La condena a Pelentaro Llaitul reabre una pregunta más profunda: ¿puede haber justicia en un conflicto marcado por el racismo estructural?
La declaración de culpabilidad de Pelentaro Llaitul, hijo menor del vocero y líder histórico de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, junto a otros cuatro comuneros mapuche por dos atentados ocurridos en Lautaro en 2022, volverá a instalar el foco en las condenas que podrían imponerse el próximo 13 de julio. La Fiscalía ha solicitado penas que, sumadas, llegan a cerca de 70 años de prisión.
La noticia, sin embargo, trasciende el caso judicial. Vuelve a poner sobre la mesa una discusión que Chile ha evitado enfrentar durante décadas: la relación entre el sistema de justicia y un conflicto político e histórico que involucra al pueblo mapuche.
El Tribunal Oral de Temuco declaró culpables a los cinco acusados por delitos de incendio, secuestro y hurto, aunque los absolvió de los cargos por porte ilegal de armas y disparos injustificados al estimar que la prueba no alcanzaba el estándar exigido para acreditar esos ilícitos. Es decir, el propio fallo distinguió entre hechos que consideró probados y otros respecto de los cuales concluyó que subsistían dudas razonables.
La defensa sostiene exactamente lo contrario. Ernesto Llaitul, hermano de Pelentaro, calificó el proceso como una persecución política y denunció nuevamente el uso de testigos protegidos, una herramienta que desde hace años genera fuertes cuestionamientos en causas vinculadas al conflicto mapuche.
No es una discusión nueva.
Un conflicto político tratado principalmente como problema policial
Durante décadas el Estado chileno ha respondido al conflicto territorial en Wallmapu privilegiando instrumentos policiales y penales por sobre soluciones políticas.
Gobiernos de distintos signos recurrieron a la militarización, al estado de excepción, a leyes especiales y, durante años, a la aplicación de la Ley Antiterrorista, incluso en causas donde posteriormente los tribunales nacionales e internacionales cuestionaron la calidad de las pruebas o el debido proceso.
La consecuencia ha sido que buena parte del conflicto terminó trasladándose a los tribunales, mientras las causas históricas —la restitución territorial, el reconocimiento político del pueblo mapuche y el incumplimiento de compromisos estatales— permanecieron prácticamente intactas.
Cada nuevo juicio aparece entonces cargado de un peso político que excede largamente la responsabilidad penal individual de los acusados.
El problema del racismo estructural
Hablar de racismo estructural no significa afirmar que toda condena contra un comunero mapuche sea injusta ni que todos los jueces actúen movidos por prejuicios.
Significa reconocer algo más profundo: que las instituciones del Estado chileno fueron construidas históricamente sobre una relación profundamente desigual con los pueblos indígenas.
La denominada «Pacificación de La Araucanía» implicó la ocupación militar del territorio mapuche, la reducción forzada de sus comunidades y la transferencia masiva de tierras al Estado y a particulares. Ese proceso constituye el origen histórico del conflicto contemporáneo.
Desde entonces, el pueblo mapuche ha enfrentado una combinación de despojo territorial, pobreza, discriminación y criminalización que distintas comisiones estatales —entre ellas la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato— reconocieron hace ya más de dos décadas.
Ese trasfondo no desaparece cuando comienza un juicio.
Una justicia bajo permanente cuestionamiento
En diversas causas relacionadas con el conflicto mapuche se han producido absoluciones tras extensos períodos de prisión preventiva, anulaciones de juicios, condenas internacionales contra Chile por discriminación y fuertes críticas al uso de testigos protegidos.
La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado chileno en el caso Norín Catrimán y otros por la aplicación discriminatoria de la legislación antiterrorista contra dirigentes mapuche.
Ese fallo no resolvió todos los debates jurídicos posteriores, pero sí dejó establecido que el Estado chileno vulneró derechos fundamentales en causas vinculadas al conflicto territorial.
Por eso, cuando familiares de los acusados denuncian racismo institucional o persecución política, sus afirmaciones no surgen en un vacío histórico. Forman parte de una discusión que ha acompañado durante décadas la política chilena.
Ello no equivale a validar automáticamente cada denuncia. Tampoco significa desconocer los derechos de las víctimas de ataques incendiarios o de otros delitos. Significa asumir que la confianza en la justicia depende también de que los procesos sean percibidos como plenamente imparciales y respetuosos del debido proceso.
Un conflicto que ningún gobierno ha resuelto
La condena contra Pelentaro Llaitul tampoco modifica el dato esencial: después de más de un siglo de políticas estatales, el conflicto entre el Estado chileno y sectores del pueblo mapuche sigue abierto.
Los distintos gobiernos han alternado diálogo, compra de tierras, militarización y persecución penal sin conseguir una solución estable.
Mientras tanto, nuevas generaciones mapuche crecen observando cómo las demandas territoriales continúan sin resolverse y cómo el conflicto se expresa cada vez más en los tribunales y en la acción policial.
La sentencia que se conocerá en julio probablemente cerrará una causa judicial.
Difícilmente cerrará el conflicto político e histórico que la rodea.
Porque mientras el Estado continúe respondiendo principalmente con el Código Penal a una demanda cuyos orígenes son coloniales, territoriales y políticos, cada nuevo juicio seguirá siendo leído por amplios sectores del pueblo mapuche no solo como la persecución de determinadas personas, sino como un capítulo más de una larga historia de desigualdad, exclusión y racismo institucional que Chile todavía no consigue superar.
Fuente: https://www.elclarin.cl/2026/06/26/la-condena-a-pelentaro-llaitul-reabre-una-pregunta-mas-profunda-puede-haber-justicia-en-un-conflicto-marcado-por-el-racismo-estructural/
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Denuncian serias irregularidades en juicio contra hijo de Héctor Llaitul
Y justamente eso se encontraba haciendo Pelantaro Llaitul, según explicó su hermano Ernesto, cuando fue perseguido y detenido entre Lautaro y Galvarino. Al momento de su detención, los jóvenes se encontraban lejos del lugar de los hechos y participando de una reunión por una reivindicación territorial.
«Ellos fueron detenidos muy lejos del lugar de los hechos y cerca de donde hay comunidades en reclamación de tierra y más particularmente cerca del domicilio de algunos de ellos. Por ejemplo, el domicilio de Luis Menares y el domicilio de la pareja de mi hermano, él fue detenido en la cercanía de su domicilio. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo, que ellos no tienen participación en los hechos que se imputan … no tienen participación en el hecho«, explicó Ernesto Llaitul.
Pero el joven no se queda atrás y sólo defendiendo a su hermano, ya que es certero en señalar que la fiscalía responde a los intereses que tiene la ultra derecha en La Araucanía, en relación al conflicto histórico que lleva el «pueblo nación Mapuche» con el estado de Chile.
«Va hacia ellos la persecución política, una persecución sesgada y racista. Eso es lo que nosotros denunciamos«, manifestó también en una entrevista realizada antes de conocerse el veredicto de los jueces, que ayer dictaminaron que los 5 jóvenes de la CAM son culpables.
Irregularidades
Y Ernesto Llaitul cuenta algunas de las irregularidades que denuncian se cometieron en el juicio oral. Por ejemplo, que ninguna de las presuntas víctimas —todas sin rostro— declaró en el juicio. «Ni siquiera se leyó su declaración, solo efectivos policiales dan la interpretación de aquello«, denuncia el hermano de Pelentaro Llaitul.
«Tal cual con la supuesta víctima del delito de secuestro, quien tampoco declara en juicio, ni se leen sus declaraciones. Entonces aparte de ser testigos secretos, ni siquiera declaran ante el tribunal«, agrega Ernesto Llaitul.
Por otro lado, el joven explica también que la flagrancia no es tal y que el operativo tras el cual se detiene a su hermano, se habría montado antes de la supuesta denuncia telefónica que hace la presunta víctima.
«Del primer momento existe una falsedad en cuanto a la supuesta flagrancia. El operativo se lleva a cabo, según fiscalía, a partir de un llamado telefónico del testigo secreto. Sin embargo y en el transcurso del juicio
queda demostrado que el operativo se había montado con anterioridad al supuesto llamado«, explica Llaitul.
Armas
Otra de las irregularidades que denuncia el hermano de Pelantaro, es que las armas que le atribuyen a su hermano y a sus acompañantes, nunca estuvieron en su poder y que supuestamente habrían encontrado una a 200 metros de donde lo detuvieron. «200 metros las más cercanas, en un lugar de 6 hectáreas«, manifiesta Ernesto Llaitul, en insiste en que de cuatro supuestos testigos, sólo dos declararon y ocultando sus rostros e identidad.
«Son solo dos testigos los que declararon, de cuatro en total, todos trabajadores forestales … estos testigos secretos, que como digo, ni siquiera declararon«, puntualiza Llaitul.
El uso de los llamados «testigos sin rostro» ha sido duramente criticado por los defensores de los Derechos Humanos y por tribunales internacionales, que por lo general absuelven a quienes son condenados utilizando este tipo de prueba, que no permite una correcta examinación de los testigos, su interés en declarar y si existirían causales de «tacha», como haber sido pagados para declarar o trabajar remuneradamente para los denunciantes o querellantes.
Cabe recordad que el propio Héctor Llaitul fue condenado en 2024 usando testigos sin rostro, quienes se reveló que eran representados en forma particular, por abogados de una de las empresas forestales querellante.
26/06/2026.
Fuente: https://araucaniadiario.cl/contenido/34164/denuncian-serias-irregularidades-en-juicio-contra-hijo-de-hector-llaitul
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Con testigos «sin rostro» declaran culpable al hijo menor de Héctor Llaitul.
La fiscalía regional de La Araucanía pide casi 70 años de cárcel para Pelentaro Llaitul y otros 4 integrantes de la CAM, desde donde acusan un montaje.
Pelentaro Llaitul Pezoa, hijo menor de Héctor Llaitul; Luis Menares Chañilao, Luis Fuenzalida Eneros, Jorge Caniupil Coña y Juan Mardones Sáez, integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), fueron declarados culpables por Tribunal Oral en lo Penal de Temuco de los delitos que los acusa el Ministerio Público, por dos atentados ocurridos en Lautaro en noviembre de 2022.
Según informó la fiscalía regional de La Araucanía, en el juicio se pudo establecer la participación de los imputados en dos ataques incendiarios registrados en predios forestales de Lautaro.
«Veredicto condenatorio por incendio reiterado, secuestro y hurto, para los cinco acusados por dos atentados registrados en Lautaro y Temuco en 2022. Entre ellos, uno de los hijos del líder de la CAM«, informó la fiscalía a través de sus redes sociales.
Pelentaro Llaitul, Luis Menares, Juan Mardones, Luis Fuenzalida y Jorge Caniupil fueron declarados culpables en calidad de autores, de los delitos consumados de incendio reiterado, hurto de camioneta en concurso con un delito de secuestro simple y un segundo delito de hurto.
Además, al hijo de Héctor Llaitul y a Juan Mardones también se les adjudicó participación en el delito de porte ilegal de municiones.
Absolución
Por otro lado y según el tribunal, al no lograr el estándar probatorio exigido por la ley, los cinco comuneros fueron absueltos de porte ilegal de arma de fuego convencional, porte ilegal de arma prohibida y disparos injustificados.
La audiencia de lectura de sentencia quedó fijada para el lunes 13 de julio, donde se conocerán las penas a las cuales serán condenados los integrantes de la CAM y donde la fiscalía regional de La Araucanía pide casi 70 años de cárcel.
Montaje
Para Ernesto Llaitul, hermano de Pelentaro Llaitul, hijo el vocero histórico de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), reúne los mismos elementos que se han visto en casos anteriores y que permiten articular un todo para la fiscalía regional de La Araucanía, empeñada en anular todo atisbo de acción, manifestación o vocería de esta organización.
Y los que no pueden faltar son, por supuesto, los llamados «testigos sin rostro», según denunció Ernesto Llaitul, quien conversó días atrás con algunos medios de comunicación, a las afueras del tribunal oral en lo penal de Temuco, acusando a su paso una persecución política, por ser reconocidos militantes de la «Causa Mapuche».
«… Los testigos protegidos, que ya han habido múltiples condenas al Estado de Chile, por hacer ocupación de leyes como la ley antiterrorista, ley de seguridad interior del Estado en causa de conflicto Mapuche. El Estado de Chile ha sido condenado múltiples veces por llevar a cabo los procesos de esta manera«, dijo Ernesto Llaitul.
El Estado de Chile ha sido condenado múltiples veces por llevar a cabo los procesos de esta manera
«Nosotros advertimos que tampoco confiamos en el Estado de Derecho que dicen representar, pero que nosotros vamos a acudir a todas las instancias que tengamos que llegar para llevar adelante un un juicio justo«, agregó el hijo de Héctor Llaitul.
Los hechos
De acuerdo a lo explicado por el hermano de Pelentaro Llaitul, al momento de su detención, los jóvenes se encontraban lejos del lugar de los hechos y participando de una reunión por una reivindicación territorial.
«Ellos fueron detenidos muy lejos del lugar de los hechos y cerca de donde hay comunidades en reclamación de tierra y más particularmente cerca del domicilio de algunos de ellos. Por ejemplo, el domicilio de Luis Menares y el domicilio de la pareja de mi hermano, él fue detenido en la cercanía de su domicilio. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo, que ellos no tienen participación en los hechos que se imputan … no tienen participación en el hecho«, puntualizó Ernesto Llaitul.
Pero el joven no se queda atrás y sólo defendiendo a su hermano, ya que es certero en señalar que la fiscalía responde a los intereses que tiene la ultra derecha en La Araucanía, en relación al conflicto histórico que lleva el «pueblo nación Mapuche» con el estado de Chile.
«Va hacia ellos la persecución política, una persecución sesgada y racista. Eso es lo que nosotros denunciamos«, manifestó.
70 años de cárcel
En relación a las penas que pide la fiscalía, que coinciden con otras causas en el llamado «Conflicto Mapuche», hoy se solicitan más de 70 años de cárcel para los imputados. De igual manera, en el caso del lonco Juan Pichún, se le pidió cadena perpetua para así obligar a ir a un juicio abreviado.
«Aberrante, pues ningún ningún comunero mapuche debería estar preso, primero que nada, no debería estar preso por reclamar por las causas históricas de nuestro pueblo y obviamente que nos parece aberrante la altas condenas que solicita la fiscalía, pero entendemos que ellos son el brazo o el sostén también de la persecución y de la lógica del Estado en contra de nuestro pueblo«, dijo Llaitul.
un sesgo racista que nos identifica a nosotros como militantes del movimiento mapuche y por ende culpables
«Esperamos que ellos sean absolutos al final del juicio, entendemos que este va a ser un proceso difícil, un proceso largo y estamos preparados también para ello«, puntualizó además.
Ernesto Llaitul, quien fue absuelto en otra causa en la región del Bíobío, tras pasar meses en prisión preventiva, también acusó un sesgo racista. «Nosotros también fuimos absueltos debido a la misma situación, porque no hay, no existe la prueba, porque no hay prueba aquí para llegar a hacer una imputación. Existe una persecución política, un sesgo racista que nos identifica a nosotros como militantes del movimiento mapuche y por ende culpables«, señaló.
Racismo
«En un Estado de Derecho lo que se necesita o lo que se requiere para llegar a una condena, es la prueba material y eso es lo que no existe. No existe. ¿Qué es lo que existe? Existe un apellido, existe una organización, existe un estigma y existe racismo y por eso nosotros somos declarados culpables antes de llegar a los tribunales«, explicó Ernesto.
nosotros somos declarados culpables antes de llegar a los tribunales
Por otro lado, el hijo de Héctor Llaitul, quien se encuentra cumpliendo una pena por delitos de conciencia o de pensamiento, tras ser acusado y condenado por hacer una «apología a la violencia» —también en base a testigos sin rostro—, quienes en este caso, eran representados por los mismos abogados de las empresas forestales querellantes, dijo que la lucha sigue.
«El movimiento Mapuche y la lucha de nuestro pueblo es una lucha histórica que no que no se detiene por leyes de leyes de un estado u otro o de un gobierno u otro, la es una lucha que permanece y va a continuar y nosotros vamos a continuar resistiendo«, manifestó.
«Nuestra lucha es de resistencia, de resistir a un estado colonial y a un estado opresor que no nos quiere y mucho menos este gobierno de tintes fascistas, racistas y nosotros tenemos que seguir resistiendo en lo que nos queda dentro de las comunidades y en la disposición también de nuestra gente», finalizó Ernesto Laitul.
25/06/2026
Fuente: https://araucaniadiario.cl/contenido/34152/tribunal-declara-culpable-al-hijo-menor-de-hector-llaitul
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