Las elecciones presidenciales en el México neoliberal: tres (posibles) escenarios.

Además figuran dos candidatos supuestamente «independientes»: un ex-priista «gobernador con licencia» del Estado de Nuevo León apodado «El Bronco» cuya campaña electoral está centrada en «cortarle las manos a los corruptos», y la despistada esposa de un ex-presidente de México que «renunció» a su candidatura antes del segundo debate presidencial que se efectuó en la ciudad de Tijuana el 20 de mayo de 2018.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE) con un padrón electoral de 89,1 millones coimputados, se votará para elegir a 8 gobernadores, 1 jefe de gobierno de la CDMX (ahora llamado gobernador), 128 senadores y 500 diputados. Asimismo se elegirán autoridades para 1.597 ayuntamientos, 184 concejales y 16 alcaldías. La Ciudad de México, que es la entidad con la segunda mayor lista nominal de electores (7 millones 640 mil), elegirá Jefe de Gobierno, diputados al Congreso Local, 16 alcaldes y 10 concejales.

Contexto: crisis estructural del capitalismo dependiente mexicano

Mientras que el crecimiento económico de México durante el llamado «desarrollo estabilizador» (1954-1976) fue superior a 6% promedio anual, entre 1982-2017 el PIB promedió 2.36% anual. Durante el régimen panista de Vicente Fox (2001-2006) el crecimiento promedio fue de 2.3% y durante el siguiente de Calderón (2007-2012) de 1.93%; entre ambos dicho crecimiento alcanzó 2.11%, para volver a descender durante el actual régimen priista de Peña Nieto (2013-2017) en el orden promedio anual de 2.12%. De esta forma durante los regímenes plenamente neoliberales del PRI y del PAN, el PRIAN (1982-2017) el crecimiento económico medido por su PIB francamente declinó y se situó por debajo de un tercio de aquel promedio histórico.

En este contexto los primeros que perdieron son los empleos cuyo déficit alcanza proporciones gigantescas si consideramos que por cada punto del PIB que se pierde, con él se eliminan alrededor de 1 millón de puestos de trabajo a los que hay que agregar los que no se crean al influjo del crecimiento natural de la población calculados en alrededor de un millón 500 mil cada año. Hay que observar, lo que oculta sistemáticamente el gobierno, que los empleos creados durante los regímenes neoliberales en una gran proporción son de naturaleza precaria: temporales, con o sin derechos sociales y sometidos a altas tasas de explotación y rotación de la fuerza de trabajo. De aquí el enorme desempleo existente en el país que organismos independientes como el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM sitúan en más de 20% de la PEA; la extendida pobreza «normal» y extrema; los bolsones poblacionales de la informalidad que cubren 60% de la PEA (52 millones 866 mil personas en 2017) que trabaja en condiciones precarias e inhumanas fundamentalmente en la calle; el crecimiento de la violencia, de la inseguridad y de los grupos delictivos, entre otras taras propias del capitalismo dependiente mexicano que su dinámica económica y política no hace más que recrear y amplificar día a día ante la corrupción e impunidad de las autoridades y sus partidos políticos que constituyen la partidocracia del poder.

Una de las consecuencias dramáticas de esta situación tanto para México como, principalmente, para millones de trabajadores, es su emigración forzosa en modalidad de indocumentados (alrededor de 12 millones) a EEUU donde son vejados, humillados, superexplotados, discriminados, abusados y deportados bajo la total indiferencia de las autoridades mexicanas y de EEUU. Los salarios son la otra variable castigada por el régimen neoliberal dependiente mexicano: los reales y su poder adquisitivo tienen una curva descendente desde 1976 y en la actualidad son más bajos que en China y que en otros países pertenecientes al mundo subdesarrollado de Asia, de América Latina y de los países africanos. Este es uno de los secretos de los privilegios de que gozan las clases dominantes en México y los altos y medianos funcionarios, burócratas y políticos del régimen partidocrático mexicano.

Este régimen neoliberal cuida celosamente las sacrosantas «variables macroeconómicas» como la tasa de ganancia que es altísima para las gigantescas empresas transnacionales monopólicas que operan en el país y que prácticamente controlan todos los flujos y ciclos de la economía mexicana: desde el capital dinero y productivo, hasta el capital mercancías, con énfasis en las importaciones y las exportaciones que controla prioritariamente el capital internacional. A cambio el pueblo y los trabajadores reciben un mayor endeudamiento externo que es de los más altos de América Latina: en 2017 la deuda pública alcanza 46.2 del PIB al cierre de 2017 según la Secretaría de Hacienda y las proyecciones bajo la política neoliberal es que siga creciendo sobre todo para pagar apenas los intereses del capital principal, lo que provoca un constante déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos.

El cual, con la entera complacencia del FMI y de la burocracia política del país, es contrarrestado mediante incrementos de los impuestos a la población, aumentos a los precios de las gasolinas -mayoritariamente importadas a pesar de ser México un país petrolero- y de la energía eléctrica de consumo popular, la severa aplicación de políticas de austeridad social y de recortes al presupuesto público en el renglón social en materia de educación, salud, vivienda, alimentación, pensiones y jubilaciones. Junto con la aplicación de sendas reformas llamadas estructurales: laboral, energética y educacional entre otras inscritas en la lógica de la privatización y de la reproducción del capital. Este es el marco socio-económico del actual proceso electoral mexicano que habrá de elegir presidente de la república, senadores y diputados, 5 gobernadores y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para los siguientes seis años.

Las coaliciones o alianzas electorales

De antemano planteamos que ninguna problemática del país en el plano social, económico y político se va a resolver mediante un proceso electoral y mucho menos con el triunfo de alguna de las mencionadas coaliciones que se desenvuelven en el marco del capitalismo neoliberal, dependiente y subdesarrollado que prevalece en México.

Y no lo va a hacer simplemente porque, independientemente de los planteamientos de los aspirantes presidenciales que generalmente van dirigidos a granjearse el apoyo de los grandes capitales y monopolios nacionales e internacionales y, por supuesto, el de EEUU, y menos el del pueblo, esencialmente ninguno atenta, ni modifica, el sistema capitalista sustentado en el régimen jurídico-político-institucional de propiedad privada de los medios de producción, de la tierra, de los recursos naturales y en la explotación de la fuerza de trabajo (que son los pilares del modo de producción capitalista universal) en cualquier orden macroeconómico y político: sea el neoliberal o el proteccionista (neo) desarrollista que son los que compiten en el México neoliberal y en los países latinoamericanos de manera predominante.

El carácter de las elecciones

En lo referente al presidente de la República su elección rutinaria ocurre formalmente cada seis años y siempre bajo el férreo control del gobierno en turno mediante un ente electoral que hasta la fecha controla (antes fue el Instituto Federal Electoral y hoy el Instituto Nacional Electoral). Se puede afirmar que el fraude es el eje histórico del proceso de la elección junto con la compra millonaria de votos, el acarreo forzoso de las bases electorales del partido, el miedo, la violencia y el uso masivo de los medios corporativos de comunicación cuyo objetivo es imponer a la ciudadanía el candidato a modo elegido por el gobierno a través de lo que se conoce como el «dedazo» del presidente en funciones. En ese sentido el régimen político mexicano es tan antiguo y carcomido como en los mejores tiempos del llamado nacionalismo revolucionario que transcurrió bajo la hegemonía política de los dinosaurios del PRI-gobierno.

En este contexto cabe prever tres escenarios que pueden ocurrir en la actual contienda electoral donde, hay que mencionar, en el promedio de las encuestas el candidato que se encuentra fuera de la «mafia del poder» lleva la delantera por alrededor de 20 puntos en promedio por encima del candidato de la derecha que se mantiene en segundo lugar y por encima del candidato del oficialismo. Un factor importante, que al final pudiera ser estratégico, es la influencia del Departamento de Estado en las elecciones mexicanas que hasta ahora ha sido acotado y discreto, pero que no por ello deja de ser preocupante dados los antecedentes en otras coyunturas electorales donde EEUU ha terminado por ser determinante como en las pasadas elecciones de Honduras (26 de noviembre de 2017) donde operó un golpe de Estado mediado por el estado de sitio y la represión para imponer al impopular y repudiado candidato oficial que era el mismo presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Dicha intervención se dio para destituir al presidente Manuel Celaya de ese país en 2009 y, más adelante, con la destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, en 2012.

El golpe de Estado judicial en Brasil que depuso a la presidenta Dilma Rousseff contó con el beneplácito tanto de EEUU como de la OEA y de la mayor parte de los gobiernos de derecha, entre los que figura de manera sobresaliente el gobierno mexicano que encabeza el llamado «Grupo de Lima» creado bajo patrocinio norteamericano con el fin expreso de derrocar al gobierno legítimo y constitucional de Venezuela. En este contexto no hay argumentos sólidos para sostener que esto no pudiera ocurrir en México en la hipótesis del triunfo del candidato opositor al oficialismo y a la derecha.

Posibles escenarios
Escenario 1

Este escenario, el menos probable en virtud de los antecedentes de la historia electoral de nuestro país caracterizada por el fraude y la manipulación del proceso electoral por el gobierno en turno, supondría, de ser certeras la mayoría de las encuestas, el triunfo del candidato de MORENA y de los partidos del Trabajo (PT) y de Encuentro Social (PES), Andrés Manuel López Obrador, quien sería elegido por primera vez después de dos intentos fallidos en el año 2006 y en 2012 cuando se impuso al actual presidente de la República Peña Nieto. En este hipotético escenario esto implicaría no solamente la acción electoral y de la campaña de la coalición que ampara dicha candidatura, sino una extendida movilización popular y ciudadana en defensa del voto antes y después de la elección.

Significaría, también que la gente ya habría aprendido la lección respecto al pasado caracterizado por la imposición y la secuencia a toda costa de los gobiernos priistas desde la época de la Revolución Mexicana, tal vez con la excepción del triunfo del general Lázaro Cárdenas en 1934 quien gobernó hasta 1940. Desde entonces, es decir desde el avilacamachismo (1940-1946) hasta el año 2000, gobernó el PRI cuando cedió el poder presidencial por primera vez a un personero distinto de ese partido y que fue el señor Vicente Fox candidato del derechista Partido Acción Nacional de naturaleza social-cristiano. En el siguiente sexenio fue impuesto, mediante fraude electoral, el panista Felipe Calderón (2006-2012) quien, a la par, le pasó la estafeta presidencial al actual presidente del PRI, Peña Nieto, quien utilizó masivamente la compra multimillonaria de votos con toda impunidad y corrupción a través de tarjetas de crédito, entre otros instrumentos fraudulentos.

Este escenario, como dijimos difícil e improbable debido a las circunstancias indicadas, por vez primera elegiría como presidente a un candidato diferente al que se conoce como perteneciente al PRIAN (la suma del PRI y el PAN a la que ahora se agrega el PRD) y que expresa la simbiosis entre el viejo partido priista y el derechista de Acción Nacional (PAN), este último ahora amalgamado con el otrora partido de «centro-izquierda» denominado Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes juntos postulan al candidato panista de derecha Ricardo Anaya involucrado en investigaciones penales de lavado de dinero y de corrupción, además de ser uno de los principales promotores y partidarios de la privatización energética. Hay que indicar también, por último, que muchas estimaciones proyectan que el partido opositor (MORENA) tendrá mayoría en el Congreso de la Unión en el que lastimosamente el PRI caería hasta la tercera posición como un resultado del castigo por parte de la indignada y empobrecida población mexicana que cada vez más desahucia a los gobiernos neoliberales.

Escenario 2

Vislumbramos un segundo escenario contradictorio y complejo. En éste el candidato de la derecha del PAN y del PRD, Ricardo Anaya, gana la elección mediante un acuerdo estratégico con el gobierno de Peña Nieto y su candidato, Antonio Meade (quien ocupa el tercer lugar en el promedio de las encuestas), utilizando todos los medios a su alcance legales y extralegales como la compra masiva de votos, la guerra sucia contra el candidato puntero, el uso de los recursos del Estado en materia social hacia la población para utilizar su voto en su beneficio; diseño y difusión de spots en los medios de comunicación corporativos para introducir el miedo, la tesis del desastre y otras mentiras similares, con el fin de apartar a la población de la posibilidad de orientar su voto al candidato puntero y, de esa manera, hacerlo hacia el candidato panista. Así, por lo menos se neutraliza al ciudadano y lo ubica en el espectro abstencionista de la población.

Aquí el acuerdo estratégico entre ambos personeros del gobierno federal y su candidato y del partido de la derecha consistiría en «dividirse el pastel»: el poder y los puestos en el gobierno, una vez que haya concluido la elección presidencial para, como ha sido siempre en el régimen autoritario mexicano, adjudicarse los empleos, influencias y prebendas en las distintas instancias de gobierno (como secretarías de Estado, direcciones de instancias gubernamentales, jefaturas locales y comisiones específicas, alcaldías, etcétera); en el gabinete presidencial, así como en el jugoso reparto de curules millonarias en el Congreso de la Unión.

Evidentemente tanto en este caso como en el siguiente, pudiera haber impugnación de la elección presidencial por parte de quienes pierdan (tentativamente por parte de la Coalición de Morena) y la instancia que tendría que decidir el resultado de la elección sería el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como ocurrió en 2006 cuando este avaló y ratificó el triunfo del panista Felipe Calderón.

Escenario 3

Este escenario, siempre en función del objetivo estratégico de afianzar el triunfo del PRIAN, tendría como premisa que el beneficiario de la candidatura a la presidencia fuera el candidato oficial del PRI, Antonio Meade, al que todas las encuestas, incluso internacionales, ubican en el tercer lugar muy lejos del candidato puntero, lo que dificulta con creces acortar la distancia hasta el día de la elección el 1º de julio para efectuar el fraude electoral (esta posibilidad la denuncia in extenso Santiago Nieto, ex-fiscal electoral, en la Revista Proceso #2169 del 28 de mayo de 2018: «Cómo prepara el PRI el fraude»: https://www.proceso.com.mx/535992/santiago-nieto-como-prepara-el-pri-el-fraude).

Esta posibilidad tendría como premisa la presión por parte del gobierno peñanietista y de su candidato, al de la coalición panista bajo la amenaza de activar las investigaciones penales por lavado de dinero que también involucran a miembros de su familia. Evidentemente que estos son acuerdos de cúpula y no necesariamente su consecuencia sería canalizar los votos de las bases electorales de la coalición panista-perredista hacia el candidato del PRI. Por eso, esto constituye un auténtico riesgo para el sistema. Como sugieren algunos expertos y analistas políticos en asuntos electorales pudiera ocurrir, nada improbable por cierto, que ese flujo de votos beneficiara al candidato puntero de la Coalición Juntos Haremos Historia, asestando un fuerte golpe electoral y mediático al PRIAN por vez primera en la historia electoral del país.

Juntos Haremos Historia y la Cuarta Transformación: ¿será posible un cambio o modificación de régimen político en México?

En el año 2000 el voto útil de la ciudadanía favoreció al candidato de la derecha del PAN, Vicente Fox. En 2006, el régimen tuvo que operar un auténtico fraude electoral para imponer a Felipe Calderón en la presidencia de la República. En 2012, Peña Nieto conquistó la silla presidencial gracias a la masiva compra de votos, a la distribución de despensas y de tarjetas de crédito para la obtención de las mismas. Se estimó que en la campaña de Peña Nieto se gastaron más de 4 mil 600 millones de pesos, mediante tarjetas expedidas por el Banco Monex y de otros monederos electrónicos e instituciones bancarias para triangular el financiamiento a su campaña electoral del 2012.

En la actual coyuntura, sin embargo, las cosas se han complicado sobre todo para el oficialismo. Hemos apuntado que tanto las encuestas nacionales como las estimaciones estadísticas en el exterior coinciden en colocar al candidato oficial del gobierno priista en el tercer lugar con una diferencia de alrededor de treinta puntos porcentuales respecto a López Obrador, el candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia. Se trata, es necesario enfatizar, de una coalición y de un candidato que postula que de ganar la presidencia de la República impulsará lo que denomina la Cuarta Transformación de México que ocurriría después de la Independencia nacional (1810), de la Reforma (1855-1863) que encabezó Benito Juárez (la segunda independencia de México) y de la Revolución Mexicana (1910-1917) que marcó la gran tercera transformación. La Cuarta Transformación implicaría, al decir del candidato presidencial, la constitución de un «nuevo sistema político, democrático y con dimensión social» centrado en varios postulados como la separación de la política de la economía, la construcción de un gobierno que «represente a todos, ricos y pobres», y no sólo a la «mafia del poder» como hasta ahora ha ocurrido. Además del combate a la corrupción que es el mayor objetivo de campaña del candidato opositor en concordancia con el sentir popular de millones de mexicanos.

Independientemente de las posibilidades reales de llevar a cabo dicha transformación en México, es importante señalar las profundas limitaciones estructurales y sociopolíticas que contiene de principio este proyecto lopezobradorista. En primer lugar, hay que señalar lo obvio: de ninguna manera es un proyecto de naturaleza socialista, ni mucho menos se inscribe en lo que en América Latina se ha denominado «Socialismo del Siglo XXI». En segundo lugar, porque es un proyecto de carácter nacionalista que impulsa una política que pudiéramos denominar neo-desarrollista que combina tanto la inversión privada nacional y extranjera con las políticas públicas para el desarrollo como, por ejemplo, postuló en su momento la CEPAL y que en México se plasmó en el denominado «desarrollo estabilizador mexicano» impulsado desde el gobierno por el presidente Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) y por las dos siguientes administraciones presidenciales. La diferencia, entonces, tanto con este modelo económico y con su régimen político radica en otorgarle a las llamadas fuerzas del mercado un papel protagónico en el «desarrollo económico» mediante un primer «impulso» dado por el Estado.

Es importante señalar que en todo caso esta política pública sería completamente distinta a la impulsada por los candidatos del PRIAN y sus gobernantes desde hace treinta años caracterizada por la aplicación de políticas neoliberales y de austeridad social que han empobrecido y precarizado a las mayorías en nuestro país. En este sentido, cualquiera de los candidatos de la derecha, ya sea el del PRI o el del PAN, no haría otra cosa más que continuar y profundizar ese modelo neoliberal de austeridad social, de privatización económica y de entrega de los recursos naturales y energéticos a las grandes trasnacionales monopólicas del capital internacional, mientras que el candidato de la cuarta transformación, si bien no cuestiona a la inversión extranjera directa e indirecta, como tampoco la propia existencia del sistema capitalista neoliberal dependiente que priva en México con todas sus coordenadas cimentadas en la explotación del trabajo por el capital, en la propiedad privada de los medios de producción y de la tierra, así como la existencia de la estructura y de las luchas de clases, plantea al menos un proyecto que en ese marco podría beneficiar por ejemplo en materia de desarrollo social a sectores empobrecidos y marginados de la sociedad.

Por otro lado, también podría mejorar nuestra posición internacional al rescatar la política exterior mexicana cimentada en los principios de la autodeterminación de los pueblos y en la no intervención de los Estados en los asuntos de otros Estados tal y como mandata la Fracción X del Artículo 89 de la Constitución Política y la Doctrina Estrada que fundamentan dichos principios obligatorios del Estado mexicano y que han sido violados por las últimas administraciones gubernamentales. Esa Fracción X de la Constitución estipula:

«Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales». (Fracción reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011).

De esta forma, por ejemplo, se acabaría con el grosero intervencionismo pro-imperialista que ejerce el Estado mexicano y su gobierno al margen del pueblo y del Congreso en contra de la República Bolivariana de Venezuela bajo los lineamientos geopolíticos y estratégicos ordenados por el Departamento de Estado articulados en la política contrainsurgente del neo-monroísmo que EEUU viene implementando en América Latina provocando la caída de los gobiernos progresistas y el fortalecimiento de los gobiernos neoliberales de derecha que sirven a dichos intereses.

Un gobierno de nuevo cuño, por vez primera distinto al PRIAN (2000-2018), podría impulsar una serie de proyectos como por ejemplo la terminación y creación de nuevas refinerías para comenzar a reducir la irracional importación de gasolinas en más de 75% de EEUU donde es mucho más barata que la que se vende en México. Asimismo en materia interior se le podría exigir al nuevo gobernante el cumplimiento de compromisos de campaña en materia de derechos humanos que han sido masivamente violentados por los gobiernos del PRIAN, particularmente luego de la declaración de la guerra al narcotráfico por Felipe Calderón que ha dejado hasta la fecha un saldo de miles y miles de muertos (algunas estimaciones calculan alrededor de los 250 mil), la multiplicación de las bandas criminales, la extensión de la inseguridad y de la violencia por todo el país, incluyendo la Ciudad de México; la aparición de fosas clandestinas y la desaparición forzada de cientos de luchadores y líderes sociales, sin contar los innumerables presos políticos que purgan penas en los reclusorios y penales del país. En este tema existe ya un compromiso público de López Obrador con los padres de los 43 normalistas desaparecidos por las fuerzas de seguridad del Estado para formar una Comisión de la Verdad que investigue, aclare y resuelva este atroz crimen de lesa humanidad y por primera vez se imparta justicia.

Estas son algunas de las cuestiones que podrían cambiar inscritas en lo que se denomina la «cuarta transformación» que, a nuestro juicio, no alcanza para anunciar un cambio de régimen político –como mucho menos se podría siquiera pensar con las otras dos coaliciones del PRIAN inmersas en el carcomido modelo neoliberal a ultranza– a no ser que tal vez el nuevo gobierno verdaderamente implemente el plebiscito o referéndum a mitad del mandato, como propuso López Obrador, para consultar a la ciudadanía en relación con el hecho de si está o no de acuerdo con que continúe el presidente en turno en la silla presidencial. Entonces sí se podría pensar que México avanza a un cambio desde un régimen presidencialista autoritario vigente de transición pactada, a otro semi-presidencialista con democracia representativa, aunque inferior a los regímenes de democracia participativa como es el caso de Venezuela.

Pero también todo ello habrá de depender de la movilización y de la presión popular que obligue al gobierno a cumplir sus promesas de campaña, particularmente en materia de justicia social y de verdadera lucha contra la corrupción y la impunidad que son los baluartes fundamentales del actual régimen autoritario de gobierno y que más allá de las candidaturas presidenciales y de las personas, son los ejes que han articulado el descontento social y el hartazgo de la enorme masa de la población frente al agotamiento y crisis del régimen político partidocrático autoritario de transición pactada impulsado por la tecno-burocracia del PRIAN en los últimos treinta y seis años.