Chile business: Un Ministro de Economía poli-Valente.

No es solo un economista influyente que gestó su llegada al poder desde Econsult, donde construyó su gran capacidad para figurar en los medios opinando de la contingencia económica y política.

El actual ministro de Economía, José Ramón Valente, también es empresario, siendo su buque madre –hasta que asumió como ministro– precisamente Econsult, la empresa que presta distintos servicios financieros, pero que también administra fondos de inversión. Uno de ellos fue Halcón 1, en el cual la firma que dirigían él y el ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) en el primer Gobierno de Piñera, Hernán Cheyre, se unió en 2003 a grandes empresarios interesados en captar los recursos que la entidad estatal disponía para distintos proyectos de desarrollo, en este caso, fondos de capital de riesgo, líneas hoy ya discontinuadas.

Por esta vía, Halcón obtuvo 1.900 millones de pesos de Corfo y un año después comenzó a desembolsar el dinero en la compra de acciones de Santo Tomás S.A., la sociedad matriz de la universidad del mismo nombre, una de las primeras en ser cuestionadas por el lucro en su gestión. Fue justo en el tiempo en que esa casa de estudios –ligada al fallecido empresario Gerardo Rocha– hizo crecer su infraestructura, elevando dramáticamente el número de estudiantes, una parte importante financiados con Créditos con Aval del Estado (CAE).

Halcón estuvo cuatro años en Santo Tomás y, tras diferencias con los controladores, apostaron por vender su participación en el año 2009 en más de 10 mil millones de pesos. De este modo, Corfo recibió más del doble de lo que invirtió, aunque los beneficios para el país de la inversión del grupo que lideraba Valente quedarían en duda cuando, en 2011, comenzaron a develarse las distintas fórmulas que usaban los dueños de universidades privadas para retirar utilidades.

En el caso de Santo Tomas, su ex presidente ejecutivo, Rodrigo Alarcón, lo dijo con claridad en un reportaje de Ciper, en 2011, en el que explicó que la ganancia la hacían los inversionistas al dejar la propiedad, tal como ocurrió con Halcón.

Media década después, en marzo de 2016, la Contraloría General de la República emitió un informe de auditoría a los fondos de capital de riesgo. Entre sus revisiones se incluyó a Halcón y el resultado fue un cuestionamiento, sin que Corfo pudiera revertir la infracción levantada por el ente contralor.

La objeción dice relación con que los fondos debían ser otorgados a proyectos que no tuvieran como giro la intermediación financiera o la inmobiliaria, y Santo Tomas en sus estatutos disponía la posibilidad de hacer negocios inmobiliarios e inversión en bienes raíces. Así, Valente –como ciudadano privado– hizo uso de recursos del Estado para fines no contemplados en las bases del propio fondo, retirando poco más de 300 millones de pesos de ganancias.

El ministro, actual presidente justamente del Consejo de Corfo, no respondió las consultas de este medio. Se intentó contactar a Óscar Landerretche padre, vicepresidente ejecutivo de Corfo a la fecha de otorgamiento de la línea de crédito a Halcon, pero tampoco obtuvimos una versión.

Cercanos al vicepresidente ejecutivo de Corfo a marzo de 2016, Eduardo Bitran, aseguran que luego del informe la Contraloría no instruyó sumarios ni sanciones, por lo que no hubo consecuencias para nadie en Corfo, mientras que Valente y sus socios ganaron con la pasada que involucró el factor del cuestionado lucro a la educación y recursos públicos involucrados.

Los vínculos del ministro

Valente tiene particular llegada en los medios económicos. Cotidianamente entrevistado y consultado como fuente en materias económico-políticas y empresariales, se transformó en noticia a comienzos de 2009, cuando se conoció la disputa que tenía Halcón con la familia Rocha por la conducción que llevaban de la universidad –en medio de la crisis que generó la muerte en 2008 de Rocha Vera–. Y, asimismo, por el arbitraje que desató la solicitud de Halcón de dejar la propiedad.

Econsult desplegó su influencia para defender su interés en el caso. En agosto de 2009, finalmente dejó la propiedad de la sociedad controladora de la UST, no sin que antes Valente jugara un rol clave en la negociación con Juan Hurtado Vicuña y el grupo Linzor Capital, para que mejoraran su oferta por el control del grupo educacional. Estos últimos se quedaron luego con la universidad.

Valente fue clave para generar esa red de contactos. En Halcón participaban, además de Econsult, algunos grandes empresarios. Entre ellos, Eduardo Fernández León y José Antonio Garcés Silva, socios del mismo Hurtado Vicuña en el grupo Consorcio.

También eran parte el ex dueño de Azul Azul, José Yuraszeck; la Cámara Chilena de la Construcción (CChC); Marcelo Brito –ejecutivo de Enersis en tiempos de Yuraszeck–; y el ex controlador de CorpBanca y dueño del grupo de medios Copesa –que incluye a La Tercera, Qué Pasa, Radio Duna), Álvaro Saieh Bendeck.

La objeción dice relación con que los fondos debían ser otorgados a proyectos que no tuvieran como giro la intermediación financiera o la inmobiliaria, y Santo Tomas en sus estatutos disponía la posibilidad de hacer negocios inmobiliarios e inversión en bienes raíces. Así, Valente –como ciudadano privado– hizo uso de recursos del Estado para fines no contemplados en las bases del propio fondo, retirando poco más de 300 millones de pesos de ganancias.

Cuando las negociaciones se habían entrampado por la negativa de Rocha a vender, Valente fue la voz. Reclamó en los medios la inconsistencia del controlador, que les imponía el precio y el comprador, pese a que no participaría de la operación. Una vez que convencieron a Rocha, Econsult logró hacer su pasada y, en menos de cinco años, los 3.500 millones de pesos originales que invirtieron se triplicaron.

El Estado también ganó. Según informó Econsult a la Superintendencia de Valores y Seguros (hoy CMF), Corfo recibió 4.992 millones de pesos por la línea que había otorgado. Sin embargo, el buen negocio económico para el Estado no fue tan claro en función de los objetivos que buscaba el fondo para capital de riesgo que dispone cada año, a través de la glosa presupuestaria.

Según las normas que regulaban ese programa de Corfo, las líneas de financiamiento buscaban “incentivar el desarrollo del capital de riesgo, financiando a pequeñas y medianas empresas para expandir sus actividades, vía aportes de capital o préstamos convertibles en acciones, como asimismo la participación de los administradora de los fondos en la gestión de las empresas”. Nada más alejado de lo que hizo Halcón.

Pese a incluir en el fondo a grandes empresarios, Corfo otorgó los 1.900 millones a Halcón, cuya orden de apertura de la línea de crédito ocurrió en agosto de 2003, un año después que Econsult constituyera el fondo y apenas un mes después de que el propio Econsult anunciara públicamente la constitución del fondo.

Pero aunque Corfo pasó por alto el calibre de los aportantes en Halcón, la falla principal estuvo en el destino de los recursos.

En el informe emitido el 7 de marzo de 2016, la Contraloría cuestionó el aporte al fondo Halcón.

En tal sentido, señala que los estatutos de la sociedad Santo Tomas son explícitos en incluir el negocio inmobiliario como parte de su giro. Así, explica que los recursos de Corfo fueron invertidos en Santo Tomás, que entre su objeto como sociedad contempla “la compra, venta, permuta, arrendamiento y enajenación de toda clase de bienes raíces“, junto con “efectuar inversiones y corredurías, negocios de construcción y venta de bienes raíces y en general efectuar inversiones inmobiliarias o relacionadas con bienes raíces o similares”.

De acuerdo a la Contraloría, dichas actividades “se encuentran fuera de los sectores económicos a los que podían pertenecer los entes receptores de la inversión, según se establece en las normas operativas del Programa de Financiamiento a Fondos de Inversión para el Fomento del capital de riesgo, línea F1, aprobadas por el mencionado acuerdo N° 17.324 del Comité Ejecutivo de Créditos de la Corfo”.

Para defender su decisión de entregar los fondos, Corfo respondió en el proceso de auditoría que, si bien las escrituras de Santo Tomás tienen un amplio desarrollo del giro, el desembolso fue requerido para el desarrollo de actividades educacionales, para lo cual hizo llegar el “Modelo de Ficha Resumen Información sobre Inversiones Elegibles Línea F.1” de Corfo, que incluía los antecedentes que respaldan el gasto mencionado, además de una “breve descripción de proyecto y sector económico” donde se alude, en pocas líneas, al número de alumnos de la universidad y su nivel socioeconómico preponderante.

Contraloría refutó a Corfo, advirtiendo que los antecedentes entregados son genéricos y no permiten clarificar las dudas. Y agregó un punto clave: “Es dable consignar que los antecedentes tenidos a la vista durante la auditoría y la carta de 9 de diciembre de 2004, suscrita por el gerente general de Econsult Administradora de Fondos de Inversión S.A., acompañada a la respuesta del preinforme, dan cuenta que el desembolso que se solicitaba a la entidad auditada (Corfo), se destinaría íntegramente a suscribir y pagar al contado acciones de la sociedad Santo Tomás».

Y al final del informe, el ente controlador puntualizó que “según el tenor de lo expuesto y considerando que se trata de una situación consolidada, cuya regularización no resulta posible, la observaciones se mantienen”.

El punto de Contraloría es clave. Santo Tomás, como el propio Alarcón lo ha explicado, era la sociedad matriz donde se manejaban las distintas sociedades que componían el holding educacional y que en 2011 fueron cuestionadas por préstamos de la universidad con sociedades relacionadas con Rocha.

Frente a la defensa de Corfo, que indica que Santo Tomás lleva a cabo actividades educacionales, Contraloría planteó que eso es demasiado genérico y no subsana las dudas sobre el buen objeto de los recursos fiscales invertidos.

Las dudas del órgano contralor no son casualidad. Cuatro años antes, a fines de 2012, el Ministerio de Educación había decidido cerrar la investigación por posible lucro contra la UST, poco más de un año después que –en julio de 2011– la propia Comisión Nacional de Acreditación (CNA) denunciara los hechos.