Chile: militancia sindical, tareas y banderas de lucha.

por Manuel Hidalgo (*).

La realidad que enfrentan los trabajadores chilenos en este nuevo aniversario de la gesta de los Mártires de Chicago, es sumamente paradojal. La mayoría de ellos, posiblemente, ni siquiera sabe cómo se implantó esta conmemoración en Chile del Día Internacional de los Trabajadores, que hoy se vive como un feriado más. Y mal podrían sentirse herederos del ejemplo y de las conquistas que se alcanzaron con su lucha, a nivel planetario.

En contadas asambleas se discutirá, a propósito de esta jornada, cuáles son los desafíos del movimiento sindical, de sus organizaciones de base y de nivel superior. En ninguna, con toda probabilidad, resonará la consigna “¡proletarios del mundo, uníos!”, ni la advertencia de que “La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos”.

La atomización y fragmentación de su organización, la diferenciación profunda de sus condiciones de vida y de trabajo, la institucionalización de la precariedad y de la flexibilización laboral han establecido barreras estructurales a la recomposición de un movimiento sindical como un actor con proyección social y política. Y a ello se han sumado los impactos en la subjetividad de los trabajadores derivados de la mercantilización del sentido de la vida, la funcionalización de las familias al mercado, el individualismo y el consumismo, el endeudamiento y los procesos de idiotización e infantilización que han mermado gravemente la capacidad de reflexión crítica de la realidad entre los trabajadores.

Ello es particularmente crítico en un momento histórico en el que la crisis del capitalismo mundial adquiere características propias en la política, la economía y la sociedad chilena.

Las repercusiones de la crisis sistémica del capitalismo mundial en curso se acrecientan en nuestro territorio con un proceso de crisis del sistema de dominación criollo, que se abrió hace más de seis años atrás, pero que no termina de madurar y que mantiene abiertas las opciones de una reversión conservadora o de una profundización en dirección a la superación de la institucionalidad política, económica y cultural instalada bajo dictadura y consolidada en los pasados 27 años de democracia electoral. Esta última posibilidad, pasa sustantivamente por la irrupción de un nuevo movimiento sindical como articulador y potenciador de la lucha hasta ahora desplegada por otros actores populares.

En efecto, el inicio de un trizamiento de la hegemonía ideológica del bloque monopólico-financiero transnacional que domina en Chile, cobró fuerza en 2011, cuando el movimiento estudiantil reinstaló el concepto de la educación con un bien público y cuestionó radicalmente el lucro como objetivo legítimo de un sistema educacional que debe ser obligación del estado garantizar y liderar, por tratarse de un derecho ciudadano. Se empezó así a cuestionar un “sentido común” largamente y trabajosamente instalado por las clases dominantes.

Las exigencias de una reforma tributaria y de un cambio de la Constitución del 80´ derivaron del mismo proceso de movilizaciones por la educación. De modo que el programa del segundo gobierno de Michelle Bachelet no pudo eludir estas materias como cuestiones centrales de abordar. Más tarde, a instancias de la CUT, se incluyó también, una agenda de reformas laborales.

Durante estos últimos tres años, un cuadro de aguda disputa se vivió más en las instituciones que en las calles, sobre lo qué sería este gobierno, que serían las reformas de su programa: inicio de un nuevo ciclo o un nuevo maquillaje que diera continuidad al modelo político y económico vigente. A estas alturas, ya sabemos cómo terminó ese dilema. Ya conocemos la frustración que todas esas reformas, incluyendo la laboral, han dejado en la mayoría de los sectores populares y en el mundo de los trabajadores.

La iniciativa ha estado radicada en el escenario político formal y, en ese espacio, los representantes políticos y gremiales del gran capital han establecido un verdadero cerco a todo intento de cambio, apoyándose en el ciclo recesivo de la economía mundial, que ha dejado casi sin aliento a una economía chilena en la que el estado permanece con su capacidad contracíclica clausurada, por servir sus ahorros de garantía al endeudamiento privado.

Más aún, la contraofensiva patronal se ha extendido al interior de las empresas –privadas y estatales- con renovadas exigencias de productividad y empeño por contener -cuando no imponer rebajas a- los costos salariales y límites a lo obtenido en las luchas de años precedentes, como acaba de demostrarse en la huelga de la Minera Escondida y en otros conflictos precedentes como el de Sodimac o el de los empleados públicos.

La cuestión es si en este contexto empieza a madurar o no una conciencia que lleve a los trabajadores y al movimiento sindical más allá de sus reivindicaciones inmediatas; si se produce una maduración de sus organizaciones y la emergencia de un nuevo liderazgo provisto tanto de solidez ética como de clara conciencia política de la necesidad de poner al movimiento sindical a la cabeza de la lucha por transformaciones profundas, tales como poner fin a las AFP e imponer un sistema de pensiones de reparto, construir efectivamente un nuevo sistema de educación pública, gratuita y de calidad, recuperar el control estatal del cobre y del agua y por encima de todo, abrir paso a una Asamblea Constituyente, mediante la movilización y la acción directa de un nuevo movimiento popular, del que el movimiento sindical está llamado a ser columna vertebral.

Durante el año pasado, la crisis de las estructuras sindicales burocráticas ha ido quedando de manifiesto. No sólo la CUT permanece con crisis en su dirección nacional, sino que tanto en la ANEF como en el Colegio de Profesores y otras asociaciones de funcionarios públicos se produjeron cambios de sus liderazgos en respuesta a una base en la que va creciendo una insatisfacción no sólo con los resultados de sus luchas económicas sino también con la institucionalidad que los rige. En el ámbito de los asalariados del sector privado, un proceso de politización aún incipiente se está dando entre los trabajadores de planta y contratistas de la gran minería del cobre, de los portuarios, de la banca, del transporte. Todos los que revisten un papel potencialmente estratégico, en muchos sentidos.

El movimiento sindical chileno actual es aún muy cupular. Urge emprender planes de trabajo y campañas para impulsar la militancia, el compromiso con el movimiento sindical, en la propia base de los trabajadores afiliados. Es imprescindible un trabajo educativo y una batalla cultural para repolitizar a los trabajadores, combatir la cultura clientelar y asistencialista y  promover su participación activa y protagónica en la deliberación y lucha por un nuevo modelo económico, una nueva legislación laboral y previsional y una nueva Constitución surgida de una Asamblea Constituyente.

Urge empeñarse en superar la atomización y fragmentación de los trabajadores asalariados en cada empresa y sector de actividad. Apoyar a los trabajadores de empresas de menor tamaño y de trabajadores tercerizados en la organización y lucha por sus derechos. Luchar por poner fin a la subcontratación en labores propias del giro principal de las empresas.

Una bandera de lucha inmediata significativa es la de imponer una rebaja de la jornada semanal de trabajo a 40 horas, como lo propone una iniciativa legal que la diputada Camila Vallejos ha propuesto en la Cámara. Y que debiera acompañarse del fin de las jornadas excepcionales que exceden de las 8 horas diarias. La experiencia del trabajo se vive en Chile como “desmesura laboral”, sometidas las personas a condiciones que les imponen una generalizada percepción de sobreexigencia, sin tiempo para el afecto, para la convivencia comunitaria, para la fiesta, el cultivo del arte, el deporte o de otra actividad enriquecedora de la salud,  del espíritu y del conocimiento.  En suma, demandamos “tiempo para vivir y convivir”.

En cuanto a la jornada de trabajo, las estadísticas oficiales (www.ine.cl) dan cuenta que el 19,7% de los ocupados trabaja 30 horas o menos semanales habitualmente (es decir, menos de dos tercios de la jornada semanal de 45 horas). Este semiempleo o trabajo parcial es en un 52% voluntario y en un 48% involuntario. Mientras que el porcentaje de ocupados que trabaja horas extraordinarias (es decir, más de 45 horas semanales) es de un 21,7% y ha venido cayendo sostenidamente en los últimos años –desde 2010, en que era de un 29,5%-

No sólo abrir un debate en las asambleas sindicales sobre esta situación, sino que levantar una movilización de los propios trabajadores para alcanzarla resulta imprescindible. Porque como lo ha sostenido Manuel Ahumada, dirigente del CIUS (Comité de Iniciativa por la Unidad Sindical), “tenemos claro que (esto) sólo se consigue con trabajadores organizados y dispuestos a luchar por lo que se merecen”[1].

Demás está decir, que la oposición patronal y de sus defensores en el sistema político, la academia y los medios de comunicación remarcarán que esta iniciativa redundará en un “aumento del costo salarial, desalentará la inversión y la contratación de mano de obra y resulta altamente inconveniente en medio de un ciclo semi-recesivo de la economía”. Pasando olímpicamente por alto que cualquier jornada diaria superior a 6 horas implica “rendimientos decrecientes” en la productividad física, en la concentración mental y el rendimiento de la generalidad de los seres humanos. Y no tenerlo presente es sencillamente inconducente y mentirse con otros propósitos, como no tener que contratar más personal.

Otra bandera de lucha debiera ser el de recuperar en los hechos el derecho a la participación de utilidades, consagrado en el artículo 47 del Código del Trabajo. Y que como se sabe particularmente en todas las grandes empresas que concentran más del 90% de la masa de utilidades en Chile, está neutralizada por la opción del artículo 50 que la ley abre a los empleadores. Se termina pagando así, anualmente, sólo un máximo de 4,75 ingresos mínimos mensuales a cada trabajador, por este concepto.

Opción que debiera ser derogada, al mismo tiempo que lo que hoy se percibe como gratificación del artículo 50, con frecuencia garantizada en los contratos colectivos, debiese ser mensualizada, consolidada e integrada en los sueldos base, ya que en los hechos no guarda relación alguna con la existencia o no de utilidades ni el nivel que ellas alcanzan, en la inmensa mayoría de los casos.

En las grandes empresas, una participación de utilidades “no menor al 30% de las utilidades líquidas” como lo establece el artículo 47 del Código del Trabajo, daría lugar a bonos anuales que harían ver como migajas los llamados bonos de término de las negociaciones colectivas actuales. Si es que al menos ese porcentaje se repartiese en forma pareja entre el conjunto del personal y no a prorrata de los sueldos percibidos por cada persona. De lo contrario, las marcadas distancias de las remuneraciones pagadas al personal gerencial, directivo y de supervisión respecto de las que se otorgan al personal de operaciones, administrativo o de servicios, derivarían en una nueva causal de desigualdad salarial.

Una fórmula alternativa para acercarse a esto podría otorgar el 10% de las utilidades a repartirse entre el personal directivo y de supervisión; mientras el 20% restante se destinase a distribuir en forma pareja entre el personal subordinado.

Tareas y banderas de lucha para levantar un movimiento digno de caminar tras las huellas de Luis Emilio Recabarren, Clotario Blest y Tucapel Jiménez. De poder ser reconocido por todos los demás sectores populares como sus legítimos herederos.

Santiago, 24-04-2017

(*) Economista-asesor sindical

 

Referencias:

[1] “Chile: La discusión sobre la Jornada de Trabajo” Manuel Ahumada, presidente de CGT, “Pulso Extra” 15 de abril 2017.   http://www.cctt.cl/nuevocorreo/2017/04/15/chile-la-discusion-sobre-la-jornada-de-trabajo/