Chile Punta Peuco: Faltan tantos, pero algo es algo. . . [+Lista huéspedes]

En una bomba de tiempo se le transformaron al Gobierno las promesas que hizo en campaña a los familiares e internos del penal, que ofrecían perdonazos y cumplimientos alternativos de pena, lo que llevaba a conceder la libertad a prácticamente todos con condenados y procesados por delitos de lesa humanidad.

Escándalo tras declaraciones del Presidente: “Me parece muy mal que una persona que cometió delitos atroces contra otros seres humanos esté recibiendo ese tipo de pensiones (…) Estamos haciendo un esfuerzo muy grande por corregir ese tipo de situaciones que hieren y atentan contra la conciencia de todos los hombres y mujeres”.

Lo que menos le han exigido desde la “familia militar” es que cumpla el ofertón: ley de conmutación de penas y aplicación de nuevo sistema penal. Además le advierten que “no abuse de la paciencia” que hasta ahora han tenido, pues “las confianzas y los apoyos se agotan”. Exigen respeto a sus pensiones y ronda la palabra “traición”.

Algo tiene Punta Peuco que ha complicado de manera evidente a todos los gobiernos democráticos habidos tras la dictadura de Pinochet. Así como el tema de su cierre empañó de manera brutal el término del gobierno pasado, hoy, al comienzo de esta nueva administración, vuelve a estar presente, pero por otras razones. Promesas de campaña incumplidas y amenazas a las pensiones (algunas de estrés postraumático por las labores de represión que hicieron), han llevado a los internos, sus familias y a su abogado a exigir de manera airada que se cumpla el acuerdo no tan secreto: votos por impunidad.

La unidad penal creada en 1995 nació en una especie de transacción entre las autoridades democráticas que recién asumían el poder y las FFAA aún bajo el imperio del Augusto Pinochet y que mantenían la amenaza latente de re intervenir. Allí serían llevados los máximos jerarcas que habían implementado la represión y que en ese momento empezaban a enfrentar sus fechorías ante tribunales que se vieron forzados a procesarlos producto de la presión norteamericana por el crimen del excanciller Orlando Letelier en EE.UU.

Justicia con elástico

Así, lentamente, fueron cayendo ya no solo los jerarcas sino que también agentes de menor “pelaje”, encargados de la tarea sucia, secuestrar, torturar, violar, mutilar, asesinar y hacer desaparecer personas. Los reclamos llevaron a trasladar a los de más alta jerarquía a otra prisión de lujo, el Penal Cordillera, donde se diferenciaban de los de menos rangos o de los civiles que actuaron materialmente en los crímenes.

Los tribunales, en tanto, presionados nuevamente, esta vez por la detención del dictador en Inglaterra, ampliaban las pesquisas a más crímenes –torturas, violaciones y otros- y a un mayor número de involucrados. También dejaron de implementar a diestra y siniestra las amnistías y prescripciones. Incluso, en un arranque que descolocó a todos, un gobierno de derecha cerró el Penal Cordillera y agrupó a todos los violadores en Punta Peuco.

La segunda administración Bachelet, atendido el alto número de internos en Punta Peuco y dado que este se hacía insuficiente para albergar más criminales y que era “poco prudente” seguir ampliándolo, sobre todo cuando pesaba una promesa de la propia Mandataria de cerrarlo, se optó por crear un módulo especial en Colina I destinado a los nuevos delincuentes que ingresarían condenados o procesados por crímenes en contra de la humanidad.

Piñera la hace de nuevo

En la previa a la primera administración de Piñera, este se reunió con los familiares de los condenados y procesados por delitos de lesa humanidad y la llamada “familia militar”, a quienes hizo promesas que abarcaban desde el campo judicial de los casos que tenían en su contra hasta beneficios carcelarios para todos. Nada de eso cumplió y, es más, cerró el Penal Cordillera, que albergaba a lo más rancio de la represión.

La extrema derecha y los cercanos a los criminales acusaron traición. En la reciente elección presidencial este segmento levantó su propio candidato en primera vuelta, José Antonio Kast, y le negó los votos a Piñera. En el balotaje, Kast sirvió de puente –reuniones en Punta Peuco incluidas-, para que la familia militar renovara su confianza en el abanderado de la derecha y le diera los votos. Nuevas reuniones y nuevas promesas. Incluso ya asumido el gobierno y hasta hace pocos días.

Sin embargo lo idílico de este nuevo romance entre el actual mandatario y la derecha dura, sumada a los criminales y sus familiares, se rompió. Primero fue la denegación a indultos solicitados. Luego vino la tardanza –hasta hoy- para mandar las leyes prometidas de conmutación de penas y de aplicar el actual sistema procesal penal y no el antiguo a las causas que los persiguen por los delitos en su condición de agentes de Estado.

El corolario, fueron las declaraciones del propio Piñera, que se escandalizaba por las pensiones que recibían estos criminales “que cometieron delitos atroces”.

De la desilusión a la rabia

El 15 de mayo pasado una reunión de “representantes del Mundo Militar en Retiro” con la subsecretaria de DDHH, Lorena Recabarren, para solicitarle al gobierno definiciones políticas y legislativas y plazos para los proyectos de ley que fueron prometidos durante su campaña, terminó en nada; se les hizo un desaire.

Lo único que disponía el gobierno para apaciguar los ánimos era que el día anterior el Contralor había liberado a Piñera para hacer y deshacer en materia de indultos por un año, a contar justamente del 15. Sin embargo al día siguiente, el ministro de Justicia, Hernán Larraín declaró: “no somos partidarios de indultar a violadores de derechos humanos y asesinos en serie». El conflicto era inminente.

Advertido el gobierno que se desataría una nueva crisis con ese sector, 48 horas después de la áspera reunión se ordenó al ministro del Interior, Andrés Chadwick, salir a apagar el incendio. El jueves 17 apareció reiterando el compromiso del gobierno de llevar adelante un proyecto de ley que permitiría conmutar penas a reos enfermos terminales. De pasada, generó un nuevo conflicto, pues aclaró que no existía  un compromiso de otorgar indultos, pues aquello le compete únicamente al Mandatario y nada dijo sobre los ansiados beneficios intrapenitenciarios, también prometidos.

Faltaba más, el miércoles 23 de mayo, en una entrevista televisiva, Piñera agregaría la gota que colmó la paciencia de los internos y sus familiares. Allí abordó un tema sensible que acababa de reabrirse: las millonarias pensiones que reciben los criminales, abultadas además por la figura de beneficios adicionales por presunta invalidez, algunas “postraumáticas”, consecuencia de “haber tenido” que asesinar, torturar, hacer desaparecer personas etc.

Piñera prometió estudiar qué hacer con esas pensiones escandalosas: “Me parece muy mal que una persona que cometió delitos atroces contra otros seres humanos esté recibiendo ese tipo de pensiones del Estado, pero eso es porque así lo establecen las leyes. Pero nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande por ‘corregir’ ese tipo de situaciones que hieren y atentan la conciencia de todos los hombres y mujeres”. Se desató la tormenta.

“Traición”

Una declaración pública de los internos de Punta Peuco canalizada a través de su abogado, Raúl Meza, dio cuenta del desencanto con Piñera. Una frase marcó su estado de ánimo: “Al parecer su corazón lo traiciona”, dijeron, al mismo tiempo que le advirtieron que “no abuse de la paciencia” que hasta ahora habían demostrado, pues “las confianzas y los apoyos se agotan”.

“Traición”, “abuso”, “paciencia” agotada, “confianzas” perdidas y “apoyos” quitados, marcaron la misiva. “En el mundo militar las palabras no son elegidas al azar”, explicó un militar de alto rango en retiro a Cambio21.

El abogado Raúl Meza y la Multigremial de FFAA en retiro suscribieron la carta en que le dicen a Piñera que sus palabras “producen una profunda desconfianza y desencanto en aquellos cientos de miles de compatriotas que confiaron nuevamente en su persona para que dirigiera los destinos de esta patria. Al parecer su corazón y sus sentimientos hacia el mundo militar lo traicionan y delatan un sesgo político con aquellos que en algún momento de la historia les reconocerá el sacrificio que hicieron por defender a su querida patria”, dijeron.

En la nota se preguntan “cómo les explicamos a esos chilenos defensores de la libertad y su patria y profundamente agradecidos del gobierno de las fuerzas armadas que votaron mayoritariamente por usted, sus irreflexivos ‘agravios’ e ‘injurias’ hacia aquellos que les correspondió asumir una misión histórica, ordenada por sus superiores, para salvar a su patria de aquellos que intentaron infructuosamente convertir a Chile en un país al servicio de las ideologías totalitarias que destruyen al hombre en su dignidad y derechos”.

No hubo respuesta oficial desde el gobierno, aunque se tendieron puentes para bajar los decibeles. Nada dijo la vocera Cecilia Pérez acerca de los duros epítetos contenidos en la carta.

Las pensiones escandalosas

A una denuncia de Cambio21 sobre “pensiones de invalidez” de los reos de Punta Peuco y una querella interpuesta por el abogado Roberto Ávila, quien fue el primero en iniciar acciones legales, se sumaría más tarde Capredena, que efectuó una denuncia ante el Ministerio Público para que investigaran eventuales obtenciones fraudulentas de beneficios previsionales. Recientemente el Consejo de Defensa del Estado tomó cartas en el asunto, querellándose a su vez contra diversos personajes ligados a la dictadura y al mundo militar, entre ellos algunos internos de Punta Peuco.

Capredena paga mes a mes pensiones a internos de Punta Peuco que en su tramo superior llegan a los $3.254.853, como es el caso del ex fiscal militar Fernando Torres Silva. No es el único, pues en promedio los condenados por delitos de lesa humanidad reciben la friolera mensual de $1.618.459. Uno de los internos emblemáticos por su crueldad, Miguel Krassnoff, ex brigadier del Ejército e integrante de la Brigada Lautaro de la Dina, recibe $2.489.658. Y no es uno de los más altos en ingresos.

El Consejo de Defensa del Estado, sumándose a la querella de Roberto Ávila y a la denuncia de Capredena, apunta a cuatro reos y dice relación con que además de sus pensiones en razón de sus grados al momento de jubilar, perciben millonarias sumas por “inutilidad de segunda clase”, sin que ninguno de ellos presente ninguna incapacidad física. Ninguno sufrió un accidente en acto de servicio o padeció enfermedades profesionales o tienen alguna enfermedad invalidante de carácter permanente. Siguen trabajando o están aptos para ello. Se trata de Enrique Neira ($2.605.979), Patricio Ferrer ($2.161.406), Jaime Torres ($1.647.687) y Rubén Fiedler ($1.340.000).

Los argumentos de Raúl Meza

“Las señales del Gobierno de Sebastián Piñera son muy preocupantes y desalentadoras en relación a los compromisos asumidos durante su campaña presidencial en favor de aquella familia militar que nuevamente cayó en la trampa de creer que su voto sería debidamente recompensado”, parte diciendo a Cambio21 Raúl Meza, el abogado de la mayoría de los internos de Punta Peuco.

“Durante estos casi tres meses de gobierno se han solicitado audiencias a los ministros de Interior, Andrés Chadwick, y al de Justicia, Hernán Larraín, para conversar sobre el estado de avance de los proyectos de ley anunciados en favor de los reos de avanzada edad y los que padecen enfermedades crónicas y terminales. Sin embargo, a la fecha aún no se ha tenido una respuesta, informándosenos que el Gobierno ya tiene una agenda legislativa en la que no está contemplada, por ahora, enviar un proyecto de ley humanitaria”, se lamenta el defensor.

“A lo anterior se agrega el rechazo de la subsecretaria de DDHH, Lorena Recabarren, a recibir en audiencia a este abogado que representa a los internos de Punta Peuco, sin que se haya indicado alguna razón que justifique dicha negativa. Se suma a lo anterior la falta de consideración y respeto que tuvo en la audiencia que concedió a la Multigremial de las FFAA, Carabineros e Investigaciones en retiro, pues excusó su presencia en el mismo momento de la reunión, delegando a su jefe de gabinete su representación. En esta audiencia no se asumió ningún compromiso en favor de los internos de Punta Peuco ni tampoco se informó de proyectos de ley que favorecerían a los mismos”, denuncia el profesional.

Meza reclama que “con la llegada de la nueva directora de Gendarmería, Claudia Bendeck, quien tampoco ha concedido audiencia a representantes del mundo militar en retiro, se han restringido algunas medidas en contra de los internos de Colina 1 y de Punta Peuco. A los internos de Colina 1 se les restringió el horario de las salidas a los patios hasta las 17:00 hrs., debiendo ingresar a sus celdas en dicho horario, y se les ha negado el derecho a las visitas conyugales. A los de Punta Peuco se les restringió el horario de las llamadas telefónicas hasta las 17:00 hrs y se les ha intensificado el número de allanamientos en sus celdas”.

“Al parecer, los tiempos mejores que prometió el Presidente Sebastián Piñera a la familia militar durante su campaña están  concebidos solo para aquellos que están gozando de los privilegios del poder y, el resto de la derecha, deberá observar cómo el gobierno que ayudaron a elegir enarbola las banderas de la izquierda para que los dejen gobernar y, de paso, sacrificará a ese fiel electorado que nuevamente volvió a creer en su palabra, su lealtad y su liderazgo”, termina diciendo Raúl Meza a Cambio21.

Nómina huéspedes en CCP Punta Peuco.