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50 años de ocupación israelí
A lo largo de medio siglo, la ocupación de Cisjordania —incluida Jerusalén Oriental— y la Franja de Gaza por Israel ha dado lugar a violaciones sistemáticas de derechos humanos contra su población palestina.
Desde que comenzó la ocupación en junio de 1967, las implacables políticas israelíes de confiscación de tierras, asentamiento ilegal y privación de posesiones, sumadas a la discriminación generalizada, han infligido un sufrimiento inmenso a la población palestina despojándola de sus derechos fundamentales.
El régimen militar de Israel altera la vida diaria de los Territorios Palestinos Ocupados en todos sus aspectos. Sigue afectando a cómo y cuándo los palestinos pueden —y si pueden— desplazarse al trabajo o a la escuela, viajar al extranjero, visitar a familiares, ganarse la vida, asistir a un acto de protesta y acceder a sus tierras de cultivo o incluso al suministro de electricidad o de agua potable. Todo ello implica sufrir humillación, miedo y represión a diario. En la práctica, Israel ha tomado como rehenes las vidas completas de estas personas.
Además, ha adoptado un complejo entramado de leyes militares para reprimir la expresión del desacuerdo con sus políticas, y altos cargos públicos han tachado de “traidores” a los israelíes que abogan por los derechos de la población palestina.
Apropiación imparable de tierras por Israel: los asentamientos ilegales israelíes
La política israelí de construir y expandir asentamientos ilegales en tierras palestinas ocupadas es una de las principales fuerzas impulsoras de las violaciones generalizadas de derechos humanos resultantes de la ocupación. A lo largo de los últimos 50 años, Israel ha demolido decenas de miles de propiedades palestinas y ha forzado el desplazamiento de grandes grupos de población para construir viviendas e infraestructuras destinadas al asentamiento ilegal de su propia población en los territorios ocupados. Además, ha desviado recursos naturales palestinos —como agua y tierras de cultivo— para uso de los asentamientos.
La existencia misma de los asentamientos en los Territorios Palestinos Ocupados viola el derecho internacional humanitario y constituye un crimen de guerra. A pesar de múltiples resoluciones de la ONU, Israel ha seguido apropiándose de tierras palestinas y apoyando a los al menos 600.000 colonos que viven en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental. Hasta 2005, más de 9.000 colonos israelíes residían ilegalmente en Gaza.
En los últimos meses, Israel ha acelerado la expansión de los asentamientos. El gobierno ha anunciado planes para la construcción de miles de viviendas nuevas en asentamientos existentes, y también para la creación de dos nuevos asentamientos en la Cisjordania ocupada.
Además de construir ilegalmente viviendas e infraestructuras para asentamientos en tierras palestinas, las empresas israelíes e internacionales que operan en los asentamientos han creado una economía floreciente que sostiene su presencia y expansión. Esta “actividad empresarial de los asentamientos” depende de la apropiación ilegal de recursos palestinos, que incluyen agua, tierras y minerales, para producir bienes que se exportan y venden para beneficio privado. Cada año se exportan internacionalmente bienes producidos en los asentamientos por valor de cientos de millones de dólares.
Queremos que los gobiernos dejen de sostener una economía que contribuye a la prosperidad de estos asentamientos ilegales y fomenta el sufrimiento de la población palestina, y tú puedes ayudar.
Pide ya a tu gobierno que prohíba la entrada en el mercado nacional de bienes producidos en los asentamientos israelíes y que impida que las empresas radicadas en tu país operen en los asentamientos o comercien con sus productos, y así ayudará a poner fin al ciclo de violaciones de derechos humanos que sufre la población palestina sometida a la ocupación de Israel.
La vida diaria bajo la ocupación: Población atrapada y oprimida
Debido a los cientos de puntos de bloqueo militar israelí repartidos por toda Cisjordania—entre puestos de control, bloqueos de carreteras y vías para uso exclusivo de los colonos— y al régimen general de permisos, simples quehaceres diarios se convierten en una lucha constante para la población palestina que intenta ir a trabajar, a estudiar o al hospital. Israel sostiene que la sinuosa valla/muro de 700 kilómetros de longitud está ahí para impedir ataques armados de palestinos contra Israel, pero no explica por qué en un 85% está construida sobre tierras palestinas, e incluso se adentra considerablemente en Cisjordania. Lo que sí hace la valla/muro es aislar entre sí a las comunidades palestinas y separar a las familias. Asimismo priva a la población palestina de acceso a servicios básicos y separa a los agricultores de sus tierras y otros recursos, causando la paralización de la economía palestina. Además, una legislación intrínsecamente discriminatoria e injusta impide a muchas personas contraer matrimonio, o desplazarse dentro de los territorios ocupados o hasta Israel para visitar a seres queridos o vivir con ellos. Estas restricciones arbitrarias son discriminatorias e ilegítimas y deben levantarse de inmediato.
Aunque Israel retiró sus tropas terrestres de la Franja de Gaza en 2005, mantiene un bloqueo ilegal por tierra, mar y aire sobre Gaza, así como una “zona de acceso restringido” o zona temporal de seguridad dentro de Gaza. De esta manera ha mantenido aislados de otras partes de los Territorios Palestinos Ocupados y del resto del mundo a más de dos millones de palestinos durante 10 años.
Restricciones de acceso a recursos naturales
Además de decidir adónde pueden ir y a quién pueden ver los palestinos, Israel también controla su acceso al agua potable y lo restringe arbitrariamente. Los israelíes consumen al menos cuatro veces más agua que los palestinos que viven en los Territorios Palestinos Ocupados. El restrictivo suministro de agua a la población palestina por Israel no permite cubrir las necesidades básicas de la población palestina ni supone una distribución justa de los recursos hídricos comunes. Las piscinas, praderas bien irrigadas y grandes fincas de riego de los asentamientos israelíes en territorio ocupado —verdes y frondosas incluso en plena estación seca— contrastan enormemente con los áridos y resecos pueblos palestinos adyacentes, cuyos habitantes consiguen a duras penas agua suficiente para lavar, ducharse, cocinar o beber, y todavía les resulta más difícil regar sus cultivos.
50 años de detenciones arbitrarias, privación de libertad y juicios injustos
Desde 1967, las autoridades israelíes han detenido a cientos de miles de palestinos —incluidos mujeres y menores de edad— en virtud de órdenes militares, muchas de las cuales penalizan una amplia diversidad de actividades pacíficas. En momentos de agravamiento de las tensiones y la violencia se detuvo arbitrariamente a los varones, adultos y menores, de pueblos enteros en redadas masivas. Durante el levantamiento palestino, de 1987 a 1993, las fuerzas israelíes detuvieron a unos 100.000 palestinos.
Además, las autoridades israelíes han detenido arbitrariamente a decenas de miles de palestinos y los han recluido sin cargos ni juicio, en detención administrativa; entre ellos hay presos de conciencia.
La política de detener a palestinos en los territorios ocupados y recluirlos en cárceles israelíes, aplicada por Israel durante 50 años, es una violación del derecho internacional. Los presos palestinos, además, sufren restricciones en las visitas de familiares y en el acceso a la educación y la asistencia médica, entre otros aspectos.
Israel ha establecido también tribunales militares que no garantizan el procesamiento de las personas palestinas con las debidas garantías para un juicio justo. Prácticamente todas las causas elevadas ante tribunales militares se resuelven con fallos condenatorios. La mayoría de las sentencias condenatorias se dictan tras declararse culpable el propio acusado, porque los palestinos acusados de delitos saben que el sistema en su conjunto es tan injusto que su condena es segura y les impondrán una pena más larga si van a juicio. En cambio, los colonos israelíes acusados de delitos que viven en los Territorios Palestinos Ocupados son procesados ante tribunales civiles israelíes en Israel y reciben mayor protección legal en virtud del derecho civil israelí.
La tortura sigue sin estar tipificada como delito en la legislación de Israel, y esto propicia que los presos palestinos sufran tortura y otros malos tratos bajo la custodia israelí.
50 años de homicidios ilegítimos.
Las fuerzas israelíes tienen un largo historial de uso de fuerza excesiva, y a menudo letal, contra palestinos —hombres, mujeres, niños y niñas—, entre otras cosas como medida de represalia contra manifestantes y para reprimir la disidencia. Como consecuencia, miles han perdido la vida y muchos más han resultado heridos. Las autoridades, al no llevar a cabo investigaciones exhaustivas, imparciales e independientes que rompan el ciclo de impunidad, han propiciado que estas violaciones de derechos humanos continúen a lo largo de medio siglo.
Desde 1987 se ha dado muerte a más de 10.200 palestinos; en muchos casos, las circunstancias apuntan a que fueron homicidios ilegítimos y pueden constituir crímenes de guerra. En el mismo periodo, más de 1.400 israelíes han muerto a manos de palestinos. De ellos, varios cientos eran civiles a los que mataron grupos armados palestinos en ataques equiparables a crímenes de derecho internacional.
Fuente: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/campanas/ocupacion-israeli/
Posición de las organizaciones de derechos humanos sobre el 50.o aniversario de la ocupación militar israelí de Cisjordania y de la Franja de Gaza.
En el 50.o aniversario de la ocupación israelí de Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza, las organizaciones abajo firmantes declaran lo siguiente:
- Las raíces del conflicto israelo-palestino son anteriores al inicio de la ocupación militar de Cisjordania y de la Franja de Gaza en 1967. Se remonta a 1948 e incluso antes, cuando cientos de miles de palestinos se vieron obligados a huir de sus hogares en el Mandato para Palestina para pasar a ser refugiados en Cisjordania, la Franja de Gaza y en otros países del mundo, entre ellos en los países árabes circundantes.
- Los palestinos tienen derecho a la autodeterminación, ampliamente reconocido por la comunidad internacional y clasificado como una obligación erga omnes. Este derecho va más allá del establecimiento de un Estado palestino en el territorio ocupado en 1967 e incluye el derecho de los refugiados palestinos a retornar a sus hogares, de donde fueron desplazados a la fuerza en 1948, antes y después.
- Desde 1948 Israel ha cometido violaciones sistemáticas de derechos humanos, muchas de las cuales constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Incluyen, entre otros, asesinatos, destrucción de propiedades no justificada por una necesidad militar, apropiación de tierras, encarcelamiento y tortura, traslado de su propia población civil a los territorios ocupados, saqueo de los recursos naturales, así como muchas otras violaciones. Todos estos crímenes han sido cometidos con total impunidad y sus autores han logrado evitar rendir cuentas.
- Las prácticas de Israel en los territorios palestinos ocupados, especialmente los asentamientos y su régimen conexo, violan el derecho internacional y los derechos inalienables de soberanía de los palestinos. Estas prácticas pueden constituir la anexión de facto de la Cisjordania ocupada y hacen que la ocupación militar israelí tenga características de colonización y de apartheid, en violación de los principios del derecho internacional que destaca el carácter temporal de la ocupación militar.
- La falta de acción de la comunidad internacional y la complicidad de determinados Estados con los crímenes israelís prolongará el conflicto a expensas de los derechos de la población palestina y, en especial, de las víctimas directas de los crímenes, que continúan esperando que se haga justicia.
- La comunidad internacional tiene la obligación legal de poner fin a la ocupación israelí y de obligar a los israelís que hayan cometido crímenes internacionales graves a responder por ellos. La falta de acción de la comunidad internacional y, en muchas ocasiones su apoyo a Israel, ha alentado a Israel, la potencia ocupante, a continuar cometiendo estas violaciones, ignorar sus obligaciones legales según el derecho internacional y actuar como un Estado que está por encima de la ley.
- El 16 de enero de 2015, después de que el Estado de Palestina aceptase la competencia de la CPI, la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió un examen preliminar sobre la situación en Palestina. En 2015 y 2016 la Fiscalía informó que había recibido más de 86 comunicaciones sobre los crímenes supuestamente cometidos. Los Estados deben cooperar con el examen preliminar de la Oficina del Fiscal de la CPI. Teniendo en cuenta la gravedad de los crímenes y la falta de auténticos esfuerzos para lograr la rendición de cuentas, la Fiscalía debería abrir una investigación preliminar en el plazo más breve posible con objeto de garantizar la justicia y disuadir de nuevas escaladas de las violaciones.
- La comunidad internacional no debe reconocer los cambios que Israel ha creado sobre el terreno y no debe adecuarse a prácticas que violan los derechos fundamentales de los palestinos y que pueden ser constitutivos de crímenes internacionales graves.
- La comunidad internacional no debe reconocer ninguna solución o propuesta de paz que no conduzca a la aplicación del derecho internacional y de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas que permitan a la ciudadanía palestina ejercer su derecho de autodeterminación. No es posible alcanzar la paz sin justicia.
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