Amenaza al ejercicio periodístico»: María Olivia Mönckeberg cuestiona intento de Fiscalía de acceder a datos de periodistas.
por Diario UChile.
“Una persona que lleva como 10 años en la Fiscalía, que comete este error, debería dar disculpas (…) o el fiscal nacional”, dijo la Premio Nacional de Periodismo de 2009, sobre la petición fallida de la persecutora Paulina Díaz Obilinovic.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la Premio Nacional de Periodismo 2009, María Olivia Mönckeberg, se refirió a la solicitud de la Fiscalía Oriente, que intentó interceptar los teléfonos de comunicadores en busca de identificar fuentes del caso Hermosilla. “Yo diría que esta es una situación de peligro (…) no solo los periodistas, porque esto, el tema que estamos discutiendo, el que no se acceda a las fuentes, no es un privilegio de los periodistas, sino que es algo que está en función del bien común”, aseguró la comunicadora.
Son 11 los periodistas que se buscó intervenir de los medios Ciper, La Tercera, La Bot, The Clinic y Reportea. María Olivia Mönckeberg calificó la medida solicitada por la jefa de Alta Complejidad de la Fiscalía Occidente, Paulina Díaz Obilinovic, como algo “realmente inusitado y que genera preocupación por muchas razones, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo”.
“Desde luego es un atentado contra la libertad de informar y contra el derecho de la ciudadanía a estar informada, que es un pilar básico. En cualquier país democrático, en cualquier sociedad es un pilar básico para la democracia. Paulina Díaz insistió tres veces y creo que lo interesante es que tanto el Juzgado de Garantía como la Corte de Apelaciones Santiago lo detuvieron, le dijeron, ‘no’, pero querían indagar en los teléfonos de los periodistas, pedían hasta los datos georeferenciales de dos años, o sea, sus movimientos”, profundizó la también académica de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.
Mönckeberg cuestionó la posible desinformación de la fiscal Díaz respecto a las leyes que rigen a la prensa. “El secreto de la fuente, por ejemplo, a un o una periodista no se le puede obligar ni judicialmente (a revelarla) y eso lo dice la Ley de Prensa (…), que se supone que un fiscal tiene que conocer. A mí eso me parece bastante insólito también, el desconocimiento de la fiscal Paulina Díaz de esto”, dijo.
Relevó, además, la importancia del secreto de la fuente para el periodismo de investigación y para dar a conocer situaciones de interés público. “Si tú pones esas cortapisas es un límite muy duro. El solo hecho de que una fiscal haya intentado esto y una fiscal importante, porque es de alta complejidad, creo que está generando una amenaza al ejercicio periodístico y por lo tanto a la posibilidad de que las personas, los ciudadanos y ciudadanas, estén informados sobre las diferentes cosas que pasan”, advirtió.
La información del intento de intercepción fue divulgada por el medio Reportea, que como explicó la Premio Nacional de Periodismo, “dirige Nicolás Sepúlveda y fue precisamente él quien inició las investigaciones periodísticas dando a conocer todo lo que ha sido el caso Hermosilla”.
“Imagínate todo lo que se ha sabido del caso de Hermosilla, todo lo que involucra, todas las relaciones de intereses en el Poder Judicial y político. El caso Hermosilla que ha involucrado al exministro Andrés Chadwick, que ha involucrado a jueces y abogados que están cayendo incluso detenidos con prisión preventiva por una de las tantas aristas, que es la denominada ‘muñeca bielorrusa’. En todo eso, estos periodistas en concreto a quienes se les quería indagar en los teléfonos y todos sus movimientos, han sido un aporte muy valioso”, cuestionó.
La académica aseguró que el contexto país agrava la petición de la Fiscalía. “Después de todo lo que nos sucedió en dictadura, que se clausuraron los medios, que se persiguió a periodistas, que tuvimos tanta amenaza, volver a tener esto 50 y tantos años después, en el clima que se está viviendo, donde también estamos escuchando discursos terribles, palabras amenazantes y ofensivas a hacia los derechos humanos, como las que hemos visto en los últimos días de un candidato presidencial incluso. Entonces, yo diría que esta es una situación de peligro”, dijo.
La periodista se preguntó “¿qué pretendía con esto la fiscal Díaz?” y recordó que “hubo también hace unos meses un intento de castigar las filtraciones, que es que los periodistas accedan a documentos desde diferentes fuentes. Yo creo que la filtración en el periodismo de investigación muchas veces es un aporte. No se trata de que te puedas basar solo en eso, pero te ayuda”.
Respecto al problema específico de las filtraciones desde la propia Fiscalía, la académica aseguró que: “Los problemas que tiene el Ministerio Público, por lo que se ha visto, parecen ser bastante más lo que uno hubiera imaginado (…) sin embargo, que un fiscal o un funcionario a lo mejor, esté filtrando algo, es problema de ellos, no nos vengan a nosotros a tratar, no sólo de neutralizar, sino que, lo que estaba pidiendo esta fiscal era todo lo que hacían los periodista, porque les pedía su teléfono”.
Específicamente, sobre la fiscal Díaz, la profesora de la U. de Chile aseguró que debería pedir disculpas. “Esta fiscal, si es una persona como pensamos, correcta, que metió la pata con esto, probablemente le debe una explicación a los fiscales y le debe una explicación al Colegio de Periodistas, a todos los periodistas”, afirmó.
“Una persona de trayectoria, que lleva como 10 años en la Fiscalía, que comete este error, por lo menos decirle error, porque no sé si es una metida de pata, pero debería dar disculpas, debería explicar, debería decir, ‘la verdad es que no consideré eso’ o el fiscal nacional, alguien debería decirlo”, finalizó.
Fuente: https://radio.uchile.cl/2025/11/10/amenaza-al-ejercicio-periodistico-maria-olivia-monckeberg-cuestiona-intento-de-fiscalia-de-acceder-a-datos-de-periodistas/
Fiscalía Occidente solicitó interceptar datos telefónicos de periodistas de La Tercera, Reportea, Ciper, La Bot y The Clinic.
por Reportea.
En un hecho inédito, la fiscal Paulina Díaz Obilinovic, jefa de Alta Complejidad de la Fiscalía Occidente, intentó obtener datos confidenciales de los celulares de 11 periodistas de cinco medios de comunicación, buscando identificar a las fuentes tras los reportajes del caso Hermosilla. Aunque su solicitud fue rechazada por el 4° Juzgado de Garantía y por la Corte de Santiago, el intento de conocer el registro de llamadas telefónicas, el registro de datos móviles y la georreferenciación de los celulares de reporteros vulnera la Ley de Prensa.
La primera vez que el 4° Juzgado de Garantía rechazó la solicitud de la fiscal jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Occidente, Paulina Díaz Obilinovic, fue el pasado 27 de agosto. La persecutora buscaba obtener datos confidenciales de las comunicaciones sostenidas por 11 periodistas, de cinco medios de comunicación, que han cubierto el caso Hermosilla.
Lo intentó dos veces más. Primero con un recurso de apelación ante el mismo 4° Juzgado de Garantía, y luego con un recurso de hecho ante la Corte de Apelaciones de Santiago. En todas las instancias le negaron la solicitud.
La investigación judicial se inició por una querella de Juan Pablo Hermosilla, abogado y defensor de su hermano Luis, quien en octubre del año pasado acusó que se estaba cometiendo el delito de revelación de secretos, luego de que parte de los chats alojados en el celular de su hermano —imputado por cohecho, tráfico de influencias, lavado de activos, delitos tributarios, entre otros— fueran divulgados en reportajes de prensa.
La causa fue designada al Fiscal Regional Occidente, Marco Pastén, quien la delegó en Díaz Obilinovic.
En enero de 2025 un artículo de La Tercera contó que una de las definiciones del fiscal Pastén en la causa es que “no se perseguirá a periodistas”. El mismo artículo señala textualmente que entre las determinaciones más importantes tomadas por el equipo del Fiscal Occidente “está que en ningún caso se realizarán diligencias que afecten el secreto profesional de los periodistas que han publicado dichas conversaciones”.
Ocho meses después la fiscal a cargo de la causa por las filtraciones estaba intentando que le aprobaran diligencias que afectan el secreto profesional de los periodistas.
En Chile la Ley de Prensa establece que las comunicaciones entre los periodistas y sus fuentes son confidenciales, y que los profesionales de la prensa “tendrán derecho a mantener reserva sobre su fuente informativa, la que se extenderá a los elementos que obren en su poder y que permitan identificarla y no podrán ser obligados a revelarla ni aun judicialmente”.
En la Fiscalía Occidente no estuvieron disponibles para responder las preguntas enviadas por Reportea.
El requerimiento de la fiscal Díaz Obilinovic incluyó medidas intrusivas respecto de periodistas de La Bot, La Tercera, The Clinic, Reportea y Ciper.
Los datos que buscó obtener la persecutora iban desde el registro de llamadas telefónicas hasta la georeferenciación de los equipos celulares.
Sobre las llamadas recibidas y realizadas de los celulares, buscó saber: “Número entrante y saliente; Tipo de conexión; Identificación de la celda utilizada (nombre, dirección y coordenadas GPS); Acimut (dirección del tráfico); Georreferenciación; Potencia; mata de cobertura y ancho de banda de la celda”, indica en la solicitud que envió al tribunal, y a la que Reportea tuvo acceso.
También solicitó autorización judicial para requerir el “registro de tráfico de datos móviles”, incluyendo los “megabytes utilizados, tipo de conexión, ID de la celda utilizada, dirección y ubicación GPS, dirección del tráfico, y la georreferenciación, potencia, mata de cobertura y ancho de banda”.
Fue más allá. Quiso requerir a las compañías telefónicas para que entregaran el “listado de números telefónicos que se conectaron y georreferenciación de dichas antenas indicando ubicación, puntos, fechas y horarios”, además de que le indicaran “respecto de dichos números, se informe la compañía telefónica asociada y los datos del titular o usuario registrado”.
Si el tribunal hubiera dado luz verde a la solicitud, la Fiscalía Occidente tendría en su poder el registro completo de las llamadas telefónicas realizadas por los periodistas, además de sus datos de georeferenciación, que le hubiera permitido saber los lugares por los que se movilizaron. Todo en un periodo comprendido entre el 13 de noviembre de 2023 y la fecha en que se dictara la resolución, es decir, septiembre de 2025.
Eso sí, la fiscal incluyó en su solicitud un listado de 11 periodistas, sus nombres completos, sus ruts, sus números telefónicos, y la compañía a la que pertenecen sus equipos celulares. No explicó en el documento cómo consiguió esa información.
En el listado aparecen los periodistas: Francisca Skoknic (La Bot), Gabriela Pizarro (ex The Clinic, actual Ciper), Nicolás Cerpa (ex The Clinic), Leslie Ayala (La Tercera), Catalina Olate (Ciper), Benjamín Miranda (Ciper), Francisca Soto (Ciper), Daniel Meza (Ciper), Paulina Toro (Ciper), Macarena Segovia (Ciper), y Nicolás Sepúlveda (ex Ciper y The Clinic y actualmente en Reportea).
El informe firmado por la fiscal Paulina Díaz Obilinovic también incluyó en un listado aparte los nombres y números telefónicos de siete fiscales que han tenido acceso a las conversaciones de Luis Hermosilla. Incluyendo el del fiscal Eugenio Campos, jefe de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional. De ellos también quiso saber datos confidenciales de sus comunicaciones telefónicas.
El objetivo, según la persecutora, era identificar si algunos de los fiscales indagados conversó o estuvo en el mismo lugar con alguno de los 11 periodistas, en algún momento entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025.
En el escrito de la fiscal no se dispone de ninguna medida para filtrar las eventuales conversaciones de los periodistas investigados. Si el tribunal le hubiera aprobado la solicitud, podría haber obtenido los datos de las fuentes de los reporteros en un periodo que comprende casi dos años.
Consultada la Fiscalía Nacional por las solicitudes realizadas por la Fiscalía Occidente, indicaron que “las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público son lideradas por las respectivas fiscalías regionales y sobre ellas el Fiscal Nacional no tiene la atribución de dar instrucciones particulares. Es así como cada acción, diligencia o gestión que se realice es de responsabilidad del fiscal a cargo de la investigación”.
La primera campanada de alerta sobre las medidas intrusivas que buscaba desarrollar la fiscal Díaz Obilinovic la dio Interferencia, cuando el pasado 4 de noviembre reveló que el 4° Juzgado de Garantía y Corte de Apelaciones de Santiago habían rechazado los recursos. Entre los argumentos para la negativa estuvo que no era plausible dar luz verde a medidas intrusivas contra “periodistas que sólo revisten calidad de terceros o testigos atendiendo el delito investigado”.
El 4° Juzgado de Garantía argumentó su negativa a las medidas intrusivas solicitadas contra los fiscales, indicando que “aún no se ha invocado algún antecedente válido o relevante que permita al tribunal adquirir la mínima convicción de una eventual conducta desajustada a derecho o constitutiva de delito por parte de los mismos, que pueda justificar la diligencia requerida”.
Fuente: https://reportea.cl/2025/11/05/fiscalia-occidente-solicito-interceptar-datos-telefonicos-de-periodistas-de-la-tercera-reportea-ciper-la-bot-y-the-clinic/
CARTA ABIERTA EN RECHAZO A SOLICITUD DE FISCAL PARA PINCHAR TELÉFONOS DE PERIODISTAS.
Las y los profesionales abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo absoluto ante la solicitud realizada por la Fiscalía Occidente –a través de la fiscal jefa de Alta Complejidad, Paulina Díaz Obilinovic– para obtener registros de llamadas, tráfico de datos y georreferenciación de 11 periodistas que han cubierto y revelado información del llamado “caso Hermosilla” en diversos medios de comunicación.
Aunque tanto el 4° Juzgado de Garantí a de Santiago como la Corte de Apelaciones rechazaron la petición, el solo hecho de que una fiscal lo haya intentado es una señal que nos debe poner en alerta y acción.
No fue un error administrativo ni una simple desproporción procesal: fue un acto que desconoció garantías fundamentales básicas, entre ellas la libertad de expresión, el secreto profesional periodístico y, con ello, el derecho de todas las personas a estar informadas. Cuando el Estado, a través de cualquiera de sus órganos, busca intervenir las comunicaciones de la prensa y coartar su labor, se cruza una frontera peligrosa que socava los cimientos de la democracia.
El derecho de periodistas y medios a mantener en reserva la identidad de sus fuentes y todos los materiales que puedan revelarla, sin que puedan ser obligados a divulgarla “ni aun judicialmente”, esta explícito en La Ley de Prensa (Ley N.º 19.733). No es un privilegio corporativo ni menos un capricho: es una garantí a pública, pues sin fuentes protegidas, la prensa no puede fiscalizar al poder, revelar hechos de corrupción ni aportar información de interés público. Y entonces, la sociedad entera queda a ciegas.
Tanto la jurisprudencia como el Co digo Penal son claros: las interceptaciones requieren autorización judicial y solo proceden frente a imputados o personas sobre quienes existan sospechas fundadas de delitos graves. Extender esas medidas a periodistas constituye una extralimitación legal y ética.
Si bien esta vez el sistema judicial contuvo el abuso, se sabe que los controles institucionales no siempre bastan. Hace no mucho, el Ejército engañó a la Corte de Apelaciones para espiar e intervenir el tele fono del periodista Mauricio Weibel, entre otros. Ese caso –aún abierto en tribunales– revela lo frágiles que pueden ser nuestras garantías cuando el poder actúa con opacidad y el control judicial falla.
No podemos normalizar que fiscales, policías o cualquier autoridad siquiera conciban la idea de “pinchar” a periodistas. Tan solo el hecho de que tal solicitud haya existido debiera movilizarnos no solo a profesionales de las comunicaciones, sino a toda la sociedad, porque lo que esta en juego no es solo la libertad de informar, sino el derecho de toda persona a recibir información oportuna, relevante y libre de presiones o intereses del poder.
La libertad de prensa no es una prerrogativa del periodismo: es un derecho humano y constitucional que pertenece a la ciudadanía en su conjunto. Vulnerarlo –aunque sea en su intento– erosiona la confianza pública, empobrece el debate democrático y debilita las instituciones. Protegerlo es, en definitiva, proteger el derecho de las personas a saber e informarse.
Iniciativa de Juan Pablo Figueroa y Patricia Alrringo, 7 Premios Nacionales, Premios Lenka Franulic, Premios Raquel Correa, Premio Excelencia Periodística, directores de carrera de periodismo, académicos de periodismo, directores de medios de comunicación, periodistas de medios de comunicación.1. Juan Pablo Figueroa L, periodista. Ex director carrera de Periodismo UAH.
2. Patricia Alrringo, periodista. Ex presidenta Asociación Nacional de Mujeres Periodistas ANMPE. VP Regional Sudamérica AMMPE World.
3. Delia Vergara, periodista, Premio Nacional de Periodismo 2025.
4. Patricia Stambuk, periodista, Premio Nacional de Periodismo 2023.
5. Ascanio Cavallo, periodista, Premio Nacional de Periodismo 2021.
6. Mónica González M., periodista, Premio Nacional de Periodismo 2019.
7. Abraham Santibáñez, periodista, Premio Nacional de Periodismo 2015. Profesor emérito UDP.
8. María Olivia Mönckeberg, periodista , Premio Nacional de Periodismo 2009. Profesora titular U. de Chile.
9. Faride Zerán, periodista, Premio Nacional de Periodismo 2007. Profesora titular U. de Chile.
10.Andrea Vial, periodista, Premio Lenka Franulic 2015.
11.Paula Escobar Ch., periodista, Premio Raquel Correa 2024 y Premio Lenka
Franulic 2014. Académica y Directora Cátedra Mujeres y Medios U. Diego Portales.
12.Paulina De Allende-Salazar, periodista El Mostrador, Premio Lenka Franulic 2019.
13.Pilar Bernstein, Premio Lenka Franulic 2001.
14.Gloria Stanley, periodista. Premio Lenka Franulic 1984.
15.Claudia Álamo, periodista. Premio Raquel Correa 2022.
16.Cecilia García Huidobro, periodista. Premio Academia Chilena de la Lengua. Académica U. Diego Portales.
17.Matías Sánchez, periodista, periodista. Premio Periodismo de Excelencia UAH 2020.
18.Gabriela Pizarro, periodista, CIPER, Premio Periodismo de Excelencia UAH 2019.
19.Lyuba Yez, periodista. Presidenta del Consejo de ética de los Medios.
20.José Miguel Labrín Elgueta, periodista. Director de la Escuela de Periodismo Universidad de Chile.
21.José Miguel Infante, periodista. Director de Periodismo U. Central.
22.Sebastián Ansaldo, periodista. Director Departamento de Periodismo UAH.
23.Alberto Arellano, periodista. Director del CIP. UDP.
24.Ricardo Berdichesky. Director Ejecutivo Prisa Media Chile.
25.Pamela Castro, periodista. Directora The Clinic. VP ANP.
26.Max Valdés, periodista. Director medio digital Chócale.cl
27.Mario López, periodista y abogado. Director medio digital Estapasando.cl
28.Pedro Ramírez, periodista. Director Ciper.
29.Andrés Huerta, periodista. Editor general de prensa Radio ADN, y VP Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas (AIPEF).
30.Paula Afani, periodista.
31.Carolina Urrejola, periodista.
32.Mónica Pérez, periodista Canal 13.
33.Karin Ebensperger Ahrens, periodista.
34.Mauricio Weibel, periodista.
35.María Elena Hermosilla, periodista e investigadora en comunicación social.
36.Alejandra Matus, periodista. Académica UDP.
37.Alejandra Carmona López, periodista. Profesora de la Facultad de Comunicación e Imagen de la U. de Chile.
38.Dino Pancani, periodista. Profesor asistente Universidad de Chile.
39.César Baeza Hidalgo, periodista. Corresponsal en Chile de Reporteros Sin Fronteras. / Director IPLE.
40.Patricia Rivera, periodista. Académica del Departamento de Periodismo UAH.
42.Claudia Lagos Lira, Periodista. Profesora Universidad de Chile.
43.Esteban González, periodista.
44.Fresia Soltof, periodista.
45.Pascale Bonnefoy, periodista. Profesora Universidad de Chile.
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