Coyuntura: El Frente Brasil Popular presentó su plan de gobierno.

El Frente Brasil Popular presenta sus propuestas para restablecer el orden constitucional democrático, defender la soberanía nacional, enfrentar la crisis económica, revertir el desmonte del estado y salvar las conquistas históricas del pueblo trabajador.

La precondición de las medidas aquí enumeradas es el fin del gobierno usurpador, producto del golpe que derribó a la presidenta Dilma Rousseff, con la elección directa de un nuevo jefe de Estado y el establecimiento de un gobierno oriundo de las fuerzas políticas y sociales progresistas y democráticas.

La salida democrática que proponemos tiene como presupuesto la anticipación de las elecciones presidenciales para 2017. Ese es el primer paso para entablar una amplia y persistente disputa política capaz de crear una correlación de fuerzas favorable a la oportuna convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, destinada a refundar el Estado de derecho y establecer reformas estructurales democráticas.

Este Plan Popular de Emergencia representa, por lo tanto, una alternativa para enfrentar la crisis gestada por la agenda anti patriótica, anti popular, anti nacional y autoritaria de los golpistas.

Se trata de medidas a ser inmediatamente implementadas o encaminadas por un nuevo gobierno, escogido soberanamente por el voto popular.

Las propuestas aquí expresadas tienen como objetivo invertir, en el plazo más corto de tiempo, los indicadores económicos, sociales y políticos que resultaron del interregno golpista. Y tienen conexión con las reformas estructurales necesarias para romper el modelo de capitalismo dependiente que ha producido, entre otras heridas, el empobrecimiento de los trabajadores, especialmente de las trabajadoras y la población negra, injusticia social extrema, pérdida de independencia y recesión económica, al mismo tiempo en que concentra renta, riqueza y propiedad en las manos de un puñado de barones del capital.

La liberación de los trabajadores de la ciudad y el campo de su condena secular a la exclusión está vinculada a la lucha por un plan de desarrollo soberano, emancipador, sustentable e integrado a los vecinos sudamericanos.

Se trata de implementar un proyecto nacional de desarrollo que busque fortalecer la economía nacional, el desarrollo autónomo y soberano, enfrentar la desigualdad de ingresos, de fortuna y patrimonio como bases fundamentales para la reconstrucción de la economía brasilera, para la recomposición del mercado interno de masas, de la industria nacional, de la salud financiera del Estado y de la soberanía nacional, un modelo social basado en el bienestar y en la democracia.

El Frente Brasil Popular propone debatir este programa junto a las bases de las entidades, movimientos y partidos del campo democrático, popular y progresista, inclusive influenciando las campañas de las candidaturas democráticas, populares y progresistas, tanto para cargos mayoritarios cuanto legislativos.

El Frente Brasil Popular trabaja, también, para profundizar el diálogo y la unidad entre las corrientes democráticas, populares y progresistas, fortaleciendo y ampliando alianzas imprescindibles para derrocar al bloque conservador que tomó por asalto el comando de la República.

Este Plan es, por lo tanto, una propuesta abierta a la discusión con la sociedad brasilera e integra el esfuerzo colectivo del Frente Brasil Popular buscando la unificación de las fuerzas democráticas, populares y progresistas, en la lucha por el derrocamiento del actual gobierno y la construcción de una nueva coalición popular que proporcione la recuperación democrática y el ascenso de las grandes masas como sujeto de la Historia.

San Pablo, 19 de mayo de 2017

Envíe sugestiones y comentarios sobre el Plan Popular de Emergencia a la dirección electrónica: sugestaoplanofbp@gmail.com

I- DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO

1. Anticipación de las elecciones presidenciales para 2017.

2. Aprobación urgente de la reforma política, con adopción de voto en lista partidaria, con exclusivo financiamiento público de campañas electorales, alternancia entre hombres y mujeres, cupos por raza y generacional de acuerdo con la densidad electoral de cada provincia.

3. Revisión de la actual ley de juicio político, con la adopción de referendos revocatorios para todos los cargos ejecutivos y la realización de plebiscitos impositivos convocados por el 20% del electorado o convocados por el presidente de la República, más allá del Congreso Nacional.
4. Democratización de los medios, con la adopción de una legislación que erradique la propiedad monopólica de los medios de comunicación, creando mecanismos de incentivo y protección a la pluralidad de los vehículos de información y de la industria cultura.

5. Democratización del Poder Judicial, con el establecimiento de mandatos para ministros de las cortes superiores, ampliación y democratización del Consejo Nacional de Justicia, aprobación de la ley contra abuso de autoridad, eliminación de privilegios y fortalecimiento de las salvaguardas constitucionales contra errores judiciales.

II – POLÍTICA DE DESARROLLO, EMPLEO Y RENTA

6. Revocación de todas las medidas de carácter anti popular, anti nacional y anti democrático aprobadas durante el gobierno usurpador.

7. Revocación de la Enmienda Constitucional 55 (que limita el crecimiento de los gastos públicos por veinte años), de la Ley 4567/16 (que dejó de obligar a Petrobras a ser operadora en todos los bloques del pré-sal), de la Ley 4302/1998 (que permite la terciarización de la mano de obra).

8. Adopción de una nueva política económica, teniendo como vector el desarrollo, adecuando las tasas de interés, el cambio y la política fiscal a la realidad de la economía brasilera y dentro de padrones internacionales, buscando elevar las inversiones a 25% del PBI en un plazo de cuatro años.

9. Suspensión y revisión de las concesiones y privatizaciones decididas durante el gobierno usurpador, incluyendo la venta de activos de empresas estatales y las licitaciones de áreas del pré-sal.

10. Creación de un Fondo Nacional de Desarrollo y Empleo, financiado por el uso parcial de las reservas internacionales, la baja del gasto financiero y la reorganización del sistema nacional de impuestos – que destine R$ 100 mil millones anuales para obras de infraestructura, saneamiento, vivienda, renovación energética y movilidad urbana.

11. Reorganización del Programa Mi Casa, Mi vida, con expansión de la construcción de viviendas populares y plan de financiamiento a largo plazo para reformas y mejoras residenciales

12. Expansión y abaratamiento del crédito para la producción y consumo, con prioridad para la economía popular y solidaria, liderado por los bancos públicos y sostenido por la reducción de los encajes bancarios.

13. Auditoría y reducción del servicio de la deuda interna, intereses compatibles con el crecimiento y la generación de empleos, ley “anti trust” del sistema financiero y fortalecimiento de los bancos públicos.

14. Aumento del 20% al Bolsa Familia, entre otras medidas de expansión del gasto e inversión social.

15. Adopción de un plan de desarrollo industrial, que articule inversiones estatales, política cambiaria, créditos de los bancos públicos e incentivos a la iniciativa privada.

16. Reformulación de las medidas de protección a las micro, pequeñas y medianas empresas, además de las formas cooperativas de producción, unificando las políticas de beneficio fiscal, prioridades en las compras gubernamentales, concesión de créditos, medidas de fomento vía el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), asistencia técnica, refinanciamiento de deudas e impulso a la exportación.

17. Reestablecimiento de las reglas de contenido nacional en la industria del petróleo y gas, extensiva al sector eléctrico y minero, obligando que las estatales compren localmente el 70% de las embarcaciones, sondas, plataformas y equipamientos.

18. Alteración del artículo 243 de la Constitución Federal, expandiendo la confiscación de bienes y propiedades empresariales, actualmente restricto a los condenados por trabajo esclavo y drogas, también para los condenados por corrupción, cuyos activos serían incorporados a la economía estatal, garantizando la continuidad de esas empresas y el empleo de sus trabajadores.

19. Recuperar la política de inversión en ciencia, tecnología e innovación como instrumento indispensable al desarrollo soberano del país.

20. Aplicar la Política Nacional de Defensa (lanzada en 2012 por la presidenta Dilma), modernizando las fuerzas armadas y fortaleciendo la industria nacional de defensa.

III – REFORMA AGRARIA Y AGRICULTURA FAMILIAR

21. Retomar la reforma agraria y la expropiación de latifundios improductivos, con revisión inmediata de los índices de productividad y priorizar la distribución de la tierra para familias acampando.

22. Expropiación de las haciendas en deuda irregular con la Nación y bancos públicos, además de las propiedades rurales cuyos controladores estén condenados por trabajo esclavo, corrupción y desmonte ilegal.

23. Implantación de un programa nacional para la producción, industrialización y comercialización de alimentos saludables, con presupuesto de R$ 3 mil millones anuales.

24. Destinar R$ 2 mil millones anuales para el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) para garantizar las compras gubernamentales junto a agricultores familiares y campesinos.

25. Línea de crédito de R$ 1 mil millones, establecida por el BNDES, para la implantación de agroindustrias cooperativas de asentados y agricultores familiares.

26. Implementación del Plan Nacional de Erradicación de Agrotóxicos (PRONARA) y del Plan Nacional de Agroecología y Producción Orgánica (PLANAPO), gravando con el Impuesto a los Productos Industrializados (IPI) y el Impuesto a la Circulación de Mercaderías y Prestación de Servicios (ICMS) a todos los agrotóxicos.

27. Asegurar la escritura de todas las tierras de las comunidades quilombolas y la demarcación de todas las áreas indígenas, así como una política de fortalecimiento y apoyo a su cultura y territorios.

28. Recreación del Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) y transformación de la Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB) en una empresa estatal volcada a la compra de alimentos de la agricultura familiar y la adopción de programas públicos para la distribución de bienes agrícolas.

IV – REFORMA TRIBUTARIA

29. Financiamiento del Sistema Único de Salud (SUS), a partir de la recreación de la Contribución Provisoria sobre Movimientos Financieros (CPMF), que deberá incidir sobre depósitos o movimientos bancarios a partir de determinado valor, estableciendo la recaudación compartida entre provincias y municipios.

30. Adopción del Impuesto sobre Grandes Fortunas (IGF), con alícuota anual variable entre 0,5% y % sobre los quienes posean un patrimonio líquido superior a ocho mil veces el límite de exención previsto en el Impuesto a las Ganancias para Persona Física del período recaudado.

31. Aumento del impuesto sobre las donaciones y grandes herencias, con un nuevo acuerdo del valor recaudado entre la Nación, las provincias y municipios.

32. Tributación de los intereses sobre el capital propio, revocando el beneficio fiscal previsto en la ley 9249/1995, que permite la deducción de los costos financiero de la base del cálculo tributario de las empresas, a cuenta de créditos aportados por los propios accionistas.

33. Tributación sobre lucros y dividendos, eliminando la exención del Impuesto a las Ganancias sobre personas físicas y jurídicas (también prevista en la ley 9249/1995) en la declaración de beneficios obtenidos por sus participaciones accionarias.

34. Adopción de un régimen progresivo para el Impuesto Territorial Rural sobre las grandes propiedades improductivas.

35. Extensión del Impuesto sobre Propiedad de Vehículos Automotores (IPBA) para barcos, helicópteros y aviones.

36. Disminución de la carga tributaria sobre bienes y productos de consumo popular.

37. Revisión de la tabla de impuesto a las ganancias sobre personas físicas, con aumento del piso de exención, ampliación progresiva de las fajas de contribución y reducción de la tributación sobre la producción y el consumo.

38. Auditoría de todas las exenciones fiscales. Fin de la exención de contribución previsional de los exportadores agrícola. Revisión de la Ley Kandir, con adopción de reglas tributarias que graven la exportación de commodities, bienes y servicios.

V- DERECHOS SOCIALES Y LABORALES

39. Aprobación de la Consolidación de Leyes Sociales, constitucionalizando el derecho al ingreso mínimo y la política de valorización del salario mínimo, entre otros beneficios.

40. Reducción de la jornada máxima de trabajo a 40 horas semanales, buscando aumentar la generación de empleos y la mejora de la calidad de vida y trabajo.

41. Garantizar el derecho al pago de igual salario por igual trabajo entre hombres y mujeres, estableciendo un sistema de multas y exclusión de compras y créditos públicos a las empresas infractoras.

42. Extensión de la licencia de maternidad a seis meses para todas las trabajadoras; y extensión de la licencia de paternidad. Universalizar la educación infantil preescolar para los niños y las niñas de 4 y 5 años de edad y ampliar la oferta de educación infantil en jardines de forma de atender, como mínimo, al 50% de las criaturas de hasta tres años, priorizando las periferias de las grandes ciudades.

43. Reconocimiento de la Convención 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y reglamentación del artículo 7 de la Constitución Federal que trata sobre la protección a los trabajadores contra el despido injustificado, como una de las formas de combatir la altísima rotación del mercado de trabajo brasilero.

44. Facilitar y ampliar la protección social a través del Programa de Seguro de Desempleo, facilitando el acceso y extendiendo la cobertura del programa para los sectores más alcanzado por la crisis.

45.  Revocar la Ley 13.429/2017 (terciarización irrestricta) y proponer una reglamentación que proteja a los trabajadores en esa condición, restringiendo la terciarización a las actividades subsidiarias de la empresa, más allá de garantizar igualdad de salarios, derechos y beneficios, así como la libertad de organización sindical y la responsabilidad solidaria de los contratantes.

46. Combatir y penar las prácticas anti sindicales y fortalecer la negociación colectiva, a través de los sindicatos, como instrumentos exclusivos para mejorar las condiciones sociales de la clase trabajadora, teniendo como piso mínimo e innegociable los derechos garantizados en la legislación laboral vigente hasta el golpe.

47. Promover la sustentabilidad de la seguridad social, garantizando la manutención de los beneficios y protecciones existentes, ampliando y recomponiendo la recaudación por la revocación de la Desvinculación de la Recaudación Federal (DRU en portugués, Desvinculação da Receita da União), revisión de las exoneraciones, perfeccionamiento y ampliación de los instrumentos y estructuras de fiscalización previsional y laboral,
combate a la evasión fiscal y revisión de la legislación de ejecución fiscal, con vista a una mayor efectividad en el cobro de débitos fiscales, previsionales y laborales.

VI – DERECHO A LA SALUD, A LA EDUCACIÓN, A LA CULTURA Y A LA VIVIENDA

48.  Fortalecimiento del SUS, viabilizando cambios en el modelo de atención a la salud, reforzando la atención básica como referencia para la organización de la red, elevando la calidad, integridad y equidad, priorizando las unidades propias y reduciendo las desigualdades regionales (Revocación de la enmienda constitucional n.º 95/2016 y la aprobación de la PEC 01/2015).

49. Cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Educación, aumentando las inversiones en el sector al 7% del PBI hasta 2019 y 10% hasta 2024, con el efectivo destino del 75% de los royalties del petróleo y el 50% del Fondo Social del Pré-Sal para que ese objetivo se alcanzado.

50. Revocación de la reforma de la educación secundaria y la alteración a las normas curriculares (MP 746/16)

51. Recuperación del Programa Mi Casa, Mi Vida, priorizando la franja 1, para familias con ingresos hasta R$ 1.800, con participación de los movimientos sociales en la elaboración y ejecución de los proyectos. Construcción hasta 2018 de 300 mil unidades en la modalidad MCMV Entidades y 400 mil en la MCMV Rural. Para ayudar a cumplir esa meta es necesario destinar áreas de la Superintendencia del Patrimonio de la Unión y del Instituto Nacional de la Seguridad Social para vivienda popular.

52. Revocación de la MP 759/2016, sobre regulación agraria urbana y rural, que desarticula conquistas históricas del derecho a vivienda segura, saneada, salubre, digna y saludable, protegiendo a quienes lotean ilegalmente, falsifican documentos para quedarse con tierras fiscales y condominios cerrados de alto nivel.

53. Aplicación rigurosa de los artículos 181 y 182 de la Constitución Federal, más allá de las leyes 10.257/2001 (Estatuto de la Ciudad), 12.587/2012 (Movilidad Urbana), 11.445/2007 (Saneamiento Básico), 12.305/2010 (Residuos Sólidos) y 13.089 (Estatuto de la Metrópolis).

54. Aprobación de la PEC 282/2008, que vincula recursos directos del presupuesto a la vivienda popular.

55. Promoción de la cultura a partir del fomento de grupos culturales y a través de la recuperación y reestructuración de la Red Cultura Viva y Puntos de Cultura.

VII- SEGURIDAD PÚBLICA

56. Revisión de la actual política de seguridad pública, con la subordinación de las acciones de las policías a la rígida defensa de los derechos humanos y la libertad de manifestación de los movimientos sociales.

57. Adopción de una nueva política de combate a las drogas, con su legalización progresiva, que despenalice a los usuarios.

58. Movilización para liberar a los presos del sistema carcelario con sentencia cumplida, derecho legal a la progresión penal o detenidos irregularmente en carácter provisorio.

59. Eliminación efectiva de los autos de resistencia, con la promoción de políticas públicas destinadas al apoyo y atención a las familias de los jóvenes negros asesinados o agredidos por fuerzas policiales.

60. Cambios en el sistema judicial y en el código penal, promoviendo penas alternativas y justicia restauradora.

VIII – DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANÍA

61. Despenalización del aborto y reglamentación de su práctica en el servicio público de salud.

62. Recuperación del Pacto Nacional por el Enfrentamiento a la Violencia contra la Mujer y del programa “Mujer, Vivir Sin Violencia”.

63. Promoción de políticas públicas y educacionales de combate al racismo, al machismo, a la homofobia y a toda forma de prejuicios.

64. Inclusión de orientaciones sobre identidad sexual y de género en la Base Nacional Común Curricular (BNCC).

65. Penalización de la violencia y discriminación contra la población LGBT.

66. Aprobación del Proyecto de Ley 5002/13, conocido como Ley João Nery, que reglamenta la identidad de género.

67. Recreación de los ministerios de Derechos Humanos, Políticas para Mujeres y Promoción de la Igualdad Racial.

IX- DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE

68. Programa de revitalización de la Cuenca Hidrográfica del río San Francisco, con recuperación de las fuentes y nacientes, protección de las márgenes y saneamiento básico de las ciudades costeras.

69. Programa de control, contención y combate a los incendios, especialmente en el Cerrado y en el Amazonas.

70. Programa de control, contención, combate y represión al desmonte ilegal, de modo especial en la región amazónica.

71. Programa de recuperación, revitalización y conservación de las fuentes, nacientes y cursos de agua, particularmente en el Cerrado y en las cuencas hidrográficas de abastecimiento de grandes y medianos centros urbanos.

72. Programa de estímulos a la plantación de árboles, a la protección de las nacientes y a la protección para el uso común de los bienes de la naturaleza.

73. Adopción de medidas concretas de protección al medio ambiente y de revitalización en las grandes ciudades y periferias.

X – POLÍTICA EXTERNA SOBERANA

74. Recuperación de la política exterior independiente, con el fortalecimiento de la integración regional de América Latina y de bloques contra hegemónicos como el BRICS, recuperando la dirección por un nuevo orden mundial basado en la paz, en la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la soberanía de las naciones.

75. Fortalecimiento de las instituciones regionales como el MERCOSUR, la UNASUR y la CELAC, con prioridad en la consolidación del Banco del Sur (BDS), de los proyectos comunes de infraestructura y de los planes unificados de desarrollo.

76. Creación del Consejo Nacional de Política Externa, con participación pluriministerial y de representación de la sociedad civil.