A comienzos de septiembre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos entregó 10 carpetas a víctimas de prisión política y tortura. Son parte de las más de mil que ya se han solicitado desde 2015, con los testimonios que las mismas víctimas dieron a comienzos de los años 2000 ante la Comisión Valech, sobre los que pesa un silencio de 5 décadas. La posibilidad de que recuperen sus relatos –reconocidos por el Estado– ha abierto un nuevo camino judicial, a pesar de la prohibición de informar.
Hasta los 14 años, Fabiola Valenzuela pensó que era adoptada. Una tarde de 1988, mientras bajaba la escalera de su casa de dos pisos en La Florida, escuchó una conversación telefónica que la dejó helada. Era su mamá, que le contaba a alguien –tiempo después sabría que era un funcionario de la Vicaría de la Solidaridad– la verdad que podría haberse llevado a la tumba si Fabiola, en un azar doloroso, no hubiera salido de su habitación ese día.
No recuerda bien cuál fue el orden de las palabras, pero sí la confesión que escuchó:
“Mi hija nació producto de una violación cuando fui torturada”, pronunció su mamá, Rosaura, a través de la línea telefónica.
Y entonces Fabiola comenzó a hacer calzar las piedras de un rompecabezas que aún, a los 43 años, le cuesta terminar de armar. Está en terapia, con sicólogo y siquiatra, no pudo culminar sus estudios, pero lo que más le duele es no poder vincularse afectivamente con sus hijos o su pareja con el apego que quisiera. No lo aprendió. Nunca lo tuvo. “De verdad yo pensaba que era adoptada, porque mi mamá siempre me trató diferente a mis otros dos hermanos –dice–. Yo sentí ese rechazo”, dice.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) tiene el mandato legal de custodiar los antecedentes reunidos por la Comisión Valech I y la Comisión Valech II y, después de la acción legal de Fabiola Valenzuela y la insistencia de abogados como Paz Becerra, debieron cambiar su criterio. Actualmente, por una decisión del propio consejo del INDH, esta institución entrega copia de toda la documentación contenida en las carpetas de trabajo de dichas comisiones. Esto corre tanto para las personas que fueron incluidas en las nóminas de víctimas de prisión política y tortura, como aquellas que no llegaron a ser calificadas como tales.
La primera vez que se desclasificó una carpeta con un testimonio entregado a la Comisión Valech fue en diciembre de 2015, después que la justicia acogiera el recurso de protección presentado por Fabiola, que fue al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) con un objetivo: que le mostraran no solo el testimonio que en 2003 dio su madre, relatando los vejámenes que sufrió cuando fue abusada en medio de torturas que hicieron que naciera en 1975, sino también todos los antecedentes e investigaciones recopiladas por la comisión respecto a su caso.
La tarea no fue simple y surgió en un contexto político y cultural. En agosto de 2015, el artista visual Francisco «Papas Fritas» lideró la llamada “Desclasificación Popular”, una iniciativa que buscaba dar a conocer públicamente los testimonios entregados a la Comisión Valech y que se valió de una especie de vacío en la Ley 19.992. El artículo 15 dice que los archivos serían secretos, pero solo las víctimas calificadas por la instancia podrían acceder a ellos.
Así, Fabiola rompió el cerco.
Testimonios de prueba
La acción de Fabiola Valenzuela fue una punta de lanza, una travesía para sortear los 50 años de silencio impuestos a víctimas que todavía no saben por qué deben ocultar la identidad de sus agresores, y hoy es la primera demandante del Estado que –archivo en mano– mantiene un litigio civil para conseguir que se repare el daño que sufrió y las carencias que tuvo en educación y salud debido a nacer producto de una violación y todo lo que eso significó para su vida y la de Rosaura.
“Para mí es súper importante haber sido calificada como víctima frente a la toma de declaración de la Comisión Valech, pero cuando me di cuenta que no podíamos acceder a esos testimonios me pareció injusto y arbitrario. La verdad es que yo no puedo exigir cárcel a las personas que le hicieron eso a mi mamá, porque la verdad es una telaraña difícil de desentrañar, pero estoy esperando que se reconozca lo que vivimos”, cuenta Fabiola.
Después de esa acción, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha entregado cientos de archivos con los testimonios de víctimas de prisión política y tortura. A comienzos de septiembre, dicho organismo traspasó documentación a ex presos de Valdivia en Isla Tejas, que en ese mismo acto de entrega anunciaron que presentarán cerca de 80 demandas en contra del Estado. Desde 2015, el INDH ha liberado 1.675 carpetas. De esas, 958 fueron derivadas a tribunales y 379 a personas que las solicitaron.
El caso de Fabiola lo llevó adelante, en 2015, la abogada Paz Becerra. Después de su insistencia ante la justicia, ella, junto con otro abogado, tomaron 14 casos más al año siguiente en Rancagua. Tener acceso a los testimonios de las víctimas, cuando algunas de ellas ya son mayores y no recuerdan a cabalidad lo que testimoniaron en 2003, ha abierto dos caminos legales: “Iniciamos un proceso de demandas tanto por reparación como investigación penal de casos de los cuales obtuvimos la carpeta. Y estamos trabajando en la arista penal en los casos que las personas recuerdan quiénes eran los victimarios”, precisa Paz.
La abogada también cuenta que otra de las opciones que abrió la excepción de la “Ley Valech”, es que hay carpetas de personas cuyos testimonios fueron rechazados, ya que en la segunda instancia del grupo no había opción para apelar, como sí existió en la primera comisión. “Hay un caso en el que logramos recuperar la carpeta y, a partir de esos antecedentes, pudimos indagar y abrir una investigación que lleva adelante el juez Mario Carroza. Si se logra demostrar en forma penal esos hechos, esa persona tiene derecho a ser reconsiderada en la Valech”, asegura.
El abogado de Derechos Humanos Cristián Cruz, explica que una víctima, al ser considerada de esa forma por el Estado, ya puede adquirir más fuerza en una acción legal. “Nadie puede desmentir su calidad de víctima, de lo que sufrió, porque está reconocida por el Estado”, comenta.
La directora del INDH, Consuelo Contreras, dice que la entrega de carpetas ha sido también un acto de reparación “al devolverles su propia historia para que dispongan de ella y reconocerlos como luchadores por la justicia social y la democracia”.
Las trampas del silencio
Al comienzo de la entrega de carpetas, el camino fue ripioso. Paz Becerra cuenta que tuvieron que presentar al menos 14 recursos para enfrentar el criterio del INDH que no daba su brazo a torcer. “Si hoy se están entregando tantas carpetas es porque se hizo una insistencia… después de 15 fallos en contra, el INDH debió cambiar su estrategia”, comenta Paz.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene el mandato legal de custodiar los antecedentes reunidos por la Comisión Valech I y la Comisión Valech II y, después de la acción legal de Fabiola Valenzuela y la insistencia de abogados como Paz Becerra, debieron cambiar su criterio. Actualmente, por una decisión del propio consejo del INDH, esta institución entrega copia de toda la documentación contenida en las carpetas de trabajo de dichas comisiones. Esto corre tanto para las personas que fueron incluidas en las nóminas de víctimas de prisión política y tortura, como aquellas que no llegaron a ser calificadas como tales.
Es la única forma que han encontrado las víctimas para derribar una muralla de silencio, después que en agosto de 2016 la Cámara de Diputados rechazara hacer públicos los testimonios incluidos en la Comisión sobre Prisión Política y Tortura. Entonces, la iniciativa tuvo 57 votos a favor, 46 en contra y cuatro abstenciones y necesitaba un quorum de 60 votos.
“Pese a que se logra avanzar en algo, el Estado tiene una gran deuda en este ámbito”, señala Cristián Cruz, en la misma línea de lo que piensa el abogado y diputado Hugo Gutiérrez, quien impulsó la ley para acabar con el silencio y que no próspero en el Congreso. “Esto debió ser transparentado mediando un proyecto de ley. No puede ser que todas las denuncias queden en manos de privados, y sean ellos quienes definan si cometieron o no delito. Lo que hace finalmente el INDH es resolver un tema no resuelto por Bachelet, por problemas que pudieron resolver, entre otros, el propio Presidente Lagos”.
A pesar de rechazo del proyecto, en algunas organizaciones de Derechos Humanos la posibilidad de sortear el secreto de la Comisión Valech ha sido bien recibida. Erika Hennings, de Londres 38, considera que toda estrategia para hacer luz de lo que se pretende ocultar es buena. “Esperar una ley, no excluyente con solicitar las carpetas. Esto puede servir para avanzar”, dice.
Sin embargo, Paz Becerra pone una voz de alerta sobre las carpetas que comenzó a recibir desde 2016. Muchas de ellas traían nombres tarjados. Por ejemplo, si en un testimonio se sumaba el nombre de otra víctima o del posible victimario, antes de ser entregada, esa información se borra.
Paz Becerra cree que estos hechos requieren una discusión de fondo. “Yo no sé si el INDH tiene realmente el derecho de borrar esa información”, dice, a la vez que plantea otro de los cabos sueltos que podrían permitir avanzar en investigación, reparación y justicia: “Todas las carpetas y esa información fueron digitalizadas y la Comisión Valech generó una base de datos. Cruzar esa información nos permitiría avanzar mucho más rápido y les ahorraríamos a los sobrevivientes la revictimización”.
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