La noche del 09 de junio del 2016 una iglesia evangélica del sector Padre las Casas fue quemada, al rato del hecho fueron detenidos los 4 comuneros mapuche, en las declaraciones que entregó en esa oportunidad el Fiscal Luis Arroyo dijo que los detenidos se encontraban en el sitio del suceso además se incautaron como medio de pruebas, ropas mojadas, pasamontañas, alicates, munición, un cartucho calibre 7.62, guantes impregnados “al parecer con líquido acelerante”, y al Lonko Tracal se le incauto una camioneta color verde.La mañana del 10 de Junio del 2016 el Intendente de la Araucanía Andrés Joauannet interpuso una querella por el delito de incendio terrorista contra quienes resulten responsables del incendio a la iglesia.
El 25 de agosto del 2017 la fiscalía de alta complejidad de la Araucanía, presentó la acusación en contra de los cuatro comuneros, en ese día el fiscal Luis Torres explicó la acusación en contra de los cuatro imputados les sindica como autores del incendio con carácter de terrorista y se pide para cada uno de ellos una pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo más las costas legales. A Pablo Trangol también se le acusa de porte ilegal de munición, solicitando una pena de tres años de cárcel efectiva.Para acreditar los hechos, el representante del Ministerio Público adjuntó a su presentación 106 pruebas materiales, documentales e instrumentales, 59 testigos y 33 peritos.
Cristian Tracal vocero de los presos y huelguistas, hijo del Lonko Alfredo Tracal, en entrevista con El Ciudadano comenta, “Los peritajes arrojaron que a ellos no se les encontró ningún tipo de pólvora o bencina, se supone que (…) los testigos dijeron que ellos dispararon al aire y portaban bencina como acelerante para quemar la iglesia, pero los peritajes que se les realizaron a ellos y al vehículo en que estaba mi papá, ¡No tenían nada! Incluso en el caso de los testigos hay contradicciones, en las primeras declaraciones dicen que no eran mapuche e incluso que tenían acento extranjero, después hubo más declaraciones y ahí supuestamente ellos reconocen a los muchachos. Se supone que ellos dispararon pero su ropa no tiene nada de pólvora, sus manos tampoco” , “Son 4 los detenidos, mientras que en declaraciones se habla de 5. En las primeras declaraciones, ya a carabineros, se habla de acento extranjero, ropa militar y armas, de la cual ninguna fue probada. De hecho como prueba, se considera la ropa sucia que ellos andaban trayendo, la cual es normal del campo. Todas las declaraciones coinciden en que no son mapuche, tanto por la forma de vestir como en la forma de hablar, y todos los lamngen, al ser hablantes de mapuchezungun, se nota que son mapuche, uno lo reconoce de inmediato, también en su aspecto. A todos los detuvieron muy cerca de su domicilio, cuando iban al fundo que recuperaron”. Además añade en la misma entrevista, “Otra contradicción es que mi papá tiene una camioneta verde que le incautaron, pero los testigos hablan de una camioneta blanca y una roja… a mi papá lo detuvieron en un simple control de tránsito, a 6 km. del lugar. En ese tiempo quería plantar frambuesas, mi papá estaba preparando el campo, terminó, tomó su camioneta y salió a ver sus animales, en un control de tránsito lo detuvieron, él no tiene miedo a la investigación, él sabe que es inocente y las pruebas científicas así lo acreditan, hemos pedido el cambio de medida cautelar -se refiere a la prisión preventiva- muchas veces y todas las veces se les ha negado, igual a los hermanos.”
A mediados de agosto, familiares y amigos de los huelguistas se reunieron con el jefe de gabinete de la Intendencia de la Araucanía, la respuesta fue que en dos días darían respuesta a las peticiones, hasta el día de hoy no dan respuesta. El 14 de Septiembre los familiares y organizaciones sociales concurrieron hasta el Ministerio del Interior no los recibieron y solo los dejaron que entregarán una carta, el mismo 14 de Septiembre comuneros mapuches se tomaron la Catedral de Cañete, el desalojo fue de la mano con la violencia y represión de parte de carabineros, el 15 de Septiembre cerca de las diez de la mañana familiares se toman la Conadi en Santiago, el 16 de Sep de madrugada son desalojados.
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Anexos (Editor CT)
CARTA EN LA TOMA DE LA CONADI 15 DE SEPTIEMBRE 2017
15 de septiembre de 2017.
PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA
Excelentísimo Don Hugo Enrique Dolmestch Urra
Por medio de la presente, como familiares de los Presos Políticos Mapuche del denominado “Caso Iglesias”, queremos solicitar su mediación en esta situación, que consideramos ilegal, injusta e inhumana, el día de hoy los Presos Políticos Mapuche del Caso Iglesias, cumplen 101 días de digna Huelga de Hambre sin que ningún organismo estatal se pronuncie sobre sus demandas.
Cada uno de ellos ha bajado alrededor de 20 kilos (peso significativo, en consideración a que es superior a un 20% del peso total corporal); y han ido desarrollando como consecuencia: mareo permanente, calambres, dolores de cabeza, pérdida de la orientación, depresión severa, hipertensión, desequilibrio, enlentecimiento, compromiso neurológico grave, dolores de espalda y dolor de pecho, además de agravar las enfermedades con las que ya contaban. Todo lo anterior, ha puesto en riesgo su vida e integridad, en pos del cumplimiento de sus demandas.
El viernes 8 de septiembre de la semana pasada, tuvieron la visita de César Salazar, médico del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, quien señaló que “es insostenible una huelga de más días. Hay compromiso vital y de secuelas que son irreversibles y que es necesario evitar” (esto será sustentado por el Informe Médico realizado por el mismo, que será enviado a todas las autoridades prontamente, por parte del Colegio Médico, en solicitud, también, a la mediación).
Posterior a la visita, el día sábado 9 en la tarde, Benito Trangol sufrió una descompensación (la cual el médico ya había advertido como una posibilidad latente), a lo cual en el Hospital Regional de Temuco, tuvieron que trasladarlo y reanimarlo por su mal estado en el que se encontraba. En ningún momento se dio aviso a la familia, ni tampoco se dio información del estado, del diagnóstico ni del tratamiento a ningún miembro, incurriéndose en faltas al protocolo existente, correspondiente a la Carta de Derechos y Deberes de los Pacientes.
Esta Huelga de Hambre, llevada por el Lonko Alfredo Tralcal Coche, Benito Trangol Galindo, Ariel Trangol Galindo y Pablo Trangol Galindo, comienza hace ya 100 días, en los cuales como familia hemos tenido la terrible presión y miedo por lo que pudiera ocurrirles.
Hace más de 1 año y 3 meses fue que se les detuvo ilegalmente el día 9 de junio de 2016, donde se les mantuvo incomunicado hasta el día siguiente, cuando fueron pasados a Control de detención y dejados en prisión preventiva hasta ahora. Extendiéndose el periodo de investigación más allá que cualquier caso de los que se conoce, vejándole su derecho a un Juicio Justo en un tiempo razonable e imponiendo cualquier acusación bajo la figura de los Testigos sin Rostro, amparada por la Ley Antiterrorista. Creemos que el uso de la prisión preventiva, sin prueba ni fundamento alguno, bajo la Ley Antiterrorista, es una condena política anticipada que persigue y encarcela a los miembros de nuestro pueblo.
A finales del mes anterior, el 25 de agosto, el Ministerio Público solicitó una pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo más las costas legales, este caso, sindicando a los cuatro como autores del incendio con carácter de terrorista. Incluso, hace poco, se sumó la Intendencia a la acusación, en los mismos términos. Y en transcurso de este proceso investigativo, ya Fiscalía ante la prensa los reconoce como culpables, vulnerando totalmente su presunción de inocencia.
Creemos totalmente en la inocencia de los cuatro. Consideramos que este es un montaje más de la Fiscalía, donde sin pruebas intentan inculpar gente, haciendo uso de la añeja y fascista Ley Antiterrorista, la cual tiene origen en Dictadura y por la cual el Estado Chileno ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su aplicación racista contra miembros de nuestro pueblo.
Llamamos a la Intendencia a hacer caso de las demandas, las cuales son fundamentadas en que:
– Actualmente no existen condenas por Ley Antiterrorista contra ningún mapuche, salvo un testigo sin rostro utilizado como delator compensado; figura criminal utilizada por el ministerio Público chileno para construir una realidad terrorista. Esto da cuenta del fin que se persigue con su invocación: estigmatizar al mapuche como terrorista y obtener beneficios procesales que atentan contra el debido proceso (prisión preventiva reforzada, testigos sin rostro, secreto extensos de investigación, prisión preventiva asegurada por las altas penas solicitadas).
– A Chile, por el uso de la Ley Antiterrorista en el periodo investigativo, se le ha condenado internacionalmente por violar los derechos humanos de mapuches (Caso Norín Catriman y otros contra el Estado de Chile) y es permanentemente denunciado por relatores internacionales como violador de derechos humanos (Informe del Relator Especial Ben Emmerson del año 2014).
– No existen pruebas de peso contra nuestra gente, toda vez que fue en un Control Vehicular en que se les procedió a detener, sin existir antecedentes que permitan sostener una acusación en su contra. Los cuatro son hombres trabajadores, sustento de nuestras familias, esenciales para la vida en comunidad, con irreprochable conducta. Son injustamente acusados por una policía corrupta que construye pruebas para cumplir la pretensión política. Llegando a acusar a alguien que como Ariel Trangol, profesa la religión evangélica, y obviando cualquier línea investigativa que condujera a la inocencia de nuestros Peñis; rechazando incluso realizar diligencias de prueba sostenidas por las defensas. Todo con el fin de evitar que se demuestre la ilegalidad policial.
– En los videos emitidos a prensa el día del ataque al templo, la misma gente que presenció los hechos, señala que no eran mapuche quienes ingresaron, sino que revestían características diferentes. La misma prensa que invisibiliza su huelga y que prejuzga, y que explica la mentalidad racista del Estado chileno.
– Se ha extendido el proceso de manera innecesaria, lo cual deja en evidencia que Fiscalía no tenía pruebas de peso por presentar, por lo cual realiza esta condena anticipada, que enajena a nuestra gente de nosotros sus queridos y traspasa un prejuicio sobre ellos.
– Nuestras familias son sencillas, carentes de grandes lujos; donde se vive de la actividad del campo, que no reporta demasiado. Este proceso judicial y el encarcelamiento de nuestros hombres (en su roles de padre e hijos), como pilares económicos de nuestros hogares, ha significado un empobrecimiento y un estado de necesidad permanente, sin ingresos y con gastos en abogados y todo lo que una situación así conlleva. Lo ya mencionado, nos ha retrotraído en un estado permanente de tristeza y desamparo, por la falta de justicia que se ha evidenciado, encarcelando a cuatro personas inocentes y, ahora, dejándolas morir.
– Los cuatro, actualmente, acusados por este Caso, reconocen inocencia, y que no tienen que ver con la organización de la cual se les acusa miembros, menos con el delito que se les imputa.
– Llevan 101 días de huelga de hambre, en los cuales ninguna autoridad se ha acercado a ver su estado ni escuchar sus demandas.
– Su estado de salud es de riesgo alto, con compromiso de secuelas neurológicas y de diversos tipos. Sin embargo, han asumido que no darán pie atrás en esta lucha, porque son inocentes y como todos, requieren un trato digno, sus demandas no requieren de privilegios, sino que exigen un trato justo y digno, acorde a las normas del Debido Proceso.
– El encarcelamiento ha afectado, no solo a las dos familias, sino que también a las comunidades. Precisamente, el Lonko Alfredo Tralcal, pertenece a la Comunidad de Lleupeco, donde ejerce su función de Lonko, al estar encarcelado, ha debido mantenerse al margen de ejercer su función social-cultural de Lonko y dirigir el nguillatun, impidiéndose este desde el año pasado (cuando correspondía nguillatun grande), lo cual es un menoscabo directo a las prácticas culturales de nuestro pueblo. Haciéndose, entonces, vulneración al Convenio 169 de la OIT.
Sus demandas son las siguientes:
– Juicio justo en un plazo razonable: para dejar de empobrecernos como familia, en este proceso que resulta tan caro y poder demostrar la inocencia de los cuatro.
– No a la aplicación de la Ley Antiterrorista (Ley Nº 18.314): tanto para ellos, como para cualquier caso. Tenemos la profunda convicción que esta Ley es injusta, que tiene origen en la Dictadura, y rompe con los principios de una democracia.
– No a la utilización de testigos sin rostro: que es el sustento principal de la acusación, y que evoca innumerables cuestionamientos para todos, ya que la falta de identidad de los que van a declarar no pueden sustentar la vulneración del Derecho a Libertad de una persona, menos la condena a cualquiera.
– Revocación de la medida cautelar de Prisión Preventiva: previo a que se declare la inocencia en un juicio justo, acorde a las reglas del Debido Proceso, como solicitamos, deben ellos poder volver a sus hogares, a cumplir sus roles con su familia, su función de Lonko en el caso de Alfredo Tralcal y de sustento de sus hogares. El mismo derecho del que gozan exmilitares chilenos acusados y condenados como violadores de derechos humanos. Existen medidas cautelares más leves y eficaces que la prisión preventiva racista del Estado chileno.
Apelamos a la objetividad de la Intendencia, a su responsabilidad como autoridad pública que debe aplicar las recomendaciones y condenas internacionales a Chile, que baje la Querella por Ley Antiterrorista o cualquier acción en contra de estos –injustamente- acusados, y que medie la situación para que haya seguimiento y negociación de las demandas, las que, si no son cumplidas, conllevarán en la muerte de alguno de nuestros familiares.
La Intendenta, como representante de la Presidente de la República, en la Región, y en su figura de mujer, debería tener empatía con nosotras, también mujeres, que hoy sufrimos por la prisión y por la incertidumbre del futuro de nuestra gente, considerando además, que al estar encarcelados ellos no pueden contribuir en la protección y mantención del hogar.
Hace casi dos meses, la Sra. Michelle Bachelet pidió perdón al Pueblo Mapuche por los errores y horrores del Estado ¿Es esta una forma de pedir perdón; no esperar a que la Justicia forme convicción y solicitar inmediatamente un trato de terrorista por ser Mapuche?
Llamamos, también, al Ministerio Público a recapacitar el carácter de sus acusaciones y las diligencias que solicita, y a hacer caso a las demandas de los Presos Políticos Mapuche, que son principalmente un Juicio Justo, aquel que se le da a cualquier ciudadano chileno, pero que por ser mapuche se les niega. Reiterar que luchan no por privilegios ni por nada del otro mundo, sino, principalmente por un Juicio Justo.
Los acusados del Caso Iglesias, en 101 días en huelga de hambre:
– Alfredo Tralcal Coche
– Benito Trangol Galindo
– Ariel Trangol Galindo
– Pablo Trangol Galindo
Esperando su pronta recepción -antes que algo más grave suceda- y una respuesta óptima. Atentamente,
FAMILIA DE ALFREDO TRALCAL COCHE
– Silvia Colicheo (Esposa)
– Elizabeth Tralcal Colicheo (Hija)
– Cristian Tralcal Colicheo (Hijo)
– Macarena Gutierrez Astorga (Nuera)
– Millaray Tralcal Colicheo (Hija)
– Zeyiñ y Alonso Tralcal Gutierrez (Nietos)
FAMILIA DE BENITO, ARIEL Y PABLO TRANGOL GALINDO
– Marta Galindo Carilaf (Madre)
– Robinson Trangol Galindo (Hermano)
– Hernán Trangol Galindo(Hermano)
– Sonia Soledad Trangol Galindo (Hermana)
– Esteban Javier Trangol Galindo (Hermano)
– Margarita Matamala (Esposa de Ariel)
– Francisco Ariel y Franco Jesús Trangol Matamala (Hijo de Ariel)
– Miguel Trangol (Sobrino).
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El caso “Iglesias” y los cuatros presos mapuche en huelga de hambre
por Alfredo Seguel / Mapuexpress.
Historia del caso “Iglesias” que involucra en el presente a cuatro comuneros mapuche que están en huelga de hambre desde el 7 de junio del 2017 a más de un año y tres meses en prisión preventiva por decisión de un fiscal, en medio de serias críticas por el uso y abuso de la Ley antiterrorista donde se han implementado diversas aberraciones penales.
El Colegio Médico de Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y diversas organizaciones en el País han hecho un llamado a dar atención y solución a la situación crítica y grave que enfrentan los presos mapuche, en medio de diversas manifestaciones y protestas que exigen al gobierno asumir acciones y responsabilidades, tal cual ha sucedido en periodos anteriores.
Ante evasivas y dilataciones, se ha establecido un plazo al Ministerio del Interior para la obtención de una respuesta por la situación de los huelguistas, que sería el día miércoles 20 de septiembre, en medio de gestiones humanitarias desesperadas que buscan resolver esta crítica situación.
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Fue el ex intendente de la Araucanía, Andrés Joauannet, quien interpuso el viernes 10 de junio del 2016 una querella por el delito de incendio terrorista contra quienes resulten responsables del ataque ocurrido la noche anterior a una iglesia evangélica en Padre Las Casas, sector Niágara, donde un grupo de encapuchados habría obligado a un grupo que participaba de un culto a salir del templo para luego incendiarla.
Medios informativos señalaban que Carabineros había detenido a cuatro sospechosos, se trataba del lonko Alfredo Tralcal Coche, 45 años y los hermanos: Ariel Alexis Trangol Galindo, 29 años; Benito Rubén Trangol Galindo, 33 años; y Pablo Iván Trangol Galindo, 22 años.
Los imputados desde el 7 de junio del 2017 han iniciado una huelga de hambre, la que busca que las autoridades del Estado chileno garanticen sus derechos, considerando que ya llevan más de un año y tres meses en prisión preventiva, en condiciones que se han señalado como irregulares, abusivas y desproporcionadas, sin pruebas, donde se está aplicando la Ley antiterrorista en su contra y la utilización de testigos secretos.
A través de un comunicado público han señalado: “Nuestra detención se efectúa a más de 10 kilómetros del lugar de los hechos, bajo el pretexto de un control de identidad, y los únicos elementos que nos encuentran son herramientas propias del trabajo de la tierra. Entendemos que este ensañamiento se debe a nuestra apoyo a los procesos de reivindicación en los lof wenteche del gülumapu, para lo cual se nos invoca la Ley Nº 18.314 (Ley Antiterrorista)”.
Los pesos mapuche solicitan: – El inicio de un juicio justo; – La No a la aplicación de la ley 18.314 (denominada Ley Antiterrorista); – La No a la utilización de testigos sin rostros; – Y la Revocación de la medida cautelar de prisión preventiva.
Cabe señalar que la prisión de los Trangol y del lonko Tralcal catalizó la muerte del padre de los hermanos Trangol. Así lo relató su viuda, Marta Galindo: “Incluso, por estar presos mis hijos, falleció mi marido, porque cuando supo de los problemas, se alteró, empezó a tener mucha pena, puro llanto todos los días y falleció”. Sus hijos no pudieron despedirlo por estar en prisión preventiva en la cárcel de Temuco.
El Fiscal que ha estado a cargo de las indagaciones es Luis Torres, quien ha inicios de febrero de este año anunciaba que está preparando el cierre de la investigación y la acusación por el delito de “incendio terrorista” en contra de cuatro imputados, asegurando a medios que “hasta ahora, este es un delito de incendio terrorista, claramente“. Agregando: “Si se logra establecer una condena por delito terrorista (…) y se logra acreditar que este incendio tenía como objeto infundir miedo en esta población, el tribunal puede subir la sanción hasta en tres grados, y eso, perfectamente, puede significar presidio perpetuo“.
A pesar de los anuncios del Fiscal del cierre de la investigación, a más de siete meses y ya pasando las fiestas patrias dieciocheras de este septiembre de 2017 aún no se inicia el juicio y tanto familiares y redes de apoyo han solicitado al gobierno de Chile atender la situación de los presos, recurriendo a la intendencia regional y hasta el Ministerio del Interior y de Justicia, sin embargo se han mantenido evasivas y dilataciones en la respuesta, razón por lo cual se ha dado 72 horas como ultimátum, plazo que vence este miércoles 20 de septiembre, oportunidad donde diversos medios realizarán un cadenazo radial a partir de las 10 de la mañana para dar cuenta de los entretelones a través de la señal por internet en conexión con varias radios y sitios digitales a nivel nacional e internacional.
Diversas manifestaciones se han efectuado. El 15 de septiembre un grupo de más de veinte personas se tomó las dependencias de Conadi en Santiago, junto a otros tanto manifestándose en las inmediaciones, realizándose un violento desalojo en horas de la noche del día 16 por parte de fuerzas especiales de carabineros, con la detención de los ocupantes quienes fueron liberados cerca de las 4 de la madrugada.
En diversas localidades del País se han efectuado movilizaciones. En Temuco se instaló un acampe de acompañamiento en la plazoleta Balmaceda frente a la cárcel que ha estado con presencia de familiares y de organizaciones las 24 horas del día. En Curarrehue, zona cordillerana de la Araucanía se efectuó este 18 de septiembre un corte de ruta internacional con el propósito de llamar la atención por la situación humanitaria de los presos Mapuche. Por su parte, en el TE DEUM de la catedral de Santiago, también este 18 de septiembre, se realizaron diversas protestas mapuche.
Una Misión del Colegio Médico de Chile que ha visitado a los comuneros, ha señalado que la situación de los 4 presos mapuche es grave y que además de la baja de peso, indicaron que los huelguistas se exponen a secuelas permanentes en diversas funciones vitales, tales como son: neurológicas, función hepática, cardiaca, digestiva y renal, adelantando que de prolongarse esta huelga de hambre se exponen a un severo deterioro de su condición de salud. La misma preocupación es la que han señalado a través de un informe de médicos particulares que los evaluó en recinto de enfermería del penal, mediante entrevista y examen físico realizado.
Este 18 de septiembre, a 104 días sin ingerir alimentos, el sacerdote jesuita Felipe Berríos junto a representaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos y del Colegio Médico de Chile, visitaron a los huelguistas en la cárcel de Temuco y se anunciaron nuevas gestiones y mediaciones para intentar resolver esta crítica situación.
El uso y abuso de la Ley anti terrorista
Michelle Bachelet como candidata presidencial en abril del 2013 señalaba a la prensa que en ningún caso aplicaría la Ley Antiterrorista, como lo hizo en su anterior mandato en el marco del llamado conflicto mapuche: “En ningún caso. Eso fue un error. Bajo mi Gobierno se presentó un proyecto de modificación de la Ley Antiterrorista que no prosperó en el parlamento”, dijo la actual presidenta.
La ley señala que constituirán delitos terroristas “cuando el hecho se cometa con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delito de la misma especie”.
Le ley antiterrorista fue promulgada en 1984, como respuesta de la dictadura de Pinochet a la ola de protestas en contra de su régimen y por la existencia de grupos que promovían la lucha armada en el país.
La Ley antiterrorista se ha venido aplicando continuamente en múltiples casos y de diversa índole a partir del año 2002 luego de la muerte de Alex Lemún y el inicio del Plan de operación paciencia, existiendo varios casos de dudosa procedencia en medio de campañas comunicacionales que buscan una mayor criminalización a causas y reivindicaciones mapuche, incluso algunas denominadas como “bandera falsa”.
Cabe mencionar que uno de los actores que ha generado buena parte los conflictos en el denominado “caso incendios iglesias”, según publicación de ElDesconcierto.cl, es el Obispo de Villarrica Francisco Javier Stegmeier Schimidlin, Opus Dei, quien vendría promoviendo un clima de odiosidad e intolerancia hacia comunidades, responsable del desalojo de una comunidad mapuche, a pesar de un acuerdo previo de ocupación de un ex seminario que se había instalado al interior de las tierras mapuche reconocidas por Título de Merced. Como punto aparte, un hermano del Obispo, José Miguel Stegmeier, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura del Bío Bío, fue financista de Colonia Dignidad.
Por otro lado, reiteradas denuncias se han efectuado sobre la forma de persecución y de atribución de responsabilidades penales por parte de fiscales hacia miembros de comunidades Mapuche, aún sin mérito judicial, especialmente a quienes desarrollan demandas históricas de restitución territorial situadas como ‘conflictivas’, a fin de mantener a dirigentes y comuneros Mapuche encarcelados por largos períodos en una ‘prisión preventiva’ extendida, ocurriendo en numerosas ocasiones que luego de cumplir más de un año en prisión preventiva, son declarados inocentes, sin que nadie asuma las responsabilidades por estas abominaciones.
El ex Fiscal Ricardo Traipe, destituido de su cargo luego de negarse a presiones indebidas, razón por la cual denunció al ex Fiscal subrogante Alberto Chiffelle, indicando que éste le habría solicitado -en al menos dos oportunidades- aplicar medidas cautelares de prisión preventiva en contra de comuneros que no contaban con requisitos claros para ser vinculados a cualquier delito: “Se desarrollaron también acciones de hostigamiento para intensificar, injustificadamente, la persecución penal a sujetos ligados a la etnia mapuche y yo soy originario de esa etnia. En lo personal, no tenía favoritismo por las causas o por las personas imputadas mapuches. Creo que en el rol de fiscal a uno le corresponde ejercerlo y sin perjuicio del pensamiento que pueda tener sobre el contexto del conflicto mapuche. En mi función siempre traté de ser objetivo. Y eso, deduzco yo, que fue el motivo por el cual me desvincularon”, indicaba el ex Fiscal.
El actual Fiscal Regional es Cristian Paredes Valenzuela, quien asumió el cargo a contar del 4 de agosto de 2013, por un periodo de ocho años en reemplazo de Francisco Ljubetic Romero, su designación no estuvo exenta de cuestionamientos, en particular por su actuación en el ya mencionado juicio incendio del fundo Poluco Pidenco de la empresa Forestal Mininco (2004), donde se obtuvo la primera condena por delito terrorista, razón por la que fue condenado el estado chileno por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 29 de mayo del 2014, estableciendo que se habían violado garantías fundamentales debido a la aplicación de la Ley N°18.314 que determina conductas terroristas y fija su penalidad (conocida como Ley Antiterrorista), en procesos judiciales relacionados con reivindicaciones de tierras ancestrales.
El Relator Especial de Derechos Humanos y Contraterrorismo de la ONU, Ben Emmerson, señaló en julio del 2013 que el Estado chileno discrimina repetidamente a los mapuches al aplicarles la legislación antiterrorista “de una manera confusa y arbitraria que termina generando una verdadera injusticia”.
Una de las recomendaciones del Relator fue que se dé fin al uso de la Ley Antiterrorismo en casos que involucren disputas de tierras mapuches y que, sobre todo, se revisen las condenas de aquellos ya sentenciados por testimonios anónimos. Asimismo, que se establezca un nuevo organismo que investigue las denuncias de excesivo uso de la fuerza policial contra miembros de la comunidad mapuche. Según Emmerson, el actual ente encargado de esto “ha fallado en su tarea de garantizar el cumplimiento de la ley” para atender estas denuncias.
La situación mapuche en Chile sigue siendo compleja y la controvertida Ley antiterrorista se sigue aplicando para casos de incendios como el de iglesias y camiones, cuyos hechos se aprovechan políticamente por parte de grupos económicos y la única manera de enfrentar los abusos implementados por Fiscales, han sido las huelgas de hambre, tal cual ocurre en estos momentos con los cuatro comuneros por el caso “Iglesias”.
En periodos anteriores, demandas instaladas en agendas públicas por huelgas de hambre han logrado actos mínimos de justicia en diferentes periodos, incluso el gobierno de Sebastián Piñera retiró en octubre del 2010 la invocación de la ley antiterrorista de “todas” las querellas que mantenía contra comuneros mapuche para someterlas solo a la legislación común, luego de más de 80 días de huelga y que involucraba a 38 presos mapuche de diversas comunidades. Hoy, cuatro presos mapuche: Lonko Alfredo Tralcal Coche; y los hermanos: Ariel Alexis Trangol Galindo, Benito Rubén Trangol Galindo, y Pablo Iván Trangol Galindo, encarcelados en el centro penitenciario de Temuco, esperan los oficios del Ministro del Interior Mario Fernández para resolver este complicado y crítico momento donde nuevamente la vida está en riesgo y cuyo plazo vence este miércoles 20 de septiembre del 2017.
Fuente: http://www.mapuexpress.org/?p=20562
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