Chile y la ideología empresarial: ¿Por qué falló la Encuesta CEP?

Los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial del 19 de noviembre sorprendieron, con el débil 36,6% de Piñera y el muy considerable apoyo a Beatriz Sánchez, 20,3%, la abanderada del Frente Amplio (FA), superada estrechamente por el senador Guillier, 22,7%, candidato de la izquierda tradicional. El FA logró una gran votación en las elecciones parlamentarias, obteniendo 20 diputados y un senador.

Se criticó el error de predicción de los encuestadores, siendo recriminados por falta de prolijidad “técnica”, especialmente Cadem, con encuestas semanales, y el CEP, que hizo tres sondeos.

En una declaración pública, el CEP reconoció este error y lo atribuyó al hecho DE que “no alcanzó a capturar la parte más intensa de la campaña que incluyó la franja televisiva”. Esta explicación no corresponde. El CEP siempre tuvo limitaciones para predecir resultados electorales por el tipo de muestra que emplea, probabilística en todas las fases, sin cuotas en la fase final, lo cual exige un largo trabajo de campo, tres o cuatro semanas, que le llevó a conocer el clima de opinión lejos del día de la elección. Por ese motivo, nunca el CEP pudo hacer predicciones acertadas.

Errores “técnicos” y conflicto de interés

Se argumenta que el error de las encuestas radicaría en limitaciones técnicas (calidad de la muestra; el cuestionario, si las entrevistas eran cara a cara o vía telefónica), que debieran subsanar para tener éxito en futuras elecciones. El principal problema de Cadem fue no tener muestras representativas, pues una parte de las entrevistas no eran aleatorias, porque se hicieron en “puntos de muestreo”, a la salida del Metro.

En el caso del CEP, los problemas no son técnicos sino sustantivos. No es un centro de estudios neutral políticamente; está identificado con las políticas de neoliberalismo radical impulsadas por el régimen de Pinochet. Fue fundado en 1980, por personeros del equipo económico, “los Chicago boys”, aunque en los últimos años ha desarrollado programas con la participación de personalidades de la Concertación. Su presidente honorario fue Friedrich Hayek, la principal figura del pensamiento neoliberal, y ha mantenido esta orientación política por la defensa del “modelo” y el rechazo a las reformas que se proponen modificar su arquitectura institucional. En su larga historia, el CEP ha sido fiel a esa orientación y se ha consolidado como el principal think tank que representa a los grandes empresarios.

Las encuestas del CEP se orientan por ese marco de ideas, que le impiden conocer lo que piensan los chilenos. Sus cuestionarios excluyen al régimen militar y sus legados en democracia, especialmente las violaciones a los derechos humanos, y la imagen del sistema económico y de los empresarios. Tampoco hacen un seguimiento cuidadoso de la coyuntura, lo cual impide considerar los cambios ocurridos en la política y en la sociedad chilena, ni toman en cuenta importantes acontecimientos que han impactado a la opinión pública.

Hay dos que deben ser mencionados en esta perspectiva: las masivas movilizaciones del 2011 contra la educación superior y las AFP, que daban cuenta de demandas de cambio institucional latentes en la población, y los casos de actos ilegales cometidos por grandes empresas, conocidos especialmente desde el 2013, por abusos a los consumidores (La Polar), financiamiento ilegal de la política (Penta, Corpesca, SQM), de colusión (Confortgate) y negocios inmobiliarios (Caval), que dañaron aún más la imagen de los empresarios.

Entre 1987 y el 2015, el presidente del directorio fue Eliodoro Matte, presidente de CMPC y del grupo Matte, debiendo renunciar a los dos puestos por el Confortgate. En su consejo directivo están controladores de las mayores empresas del país y altos ejecutivos de numerosas compañías, que lo financian. Durante el Gobierno del presidente Lagos, el CEP tuvo enorme influencia porque el entonces Mandatario desarrolló una interlocución especial con los grandes empresarios, para mostrar que el suyo no repetiría las políticas del Gobierno de la Unidad Popular del Presidente Salvador Allende.

Desde fines del 2013, cuando era evidente un segundo Gobierno de Michelle Bachelet, con un programa de reformas que inquietaba a los grandes empresarios, el CEP expandió su financiamiento, para asegurar y ampliar sus capacidades de investigación y difusión, con el fin enfrentar este nuevo escenario. Para ello, se constituyó una fundación, que administraría un endowment de 42 millones de dólares, con aportes de los principales grupos económicos (Matte, Angelini, Said, Yarur, Luksic, Von Appen y Falabella) y empresarios individuales (Juan Andrés Camus, Jorge Errázuriz y Juan Obach). Estos recursos serían complementarios al que entregan decenas de grandes empresas y que constituye su financiamiento regular.

Este volumen de recursos puso al CEP en una posición dominante en la industria de las encuestas y en la investigación económica. Este poder se ve reforzado por el debilitamiento de los otros centros privados y los de las universidades, acentuado en estas por la gratuidad, que llevó a la UDP, por ejemplo, a suspender su programa de encuestas.

Los grandes empresarios que financian al CEP participan en la preparación de sus cuestionarios a través del “comité de opinión pública”. En diciembre de 2015 era presidido por el abogado Enrique Barros B., profesor de Derecho Civil de la Universidad de Chile, e integrado por personalidades de los grupos Matte, Falabella y Von Appen, por Juan Andrés Camus, varios economistas y un profesor de teoría política. No había especialistas en opinión pública. En la actualidad, han salido los empresarios después del Confortgate, que provocó la renuncia de Matte a la presidencia de CMPC y del CEP.

Sus estudios se apoyan en encuestas propias, sin considerar resultados de otras, nacionales e internacionales, que son empleadas por la comunidad científica en América Latina y en las democracias avanzadas.

Oposición a reformas del “modelo”

Desde el segundo gobierno Bachelet, los grupos económicos han entrado directamente a la arena política, para oponerse a las reformas e insistir en su visión complaciente del sistema económico. La presidencia de la CPC fue asumida por Alfredo Moreno, uno de los ejecutivos más importantes del grupo Falabella, y la presidencia de la Sofofa fue entregada a Bernardo Larraín Matte, ex presidente de CMPC Tissue, empresa que participó en el Confortgate. Personeros de los grupos Matte, Luksic, Angelini y Von Appen fueron elegidos para integrar su consejo, además de personalidades representativas de grandes firmas y tres ex ministros del Gobierno de Piñera que han hecho uso de la puerta giratoria: Rodrigo Hinzpeter (CCU, grupo Luksic), Rodrigo Álvarez (Target-DDI) y María Ignacia Benítez (Colbún, grupo Matte).

El conflicto de interés en las encuestas del CEP se confirmó con el libro publicado en julio del 2017, con el sugestivo título ¿Malestar en Chile? Entregó una respuesta negativa. “Antes que malestar, el bienestar predomina entre los chilenos” (p. 13). La fecha de la publicación mostraba el interés del CEP de influir en la agenda de la campaña presidencial del 19 de noviembre.

Esa tesis ha sido difundida y reforzada por analistas y comentaristas cercanos al CEP, que resaltan el crecimiento económico y la alta capacidad de consumo de los chilenos, el principal indicador del apoyo al “sistema capitalista”. Hasta se escribió, usando los datos de la última encuesta, que el país “se derechizó”. El corolario de estos análisis es político: los chilenos no quieren cambios, reformas, sino que prefieren la continuidad. Y quienes los plantean, de distintos lados, somos ingenuos o inmaduros.

Los resultados de las elecciones del 19 de noviembre echaron por tierra ese diagnóstico, con un tercio del electorado que quiere profundos cambios del “modelo”.

La tesis del libro no se sostiene más allá de los datos de las encuestas del CEP. La alta satisfacción con la vida, considerado uno de los indicadores más fuertes de la percepción de bienestar que tienen los chilenos, no constituye un indicador relevante, pues ella es una realidad generalizada en los estudios de opinión de América Latina. Según el Latinobarómetro, la principal encuesta comparativa de América Latina, en su versión de 2017, un 66% de los chilenos se declara satisfecho con su vida, pero somos el cuarto país con menor satisfacción entre los 18 países considerados en la encuesta regional, con Costa Rica y Colombia en primer y segundo lugar y 87% y 85%, respectivamente, en tanto que la media es 74%.

Tampoco es un indicador relevante, resaltado por el libro, la discrepancia entre una positiva evaluación de la situación económica personal y una visión crítica de la situación de la economía del país, pues ella es generalizada en la opinión publica de los países, demostrada por las encuestas del CERC desde 1986. Lo importante son las expectativas económicas, que son críticas. El Latinobarómetro 2017 muestra que una minoría de los chilenos, 36%, tiene expectativas económicas favorables para el próximo año, muy por debajo de la media, 47%, siendo el tercer país con menor optimismo económico.

La tesis del “bienestar” es desmentida por otros datos. Un 38% de los chilenos reconoce que el total del ingreso familiar no le alcanza para vivir, muy por debajo de la media latinoamericana, 44%, siendo el séptimo país con un mayor porcentaje en esta categoría, con Venezuela en el primer lugar (78%).

Visiones equivocadas

Hay un error conceptual en el empleo de la palabra bienestar, pues es bien sabido que no conduce necesariamente a la estabilidad política, como lo entiende el estudio que comentamos; por el contrario, puede producir el efecto contrario, porque aumenta las expectativas. Lo advirtió Tocqueville en el siglo XIX, en su estudio sobre las causas de la Revolución Francesa: “… El mal que se sufría pacientemente como inevitable resulta insoportable en cuanto se concibe la idea de sustraerse a él”.

También hay una visión equivocada respecto a la confianza hacia las instituciones, que es extremadamente optimista: “Chile –escriben los autores– presenta niveles de confianza política superiores a los observados en países con un nivel de desarrollo superior al nuestro, y obtiene una alta calificación en desempeño institucional. Esto no sugiere la existencia de una crisis institucional o de la democracia en ciernes, más bien, tales diagnósticos parecen exagerados”. (p. 156). La “confianza en la gente que está en el gobierno», un 18% de los chilenos, a todas luces muy baja, no lo es para los autores, porque estaría por encima de la confianza que hay en otros países: España, Eslovaquia, Rep. Checa, Eslovenia, Japón, Croacia y Lituania.

Los datos del Latinobarómetro 2017 entregan una realidad diferente sobre la confianza en las instituciones, que no es alta, como sostiene el libro, sino baja. Un 28% de los chilenos tiene confianza en el Gobierno, que lo ubica en el séptimo lugar entre los países que tienen más confianza en el Poder Ejecutivo. Un 20% de los chilenos tiene confianza en el Congreso, muy por debajo de los países que muestran mayor confianza en este poder, Venezuela y Uruguay, con 37% y 34%, respectivamente. También es muy baja la confianza en el Poder Judicial, 20%, que ubica a Chile en cuarto lugar como el país con menor confianza. Estos resultados son confirmados por el Estudio Mundial de Valores.

Los investigadores del CEP tienen una visión muy complaciente de la democracia. Usando un indicador que mide “el buen funcionamiento de una democracia… (se plantea que) Chile, Alemania, España y Estados Unidos obtuvieron un 10, el máximo posible, y Francia obtuvo un 9 el año 2014” (p. 156).

Esta visión es desmentida por los resultados del Latinobarómetro. El apoyo a la democracia en Chile en la medición del 2017 es 55%, levemente por encima de la media, 53%, y puede ser considerado como mediocre a la luz de sus muy buenos resultados económicos, pues está muy por debajo de países que no los han tenido, como Venezuela, 78%, que recibe el mayor apoyo, seguido de Uruguay, 70%, Ecuador, 69%, y Argentina, 67%.

La satisfacción con la democracia, considerada alta por el estudio del CEP, es minoritaria en la población, un 36%, por encima de la media (30%), pero Chile es el sexto país que recibe mayor satisfacción, muy lejos de los países que encabezan las preferencias, Uruguay (57%) y Nicaragua (52%).

Chile es el segundo país entre los 18 del Latinobarómetro con menor número de personas que considera que la distribución de la riqueza es justa, muy por debajo de la media, 18%.

De espaldas a la realidad

Decíamos que las encuestas del CEP analizan en forma limitada o no analizan acontecimientos que han impactado a la población. El primer caso estuvo en las movilizaciones de 2011, que fueron analizadas en forma parcial por la encuesta de noviembre-diciembre de 2011, pues se preguntó sobre aspectos de orden público y la acción de Carabineros frente a las marchas. No buscó conocer las causas que llevaron a la masiva protesta social, la primera de esa magnitud desde 1990; tampoco tuvo interés por reflexionar sobre sus posibles alcances en las opiniones y actitudes de los chilenos.

Sin embargo, el “comité de opinión pública” no pudo dejar de preguntar sobre este hecho, aunque ignoró los resultados. Incorporó al “movimiento estudiantil” en la pregunta sobre “confianza en las instituciones”, a pesar de no serlo. La alternativa recibió un alto respaldo, 35%, muy por encima de la confianza en las instituciones políticas (Gobierno, Congreso, partidos) y económicas. Pero hubo un segundo resultado, que tampoco se consideró: el desplome de la confianza en las empresas privadas, del 31% que tuvo en el 2010 al 18%. Esta caída fue la mayor entre las 16 instituciones consideradas en la pregunta, con excepción del Gobierno, que cayó veinte puntos al 22%. Este resultado mostraba que el prestigio del sector privado fue muy perjudicado.

Una segunda pregunta demuestra que se reconoció implícitamente la relevancia política de las movilizaciones. Tiene dos alternativas, “tengo miedo/no tengo miedo de que estemos en el comienzo de una grave crisis institucional como la que se vivió en el pasado”. Sorprende su formulación, porque se está pensando un desplome institucional, pues la referencia al “pasado” es al golpe militar de 1973. Aunque la mayoría reconoció no haber tenido miedo de que se produjera “una grave crisis institucional” (59%), un tercio de los chilenos (34%) sí lo tuvo, lo que muestra el impacto de las protestas en un relevante sector de la población.

El CEP no midió el impacto en la opinión pública de los abusos de las empresas a los consumidores y la competencia. Sí lo hizo el Barómetro de la Política CERC-Mori (junio, 2017) con la pregunta sobre si “los hechos de colusión son aislados o una práctica generalizada”, dos tercios de la población, 72%, respondió que era una práctica generalizada.

En síntesis, el examen de las encuestas del CEP y de su estudio ¿Malestar en Chile?, muestra que se exponen visiones idealizadas del sistema económico que son compartidas por los grandes empresarios, que se refuerzan con estos antecedentes. Ellos desconocen las carencias y fragilidades del “modelo” y su vulnerabilidad frente a desarrollos políticos adversos.

Empresarios politizados, que dan la espalda a la realidad social y política, es un hecho que perjudica al desarrollo político. Impide que se desarrollen partidos autónomos del poder económico, especialmente los de derecha, confirmado esto por apoyos a una agenda económica amistosa a los intereses de las grandes empresas. También perjudica a la estabilidad del sistema económico y político, porque tienen una mirada complaciente del “modelo”, sin reconocer sus sombras (por ejemplo, las AFP no cumplen las funciones que se prometieron en 1980) y defienden a ultranza sus posibles virtudes, que son cuestionadas por una considerable parte de la ciudadanía.

Las encuestas del CEP tienen una enorme responsabilidad en la continuidad de esta visión política de los grandes empresarios, que influye en su discurso y acción pública, que ejercen a través de canales formales e informales de poder.