Las versiones que se conocen indican que el adolescente vivía con su tía y dos primas cuando salió de su casa para reunirse con sus amigos en una caseta verde que colindaba con un sitio eriazo.

Posteriormente, durante la noche, una patrulla fue apedreada por los jóvenes, quienes se encontraban en estado de ebriedad. Habría sido ahí cuando Carabineros fue a buscar refuerzos y detuvo a quienes se encontraban en el lugar, entre ellos, a José.

Cecilia Huenante, madre del adolescente, señala que el caso es preocupante porque en 12 años la justicia no avanza y los antecedentes que se conocen siguen siendo prácticamente los mismos. En ese sentido, criticó el pacto de silencio que mantiene Carabineros, entidad que a pesar de ser indicada como responsable de esta desaparición no se ha referido al tema.

“La Fiscalía de Puerto Varas tiene los papeles, pero parece que su voluntad es hacer nada. Nosotros queremos justicia y que se seque la verdad. Lo que pasó ese día fue que Carabineros lo detuvo y en sus manos lo hizo desaparecer. Mi hijo fue golpeado, lo subieron a una carro policial y no se supo más de él. Es una pena dolorosa saber que los carabineros están metidos y no quieren hablar”, afirmó.

El abogado del caso, Sergio Millamán, coincidió con las palabras de Cecilia y explicó que lo más relevante de este año ha sido la reconstitución de escena realizada en mayo en base a la declaración un testigo, por orden de la Fiscalía Militar que también está investigando el caso. El jurista comentó que ellos solo tienen abierta la investigación por falsificación de instrumento público, ya que cerraron la causa de secuestro por falta de antecedentes.

Paralelo a las pericias de la Fiscalía Militar, el Ministerio Público también está llevando el caso a raíz de las querella presentada por la familia y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

“Hay un olvido en este caso” 

Para la madre de Huenante existe un olvido de parte de las instituciones del Estado. Desde su perspectiva, no se han hecho los esfuerzos suficientes por investigar qué fue lo que pasó con su hijo. Sin embargo, advierte que será difícil que la justicia y las personas olviden el caso, porque como familia siempre lo mantendrán presente. “Hay un olvido en este caso, porque no quieren investigar más. Uno se mueve por todos lados para refrescar la memoria de José, por eso nunca se va a olvidar”.

Cecilia Huenante hizo un llamado a las personas de Puerto Montt que tengan alguna información sobre el caso, para que declaren y entreguen los antecedentes que manejan. “Yo creo que mucha gente del lugar sabe lo que pasó, pero no dirá nada por miedo a Carabineros”.

Gloria Elgueta, miembro de Londres 38, señaló que el caso es preocupante porque evidencia ciertas continuidades de la dictadura. En ese sentido, enfatizó en que quienes intentan diferenciar las prácticas de esta época con lo que ha sido la democracia pretenden engañar a la población, ya que el cambio radicaría solamente en la masividad, la extensión y el tipo de persona a la que esto afecta.

“Es una continuidad de las prácticas represivas del estado que afectan a los sectores más vulnerables y que tienen menos acceso a defensa, a la justicia y a las distintas formas de protección que el Estado debería otorgar. Más aún cuando uno percibe, una cierta indiferencia social y una falta de respuesta”, sostuvo.

Al igual que la madre de José Huenante, Gloria Elgueta manifestó que las instituciones del Estado han replicado formas de respuesta que no salen de la negación a los familiares de las personas afectadas, principalmente por parte de Carabineros, que son quienes están involucrados en este caso.

Del mismo modo, advirtió que las autoridades civiles, por ejemplo, del Ministerio del Interior, tampoco han exigido que se aclare el caso. “El Estado no se hace cargo de su responsabilidad, así como tampoco se ha hecho cargo de obtener verdad y hacer justicia en el caso de los 1132 detenidos desaparecidos que aún permanecen en esa condición”.

En el marco de los 12 años de la desaparición de José Huenante se realizarán distintas actividades. En Puerto Montt realizarán una conmemoración el domingo 3 de septiembre durante la tarde en la Plaza de Armas de la ciudad y el lunes 4 la familia convocó a una marcha a las 11 de la mañana.

Cecilia Huenante, madre de José, relata parte de lo que han sido estos años sin saber sobre el paradero de su hijo. El rut de José Huenante es 19.437.429-1. y es el nombre de una pieza audiovisual, parte de una entrevista realizada en diciembre del año pasado por el artista y foto reportero Fernando Lavoz, que ha cedido a este medio y que te invitamos a revisar a continuación.

Ver la entrevista completa en el link siguiente:

http://www.cctt.cl/nuevocorreo/documentales/19-437-429-1-jose-huenante-detenido-desaparecido/

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, se refirió a los casos de detenidos desaparecidos: Hugo Arispe, José Huenante y José Vergara, en todos los cuales el organismo ha presentado o se ha hecho parte de querellas en contra de quienes resulten responsables.

Marelic señaló que, en algunos de estos casos, las acciones llevadas a cabo por el Estado con el fin de esclarecerlos “han sido pobres”, a lo que se suma el factor de la justicia militar como un obstáculo para la resolución de los procesos, considerando que en todos existe participación de uniformados, ya sea Carabineros y Gendarmería.

Además, el director del INDH hizo énfasis en la condición de vulnerabilidad que presentan quienes han sido víctimas de los agentes del Estado y “están sujetos y son más propensos a sufrir abusos graves en sus derechos, como en este caso la desaparición forzada”.

¿Qué objetivos persigue el INDH al presentar esta querella por la desaparición en 2001 de Hugo Arispe desde la cárcel de Arica?

Esta acción judicial tiene varios objetivos: uno de ellos es saber dónde está Hugo Arispe. También es saber quiénes fueron los responsables de su desaparición y las circunstancias que lo rodean, y también obtener una sanción penal acorde con el derecho internacional.

¿Por qué se presentan estas querellas después de tanto tiempo?

El INDH comenzó a funcionar en 2010, mal podríamos haberlo hecho antes, sin embargo en los casos de José Huenante y de Hugo Arispe fueron las familias las que iniciaron las acciones judiciales y no fueron tomadas en cuenta del todo por la justicia. Nosotros, haciendo ese análisis de que ha pasado tanto tiempo y las familias han buscado justicia de manera reiterada, nosotros como INDH decidimos hacernos parte para impulsar estas acciones.

¿Han constatado algún avance en las investigaciones sobre estas desapariciones?

En el caso de Huenante está avanzando la investigación. Hay ciertos detalles procesales en cuanto a la jurisdicción militar y la civil que estamos resolviendo, porque acá en el caso de Huenante tiene que ser la jurisdicción civil, o sea la Fiscalía y los Juzgados de Garantía tienen que dirigir la investigación. En el caso de Hugo Arispe, nosotros recién estamos iniciando una investigación en la sede civil, y estamos recién pidiendo las primeras diligencias de esta acción.

Justamente, desde hace muchos años que distintos organismos han cuestionado la justicia militar ¿Cuál es la opinión del INDH sobre este sistema?

La jurisdicción militar chilena ha sido ampliamente cuestionada por los organismos internacionales, e incluso ha sido llamada a ser derogada o modificada por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2005, por tanto la jurisdicción militar en Chile no da ninguna garantía para que las víctimas puedan perseguir una condena para las personas que violaron sus derechos.

¿Y cómo evalúan las acciones llevadas a cabo por el Estado para esclarecer estos hechos?

En el caso de Hugo Arispe que se encuentra durante 15 años desaparecido, las acciones del Estado han sido pobres, por eso es que nosotros como Instituto entramos en la investigación para reforzar la necesidad de investigar. En el caso de José Huenante se ha tenido apoyo del Ministerio Público, sin embargo la jurisdicción militar sigue interviniendo en el esclarecimiento de los hechos, y obviamente dificulta la investigación en el caso Huenante.

Es decir, la justicia militar es más un obstáculo para la investigación

Para el caso Huenante la jurisdicción militar no da garantías. No permite tener la certeza de que las diligencias investigativas son efectivas. Por tanto siempre queda la duda de si se pudo haber hecho algo más eficaz en la jurisdicción civil, que es una jurisdicción independiente y que cumple de mejor forma los estándares de derechos humanos.

En los tres casos de desaparición forzada en democracia, un denominador común es la condición socioeconómica de las familias ¿Cómo analizan desde el INDH este elemento para la comprensión global de estas situaciones?

Es una característica bien relevante, porque en el caso de Hugo Arispe era un cuidador de autos. El caso de José Vergara que es una persona con una discapacidad mental, y en el caso de José Huenante que además de venir de un grupo muy vulnerado en cuanto a situación socioeconómica, es también de origen mapuche. Nos hace pensar que estas personas son muy vulnerables, están sujetos y son más propensos a sufrir abusos graves en sus derechos, como en este caso la desaparición forzada que, muchas veces, y una de las tesis que se tienen, es que la desaparición forzada de estas personas, son para encubrir homicidios.

Finalmente, cuál es la evaluación que hacen desde el INDH sobre la violencia del Estado hacia los ciudadanos, en general.

El Instituto, año tras año en nuestro informe anual, y en los informes especiales que tenemos sobre función policial y derechos humanos, y otros tipos de informe, hemos condenado la violencia venga de donde venga. En cuanto a los casos de violencia policial, por ejemplo nosotros hemos destacado avances, sin embargo conocemos siempre casos graves de derechos humanos, y graves casos de violencia, y ahí lo que nosotros hemos entendido que si bien no existe una práctica sistemática de ejercer violencia en contra de ciudadanos y ciudadanas, sí existen faltas de control y de prevención para que estas violaciones aisladas no se produzcan, y eso es lo que nosotros insistimos. Insistimos en que, por ejemplo, Carabineros, la Policía de Investigaciones tenga mecanismos de capacitación, y de control y sanción internos, además de la justicia, para investigar estos lesivos de derechos humanos.