una de las empresas del senador, Fernanda Quezada, quien también ha sido parte del directorio de la constructora. La profesional fue designada por Castro para responder las consultas de The Clinic, pero una vez publicado el reportaje un abogado del senador se comunicó con este medio para aclarar que la contadora no manejaba los detalles y que habría entregado información incompleta.

“Lamentamos que dado que rápidamente se contacta con una contadora de dicha empresa, la cual, sin conocimientos jurídicos ni el contexto desde que es electo parlamentario, envió documentación que tuvo a la vista pero que dejó en un manto de dudas, ya que la información correcta y respaldada documentalmente es que el 28 de febrero de 2018 cedí el 100% de mi participación”, sostuvo el senador en una respuesta por escrito enviada a este medio.

La fecha en que Castro dejó de ser accionista de la constructora es relevante, ya que de haberse mantenido como tal tras llegar al Senado podría haber quedado en una posición cuestionable: el artículo 60 de la constitución indica que los parlamentarios que celebren contratos con el Estado deben ser destituidos, incluso cuando estos actúen a través de una persona jurídica, como sucede en el caso de la Constructora Indemma. En su respuesta por escrito, el abogado del senador asegura que “es bueno y necesario aclarar que nunca ha participado directamente en ningún contrato con el Estado, que es lo que el artículo 60 de la constitución prohíbe expresamente, dada la interpretación restrictiva de las normas de derecho público”.

A pesar de que en el papel Castro ya no es accionista de la empresa, la propiedad de la constructora quedó bajo personas de su extrema confianza: sus hijos Cristián y Nicole Castro Parra y un tercer hijo que se sumó posteriormente, Matías Castro Becerra. Así lo muestra la escritura más reciente (2021) entregada por el abogado del senador. Esos documentos, al ser de una sociedad por acciones (SPA), no siempre son de público acceso, ya que no se publican en el Diario Oficial.

La norma constitucional que provocó la destitución de la senadora Isabel Allende no aclara de manera literal qué sucede cuando quienes firman los contratos son familiares directos del parlamentario. Si el caso de Castro llega al Tribunal Constitucional, esa entidad deberá zanjar si los familiares entran dentro de la prohibición o no, ya que en uno de sus incisos la norma indica que también serán destituidos los parlamentarios que firmen contratos a través de “interpósita persona“, es decir, un tercero o una sociedad.

La mayoría de las escrituras de las empresas vinculadas a Castro que tuvo a la vista este medio fueron protocolizadas ante notario por el abogado Leonardo Mazzei Parodi, quien además actuaba como secretario en las juntas de accionistas y de directorio de una de las empresas de Castro. Mazzei Parodi fue designado como abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Talca en noviembre de 2019, cargo que mantiene hasta la actualidad.

Formalizado por corrupción

En 2017, tras dejar el cargo de alcalde de Talca, Juan Castro fue formalizado por al menos dos delitos de corrupción: malversación de caudales públicos y negociación incompatible, ambos fundamentados en una serie de hechos ocurridos durante sus periodos como alcalde de Talca.

La Fiscalía lo acusó de irse de viaje a Europa —España, Italia y Francia— con recursos municipales y de presentar pruebas falsas para justificarlo. El hecho ocurrió en 2011, cuando Castro partió a España en compañía de dos funcionarios municipales y el gerente general de Urbana Chile S.A., empresa que en ese momento estaba participando por un oneroso contrato con el municipio de Talca, el que finalmente se adjudicó.

En la audiencia de formalización, la Fiscalía sostuvo que ese viaje implicó un perjuicio fiscal de más $5,3 millones y que “en la práctica, solamente participaron en reuniones en Madrid con empresas constructoras del Consorcio COPASA, al cual pertenece la empresa Urbana Chile S.A. y habrían sido recibidos un día por el Alcalde de Ourense; todas las demás actividades, realizadas durante 11 días, fueron exclusivamente de visita turística propias de un viaje de vacaciones” (vea el documento con la formalización).

El otro hecho por el que Castro fue formalizado en esa ocasión apuntó a la misma empresa que hoy tiene al senador bajo cuestionamiento: la Constructora Indemma. La Fiscalía sostuvo que, siendo Castro el representante legal y sus hijos los accionistas de Indemma, esta compañía había hecho un contrato con la empresa Transportes CTS, mientras esta última prestaba servicios al municipio del entonces alcalde. Además, indicó la Fiscalía, Castro le arrendaba una bodega a la misma empresa CTS, a través de su sociedad Transportes y Movimiento de Tierras Santa Malva.

Por estos dos últimos hechos la Fiscalía acusó el delito de negociación incompatible, ya que “don Juan Enrique Castro Prieto, en su calidad de Alcalde de la I. Municipalidad de Talca, ejerciendo actos propios de su cargo, tomó interés y/o da interés a sus hijos ya nombrados y a la sociedad de la que es representante” al hacer negocios con CTS.  Esto, considerando que esa compañía no solo se adjudicó la licitación municipal en la que participaba, sino que además su contrato fue ampliado y el precio reajustado al alza durante la ejecución de los servicios.

Según publicó Ciper en 2018, esa causa penal fue suspendida, pero no por falta de pruebas ni por la eventual inocencia del hoy senador. La justicia fundamentó esa decisión en dos razones principales: la prescripción parcial de los delitos que se le imputaban y las bajas condenas que arriesgaba en caso de ser hallado culpable.