Nuevas formas de guerra y de control de la población

por Tica Font (*) / Fuente: Boletín ECOS Nº 29, ICIP.

Las siguientes reflexiones giran en torno a los cambios más perceptibles que se están produciendo en el ámbito de la seguridad y la defensa, y los retos de carácter jurídico y ético que conllevan (1). Estos cambios hay que contextualizarlos en el marco del proceso de globalización, en el marco neoliberal imperante y en el marco de post Guerra Fría. Tampoco hay que olvidar el contexto de crisis económica, las consiguientes políticas de ajustes presupuestarios y los recortes en los presupuestos de defensa.

La industria de defensa, en conjunción y simbiosis con los Ministerios de Defensa, buscan soluciones a los cambios acontecidos en los últimos 25 años. Las propuestas elaboradas apuntan, por una parte, a privatizar servicios militares, es decir, que algunas tareas propias de los militares sean llevadas a cabo por empresas, en general compañías participadas por firmas productoras de armas, y militares en la reserva que pasan a dirigirlas. La siguiente estrategia se centrará en iniciar una nueva revolución tecnológica aplicada a las armas: diseñar una nueva generación de armas robóticas que disminuyan el número de efectivos militares necesarios y los riesgos para la vida de los militares de manera que complementen sus tareas y suplan la disminución de efectivos militares.

En este nuevo contexto mundial de post Guerra Fría se han redefinido los riesgos, amenazas y enemigos que hay que combatir y las estrategias a seguir. La seguridad interior-exterior ha pasado a ser un elemento esencial en el nuevo contexto. Hoy en día la seguridad constituye una prioridad política y un gran estímulo al desarrollo de tecnologías que permitan vigilar a cualquier ciudadano, sea o no del país que está vigilando o espiando, y para generar nuevas armas, los llamados robots autónomos letales, que podrán seleccionar y atacar objetivos sin la intervención humana; esto equivale a la guerra llevada a cabo por las máquinas.

Homeland Security o Estado de vigilancia.

En la segunda mitad de la década de los noventa el lobby militar industrial, junto con los centros de creación de opinión −los think-thank−, empezaron a generar nuevos escenarios de conflictos, con sus consiguientes riesgos y amenazas. Junto con estas corrientes de búsqueda de polos de conflictividad mundial en el año 2001 se producirían los atentados del 11-S y el lanzamiento por parte del Gobierno estadounidense de la llamada guerra global contra el terrorismo.

Los acontecimientos que siguieron al 11-S impulsaron este nuevo enfoque de la seguridad. Estados Unidos reformuló el ámbito de la seguridad bajo el síndrome del terrorismo acuñando el concepto de homeland security (2002), una estrategia donde se combinaban aspectos policiales, militares y de seguridad en todos los ámbitos de la vida nacional, tanto del espacio público como del ámbito privado. Se crearon diversas agencias dedicadas a ejercer una estrecha vigilancia en aeropuertos, transportes, comunicaciones, transacciones financieras e internet, entre otros, mediante agencias estatales de seguridad, activos militares, empresas privadas de seguridad e industrias fabricantes de armas.

En paralelo a EEUU, los países de la Unión Europa (UE) y la OTAN abrieron la reflexión a la creación de un nuevo concepto estratégico y los gobiernos empezaron a definir sus estrategias de defensa y seguridad en el nuevo contexto internacional.

Por su parte, la UE presentó en el 2003 la Estrategia Europea de Seguridad (EES) (2) Cinco años más tarde la UE revisó la EES (3) y reafirmó las amenazas a la seguridad europea según se describe a continuación. La proliferación de armas de destrucción masiva, tanto en manos de terroristas como en manos de ciertos Estados, se definen como un peligro para la seguridad mundial, por ello los esfuerzos se centran en evitar que nuevos Estados tengan la capacidad de fabricar armas atómicas. El terrorismo, del que se señala que la UE ha actuado con decisión para proteger a la sociedad; ven necesario redoblar los esfuerzos contra la radicalización de ciertas ideologías extremistas ligadas al islamismo que fomentan la violencia. La delincuencia organizada: se afirma que se han de profundizar las asociaciones de seguridad interior entre los países europeos mediante una política de mayor coordinación e integración de los cuerpos policiales y judiciales, poniendo especial celo en los movimientos de personas. La ciberseguridad, que se considera un punto débil de las economías modernas, ya que dependen en gran medida de infraestructuras vitales, como transportes, comunicaciones y suministro de energía; se estima que es un ámbito que se debe reforzar para evitar ciberataques. La seguridad energética: existe una gran preocupación por la dependencia energética, sobre todo de la energía fósil, y por la inestabilidad de los países proveedores. En este sentido, se hace una apuesta por la diversificación de los combustibles, de las fuentes de suministro y de las rutas de tránsito; también por el buen gobierno y el respeto al Estado de derecho en los países de origen. El cambio climático: se percibe como un multiplicador de amenazas por catástrofes naturales, degradación del medio ambiente y competencia por recursos naturales, factores que pueden exacerbar la situación de pobreza dando lugar a crisis humanitarias, políticas y de seguridad y, aún peor, en conflictos que afectarían a las rutas comerciales de materias primas y generarían flujos migratorios en dirección a Europa.

Para llevar a cabo esta estrategia, la UE se ha dotado de un entramado de agencias y numerosos instrumentos destinados a incrementar la seguridad europea, como bien revelan todos los informes y los documentos elaborados por la Comisión; todo ello persigue la defensa del “propio territorio” europeo y la lucha frente a las “amenazas contra el estilo de vida occidental”. Se trata de ideas ultraconservadoras que nos abocan a una peligrosa “sociedad de la vigilancia”, dotada de unos sistemas de vigilancia supraestatales que lo ven todo y lo controlan todo, como la cámara del Gran Hermano.

Hoy en día hasta los detalles más insignificantes de nuestras vidas están siendo registrados, almacenados y estudiados con fines comerciales o de seguridad, evidentemente con nuestra cooperación consciente o inconsciente. Los escáneres humanos de aeropuertos, la toma de medidas biométricas, pasaportes de identificación por radiofrecuencias, las cámaras de video de aeropuertos, centros comerciales, calles y peajes de autopistas, la geolocalización de los teléfonos móviles, las conexiones a páginas web, nuestros comentarios en Facebook o Twitter, la lectura de periódicos on-line, etc. almacenan datos de posición, tiempo, preferencias, preocupaciones, hábitos y actividad que realizamos diariamente. Todo ello permite abordar estrategias de marketing personalizadas, perfiles de comportamientos ciudadanos y categorizaciones.

En junio del 2013 Edward Snowden filtró documentos secretos procedentes de la National Security Agency (NSA) estadounidense. Gracias a ello supimos que EEUU, pero también países europeos, China y Rusia, interceptan sin pudor millones de llamadas telefónicas de ciudadanos de todo el mundo. Gracias a él también sabemos que durante algunos años empresas de comunicación y proveedores de internet han colaborado con los gobiernos para ceder, robar y analizar millones de datos sin ningún control político o judicial. Un año después del escándalo el debate se ha reducido a la privacidad de la línea y a la comercialización de la información.

Todo este entramado se está construyendo sin ningún control ni regulación democrática. Estos sistemas vulneran el principio de privacidad, el derecho a la intimidad y el derecho al honor, principios fundamentales de la democracia. Existe un grave peligro añadido: esta vigilancia, en muchos casos, se está llevando a cabo desde empresas privadas.

Empresas Militares y de Seguridad Privadas (EMSP)

Desde finales de los años noventa se plantea la cuestión de cómo mantener la superioridad militar en un escenario de nuevas operaciones militares y con presupuestos más bajos. La solución se busca en dos frentes. Por una parte, se centra en el aumento de instrumentos y armas de alta tecnología, con el uso de tecnologías más sofisticadas y mayor capacidad de procesamiento de datos o de armas de mayor precisión. Por otra, los esfuerzos se centran en la organización militar: cómo disminuir el número de efectivos, aligerar la estructura, privatizar algunas funciones militares e incorporar funciones policiales.

En este contexto, los gobiernos se replantearon estrategias de organización y logística militar junto con la definición de proyectos de armas que se adaptasen a los nuevos conflictos emergentes. Esta situación ha provocado, y está provocando, una presión hacia los gobiernos por parte del complejo militar industrial para que externalicen actividades militares hacia el sector militar privado.

Los gobiernos más influenciados por la corriente neoliberal privatizadora, con EEUU y el Reino Unido a la cabeza, han iniciado esta apuesta privatizadora y propician la aparición de un nuevo sector económico al que le han traspasado algunas tareas y funciones propias de los ejércitos. Ya a lo largo de la década de los noventa aparecieron empresas, muchas de ellas ligadas a la industria productora de armamento, que ofrecerían servicios de mantenimiento, suministro, modernización de equipos y armas, apoyo logístico, formación y entrenamiento militar y policial, así como construcción de bases militares y su mantenimiento en cualquier parte del mundo. Estas empresas ofrecen también servicios de inteligencia, contrainteligencia y operaciones especiales; asesoramiento estratégico y técnico a gobiernos y militares; servicios de traducción; protección de personas, instalaciones o infraestructuras; ayuda humanitaria; respuesta rápida ante desastres; apoyo en operaciones de paz; destrucción de armas; gestión de conflictos, negociaciones de paz, transiciones políticas, etc.
Estas empresas cuentan con personal especializado, generalmente ex militares, y están dotadas armamento pesado. En definitiva, se trata de empresas con capacidad suficiente para actuar en el “campo de batalla” o en situaciones posbélicas; podemos decir que son ejércitos privados preparados para actuar en donde se les requiera.

Una de las consecuencias de privatizar el uso legítimo de la fuerza o de la violencia ha sido la aparición de numerosas denuncias de violaciones de los derechos humanos perpetradas por dichas empresas contra la población civil en aquellos lugares en los que han sido contratados para llevar a cabo trabajos desconocidos, secretos y no públicos. Veamos algunos casos.

Bosnia, 1999. Un trabajador de DynCorp denuncia y declara ante la Corte de Texas que compañeros y superiores suyos compraron y traficaron con niñas para ser utilizadas como esclavas sexuales. Las mujeres eran compradas, junto con la compra de su pasaporte, para su disfrute personal y cuando se cansaban las revendían por 600 u 800 dólares, o la alquilaban por horas o por noches a un club nocturno. Explicó que estas niñas no eran de Bosnia, sino que procedían de Rusia, Rumania u otros lugares; las adquirían a la mafia Serbia. También declaró que sus compañeros traficaban con armas ilegales y pasaportes. Ante estas revelaciones, DynCorp además de despedir al trabajador por desvelar los hechos, abrió una investigación interna que condujo al despido de dos trabajadores y su devolución a EEUU (4). Ni la empresa ni los trabajadores han sido procesados ni encausados por estos hechos. Expertos en derechos humanos están reclamando que las empresas se hagan responsables legales de los actos de sus empleados y que los gobiernos que han contratado a dichas empresas manden un mensaje claro: la violación y vulneración de los derechos humanos es un delito en cualquier jurisdicción y que despedir a un trabajador por esclavitud sexual no es suficiente castigo.

Abu Ghraib, Irak 2003. Un militar norteamericano difunde imágenes de malos tratos, torturas y vejaciones en dicha prisión. Tres de los prisiones interponen demanda contra las empresas Titan y CACI, que en principio estaban contratadas para facilitar traductores, aunque todo parece indicar que 31 empleados de las mismas tomaron parte en las torturas. El abogado de CACI afirmó que estas denuncias eran falsas y que la empresa sirvió a su país de forma honorable mientras trabajó en Irak. El resultado del proceso judicial fue que tres militares fueron acusados, juzgados y sentenciados por cometer abusos durante los interrogatorios. Ahora bien, ningún trabajador de estas empresas ha sido juzgado por los mismos hechos (5).

Croacia 1994. El Gobierno croata pidió al gobierno norteamericano ayuda para formar sus incipientes fuerzas armadas, pero como Croacia estaba embargada por Naciones Unidas, el trabajo de formación de nuevos militares se trasladó a la empresa MPRI. Durante algunos meses el ejército croata recibió formación y entrenamiento por parte del personal de la empresa. Un tiempo después, el 4 de agosto de 1995, el ejército croata llevó a cabo una ofensiva militar, llamada “operación tormenta”, con el objetivo de recuperar la Krajina, una extensa zona ocupada por serbocroatas. La operación duró cinco días. En ella se cometieron ejecuciones sumarias, asesinatos indiscriminados, desapariciones forzadas, incendios y saqueos de aldeas, y la deportación de 250.000 serbocroatas. Los mandos militares croatas que dirigieron la operación han sido procesados por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y condenados por crímenes contra la humanidad. Portavoces de la empresa MPRI han negado reiteradamente su participación directa en los hechos y han sostenido que su trabajo consistió únicamente en preparar técnicamente al ejército croata. Todo ello merece una reflexión sobre la diferencia de responsabilidad que hay entre formar y entrenar para disparar y apretar el gatillo.

Privatizar servicios públicos siempre conlleva polémica y controversia, pero en este caso estamos hablando de la contratación de empresas privadas para actuar directamente en el campo de batalla, ejerciendo o pudiendo ejercer el uso de la fuerza, incluso con violencia, lo que les concede un papel muy directo en el devenir de los combates y del conflicto armado. La contratación y el despliegue de EMSP tiene un profundo impacto en cómo se ejerce el monopolio del uso de la fuerza y su control. Tengamos presente que estas empresas no rinden cuentas al Parlamento o a la ciudadanía, solo ante su accionariado. Por tanto, se agranda la distancia entre la toma de decisiones, su implementación y la rendición de cuentas.

Además, diversos estudios han recogido singularidades contractuales. Los contratos que se han llevado a cabo con el Departamento de Estado o el Departamento de Defensa de EEUU son secretos, pero por comentarios aparecidos en la prensa de directivos de las EMSP y del propio Congreso estadounidense, se sabe que dichos contratos de servicios contienen artículos que conceden inmunidad e impunidad a la empresa y a sus trabajadores frente a enjuiciamientos en tribunales locales o estadounidenses, ya sean civiles o militares.

Privatizar el uso legítimo de la fuerza contribuye directamente al debilitamiento del Estado. Uno de los pilares fundamentales de la construcción del Estado moderno y un elemento definitorio del Estado de derecho. Justamente, fue el sometimiento del poder de coerción, militar y policial, que tiene el poder ejecutivo a los poderes legislativo y judicial uno de los principales rasgos del Estado moderno. Desde esta perspectiva, privatizar o delegar el poder de coerción a entes privados supone un atentado y el desmoronamiento de los fundamentos del Estado moderno, del Estado de derecho y del respeto a los derechos humanos.

Generación de nuevas armas altamente tecnológicas. Robótica

La Administración de Barack Obama suavizó el impulso unilateralista inicial de la etapa de George Bush Jr. eliminando las “guerras preventivas” que llevaron a EEUU a invadir Afganistán e Irak. Sin embargo, sigue manteniendo una “guerra quirúrgica” o una “microguerra” (6). Se trata de una guerra no convencional que no se circunscribe a un territorio o Estado concreto, sino que se libra dentro de una lucha política y militar multifacética contra el terrorismo de Al Qaeda y sus partidarios en cualquier lugar del mundo. Es una guerra secreta, invisible, de baja intensidad llevada a cabo con una nueva generación de armas muy sofisticadas, como son los drones. Se trata de aviones no tripulados, teledirigidos, armados con misiles y que están siendo utilizados para perpetrar ataques periódicos en, al menos, Afganistán, Pakistán, Yemen y Somalia.

Los aviones no tripulados (drones) o sistemas no tripulados (UAV en inglés) son aparatos equipados con sofisticados sensores, pueden ser invisibles a los radares, son capaces de ver de día y de noche, con lluvia, sol o nubes, y no se cansan ni se aburren trabajando. Estos aviones van equipados con cámaras de alta tecnología y pueden visualizar mapas de extensas regiones en 3D en tiempo real, procesar grandes cantidades de información visual, electrónica o interceptar conversaciones de teléfono móvil con o sin la ayuda de los proveedores de red. Toda esta información la transmiten vía satélite para ser procesada en grandes ordenadores (Big Data). La rapidez en procesar toda la información disponible es un aspecto esencial, ya que de ello depende la decisión de apretar o no el botón de disparar del operador de turno.

El modelo Predator está dirigido desde tierra y el soldado que lo opera está sentado a miles de kilómetros detrás de una pantalla similar a las de las PlayStation. Estos modelos no son rápidos ni ágiles, pero su poder está en la habilidad de ver y procesar información. Modelos posteriores, como el Reaper (7) (fabricado por General Atomics), es más inteligente, más autónomo y tienen más alcance que sus antecesores: pueden despegar, aterrizar y sobrevolar por sí mismo hacia un destino especificado –es decir, ya disponen de un buen grado de autonomía−, además de ir equipados con misiles. El soldado programa un destino o un área a patrullar y el avión ejecuta la programación mientras el militar puede concentrarse en otros aspectos de la misión. El Reaper está capacitado tanto para la vigilancia como para el ataque; está concebido para operaciones de gran altitud y larga duración: puede volar durante 27 horas seguidas a una velocidad de 450 km/h y una altitud de 15 km transportando hasta seis misiles. La empresa Northrop Grumman ha diseñado un drone silencioso de combate, el X-47B (8) para la marina de EEUU. Ese avión ya ha realizado su primer vuelo con éxito desde un portaaviones y ha sido capaz de despegar, llevar a cabo su misión, aterrizar y reabastecerse en vuelo de manera autónoma. Lockheed Martin ha anunciado que está trabajando en un prototipo de UAV el SR-72 hipersónico que podrá alcanzar velocidades de 6 Mach −seis veces la velocidad del sonido−, de manera que ningún adversario reaccionará lo suficientemente rápido como para interceptarlo y podrá penetrar en cualquier espacio aéreo portando misiles hipersónicos (9). En términos militares, el peor escenario es que un drone sea derribado, que caiga en manos del enemigo o que sea interferido.

Por todo ello, este tipo de armas será relevante en escenarios de intervenciones internacionales de países occidentales con misiones de apoyo a gobiernos o milicias locales, contribuyendo al éxito de la misión con un coste político ínfimo. Conviene recordar que, dado que no hay bajas, se produce un apagón informativo en nuestros países, por lo que se eliminan posibles encuestas de opinión negativas a la intervención militar y hacen que la guerra sea aceptable socialmente.

Los drones son el primer eslabón de una nueva generación de armas: los robots autónomos letales. Aunque todavía no muy desarrollados, los nuevos prototipos disponen cada vez de mayor grado de autonomía y llevan a cabo muchas de sus tareas de manera independiente, si bien aún precisan de intervención humana para supervisión y para tomar la decisión de disparar. Sin embargo, la nueva generación de armas, los llamados robots autónomos letales, una vez activados podrán seleccionar y atacar el objetivo precisado sin la intervención humana y estarán programados para tomar sus propias decisiones.

Esta nueva generación de armas abre un debate jurídico alrededor de tres principios. El principio de responsabilidad: un robot es evidente que no tiene capacidad legal, por tanto no puede ser responsable de sus acciones. Si comete un error o un acto clasificable como crimen de guerra, ¿quién será el responsable? ¿El programador informático? ¿El fabricante? ¿El militar? ¿El político que autoriza su uso? ¿Y si es usado por un actor privado? Identificar en quién recae la responsabilidad de los actos cometidos por un robot autónomo es fundamental para garantizar la rendición de cuentas y asumir las consecuencias penales que pudieran derivarse.

En segundo lugar, el principio de proporcionalidad exige que antes de atacar se debe evaluar el daño que pueda causar a la población civil con respecto a la ventaja militar obtenida con la acción. La proporcionalidad es propia del discernimiento humano y se basa en conceptos como el sentido común, actuar de buena fe o que la orden sea razonable. Para determinar si una ataque ha sido proporcional es necesario examinar si la persona que ha tomado la decisión de atacar estaba razonablemente bien informada de la situación, de las circunstancias o si ha hecho un uso razonable de la información disponible. La cuestión estriba en determinar si los robots pueden ser programados para replicar procesos psicológicos en los juicios de valor humanos necesarios para evaluar la proporcionalidad de una decisión.

En tercer lugar, el principio de distinción entre combatientes y otros actores como insurgentes, civiles, niños, mujeres ancianos, etc. El robot no solamente tiene que ser capaz de distinguir si el objetivo es un combatiente o no, sino que también tiene que hacer un balance de intenciones. En los conflictos actuales no es fácil identificar a los combatientes, ya que a menudo no llevan uniforme o insignias distintivas y suelen mezclarse con la población civil.

Estos tres principios son el fundamento del Derecho Internacional, del Derecho Internacional Humanitario y de la Convención de Ginebra. La cuestión a debate estriba en si es posible que los algoritmos de programación de los robots cumplan estos tres principios. Algunos confían en la ciencia y aseguran que será posible; los que no confían tanto apuestan por la prudencia y piden que se paren las investigaciones en armas robóticas letales, mientras que los más radicales piden que se prohíba la investigación y producción de dichas armas.

En el terreno moral, las armas autónomas representan una deshumanización de la guerra. Es cierto que los humanos bajo ciertas condiciones −calor, rabia, miedo, ira, rencor o deseo de venganza- actuamos de la peor manera, mientras que los robots, al no tener sentimientos, evitarían muertes innecesarias. También es cierto que los humanos en situación de conflicto cometen vilezas, violan a mujeres o torturan, en tanto los robots, si no están programados para ello, no causarían daños intencionadamente a la población. Algunos dan un paso más y afirman que los robots pueden cumplir con el Derecho Internacional Humanitario mejor que los humanos al no estar condicionados para preservarse a sí mismos. Este razonamiento elevado a la enésima potencia conduce a que los robots actuando en contexto de guerra pueden reducir las muertes ilegítimas o accidentales, producir menor destrucción y, por tanto, actuar mejor que los humanos. En definitiva, sus defensores presentan a los robots como una fuerza civilizadora.

Sin embargo, conviene considerar que las emociones son una salvaguardia; sin ellas, se puede matar más fácilmente. Los robots no pueden tener sentido común, no pueden sentir compasión, lástima, empatía, no pueden tener intuición, al igual que no puede usar trucos psicológicos, como ganarse la confianza del adversario.

Decidir sobre la vida o la muerte de las personas puede requerir visión de conjunto, de comprensión de intenciones, de previsión de acontecimientos, de intuición; los robots no pueden prever las consecuencias de sus actos; los humanos sí. Los robots pueden abordar y evaluar situaciones de forma cuantitativa, pero difícilmente de forma cualitativa, y esta es una habilidad necesaria cuando se trata de valorar sobre la vida o la muerte de las personas. Lo mismo podemos decir sobre la capacidad de distinguir y evaluar órdenes lícitas o ilícitas, o estimar e interpretar un contexto en cálculo de valores.

El desarrollo de esta nueva generación de armas ayuda a eliminar el obstáculo político para hacer la guerra. Además, eliminan la distancia física y emocional del campo de batalla y representan la cultura del low-cost: para Obama usar drones evita la muerte de soldados, disminuye el coste político de hacer la guerra y disminuye la carga moral y ética de la guerra.

Conclusiones

Riesgos como la ciberguerra, la ciberdelincuencia o el terrorismo son utilizados por los gobernantes y la industria de seguridad para justificar las ingentes partidas presupuestarias dirigidas a desarrollar tecnologías de vigilancia y tratamiento de grandes cantidades de información (Big Data) que supuestamente nos han de proteger de “los otros”. Pero las imágenes y datos grabados con los nuevos sistemas de vigilancia no muestran las intenciones, los motivos o las elecciones personales que hay en ellas, lo cual puede llegar a conducir a que se categoricen a muchas personas como sospechosos. Lo que no podemos saber es cuándo las categorías de riesgo pueden incluirnos “accidentalmente”, excluirnos de la entrada a un lugar o privarnos de un derecho.

La creencia de que las tecnologías de la vigilancia más grandes, más rápidas, y mejor conectadas al servicio de la seguridad pueden garantizar la paz, constituye un claro error que impide elegir otras opciones. Si queremos que la vigilancia que se está implantando no cree más inseguridad, no genere más miedo y no aumente la exclusión es necesario que libremente, voluntariamente, no cooperemos y no cedamos información a las grandes redes de vigilancia y que exijamos a los gobiernos mayor control en la protección de la información que los operadores disponen sobre todos nosotros.

Privatizar el uso de la fuerza afecta a uno de los pilares fundamentales del Estado moderno, el sometimiento del poder ejecutivo y del de coerción al poder legislativo y judicial. El ejecutivo es el que impulsa el marco jurídico que define y regula cualquier actividad empresarial, de manera que según la legislación vigente, las EMSP son empresas legalmente constituidas; pero es el propio poder ejecutivo el que ha renunciado a regular el marco de actuación concreto en el que operan específicamente las EMSP, siendo el ejecutivo al mismo tiempo el principal cliente de las mismas.

El hecho de que el Estado delegue a un ente privado un elemento definitorio de su poder y uno de los fundamentos del Estado moderno, representa una transformación en el modelo de Estado de enorme calado que requiere un amplio debate. En este escenario, conviene hablar públicamente sobre aquellas tareas que son esenciales para la seguridad y que el Estado no puede delegar, externalizar, ni privatizar.

Dada la íntima relación que existe entre las EMSP, la industria de armas y el estamento político y militar, la participación de estas empresas en un conflicto armado, ya sea utilizando la violencia o bien dando apoyo a la capacidad de llevarla a cabo, pueden acabar favoreciendo que los intereses económicos de las EMSP impulsen o perpetúen los conflictos, o acaben generando nuevas necesidades tecnológicas armamentistas que requieran de los servicios del complejo militar industrial.

Por ello, es necesario llenar el vacío legal que ha producido la aparición de las EMSP: tanto estas empresas como sus trabajadores están libres de cualquier control jurídico y democrático en sus actuaciones, al mismo tiempo que están quedando impunes sus actuaciones por violación de los derechos humanos y el derecho humanitario. Es responsabilidad de los gobiernos controlar el impacto en las sociedades de esta industria y, para ello, es necesario que se desarrolle un marco regulador claro, riguroso y contundente, un marco que confiera transparencia en el proceso de contratación y en el establecimiento de procesos de seguimiento en el desarrollo operacional y financiero del contrato. Pero hay que tener presente que una industria globalizada requiere de una respuesta reguladora globalizada y, por tanto, dentro del marco de Naciones Unidas.

La robótica nos abre un escenario de futuro en donde las guerras se llevarán a cabo mediante las máquinas. Es muy improbable que las armas totalmente autónomas o los llamados robots autónomos letales puedan llegar a alcanzar las cualidades humanas necesarias para respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario en materia de responsabilidad, distinción y proporcionalidad. Tampoco es creíble que los robots letales puedan llegar a tener cualidades humanas, que puedan llegar a tener la capacidad de relacionarse con los humanos como si fueran humanos, ni que lleguen a entender las intuiciones humanas o a procesar situaciones complejas y cambiantes. Igualmente, no se puede creer que lleguen a poder utilizar y aplicar el juicio humano y a afrontar situaciones subjetivas. Si los algoritmos de programación de los robots autónomos no pueden asegurar los principios del Derecho Internacional Humanitario ni la Convención de Ginebra dichas armas han de ser declaradas ilegales.

Un robot nunca se identificará con sus víctimas, nunca sentirá emociones, por ello usar robots autónomos letales en el ejercicio del uso de la fuerza, es hacer la guerra más inhumana. Finalmente, decir que tomar decisiones sobre la vida o la muerte de las personas tiene que quedar en manos de humanos, no de máquinas. La característica más humana que tenemos es la libertad de decidir nuestro destino, aunque tomenos la decisión incorrecta.

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(*) Directora del Institut Català Internacional per la Pau (ICIP).

Fuente: BOLETÍN ECOS Nº 29 – DICIEMBRE 2014-FEBRERO 2015 – ISSN – 1989-8495 – FUHEM ECOSOCIAL ‒ WWW.FUHEM.ES/ECOSOCIAL

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Notas:

(1) Este artículo está basado en otro trabajo previo ya publicado, T. Font, «El derecho a la paz y la tendencia armamentística actual», en Fundación Seminario de Investigación para la paz (eds.), Los Derechos humanos en tiempos de crisis, Mira editores, Zaragoza, 2014, pp 371- 391.

(2) El Consejo Europeo adoptó la Estrategia Europea de Seguridad (EES), Una Europa segura en un mundo mejor, Bruselas 12 de diciembre de 2003. En ella se establecen por primera vez principios y objetivos para promover los intereses de la UE en materia de seguridad, basados en los valores esenciales de la comunidad occidental.

(3) El Consejo de Europa elabora un informe que no sustituye a la EES del 2003, sino que pretende reforzarlo. Informe sobre la aplicación de la estrategia Europea de Seguridad- Ofrecer seguridad en un mundo en evolución, Bruselas 11 de diciembre 2008, S407/08.

(4) P. Serrano, «Estados Unidos encarga a empresas de mercenarios las operaciones sucias en América Latina», Centro de Investigación sobre globalización, 5 de julio 2010. http://www.globalresearch.ca/articles/SER207A.html [Consulta 8-4-2012].

(5) Véase «Abu Ghraib inmates sue US firms», BBC, 1 de julio 2008.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7482617.stm [Consulta 1-7-2011]; y «Private Contractors and Torture at Abu Ghraib, Iraq», CorpWatch, 7 de mayo 2004.
http://www.corpwatch.org/article.php?id=10828 [Consulta 11-12-2012].

(6) La nueva estrategia se formuló en el documento Quadriennal Defence Review (QDR) de marzo de 2010. En ella se establece la guía de los planes militares de EEUU para los siguientes cuatro años, y definía a EEUU como un país en guerra en Irak y en Afganistán.

(7) Véase https://www.google.es/search?q=MQ-9+Reaper&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=C9x7Ut2JKKrO0wX7rYGwBg&ved=0CC0QsAQ&biw=1280&bih=633.

(8) Véase http://actualidad.rt.com/actualidad/view/94458-x47b-drone-eeuu-portaaviones-video .

(9) Véase http://www.infodefensa.com/?noticia=lockheed-desarrolla-un-uav-que-doblara-la-velocidad-de-vuelo-record-del-sr-71.