Patriotismo latinoamericano: Mar para Bolivia.

por Manuel Cabieses D.

El inminente fallo de la Corte Internacional de Justicia acogerá al parecer la demanda boliviana de una salida soberana al Océano Pacífico. La justicia y la razón están de su parte. Sin embargo, eso no obligará a Chile a ceder “ni un solo centímetro cuadrado” de territorio -como afirma el bizarro canciller Roberto Ampuero, novel teórico mapochino del “espacio vital”-.

Lo que hará la CIJ solo será reconocer la justicia de la demanda boliviana y llamar a ambos países a un diálogo de hermanos -que lo somos- para terminar con el enclaustramiento geográfico de Bolivia.

Ese país necesita algo más que un centímetro cuadrado de territorio chileno para acceder al mar. Requiere un corredor al norte de Arica que comunique el Pacífico con territorio boliviano. Son varios kilómetros, como ofreció la dictadura militar en 1975. El “abrazo de Charaña” de los generales Augusto Pinochet y Hugo Banzer, y sus implicaciones territoriales, diplomáticas y económicas, no implicaba traicionar la soberanía como estiman quienes hoy se niegan a ceder ni un centímetro cuadrado. Curiosamente han sido dictaduras militares y gobiernos reaccionarios de Chile los más proclives a satisfacer la demanda de Bolivia. Desde 1895 (dictadura del vicealmirante Jorge Montt) existe el compromiso de proveer a Bolivia de “un acceso soberano alternativo al Pacífico”. El gesto de las FF.AA. en 1975 constituye el intento más serio de llegar a un acuerdo con Bolivia. La dictadura militar estuvo dispuesta a ceder un territorio más grande que el “corredor boliviano” que en los años 50 ofrecía el canciller Horacio Walker Larraín -padre de la Democracia Cristiana chilena- en el gobierno anticomunista de Gabriel González Videla.

En ambas oportunidades el veto de Perú -tercero en juego según el tratado de paz y amistad de 1904-, impidió cerrar una llaga purulenta a más de un siglo de la guerra del salitre.

Chile no tiene nada que perder y en cambio mucho que ganar si llega a un acuerdo con Bolivia. Esto, claro, desde una perspectiva de complementación económica y de unidad latinoamericana. Agua y gas natural del Altiplano, por ejemplo, podrían fomentar el desarrollo del norte gracias a una negociación amistosa y honorable.

La razón histórica está de parte de Bolivia. En febrero de 1879 las tropas de Chile –cuyo territorio solo llegaba por el norte hasta Copiapó- desembarcaron en Antofagasta. La invasión del Departamento del Litoral boliviano se hizo para proteger los intereses chileno-británicos de la Compañía del Nitrato y Ferrocarril de Antofagasta, amagados por un impuesto de diez centavos a la exportación del quintal de salitre. La guerra de rapiña se prolongó hasta 1884 y costó miles de vidas de chilenos, bolivianos y peruanos. Permitió a Chile apoderarse de 120 mil kilómetros cuadrados de territorio y 400 kilómetros de litoral. El conflicto hizo la fortuna de uno de sus financistas, el inglés John Thomas North que consolidó un imperio salitrero en Tarapacá y Antofagasta. Parlamentarios, abogados, periodistas y oficiales de la Armada, financiados por North, desataron más adelante la sangrienta guerra civil en Chile que culminó en 1891 con el suicidio del presidente José Manuel Balmaceda, heroico defensor de los intereses del país.

Los descendientes castrenses y políticos de Pinochet, Horacio Walker y González Videla, que estuvieron dispuestos a ceder parte del territorio conquistado, no tienen los mismos propósitos de los gobiernos chilenos de 1895, 1950 y 1975.

Los defensores de cada centímetro cuadrado de territorio, están convencidos -y probablemente bien informados- que La Haya se pronunciará a favor de Bolivia al reconocer la justicia de la demanda y llamar a un diálogo de acuerdo al Tratado Americano de Soluciones Pacíficas de 1948, conocido como Pacto de Bogotá. La CIJ no puede ir más allá de eso. Pero esto sería una victoria para la diplomacia boliviana y una carta de triunfo para el presidente Evo Morales que aspira a la reelección.

Al dar por perdida la causa en la CIJ, los trogloditas de las relaciones internacionales plantean que Chile se retire sin demora del Pacto de Bogotá para no verse obligado a negociar con Bolivia (1).

El ex comandante de jefe del ejército, Oscar Izurieta Ferrer, ha llamado a seguir el ejemplo de Colombia (sic) que se retiró del Pacto de Bogotá el 2012. De paso sugiere sumarse al desmantelamiento de Unasur, asunto en que están empeñados los gobiernos más reaccionarios de América Latina. (2)

En forma simultánea el ex embajador Gabriel Gaspar hizo un fervoroso llamado a “colocar en tensión nuestra voluntad nacional y soberana” ad portas del fallo de la CIJ (3).

Izurieta y Gaspar han ocupado cargos importantes en los gobiernos de Bachelet y Piñera. Ambos desempeñaron la subsecretaría de Defensa. Izurieta fue jefe del ejército. Es posible sospechar que ellos interpretan no solo a la derecha y a la centroizquierda, sino también a altos mandos de las FF.AA.

Resulta evidente que se prepara un escenario adecuado para enconar todavía más las deterioradas relaciones chileno-bolivianas e impedir que se cumpla el fallo de La Haya.

Esta amenaza plantea un desafío para las diezmadas fuerzas de la Izquierda chilena. Es nuestro deber sacar fuerzas de flaqueza y defender el derecho de Bolivia.

En esta materia Chile se encuentra aislado. Desde hace años la mayoría de las naciones del mundo apoya explícita o implícitamente la demanda boliviana.

En el mundo globalizado no caben nacionalismos provincianos ni sedicentes patriotismos que encubren intereses ajenos a la América Latina. Esas posturas ocultan resabios del fascismo que intenta reaparecer a través de consignas chovinistas y racistas.

La realidad política, económica y social, así como el destino de nuestro continente, exigen un patriotismo de dimensión latinoamericana capaz de asegurar la paz y felicidad de nuestros pueblos.

La unidad latinoamericana y caribeña por la que lucharon Simón Bolívar, Alexandre Pétion, Bernardo O’Higgins, Salvador Allende, Fidel Castro y Hugo Chávez es otra vez objeto de ataques a mansalva del Gran Buitre del norte que nos quiere separados.

Nuestro deber es responder esa amenaza construyendo la Patria Grande que necesitamos para crecer independientes y en solidaridad.

Septiembre, 2018.

Notas:

(1) Ver declaraciones de José Rodríguez Elizondo (ex comunista), Gabriel Gaspar (socialista, ex Mapu), Eduardo Rodríguez (DC) y Oscar Izurieta (ex comandante en jefe del ejército). El Mostrador, 14/7/2018, y El Mercurio, 1/9/2018.

(2) El Mercurio, 17/8/2018.

(3) El Mostrador, 17/8/2018.

Fuente: puntofinalblog.cl

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(*) La Corte Internacional de Justicia (CIJ, también llamada Tribunal Internacional de Justicia) es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Fue establecida en 1945 en La Haya (Países Bajos), siendo la continuadora, a partir de 1946, de la Corte Permanente de Justicia Internacional.

Sus funciones principales son resolver por medio de sentencias las disputas que le sometan los Estados (procedimiento contencioso) y emitir dictámenes u opiniones consultivas para dar respuesta a cualquier cuestión jurídica que le sea planteada por la Asamblea General o el Consejo de Seguridad, o por las agencias especializadas que hayan sido autorizadas por la Asamblea General de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas (procedimiento consultivo). El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia forma parte integral de dicha Carta, situada en su capítulo XXV. En virtud del artículo 30 del Estatuto, la Corte adoptó el 14 de abril de 1978 un reglamento mediante el cual se determinó la manera de ejercer sus funciones y, en particular, sus reglas de procedimiento. (nota del Editor CT / Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Internacional_de_Justicia).