La oscuridad que ya estaba acá.
por Casa Roja.
Durante esta semana se ha anunciado, de manera casi premonitoria, lo que se avecina para este año en relación con el difícil camino que enfrentarán las expresiones sociales y políticas de luchadores sociales, pobres y trabajadores.
El desalojo en Cerro Centinela en San Antonio, la absolución de Claudio Crespo y la detención de familiares de Julia Chuñil son una muestra clara de la manera en que el poder —justicia, partidos políticos, Estado e intereses económicos— abordará la protesta social y toda forma de oposición a su orden de explotación y dominio.
Sería un error asumir que estos hechos representan un giro radical respecto de una situación anterior. En realidad, expresan la consolidación de la bancarrota de toda una izquierda progresista que, mientras discursivamente defiende derechos y beneficios sociales, en la práctica articuló y afinó una maquinaria estatal de persecución e impunidad frente a la manifestación social. Asimismo, la derecha no se encuentra, en su triunfo, con un Estado desarmado; por el contrario, hereda un aparato afinado y fortalecido por la administración anterior en materia de criminalización, persecución y contrainsurgencia “soft”.
Toda nuestra solidaridad con las familias de Cerro Centinela de San Antonio. Toda nuestra rabia y condena frente a la impunidad en el caso de Gustavo Gatica. Y toda nuestra compañía y apoyo frente a la afrenta cometida contra la familia de Julia Chuñil y las organizaciones que acompañan la exigencia de justicia.
Como Casa Roja, reafirmamos nuestro compromiso con quienes luchan y se organizan. Hoy, más que nunca, nos disponemos como espacio a ser un lugar de encuentro, rearme, acompañamiento y cuidado frente a la oscuridad que se profundiza. No estamos solos ni solas. Aun cuando un gran enemigo pretende oscurecer el futuro, aquí estamos y aquí estaremos.
14 de Enero, 2026.
Fuente: https://www.facebook.com/profile.php?id=100065021191109&locale=es_LA
Declaración Observadores y Defensores de Derechos Humanos.
por ODDH Chile.
Como Observadores y Defensores de Derechos Humanos, manifestamos nuestra más profunda preocupación e indignación frente a la absolución de Claudio Crespo, pese a que quedó establecido que sí realizó los disparos que cegaron a Gustavo Gatica, hoy diputado electo de la República. A pesar de la gravedad de los hechos y de las consecuencias irreversibles provocadas a la víctima, el tribunal estimó que el actuar del exfuncionario policial se enmarcó en una supuesta legítima defensa, resolviendo su absolución.
En este caso se aplicó la denominada Ley Naín-Retamal, también conocida como ley de “Gatillo Fácil”, normativa que fortalece la figura de la legítima defensa privilegiada para las policías. Desde nuestra organización advertimos, desde su tramitación hasta su aprobación, que esta ley abría la puerta a la impunidad frente a graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado.
Esta preocupación ha sido compartida por la Organización de las Naciones Unidas, que a través de su Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha señalado que la Ley Naín-Retamal no se ajusta a los estándares internacionales. La ONU ha advertido que esta normativa facilita el uso excesivo de la fuerza policial, reduce la rendición de cuentas, promueve la impunidad y dificulta el acceso a la justicia para las víctimas, especialmente en el contexto de protestas sociales. Asimismo, lamentó su tramitación acelerada y recomendó modificaciones sustantivas.
Como Observadores, estuvimos presentes durante la Revuelta Social, desplegados en terreno, y somos testigos directos de la brutalidad policial, del uso indiscriminado de la fuerza, de la falta absoluta de protocolos adecuados y de la insuficiente preparación profesional de las fuerzas policiales para el control del orden público en contextos de manifestación social. Lo ocurrido con Gustavo Gatica no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón ampliamente documentado.
Resulta especialmente alarmante que, durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric (2022–2026), se hayan aprobado más de 70 leyes en materia de seguridad pública, el mayor número desde el retorno a la democracia, consolidando un enfoque que prioriza el fortalecimiento de las facultades policiales sin garantizar de manera efectiva los derechos humanos ni la rendición de cuentas.
Reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la justicia, la memoria y la no repetición, y denunciamos que fallos como este envían una señal gravísima de tolerancia institucional frente a la violencia estatal.
13 de Enero, 2025.
Fuente: https://www.facebook.com/oddhchile?locale=es_LA
La ley de la impunidad: el caso Gustavo Gatica y el punto de quiebre del Estado de derecho.
por Paul Walder / El Clarín Chile.
El fallo que absolvió al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo por el cegamiento de Gustavo Gatica no es un episodio judicial más. Es un hito político, jurídico y moral que desnuda una verdad incómoda: en Chile, la arquitectura legal vigente puede convertir una violación gravísima de derechos humanos en un acto “legítimo” del Estado. Y lo hace amparada por una ley aprobada en democracia y promulgada por un gobierno que se proclamó garante del “nunca más”.
Los hechos son conocidos y, aun así, estremecen. El propio tribunal dio por acreditado que el disparo que dejó ciego a Gustavo Gatica provino del arma de Crespo. No hubo duda sobre la autoría material. Sin embargo, la absolución se sostuvo en una interpretación jurídica que declaró la conducta como legítima defensa, bajo el paraguas de una norma que presume legal el uso de la fuerza policial ante una “agresión potencialmente letal”. Que esa agresión haya sido una piedra en la mano de un manifestante —frente a una escopeta antidisturbios— no pareció un obstáculo. La balanza se inclinó hacia el uniformado.
Aquí se abre el núcleo del problema: la legítima defensa privilegiada consagrada por la llamada Ley Naín-Retamal. Esta norma introduce una presunción a favor de agentes del Estado cuando usan la fuerza en contexto de orden público. En la práctica, invierte la carga de la prueba y eleva el umbral para sancionar abusos. Lo que antes exigía demostrar proporcionalidad y necesidad ahora se presume cumplido. El resultado es devastador: el daño queda probado, la responsabilidad se diluye.
Que esta ley haya sido aprobada durante el gobierno de Gabriel Boric —con indicaciones del Ejecutivo y promulgación en La Moneda— agrega una capa de gravedad política. Se argumentó entonces que era indispensable “dar respaldo” a Carabineros frente a una crisis de seguridad. Se prometió que los estándares de derechos humanos no serían vulnerados. Se aseguró que no habría cheques en blanco. Hoy, el caso Gatica demuestra que esas garantías eran, como mínimo, insuficientes.
Las reacciones políticas tras el fallo reflejan la magnitud del quiebre. Desde el Frente Amplio, el socialismo y el mundo de los derechos humanos se habló de una “vergüenza nacional”. No es retórica. Cuando una sentencia declara probado el disparo y, aun así, absuelve por una presunción legal, el sistema entra en contradicción consigo mismo. La justicia deja de reparar y pasa a administrar el daño.
Desde una perspectiva democrática, el problema no es la independencia de los tribunales —que debe resguardarse— sino el marco legal que condiciona sus decisiones. Cuando ese marco es defectuoso, la independencia produce injusticia. Y cuando esa injusticia se repite, erosiona la confianza pública y debilita el Estado de derecho.
El caso Gatica interpela, además, al progresismo chileno. Obliga a una autocrítica que no puede postergarse. No basta con lamentar el fallo o expresar solidaridad. Es necesario revisar y corregir una legislación que hoy opera como escudo para abusos. Derogar o reformar de manera sustantiva la legítima defensa privilegiada no es un gesto simbólico: es una exigencia democrática.
Porque, al final, la pregunta es simple y brutal: ¿qué vale más para el Estado chileno, el derecho a protestar sin ser mutilado o la tranquilidad jurídica de quien dispara? Mientras la respuesta esté escrita en leyes que consagran presunciones de impunidad, la herida del estallido seguirá abierta. Y la promesa de “nunca más” quedará reducida a una consigna vacía.
El fallo de Gustavo Gatica no cierra una etapa; la inaugura. Marca el momento en que Chile debe decidir si tolera que la violencia estatal quede sin sanción o si está dispuesto a corregir el rumbo. Lo contrario —mirar hacia otro lado— no es neutralidad: es complicidad.
Fuente: https://www.elclarin.cl/2026/01/14/la-ley-de-la-impunidad-el-caso-gustavo-gatica-y-el-punto-de-quiebre-del-estado-de-derecho/
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