por Camila Maturana (*) /enviada por red Charquicán.
Desde hace décadas las mujeres en Chile, como en el resto del mundo, denunciamos las condiciones de opresión en que vivimos y las múltiples manifestaciones de la violencia de género como uno de los problemas de derechos humanos más graves que enfrenta la sociedad.
La lucha organizada de las mujeres ha favorecido que los Estados asuman importantes compromisos para enfrentarla y que, a través de tratados internacionales y leyes nacionales, se hayan obligado a garantizar los derechos de las mujeres, prevenir la violencia, investigarla cuando ocurre, proteger a las víctimas, sancionar a los agresores y reparar las consecuencias de ella.
Pese al tiempo transcurrido desde la asunción de estos compromisos internacionales e incluso la dictación de leyes e implementación de políticas públicas, la violencia sigue cobrando la vida de las mujeres. Año a año observamos que los patrones de dominación, sometimiento y control siguen vigentes, contabilizándose en el país más de 50 femicidios anuales y cerca del doble de femicidios frustrados, además de las más de 100.000 mujeres que denuncian ante las policías y tribunales la violencia que sufren de parte de sus parejas y en sus familias.
Pero las estructuras de poder que posibilitan la violencia no están presentes únicamente en las relaciones de pareja y familiares. El continúo de la violencia contra las mujeres permea los espacios privados y los espacios públicos. Las mujeres estamos en riesgo por el hecho de ser mujeres, en nuestras casas y en las calles. Los agresores pueden ser las parejas, ex parejas, padres, tíos, amigos, vecinos, jefes, compañeros, desconocidos e incluso la fuerza policial.
Sin embargo, las autoridades desatienden la magnitud y gravedad de la violencia contra las mujeres. Ni siquiera el conocimiento público de las agresiones y asesinatos de mujeres han logrado generar en las autoridades una respuesta adecuada al problema.
En poco más de dos meses de lo que va trascurrido del año 2016 al menos 11 mujeres han sido asesinadas por sus parejas. La naturalización de la violencia de género, y el femicidio como su manifestación más extrema, es tal que nadie pareciera inmutarse. Nadie, salvo las mujeres.
En una acción desesperada ante la indiferencia política y social frente a la violencia machista –replicada cotidianamente por gran parte de la publicidad y por aquellos medios de comunicación que insisten en pseudo explicar y justificar las agresiones a mujeres– y convocadas por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres,decenas de mujeres y hombres concurrimos el viernes 11 de marzo a la Alameda, frente a la Moneda, a expresar nuestra indignación y exigir a las autoridades que cumplan su obligación de proteger la vida de las mujeres.
Pero en lugar de ser escuchada la demanda de las mujeres, ha sido reprimida por agentes del Estado que las han violentado. Fuerzas policiales insultaron, golpearon, patearon y manosearon a las mujeres que se manifestaban públicamente en defensa de sus derechos exigiendo a las autoridades la protección de la vida de las mujeres en Chile. Fueron agredidas por agentes estatales y se atropellaron las más mínimas garantías judiciales.
Tras las golpizas y detención de una decena de manifestantes, Carabineros impidió que las detenidas fueran entrevistadas por sus abogadas y contaran con una defensa judicial, interfiriendo su derecho al debido proceso.
No podemos comprender la indiferencia estatal frente a la violencia femicida y menos aún podemos comprender que la fuerza policial se erija en represora de quienes demandan políticas públicas para la protección de las mujeres.
Exigimos una explicación frente a la brutalidad policial ejercida en contra de quienes demandan una respuesta estatal frente a la violencia contra las mujeres. Ya no queremos seguir contando mujeres asesinadas.
Fuente. http://opinion.cooperativa.cl/opinion/camila-maturana/2011-05-16/174139.html
———————————————————
(*) Abogada feminista, titulada con distinción de la Universidad Católica de Valparaíso. Como encargada del Programa de Seguimiento Legislativo de Corporación Humanas y coordinadora del Observatorio Parlamentario, Camila realiza una labor de seguimiento e incidencia en la tramitación de iniciativas de ley claves para el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos y profundización democrática.
Descubre más desde Correo de los Trabajadores
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Be the first to comment