Chile patronal: El “Valech empresarial” y los miles de millones para las “víctimas de violencia rural”.

Durante el último mandato de Michelle Bachelet se realizaron múltiples reuniones entre La Moneda y los ex presos políticos, estos últimos buscando medidas de reparación ajustadas a lo que dicen los organismos internacionales. La respuesta constante era que no había dinero para sus exigencias y finalmente el Ejecutivo dejó un proyecto que daría un bono único de $3 millones a quienes estén calificados. Pero en otra vereda, la actitud con empresarios de la “zona roja” fue totalmente distinta.

Si en el plano de los ex presos políticos son más de 22 mil las personas que no fueron calificadas para obtener beneficios, las que además nunca recibieron una explicación de porqué no se consideraron sus casos, en la situación de los empresarios “víctimas de violencia rural”, es decir, quienes han sufrido pérdida de bienes en el contexto del conflicto del Estado con el Pueblo Mapuche, el Estado les ha brindado un sistema de reparación mucho más eficiente y expedito.

El 3 de abril de 2017 el Ministerio del Interior, a través de la subsecretaría de la Prevención del Delito, aprobó la resolución exenta n° 1851 que crea el “Plan Comunal Especial de Reposición de las Actividades Económicas que Resulten Afectadas por Eventos de Violencia Rural en la Región de La Araucanía, las provincias de la Region del Bío Bío y las provincias de la Región de Los Ríos”. El programa fue impulsado en el ámbito legislativo por el senador José García y el ahora ministro de Defensa, Alberto Espina, luego de constantes exigencias de los gremios empresariales de aquellos territorios.

De manera textual, el documento que consigna la creación de la iniciativa señala que el objetivo del programa es “apoyar a las personas que tributen en Primera Categoría, que han visto afectadas sus actividades productivas por actos de violencia rural”, esto considerando las zonas anteriormente mencionadas.

La medida reparatoria tiene sus exigencias, pocas, pero tiene. Para definir a los beneficiados se instituyó en cada una de las regiones relacionadas un “Comité Técnico”, el cual está encabezado por el intendente respectivo, en conjunto con el seremi de Economía, jefe de División de Gestión Territorial y el gerente general del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec). Ellos ven si los postulantes al beneficio cumplen con los requisitos, lo que son: ser contribuyente de impuesto de primera categoría; que la actividad productiva por el solicitante haya resultado directamente afectada como consecuencia de un delito de violencia rural y ser reconocido como víctima según lo estipulado en el artículo 108 del Código Procesal Penal, lo que en este contexto es que sea el propietario del bien afectado.

No está dentro de las exigencias el que exista un proceso judicial finalizado, una condena que efectivamente demuestre que el daño al bien se da en el contexto mencionado, antecedente que debería ser importante considerando que existen dos sentencias en La Araucanía por autoatentados. Tampoco se transparenta si existen seguros comprometidos.

Para este programa la Ley de Presupuesto de 2017 consideró $3 mil millones, de los cuales la presidenta Michelle Bachelet entregó más de $2 mil millones en las distintas regiones. En ceremonias públicas con los beneficiados, los encargados de Sercotec en La Araucanía y Bío Bío declararon que ya se habían destinado $1.980 millones entre 67 personas y $588 millones entre 22 postulantes, respectivamente.

En 2017 la gestión de Bachelet fue estricta con que los dineros fueran a parar a empresarios. Por ejemplo, dentro de las solicitudes declaradas inadmisibles por la Intendencia de La Araucanía, figuran denuncias por quemas de iglesias o disparos contra Carabineros. Destaca en esto el rechazo del subsidio a familiares del fallecido matrimonio de Werner Luchsinger con Vivian Mackay, a quienes se les denegó el dinero puesto que el proyecto considera casos desde 2014, siendo que el incendio fue en 2013.

Pese a este beneficio, dirigentes empresariales no están contentos. El dirigente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural en La Araucanía, Alejo Apraiz, manifestó a nuestro medio sus reproches a la iniciativa.

“Soy bastante crítico del proyecto, puesto que los requisitos que tenían que cumplir las víctimas no todos podían cumplirlas, las víctimas más pequeñas ni siquiera tenían iniciación de actividades, entonces no podían cumplir. El sólo hecho de ser víctima donde hay evidencias reales como la quema de un camión o un galpón, donde hay una denuncia a Carabineros que lo acredita, es suficiente desde nuestra mirada”, manifestó.

Pero la molestia por estos días también ha estado rondando entre los ex presos políticos, quienes han venido comentando acerca de este programa mientras en paralelo aún esperan que ocurra algo con el bono de $3 millones que prometió el gobierno de Bachelet, el que será tan sólo para los calificados.

“Es una falta que comete el Estado nuevamente. Llevamos 28 años en que se supone se había abierto la democracia en Chile pero existen estas grandes diferencias donde se subsidian a los propietarios de fundos. Se habla de violencia rural cuando generalmente la aplica el latifundista, el dueño de las grandes empresas forestales. Injustamente estamos esperando que el Estado pueda indemnizar a las víctimas de prisión y tortura”, dijo.

La partida presupuestaria para 2018, que aprobó $3 mil 78 millones, considera esta vez el “ámbito social”, es decir, las iglesias y personas que pierdan su vivienda también podrían recibir el subsidio. En síntesis, el Estado habrá entregado más de $6 mil millones en dos años, en un programa que podría seguir aplicándose en lo sucesivo.

Fuente: http://radio.uchile.cl/2018/03/17/valech-empresarial-los-miles-de-millones-del-estado-a-victimas-de-violencia-rural/