Chile: La anulación de los consejos de guerra en la FACH.

por Enrique Villanueva M. (*)

Sentimientos encontrados es lo que sentimos algunos de nosotros, con el reciente fallo de la Corte Suprema, de anular las sentencias dictadas en los consejos de guerra convocados por la Fuerza Aérea de Chile (FACH), con fecha 30 de julio de 1974 y 27 de enero de 1975, en contra de 84 oficiales y suboficiales, acusados de traición a la Patria, por haberse negado a apoyar y participar en el golpe de Estado de 1973. Nos alegra y satisface esta sentencia histórica, porque deja claramente establecido, que el haberse opuesto al golpe cívico-militar no fue un delito, y el haber decidido, en esos momentos, ser leales al gobierno constitucional, elegido democráticamente por el pueblo, no fue un delito.

Pero, no es posible dejar de pensar, en los más íntimo de mi reflexión, que “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía” [i], una reflexión discutible, es cierto, pero que cobra vigencia, comparado con el recuerdo de todos los daños que eso significó para nuestras vidas. Por decisión de aquellos consejos de guerra, fuimos expulsados de la Institución, fuimos encarcelados y sufrimos todo tipo de torturas y vejaciones, a manos de quienes hasta esa fecha eran nuestros compañeros de armas, o nuestros superiores.

Es injusto, porque hubiéramos querido que este fallo, originado en un mandato de la justicia internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos –que reivindica el honor de quienes fuimos condenados, como la mayoría de los chilenos y chilenas que sufrieron los rigores del terrorismo de Estado, bajo el rótulo de “traición a la patria”– lo hubieran conocido quienes ya no están con nosotros: entre otros, el general Alberto Bachelet, el general Sergio Poblete, el coronel Carlos Ominami, el coronel del Ejército Efraín Jaña, los suboficiales Iván Figueroa, Enrique Reyes, Mario Arenas, Belarmino Constanzo.

En todo caso, es un fallo histórico, porque el mandato de la Corte Interamericana ordenó reparar moral y materialmente sólo a doce de los 84 afectados, que son los que presentan la demanda internacional, y es la Corte Suprema quien lo hace extensivo, no en la reparación material, pero si exculpando a todos aquellos que fuimos víctimas de la aberración jurídica que fueron los consejos de guerra. Un fallo que abre la puerta a que todos los chilenos y chilenas, quienes fueron juzgados de manera arbitraria, sin permitir una defensa mínima y el debido proceso, sean también beneficiados en el futuro.

Apagadas las luces y calmada la emoción compartida del momento, aspiramos ahora a que este importante fallo de la Corte Suprema, que reconoce que los consejos de guerra y la tortura fueron mecanismos usados por las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Para que justificar la violencia indiscriminada, las persecuciones, el asesinato y la desaparición forzada de personas no quede como un impulso más de buenas intenciones, sino que facilite, por primera vez en 27 años de gobiernos postdictadura, que se termine por saldar la deuda con la Verdad y la Justicia plenas.

Aspiramos, entonces, a que se revise la doctrina militar que amparó esos consejos de guerra, la intolerancia y la tortura, identificando al enemigo interno en el ciudadano y ciudadana común, como amenazas para la Nación, por pensar distinto. Al no hacerlo se validan todos aquellos argumentos que los mandos superiores y subalternos de la época emplearon para movilizar al conjunto de las Fuerzas Armadas para derrocar al gobierno de Salvador Allende, justificar el cobarde bombardeo a La Moneda, la persecución política, el asesinato y la desaparición de personas.

Me pregunto, ¿cuánto de esa Doctrina del Ejército ha cambiado, desde 1973 a nuestros días?, ¿cuánto han cambiado las normas, valores y costumbres que determinan el quehacer del Ejército en su dimensión individual, como de los integrantes de la Institución y –asimismo– en su naturaleza como entidad fundamental de la República? ¿cuánto ha cambiado el conjunto de principios de la doctrina militar que Pinochet, Leigh, Merino y Mendoza, luego Matthei y demás sucesores, utilizaron para trasformar al Ejército de Chile en el principal actor de la persecución y represión política en el País?

Una doctrina militar antidemocrática que educó en el pasado y educa en el presente a los oficiales y suboficiales, en el desprecio de la política, en el menosprecio por el movimiento obrero, por la organización social progresista, a los que califica como antipatriotas y enemigos del Ejército.

Las reformas postdictadura no han llegado a las Fuerzas Armadas, estas continúan llevando el anticomunismo en su ADN [ii]; durante años fueron ideologizadas por el ejército norteamericano para formar parte de la cruzada anticomunista, discurso a través del cual se transformaron en un mero instrumento político, para frenar cualquier intento de cambio social revolucionario en el continente del siglo XX. Un ejército que antes, en el siglo XIX, recibió la influencia alemana, prusiana, “que concebía al mundo amenazado por el socialismo y el anarquismo”, una definición que, luego del triunfo de la Revolución Bolchevique, en 1917, tomó el carácter de anticomunismo declarado”[iii].

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema y, también, la Cámara de Diputados, que recientemente declaró a Pinochet el “gobernante más violento y criminal” de la Historia de Chile. Han generado dictámenes que abren una puerta para revisar, con altura de miras, la doctrina de las FF.AA., separando a todos aquellos que, utilizando el uniforme militar y a la Institución, cometieron tropelías en contra de nuestro pueblo.

Los criminales confesos y condenados, hoy recluidos en Punta Peuco –cárcel especial, sólo para ellos– y los que están involucrados en cientos de juicios pendientes por cometer crímenes de lesa humanidad, no pueden seguir gozando de la protección que se les da, al continuar siendo considerados miembros de las FF.AA. y, para muchos, un ejemplo a seguir.

Me pregunto ¿qué efecto real tiene, en el interior de las Fuerzas Armadas, en este caso de la Fuerza Aérea, la reivindicación que se nos hace, al levantarnos el rótulo de traidores a la Patria, si quienes diseñaron o llevaron a la práctica la doctrina militar antidemocrática y terrorista, y que nos impusieron esa condena, continúan siendo parte –pasiva o activa– de las filas aéreas, justificando desde las sombras su proceder aberrante, como es el caso de los pilotos que bombardearon La Moneda?

Las FF.AA. fueron artífices de una dictadura cívico-militar terrorista, comandada por mandos corruptos y ambiciosos, algunos de los cuales están en Punta Peuco. Por eso, es tiempo, ya, de revisar la doctrina militar que las llevó a esa situación y hacerse cargo de la profunda fractura que provocaron en la democracia y a la convivencia nacional, de los muertos, torturados y miles de los detenidos desaparecidos de cuyo destino no se sabe, hasta hoy.

Sin hacer este ejercicio necesario por la salud de Chile, no podremos reivindicar la rectitud del general René Schneider, asesinado por la Derecha, el compromiso con la causa de la Patria del general Alberto Bachelet y del general Carlos Prats, del almirante Raúl Montero y del general director de Carabineros, José María Sepúlveda, presente esa mañana del 11 de septiembre en La Moneda, junto al presidente Allende. Tampoco honraremos en conjunto a todos los militares, marinos, aviadores, carabineros, detectives y gendarmes que decidieron mantenerse firmes en sus principios y valores, de manera desinteresada, patriota e incorruptible.

Hoy día, tenemos la obligación moral, en honor y por el respeto a la memoria de tantos compatriotas, la mayoría héroes y heroínas anónimos y anónimas, de replantear la Doctrina Militar, sustentándola en valores éticos, morales y espirituales propios de nuestra sociedad, que es lo que le otorga no sólo legitimidad, sino que, además, asegura una unión de principios con la comunidad a la que pertenecemos.

Sólo condenando de manera efectiva todo lo sucedido se podrá prevenir lo que hoy, en el siglo 21, está sucediendo en otros países, donde vuelven a cometerse genocidios y el aniquilamiento de personas a nombre de la libertad y la democracia, transformándose las FF.AA. en una tecnología de poder utilizada para disciplinar poblaciones y para transformar las relaciones sociales.

Ningún gobernante tiene el derecho a imponer el olvido, como se ha hecho en nuestro país, lo que hasta ahora ha favorecido la impunidad y ha ocultado la verdad. Existe consenso en la comunidad internacional que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Es decir, que los reclamos de justicia sobre los crímenes cometidos por la dictadura cívico-militar, pueden ser revisados –sin importar el paso del tiempo– y castigar a los culpables, terminando, además, con la supremacía de la Justicia Militar que les protege.

En nuestro país hay muchos casos pendientes por investigar, otros sin castigo y otros ocultos tras la cortina de la impunidad; nuestro caso es sólo uno entre miles, pero tiene que servir para ejercer la memoria como una forma de defensa frente a la conveniencia de una justicia parcial y de los intentos de poner punto final a la Historia.

Como nosotros, en las FF.AA. hay cientos de marineros que fueron detenidos antes del golpe de Estado, militares y civiles condenados en el Ejército, y compañeros nuestros que fueron torturados y expulsados de la Fuerza Aérea, sin juicios ni consejos de guerra.

Quienes no han sido considerados en este dictamen judicial, personas que desde esa época fueron discriminados laboralmente y socialmente, sin ningún amparo político ni jurídico.

Queda, entonces, el desafío de completar el trabajo iniciado con la anulación de los consejos de guerra de la Fuerza Aérea, reparando de manera integral a todas las víctimas, no sólo a grupos de ellas, incluidos los ex presos políticos, terminando así, con las formas del ejercicio de la justicia que se ha aplicado hasta ahora, dejando de lado los intereses de cualquier índole, que insultan y desatienden el deber natural de defender los derechos humanos básicos y universales de nuestros compatriotas.

Notas

[i] Lucio Anneo Séneca 2 a.C.-65 d.C.

[ii] Felipe Portales. Historias desconocidas de Chile

[iii] Felipe Portales. Historias desconocidas de Chile

(*) Enrique Villanueva Molina – Ex suboficial de la Fuerza Aérea, exonerado en 1973 (Ex militante y ex miembro de la Dirección del FPMR, nota del Editor CT).

fuente: http://radio.uchile.cl/2016/10/09/la-anulacion-de-los-consejos-de-guerra-en-la-fach/

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Justicia chilena anula condena por ‘traición a la patria’ al padre de Bachelet

El máximo tribunal del país se pronunció tras una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

AFP | SANTIAGO, Chile 05 oct 2016 – 00:05h.

Cuatro décadas después, la justicia chilena anuló el lunes la condena por «traición a la patria» impuesta en un Consejo de Guerra al padre de la mandataria chilena Michelle Bachelet, por oponerse al golpe de Estado que instauró la dictadura de Augusto Pinochet.

El general Alberto Bachelet fue detenido días después del golpe de Estado que derrocó al gobierno del socialista Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973, y murió en prisión meses después a causa de las torturas a las que fue sometido por sus propios camaradas.

Bachelet se desempeñaba como responsable de finanzas de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) cuando fue apresado.

Antes había sido secretario de la Dirección Nacional de Abastecimiento y Comercialización del gobierno de Allende, que enfrentó severos problemas de desabastecimiento como consecuencia de la agudización de la crisis política.

«Me encontré con camaradas de la FACH a los que he conocido por 20 años, alumnos míos, que me trataron como a un delincuente o como a un perro», explicó el propio general Bachelet en una carta a su hijo Alberto, durante su reclusión en la Academia de Guerra Aérea de Santiago.

El general sufría de problemas cardíacos y las torturas agravaron su estado, causándole finalmente la muerte, a los 51 años, el 12 de marzo de 1974. El general Bachelet «era un oficial muy querido y respetado, con poco contacto directo con la tropa. Participaba en muchas actividades deportivas, culturales y sociales, y tenía un gran alcance intelectual y vocación de servicio», narró a la AFP en 2012 Ernesto Galaz, excomandante de la FACH con quien compartió encierro.

En un fallo unánime, la Corte Suprema anuló la sentencia por «traición a la patria» en contra de Bachelet y otros 80 miembros de la FACH, decretando su «inocencia», según informó el Poder Judicial.

El máximo tribunal del país se pronunció tras una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

«Los Consejos de Guerra convocados a partir del año 1973 actuaron, en la práctica, contraviniendo su propia normativa, pues sólo se aplicaron sus procedimientos coercitivos, ignorando los demás efectos jurídicos de la guerra, al no reconocer el uso legítimo de la fuerza por parte de sus oponentes», dice el fallo judicial.

Tampoco, agrega la sentencia, «se respetó el carácter y los derechos de los prisioneros, ni se consideró ninguno de los preceptos establecidos en las convenciones internacionales sobre la guerra».

La semana pasada, el mismo tribunal confirmó una pena de cuatro años de prisión a dos militares retirados como autores de las torturas que causaron la muerte del general Bachelet.

«Este fallo restaura el honor y la dignidad de personas que durante más de 40 años han debido cargar con el estigma de ser tratados como traidores a la patria», resaltó el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos Branislav Maralic.

Su hija, Michelle Bachelet, se convirtió en 2006 en la primera mujer en llegar a la Presidencia de Chile. En marzo de 2014, asumió un segundo mandato.

Ella junto a su madre Angela Jeria fueron torturadas y detenidas también durante la dictadura de Pinochet, y se vieron impelidas a partir al exilio.