por Boaventura de Sousa Santos (*)/ Aporrea.
Venezuela vive uno de los momentos más críticos de su historia. Acompaño crítica y solidariamente la Revolución bolivariana desde el inicio. Las conquistas sociales de las últimas dos décadas son indiscutibles. Para comprobarlo basta consultar el informe de la ONU de 2016 sobre la evolución del índice de desarrollo humano.
Dice este informe: “El índice de desarrollo humano (IDH) de Venezuela en 2015 fue de 0.767 –lo que colocó al país en la categoría de alto desarrollo humano–, posicionándolo en el puesto 71º de entre 188 países y territorios. Tal clasificación es compartida con Turquía. De 1990 a 2015, el IDH de Venezuela aumentó de 0.634 a 0.767, un aumento de 20,9 %. Entre 1990 y 2015, la esperanza de vida al nacer aumentó a 4,6 años, el período medio de escolaridad ascendió a 4,8 años y los años de escolaridad media general aumentaron 3,8 años.
El rendimiento nacional bruto (RNB) per cápita aumentó cerca de 5,4% entre 1990 y 2015”. Se hace notar que estos progresos fueron obtenidos en democracia, solo momentáneamente interrumpida por la tentativa de golpe de Estado en 2002 protagonizada por la oposición con el apoyo activo de Estados Unidos.
La muerte prematura de Hugo Chávez en 2013 y la caída del precio de petróleo en 2014 causaron una conmoción profunda en los procesos de transformación social entonces en curso. El liderazgo carismático de Chávez no tenía sucesor, la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones siguientes fue por escaso margen, el nuevo presidente no estaba preparado para tan complejas tareas de gobierno y la oposición (internamente muy dividida) sintió que su momento había llegado, en lo que fue, una vez más, apoyada por Estados Unidos, sobre todo cuando en 2015 y de nuevo en 2017 el presidente Obama consideró a Venezuela como una “amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos”, una declaración que mucha gente consideró exagerada, si no mismo ridícula, pero que, como explico más adelante, tenía toda lógica (desde el punto de vista de Estados Unidos, claro).
La situación se fue deteriorando hasta que, en diciembre de 2015, la oposición conquistó la mayoría en la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo de Justicia suspendió a cuatro diputados por alegado fraude electoral, la Asamblea Nacional desobedeció, y a partir de ahí la confrontación institucional se agravó y fue progresivamente propagándose en las calles, alimentada también por la grave crisis económica y de abastecimiento que entretanto explotó. Más de cien muertos, una situación caótica.
Mientras, el presidente Maduro tomó la iniciativa de convocar una Asamblea Constituyente (AC) a ser elegida el día 30 de julio y Estados Unidos amenaza con más sanciones si las elecciones se producen. Es sabido que esta iniciativa busca superar la obstrucción de la Asamblea Nacional dominada por la oposición.
El pasado 26 de mayo suscribí un manifiesto elaborado por intelectuales y políticos venezolanos de varias tendencias políticas, apelando a los partidos y grupos sociales en conflicto a parar la violencia en las calles e iniciar un debate que permitiese una salida no violenta, democrática y sin la injerencia de Estados Unidos. Decidí entonces no volver a pronunciarme sobre la crisis venezolana.
¿Por qué lo hago hoy? Porque estoy alarmado con la parcialidad de la comunicación social europea, incluyendo la portuguesa, sobre la crisis de Venezuela, una distorsión que recorre todos los medios para demonizar un gobierno legítimamente electo, atizar el incendio social y político y legitimar una intervención extranjera de consecuencias incalculables.
La prensa española llega al punto de embarcarse en la posverdad, difundiendo noticias falsas sobre la posición del gobierno portugués. Me pronuncio animado por el buen sentido y equilibrio que el ministro de Asuntos Exteriores portugués, Augusto Santos Silva, ha mostrado sobre este tema. La historia reciente nos muestra que las sanciones económicas afectan más a ciudadanos inocentes que a los gobiernos.
Basta recordar los más de 500 mil niños que, según el informe de Naciones Unidas de 1995, murieron en Irak como resultado de las sanciones impuestas después de la guerra del Golfo Pérsico. Recordemos también que en Venezuela vive medio millón de portugueses o lusodescendientes. La historia reciente también nos enseña que ninguna democracia sale fortalecida de una intervención extranjera.
Los desaciertos de un gobierno democrático se resuelven por vía democrática, la cual será tanto más consistente cuanto menor sea la interferencia externa. El gobierno de la Revolución bolivariana es democráticamente legítimo. A lo largo de muchas elecciones durante los últimos veinte años, nunca ha dado señales de no respetar los resultados electorales. Ha perdido algunas elecciones y puede perder la próxima, y solo sería criticable si no respetara los resultados.
Pero no se puede negar que el presidente Maduro tiene legitimidad constitucional para convocar la Asamblea Constituyente. Por supuesto que los venezolanos (incluyendo muchos chavistas críticos) pueden legítimamente cuestionar su oportunidad, sobre todo teniendo en cuenta que disponen de la Constitución de 1999, promovida por el presidente Chávez, y disponen de medios democráticos para manifestar ese cuestionamiento el próximo domingo. Pero nada de eso justifica el clima insurreccional que la oposición ha radicalizado en las últimas semanas y cuyo objetivo no es corregir los errores de la Revolución bolivariana, sino ponerle fin, imponer las recetas neoliberales (como está sucediendo en Brasil y Argentina) con todo lo que eso significará para las mayorías pobres de Venezuela.
Lo que debe preocupar a los demócratas, aunque esto no preocupa a los medios globales que ya han tomado partido por la oposición, es la forma en que están siendo seleccionados los candidatos. Si, como se sospecha, los aparatos burocráticos del partido de Gobierno han secuestrado el impulso participativo de las clases populares, el objetivo de la Asamblea Constituyente de ampliar democráticamente la fuerza política de la base social de apoyo a la revolución se habrá frustrado.
Para comprender por qué probablemente no habrá salida no violenta a la crisis de Venezuela, conviene saber lo que está en juego en el plano geoestratégico global. Lo que está en juego son las mayores reservas de petróleo del mundo existentes en Venezuela. Para el dominio global de Estados Unidos es crucial mantener el control de las reservas de petróleo del mundo. Cualquier país, por democrático que sea, que tenga este recurso estratégico y no lo haga accesible a las multinacionales petroleras, en su mayoría norteamericanas, se pone en el punto de mira de una intervención imperial.
La amenaza a la seguridad nacional, de la que hablan los presidentes de Estados Unidos, no está solamente en el acceso al petróleo, sino sobre todo en el hecho de que el comercio mundial del petróleo se denomina en dólares estadounidenses, el verdadero núcleo del poder de Estados Unidos, ya que ningún otro país tiene el privilegio de imprimir los billetes que considere sin que esto afecte significativamente su valor monetario.
Por esta razón Irak fue invadido y Oriente Medio y Libia arrasados (en este último caso, con la complicidad activa de la Francia de Sarkozy). Por el mismo motivo, hubo injerencia, hoy documentada, en la crisis brasileña, pues la explotación de los yacimientos petrolíferos estaba en manos de los brasileños. Por la misma razón, Irán volvió a estar en peligro. De igual modo, la Revolución bolivariana tiene que caer sin haber tenido la oportunidad de corregir democráticamente los graves errores que sus dirigentes cometieron en los últimos años.
Sin injerencia externa, estoy seguro de que Venezuela sabría encontrar una solución no violenta y democrática. Desgraciadamente, lo que está en curso es usar todos los medios disponibles para poner a los pobres en contra del chavismo, la base social de la Revolución bolivariana y los que más se beneficiaron de ella. Y, en concomitancia, provocar una ruptura en las Fuerzas Armadas y un consecuente golpe militar que deponga a Maduro. La política exterior de Europa (si se puede hablar de tal) podría constituir una fuerza moderadora si, entre tanto, no hubiera perdido el alma.
Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez.
Miércoles, 26/07/2017.
Fuente: https://www.aporrea.org/actualidad/a249886.html
(*) Boaventura de Sousa Santos (Coímbra, Portugal, 15 de noviembre de 1940) es doctor en Sociología del derecho por la Universidad de Yale y profesor catedrático de Sociología en la Universidad de Coímbra. Es director del Centro de Estudios Sociales y del Centro de Documentación 25 de Abril de esa misma universidad; además, profesor distinguido del Institute for Legal Studies de la Universidad de Wisconsin-Madison. Se lo considera un intelectual con reconocimiento internacional en el área de ciencias sociales, popular en Brasil por su participación en varias ediciones del Foro Social Mundial. Ha publicado trabajos sobre la globalización, sociología del derecho, epistemología, democracia y derechos humanos.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Boaventura_de_Sousa_Santos
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