El indulto a Fujimori, una afrenta intolerable.
por Gustavo Espinoza M. (*)
La segunda acepción de “cambalache” es la que mejor se adecúa a lo ocurrido en el país en la víspera de las fiestas navideñas. En efecto, se ha tratado de un “Intercambio de cosas materiales o inmateriales, hecho con malicia o con afán de ganancia”.
Pocas veces la RAE ha acertado una definición de un modo tan preciso. Y es que, en efecto, lo que hizo Pedro Pablo Kuczynski a espaldas del país, fue intercambiar el indulto con malicia. y con un claro afán de ganancia. Buscó eludir la vacancia urdida por la Mafia Keikista por el lado “más efectivo”: ganando votos de esa bancada a través de Kenyi, ofreciendo a cambio la libertad del Asesino de Barbadillo.
Ahora, acorralado como está, y pillado en flagrancia, lo que busca es justificar esa acción, recurriendo a sofismas de poca monta. Veamos.
Plantea primero, la “reconciliación” como un requerimiento nacional y una necesidad apremiante.. Pero desdibuja ese propósito cuando lo reduce a un hecho insólito: que las víctimas, extiendan la mano a sus asesinos. Así entiende el tema.
Para PPK, la reconciliación, nada tiene que ver con la verdad. En el caso, no se requiere que el indultado, reconozca sus crímenes, ni pida perdón, ni page sus culpas. Ni siquiera que confiese sus delitos y aporte pruebas para subsanar los daños causadas por ellos.
Podría exigírsele, por ejemplo, que diga dónde están enterrados los cuerpos de los estudiantes de la Cantuta, asesinados en julio de 1992. O dónde los cadáveres de los ejecutados en Pativilca, o en El Santa. Pero no, nadie le pide eso. Por lo menos, PPK considera que los muertos, ya lo están, y que oi se requiere, entonces, nada más. Sus familiares, deben abrazar a los asesinos, en señal de conformidad ¿es racional eso?.
“Reconciliar” implica deponer odios. Pues bien. Cabe preguntarse entonces, quiénes son los que odian en el Perú. ¿Tenían alguna razón para actuar como lo hicieron, quienes incursionaron, en noviembre de 1991, en el solar de Barrios Altos y mataron a un niño de 8 años y a otros ciudadanos? Ninguna. Lo hicieron porque eran sicarios del gobierno de entonces, que les pagaba por matar.
Pero también porque sentían profundo odio, y desprecio, por quienes serian sus víctimas, es decir peruanos pobres que hacían actividades de poca monta para ganarse unos soles y financiar los arreglos del lugar donde vivían.
Ese odio hizo que otros –o quizá los mismos- secuestraran y asesinaran a los estudiantes de La Cantuta y dispararan también quitándole la vida a Pedro Huilca. Y a propósito de este último: fue odio, lo se diseñó en los ojos de Alberto Fujimori, cuando en el CADE 92, mirando a Pedro, aseguro con furia: “los tiempos en los que mandaban las cúpulas de la CGTP, ya se acabaron!” ¿o es que alguien cree que dijo eso, con un profundo amor por los trabajadores y por sus dirigentes?.
¿Alguien podría suponer que fue amor lo que indujo a Fujimori a disponer la ejecución extrajudicial de 36 reos encarcelados en el Penal de Castro Castro en mayo de 1992? Recordemos que ellos fueron extraídos de sus celdas violentamente, y arrojados al piso, amarrados y luego, simplemente ejecutados. ¿Eran Senderistas? Algunos, sí, pero estaban encarcelados, y condenados. Y pagaban sus culpas. ¿Quién los condenó a muerte? ¿Fue el amor del tirano?.
Cuando alguien plantea la necesidad de “acabar con el odio” para sembrar la reconciliación, tiene que dirigirse a quienes actuaron por odio, no a quienes fueron castigados por él
Por eso, acabar con el odio, implica arrepentimiento. Pues bien ¿Quiénes tienen que arrepentirse? Obviamente, los que hicieron las acciones, quienes cometieron los crímenes, no aquellos que fueron las víctimas en tan aciagas circunstancias.
Ahora resulta que la “Prensa Grande”, asegura que Alberto Fujimori “ha pedido perdón”, luego de recibir el “Indulto”. Y eso, tampoco es cierto.
El ha pedido perdón –lo ha dicho textualmente a quienes “defraudé durante mi gobierno”. Debió más bien pedir perdón a quienes “asesiné, secuestré, torturé, violé, o esterilicé, durante mi gobierno”. A ellos, y a sus familiares, porque sufrieron la lacerantes heridas que les dejó el régimen.
Ese régimen, no cometió “errores”, ni registró “excesos”, como lo aseveró PPK en su mensaje del 26 de diciembre. Los errores se cometen cuando asoman equivocaciones, cuando, por ejemplo, un gobierno asegura que construirá 500 mil viviendas y sólo tiene recursos para 400 mil. Puede aludirse, entonces a un error de cálculo.
Y los excesos, tienen una otra connotación Cuando al celebrar un acontecimiento alguien toma una copa de licor, se alegra; pero si se toma cinco botellas de ese licor, se emborracha. Cometió “un exceso” –tomó demasiado-. Y alguien puede excederse también en comer mucho, correr mucho, hablar mucho, y hasta mentir mucho. Son “excesos”
Pero no fue eso lo que hizo el señor Fujimori. No cometió ni errores ni excesos, sino alevosos crímenes, es decir, delitos punibles que fueron denunciados, investigados, juzgados y condenados de acuerdo a ley.
Y eso se confirma hoy con la mismísima figura del INDULTO. El Indulto, es una decisión más calificada que la Amnistía. La Amnistía -dicen los expertos- olvida las acciones y las borra, elimina la sentencia. El Indulto no borra nada. Reconoce los delitos, y los mantiene. Considera que son tan graves, que incluso pueden perdonarse, pero no olvidarse jamás. Los registra entonces, sólo que los perdona.
Hay quienes sostienen que el Indulto dictado, es una figura “irrevisable”. “No hay precedente” dicen, que un recurso presentado por una causa así, haya sido atendido por un organismo supra nacional. Quienes aseguran eso, ocultan una verdad tan grande como una Catedral: No han habido pronunciamientos en tal sentido porque no se han presentado, tampoco casos de ese tipo. Es decir, nadie ha concedido antes Indultos a criminales de ese orden, como está ocurriendo ahora en el Perú.
Videla fue amnistiado y luego se revisó la causa, y murió en la cárcel. Pinochet nunca fue indultado porque nunca fue juzgado, ni condenado. El uruguayo Alvarez, murió en prisión. Stroessner en el exilio. Somoza, de un bombazo en Asunción. Los militares brasileños es escudaron en la impunidad. Nunca un condenado por delitos de ese orden, fue indultado. Nadie osó tamaño despropósito.
PPK, por lo visto, se desliza por los peores caminos. Ahora eso encarga a Mercedes Araoz la integración de un gabinete de “reconciliación” con la Mafia. Y nombra a un general de policía –Vicente Romero- en el Despacho del Interior. ¿Alguien le preguntará el citado general si repartirá almanaques de Keiko Fujimori en las próximas elecciones?. Porque ese sí que fue un error. O, si se quiere, un exceso.
(*) Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera. http://nuestrabandera.lamula.pe
2017-12-28
Fuente: https://nuestrabandera.lamula.pe/2017/12/28/peru-cambalache/nuestrabandera/
Anexo:
Masacre de La Cantuta.
La Masacre de La Cantuta tuvo lugar en el Perú el 18 de julio de 1992 durante la presidencia de Alberto Fujimori. Un profesor universitario y nueve estudiantes de la limeña Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (conocida como La Cantuta debido al nombre de la zona donde se encuentra) fueron secuestrados y desaparecidos por el destacamento Grupo Colina, pertenecientes al Ejército Peruano.
Contexto
La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle fue fundada como un centro de preparación de docentes en 1822, logrando el estatuto de universidad en 1965. Fue cerrada por el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada en 1977 debido a las actividades políticas de los radicales de izquierda1 y reabierto en 1980.
Debido a los problemas económicos ocasionados por la intervención del gobierno militar en la economía y al maoísmo que captaba a numerosos estudiantes y educadores, La Cantuta se ganó la reputación de ser un centro de adoctrinamiento para ejecutar acciones radicales desde la década de 1950.2 Fue justamente una serie de protestas estudiantiles en el campus; incluyendo el bloqueo de la línea ferroviaria que une Lima con el interior del país – lo que llevó a la suspensión de sus actividades en 1977.
Con el retorno a la democracia en 1980, el presidente Fernando Belaúnde Terry reabrió la universidad. Los elementos radicales multiplicaron sus actividades de reclutamiento y adoctrinamiento en las universidades y se inició el ataque a la población por parte de las bandas terroristas Sendero Luminoso y el MRTA, quienes tuvieron una fuerte presencia en dicho campus. A inicios de la década de 1990, después de la fuga de la cárcel de una gran cantidad de terroristas del MRTA, se observó la fragmentación de grupos de izquierda en el campus ante las amenazas de los integrantes de Sendero Luminoso para alcanzar una influencia por medio del terror al estilo maoísta-leninista. En 1991, estudiantes senderistas de la universidad asesinaron a la Sra. Rosa Pretell, encargada y supervisora de las residencias universitarias, y luego del crimen, tomaron por la fuerza las residencias, alojando a sus militantes y desalojando a los estudiantes que ahí vivían por razones económicas. Luego asesinaron al Profesor de Historia Franklin Távara, que estaba postulando a la alcaldía de Chaclacayo. Este largo historial delictivo de la banda senderista no pudo ser controlada debido a la falta de una legislación adecuada y un servicio de inteligencia fragmentado. El 13 de febrero de 1987, durante el estado de emergencia y en medio del toque de queda impuesto en Lima, alrededor de cuatro mil policías ingresaron en horas de la madrugada a las residencias universitarias de tres universidades estatales de Lima: San Marcos, Ingeniería y La Cantuta. En la madrugada del 20 de abril de 1989, fuerzas conjuntas de la Policía Nacional del Perú y el Ejército del Perú arrestaron a más de 500 estudiantes bajo cargos de subversión luego de ingresar a la Universidad La Cantuta y a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Secuestro de julio de 1992
En la madrugada del 18 de julio de 1992, 2 días luego de la explosión del coche bomba en la céntrica calle miraflorina de Tarata, miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército así como de la Dirección de Inteligencia del Ejército, recibieron la orden de intervenir la residencia universitaria de la Universidad Enrique Guzmán y Valle. El Grupo Colina ingresó al campus y seleccionó a los sospechosos de acuerdo a la información de agentes infiltrados como alumnos.
Juicios y amnistía
En abril de 1993, un grupo de oficiales militares peruanos liberaron anónimamente un documento detallando los eventos en La Cantuta. Su documento señalaba que el escuadrón de la muerte había secuestrado, torturado y asesinado a las víctimas enterrándolas rápidamente luego. Posteriormente, tal como se señaló durante una investigación iniciada por el Congreso, las fuerzas armadas exhumaron, incineraron, y volvieron a enterrar los cuerpos en otra ubicación. Los «soplones» militares nombraron a los miembros del Grupo Colina que participaron en el incidente, identificando al jefe de las operaciones – Mayor Santiago Martin Rivas – y señalaron que el grupo operaba bajo órdenes directas de Vladimiro Montesinos, la cabeza del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y asesor del presidente Fujimori quien también tenía conocimiento de estos acontecimientos.
El 6 de mayo, el General de División Rodolfo Robles Espinoza, tercer oficial de mayor rango del ejército, denunció públicamente varias violaciones a los derechos humanos cometidas por el SIN y las fuerzas armadas, incluyendo la matanza de La Cantuta. (Posteriormente fue dado de baja del ejército y fue víctima de amenazas de muerte). Finalmente huyó del país logrando el asilo político en Argentina.
En junio de 1993, Justo Arizapana Vicente, un reciclador que trabajaba, y su amigo Guillermo Catacora, entregaron un plano al congresista Roger Cáceres Velásquez y al periodista de Radio Comas Juan Jara Berrospi.3 Cáceres compartió luego el plano con la revista Sí que lo publicó en julio de ese año. Una investigación en el sitio indicado en el plano por el fiscal reveló cuatro fosas clandestinas. Los análisis forenses llevados en los restos, y en otro grupo de huesos encontrados en otro sitio, revelaron que pertenecían a Muñoz Sánchez y a varios de los estudiantes, y que al menos algunos de ellos mostraban signos de tortura y de haber sido ejecutados mediante un disparo en la nuca.
Las autoridades militares iniciaron una investigación de las matanzas en mayo de 1993. Adicionalmente, en diciembre de ese año, un fiscal levantó cargos contra varios miembros del ejército. Un conflicto de jurisdicción se motivó entre los fueros militar y civil. La controversia se ventiló ante la Corte Suprema de la República la que, el 3 de febrero de 1994, decidió que no era capaz de determinar qué fuero debía aplicarse. Consecuentemente, la noche del 7 de febrero, el Congreso aprobó una ley según la cual la Corte Suprema podía decidir ese tipo de materias mediante la existencia de mayoría simple, en vez del voto unánime que se exigía. En un voto de tres a dos, la Sala Penal de la Corte Suprema decidió que el caso debía ventilarse bajo la jurisdicción militar.
El 21 de febrero de 1994, el Consejo Supremo de Justicia Militar sentenció a diez de los autores a sentencias de prisión entre 1 y 20 años.
Derogación de la Ley de Amnistía
La Ley de Amnistía fue abrogada al final del gobierno de Fujimori en el 2000 y, el 21 de marzo del 2001, la Fiscal de la Nación, Nelly Calderón, presentó cargos contra Fujimori acusándolo de ser uno de los «coautores» de esta masacre y de la Masacre de Barrios Altos de 1991. Presentó evidencias de que Fujimori, actuando en conjunto con Vladimiro Montesinos, ejerció control sobre el Grupo Colina. Los cargos alegaban que el grupo no hubiera cometido crímenes de esa magnitud sin las órdenes expresas de Fujimori o sin su consentimiento, y que la formación y el funcionamiento del mismo fue parte de una política integral contrasubversiva que implicó sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos.
Juicio a Fujimori
Durante el juicio al expresidente Alberto Fujimori, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia determinó que ninguno de los estudiantes, ni el profesor del caso La Cantuta, tenían vínculos con algún grupo subversivo.4 El expresidente Alberto Fujimori recibió el 7 de abril de 2009 una pena de 25 años de prisión efectiva, por considerarse estos asesinatos selectivos como delitos de lesa humanidad. El día 02 de enero de 2010, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema confirmó la sentencia de 25 años de prisión a Alberto Fujimori por los casos La Cantuta y Barrios Altos, y el secuestro de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer.
El 24 de diciembre de 2017 el presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó el indulto al expresidente.
Referencias
- «TOMO V. Capítulo 2.19. La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta». Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. 2003. p. 605-632.
- Sandoval López, Pablo (2002). «Modernización, democracia y violencia política en las universidades peruanas (1950-1995)». IInforme final del concurso: Fragmentación social y crisis política e institucional en América Latina y el Caribe. Programa Regional de Becas CLACSO.
-
«CASO CANTUTA: LOS HEROES REPRIMIDOS Y OLVIDADOS – El Diario Internacional». www.eldiariointernacional.com. Consultado el 2017-12-27.
-
«Víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta no eran terroristas». El Comercio. 2009-04-07. Consultado el 2017-12-27.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Masacre_de_La_Cantuta
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