Por Pedro Cayuqueo/ fuenteAzkintuwe
Francisca Linconao, una de las detenidas en el caso, ganó una demanda contra el Estado y un recurso de protección para evitar la tala ilegal de árboles.
Fue el año 2008 cuando el abogado Carlos Tenorio conoció a la machi Francisca Linconao Huircapán (59 años). “Fue por un recurso de protección que ella interpuso contra la familia Taladriz, por entonces mis representados”, comenta a La Tercera. Se trató de un conflicto que marcaría un hito en la temática indígena. La machi, residente en el sector Rahue, comuna de Padre Las Casas, había denunciado en tribunales a la Sociedad Palermo Limitada por tala ilegal de árboles y arbustos nativos en el fundo Palermo Chico, colindante con su comunidad.
La machi argumentó que la tala era ilícita, por cuanto se realizaba dentro del perímetro de 400 metros más próximos a 3 manantiales cuyos nacimientos estaban en los cerros del sector. Se infringía de esta forma el artículo 5 de la Ley de Bosques.
También denunció la violación de un sitio de significación cultural; los denominados “Menokos”, humedales donde habitan fuerzas que en la cosmovisión mapuche tienen el carácter de sagrados. Y además, la pérdida de plantas medicinales, vitales para su trabajo de machi.
Todo ello Francisca Linconao lo hizo invocando el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el gobierno de Bachelet aquel mismo año 2008. Un año más tarde, la Corte de Apelaciones de Temuco emitió el fallo a su favor, el que fue ratificado más tarde en su integridad por la Corte Suprema.
El fallo constituyó la primera aplicación del Convenio 169 en Chile, el cual establece en su artículo 13 la obligación del estado de respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos indígenas reviste su relación con las tierras o territorios.
Se trató de un triunfo calificado como histórico. Y la primera derrota del abogado Carlos Tenorio frente al Convenio 169. Y también frente a la machi Francisca, una de los 11 mapuche detenidos por la PDI la madrugada de ayer miércoles por su presunta participación en el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay.
Tenorio, uno de los abogados más solicitados de Temuco, representa hoy a la familia del fallecido matrimonio de colonos. Y al frente, una vez más, tendrá de contra parte a la reconocida machi de Rahue.
Autoridad tradicional
Los cercanos a la machi Francisca niegan absolutamente los cargos en su contra. Recuerdan que tras el crimen de los agricultores suizo-chilenos, también fue detenida y sometida a proceso.
Esto aconteció el 4 de enero de 2013, el mismo día del atentado, tras un violento allanamiento a su propiedad. Esa tarde Carabineros llegó hasta su domicilio tras la pista de eventuales participantes del crimen.
Finalizado el operativo, la policía señaló que en el lugar se había encontrado un arma hechiza y municiones, lo que implicó la detención y posterior acusación de la machi por los delitos de porte ilegal de arma de fuego y municiones.
Durante el juicio en su contra, su defensa argumentó que en días previos al allanamiento un número importante de personas visitó la vivienda para una celebración tradicional. También se estableció –vía peritajes- que el arma no podía ser percutada.
Sobre esa base, sus abogados enfatizaron que no se podía probar cómo llegó el armamento al sitio donde fue encontrado ni menos asegurar que pertenecía a la machi Linconao.
Subrayaron además los vejámenes sufridos por ella al momento de su detención, entre ellos el despojo de su vestimenta tradicional al momento de constatar lesiones, lo cual atentó gravemente contra su dignidad y derechos como autoridad religiosa.
Finalmente y tras varios días de juicio oral, la machi fue absuelta por los jueces de todos los cargos. Previo al juicio, durante meses debió soportar severas medidas cautelares. Entre ellas arresto domiciliario nocturno, arraigo regional y firma mensual.
Esto, a juicio de sus cercanos, impactó gravemente en su salud y en el ejercicio de su rol tradicional. Por ello entabló más tarde una demanda civil contra el Estado por los perjuicios y el lucro cesante ocasionados por su detención, que también ganó en tribunales.
Fue así que en octubre de 2015, el Primer Juzgado Civil de Temuco condenó al Estado a pagar $30 millones a la machi, estimando que la policía actuó “sin mediar respeto” de su condición de autoridad tradicional del pueblo mapuche.
Según se lee en la sentencia, el accionar de la policía “afectó su dignidad, al despojarle sus vestimentas y joyas, lo que constituye un hecho suficientemente acreditado y capaz de ser la causa directa y determinantes de los perjuicios que se reclaman”.
El mismo fallo establece que por este motivo “a juicio de este órgano jurisdiccional, se reúnen todos los presupuestos necesarios para que se origine la obligación por parte del Estado de indemnizar los perjuicios ocasionados”. El pago de la millonaria suma aún se encuentra en trámite.
Es precisamente este rol de “autoridad tradicional” el que destaca el padre José Fernando Díaz, misionero del Verbo Divino y quien desde el año 1989 trabaja con comunidades mapuche. Díaz se reconoce cercano a la machi. Y culpa al gobierno de “ceguera” frente al conflicto.
“Ella es una autoridad tradicional, no es cualquier persona, tiene un don que la lleva a sanar a las personas, no a causar daño”, señala a La Tercera. “Que la culpen del crimen de los Luchsinger-Mackay, me consta, es un dolor muy grande para ella. Su propia hermana trabajaba con ellos en el fundo, eran vecinos”, agrega Díaz.
A juicio del religioso, existiría una verdadera “cacería de brujas” para dar con el resto de los implicados en el brutal crimen. “La machi Francisca es muy combativa, la conocimos peleando el cerro Rahue, defendiendo sus manantiales y sus menokos. Yo creo que desde allí la PDI la visualizó y la comenzaron a involucrar en cosas”, indica.
“Hay una ceguera intercultural”, acusa Díaz. Y tanto en el gobierno como en las policías. “Dicen que la machi se vinculaba a personas radicales. Ella, por su rol, atiende a quien sea, pueden ser activistas buscados por la ley, gente de la comunidad, de otros territorios, su mandato cultural la obliga a ello”, señala.
Según informó la Fiscalía de La Araucanía, la pista clave para la detención de la machi fue la declaración voluntaria de uno de los imputados, en octubre de 2015, quien habría estado “agobiado por el cargo de conciencia”. Se trató de José Peralino Huinca, sin antecedentes penales y quien profesa la religión evangélica.
Su hermano Alejandro Peralino, sin embargo, denunció ayer en Temuco que su confesión la realizó bajo amenazas y extorsiones por parte de efectivos de la PDI.
“A mi hermano le echaron la culpa. Somos familia cristiana, nunca hemos hecho nada, solo trabajar”, señaló en las afueras del cuartel de la policía. “Los PDI lo están chantajeando, le ofrecieron dinero para que sea testigo, también lo amenazaron de muerte”, agregó.
Tras la audiencia realizada ayer en Temuco, la machi Francisca Linconao Huircapán fue formalizada en calidad de autora del delito de incendio con resultado de muerte de carácter terrorista y dejada en prisión preventiva.
Arriesga, junto al resto de los detenidos, presidio perpetuo calificado.
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