Arica. Socoroma exige clausura de vertedero municipal de Putre.
por Leyla Noriega /Radio AYNI.
Cansados de las moscas, ratones y humo tóxico por la quema de basura que ha causado daños respiratorios a sus longevos habitantes, la comunidad de Socoroma, comuna de Putre, se manifestó en la ruta 11CH solicitando el cierre del botadero municipal que se encuentra a 2 kms. del poblado andino, por inminente daño socioambiental.
Con palas, picotas, carteles y mascarillas en sus rostros, a 3060 metros sobre el nivel del mar, la comunidad de Socoroma protestó en reclamo al daño ambiental, a la vida y salud de las personas y animales que provoca el vertedero municipal ubicado a 2 kilómetros del pueblo.
Más de medio centenar de personas entre jóvenes y adultos mayores, y después hacer una pawa, partieron desde los altos del pueblo protestando por la carretera internacional Chile-Bolivia hasta el vertedero municipal, donde colocaron piedras y una pirca para obstaculizar el acceso al botadero. La manifestación pacífica contó con la presencia de Carabineros y un carro lanza aguas.
El sentir de la comunidad
Según los comuneros, el pueblo se ha visto afectado en cada una de sus actividades y diario vivir, por el incremento sustancial de moscas, roedores y malos olores, además de nubes oscuras de humo tóxico que cubren al pueblo, especialmente por las tardes noches afectando la salud de las y los abuelitos que viven en la altiplánica localidad.
Una de las mujeres mayores que llegó a la protesta fue María Carrasco quien a sus 81 años también quiso manifestar su sentir como socoromeña. “Yo me siento mal”, dijo por las consecuencias de la presencia del vertedero. “Antes cada pueblo tenía su sector para botar su basura, ahora hay moscardones en Socoroma y en la noche el humo. Conversamos en reuniones (con el Alcalde) y dijo que lo iba a sacar”, concluyó.
“No queremos el vertedero acá, que lo pongan en otro lugar, por la contaminación y basura hay ratones en el pueblo. Hay varias personas que han bajado (a Arica) por problemas en las vías respiratorias”, dijo Pascual Mamani.
Julián Mamani, presidente de la Comunidad Indígena y Junta de Vecinos de Socoroma señaló que están cansados de mandar documentos a las autoridades, incluso recordó que se llegó a un acuerdo con el municipio, pero nada de eso se ha cumplido, por lo que decidieron protestar. “Sentir este olor, este basural para mi es doloroso, y mi comunidad me pidió llegar a esto. Es la única forma para que nos escuchen”, explicó.
Cabe señalar que donde se emplaza este basurero municipal está alrededor de 300 metros del tramo del Camino del Inca o Qhapaq Ñan, protegido por la UNESCO, que pasa por la localidad, según explicó Rodomiro Huanca, quien calificó como una falta de respeto al actuar del municipio ya que no se tomó el parecer a Socoroma con respecto al basurero, situación que provocó la molestia de la comunidad.
Vertedero provisorio por 8 años
El problema nace el año 2008 cuando el municipio instaló provisoriamente este vertedero, sin embargo, hasta la fecha se ha mantenido como el basurero de la comuna, donde incluso se depositan los desechos que se recogen desde el lago Chungara cada vez que hacen limpieza del sector fronterizo.
Esta situación tiene indignada a la población local, quienes han recurrido a diferentes autoridades, cumpliendo la formalidad enviando cartas y pidiendo reuniones sin tener respuestas concretas a la fecha. De acuerdo, a antecedentes de la Comunidad Indígena de Socoroma, a fines del año 2011, en reunión con el CORE, el alcalde Ángelo Carrasco, se comprometió frente a las autoridades y consejeros a buscar una solución satisfactoria al problema que aqueja a la población andina, quienes proponen el traslado definitivo al sector Campanani, lugar lejano a la población humana y de baja presencia de flora y fauna. Es así como para el 2012 el Concejo Municipal acuerda apoyar una búsqueda de nuevo territorio para el relleno sanitario.
No obstante, a la fecha el problema socioambiental se agrava. En marzo del 2016, el municipio presenta los proyectos a desarrollar en el poblado, entre ellos la construcción del cierre perimetral del vertedero, noticia que causó una desagradable sorpresa a los pobladores de Socoroma. Una vez más los vecinos rechazaron la instalación del botadero e insistieron en su reubicación fuera del radio que afectara a la población. A pesar de aquello el alcalde llamó a licitación de la construcción del cierre perimetral, ratificando que el lugar sería el relleno sanitario definitivo.
Ante lo sucedido, la comunidad anunció iniciar acciones judiciales para erradicar el vertedero de la localidad.
Fuente: http://kaosenlared.net/chile-arica-pueblo-de-socoroma-protesta-y-exige-clausura-de-vertedero-municipal-de-putre-video/
(*) Abya Yala en la lengua Kuna significa tierra en plena madurez¨, o tierra en florecimiento, tierra madura, en oposición al término nuevo mundo dado tras la invasión española. El líder del pueblo Aymara, Takir Mamani, defiende el uso del término «Abya Yala» en las declaraciones oficiales de los organismos de gobierno de los pueblos indígenas, declarando que «colocar nombres foráneos a nuestras villas, ciudades y continentes es equivalente a someter nuestra identidad a la voluntad de nuestros invasores y sus herederos». Luego, el uso del término Abya Yala en lugar de Nuevo Mundo o América podría tener implicaciones ideológicas indicando apoyo a los derechos de los pueblos originarios. (Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Abya_Yala /Nota del editor).
Articulo Centro de Estudios Camanchaca.
La Mancomunidad de Socoroma frente al Estado: despojo territorial y violación de tratados internacionales
Por Malva-marina Pedrero Sanhueza. Antropóloga. – Bosco González Jiménez. Director. Centro de estudios Camanchaca.
La Mancomunidad de Socoroma reúne a las comunidades de Zapahuira, Murmuntani y Murmuntani, que históricamente han estado vinculadas por el control colectivo de un vasto territorio que se localiza entre las comunas de Arica y Putre (Región de Arica y Parinacota), vive actualmente una compleja situación, producto de una medida adoptada arbitrariamente por el Estado. En efecto, en medio de un sistemático trabajo que han realizado con Corporación Nacional de Desarrollo Indígena en los últimos dos años en función de demarcar y titular a su nombre la totalidad del territorio ancestral, se enteraron de que, través del Decreto Exento № 215 de junio del presente año, el Ministerio de Bienes Nacionales destinó al ejército para actividades de instrucción y entrenamiento militar casi 9.000 hectáreas de las tierras comunitarias, trasgrediendo así diversos tratados internacionales suscritos por nuestro país.
La situación que hoy afecta a la Mancomunidad de Socoroma no es otra cosa que la expresión de más de dos décadas de una política de tierras ineficiente, incapaz de resguardar los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios, según los estándares establecidos en tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos. No es sino la ausencia de una acción coordinada entre dos órganos administrativos del Estado -CONADI y Bienes Nacionales- la que ha generado el conflicto actual. En la práctica, con esta medida el gobierno prueba una vez más que sigue siendo fiel a la doctrina de “Terras Nullius”, a través de la cual el Estado ha justificado históricamente el despojo de las comunidades indígenas, pero que es inaceptable en una sociedad que se dice democrática; más cuando en la etapa temprana de incorporación de estos territorios a la jurisdicción nacional, tras la Guerra del Pacífico, los propios tribunales de la república (1893) reconocieron la titularidad de los comuneros de Socoroma sobre sus territorios, estableciendo claramente cuáles eran sus deslindes. Pese a ello, el fisco, desconociendo esta sentencia, procedió a inscribir parte de esas tierras a su nombre en 1935, acto que -a juicio de las autoridades regionales- lo faculta para destinarlas actualmente al ejército.
Con el Decreto Exento № 215 se vulnera tanto la legislación nacional como los tratados internacionales suscritos por Chile. Al respecto, basta recordar que el Artículo 1 de la Ley 19.254 (Ley Indígena), no solo reconoce a los pueblos indígenas existentes en Chile y el deber general del Estado de respeto, promoción y protección de su desarrollo; establece, además, un principio desatendidos por las políticas públicas: el fundamento principal de la existencia de los pueblos indígenas y de sus culturas. De allí que cualquier medida que adopte el Estado que afecte a sus tierras, afecta -en última instancia- a la existencia misma de estos pueblos. Por ello, el sistema internacional de derechos humanos considera que es una obligación estatal ineludible establecer mecanismos especiales, adecuados y efectivos para la delimitación, demarcación y titulación de los territorios indígenas. Desatender este deber constituye una violación del Artículo 14 del Convenio 169 de la OIT sobre los Derechos de los Pueblo Indígenas y Tribales en Países Independientes, los Artículos 26 y 27 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los Artículos 21, 25, 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Artículo XXIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el Artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La cuestión es, entonces, si -ante la ausencia de demarcación y titulación de las tierras de la Mancomunidad de Socoroma- puede el Estado destinarlas total o parcialmente a un tercero. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos clara al respecto y, en lo medular, establece que en estos casos los Estados no deben adoptar medida alguna que “pueda dar lugar a que agentes del propio Estado o terceros actuando con aquiescencia o tolerancia de éste, afecte la existencia, el valor, el uso o goce de los bienes”[1] existentes en las tierras indígenas.
Desde la perspectiva del derecho internacional, la situación descrita reviste todavía una gravedad mayor, ya que la realización de cualquier tipo de actividad militar está expresamente prohibida en el Artículo 30 de la Declaración de las Naciones, a menos “que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado”; considerándose, además, que esta es una de “las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo”
La Mancomunidad de Socoroma se moviliza para defender sus derechos territoriales
La Mancomunidad se enteró tardíamente de que parte de sus tierras habían sido destinadas a actividades militares. El carácter reservado de los acuerdos entre el gobierno y el ejército consignados en el Acta Chena IV del 25 de noviembre del 2016, que dieron origen a la medida adoptada por el Ministerio de Bienes Nacionales, impidió su acceso oportuno a la información. No obstante, en cuanto lo supieron organizaron una profusa agenda de negociación política y movilización social denunciando los hechos y demandando al Estado la revocación inmediata del Decreto № 215. En este contexto, han requerido el pronunciamiento de la Intendencia, la SEREMI de Bienes Nacionales, el Consejo de Monumentos Nacionales, las municipalidades de Arica y Putre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara, la Comisión Bicameral encargada de dar cumplimiento al artículo 6° del Convenio № 169 de la OIT, entre otras instituciones. Igualmente, han recibido el apoyo del movimiento estudiantil, académicos de la Universidad de Tarapacá, del movimiento feminista de la Región, de la Asociación de Municipios Rurales y del Colegio e Antropólogos.
A partir del 21 de octubre la Mancomunidad ha realizado múltiples movilizaciones. En esa ocasión marcharon hasta el territorio y levantaron una apacheta, retomando así simbólicamente la posesión del territorio que se les ha usurpado. A esta actividad se han sumado una marcha y velatón simultánea en Arica y en los Altos de Socoroma y una campaña de recolección de firmas de apoyo a sus demandas. Una campaña similar, pero en formato electrónico fue iniciada por el Centro de Estudios Camanchaca. Lacampaña a la fecha, ha reunido 3.529 firmas de apoyo, concitando adherencia regional, nacional e internacional: 311 provienen del exterior (194 de las Américas, 105 de Europa y 12 de Oceanía).
Nota:
[1] CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004. Ver, además, Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa; Caso Comunidad Moiwana vs. Surinam; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay; y, Caso Pueblo Saramaka, entre otros.
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