Chile verdad I: El ejercicio de resistencia y desobediencia civil tras el colectivo de Desclasificación Popular.

Un trabajo persistente para la desclasificación de archivos sobre violaciones a los derechos humanos realiza desde hace un buen tiempo el colectivo Desclasificación Popular.

A 30 años del triunfo del «No», una de sus integrantes, la cientista política Javiera Campos, destaca que «en temas de derechos humanos, la verdad es que sin las organizaciones de derechos humanos, no habría nada».

«Ellos son los que han presionado al Estado para que haga lo poco y nada que hay. Sin ellos, varios centros de tortura estarían en el suelo. O serían un mall. Ellos pidieron las comisiones de verdad y justicia. Algunas veces los escuchan y otras no», dice.

Organización inédita

La entidad en que participa es una organización inédita en el mundo. Desde el año 2015 trabaja en la desclasificación de los archivos de la Comisión Valech I, que se centró en las torturas que infligieron agentes del Estado a decenas de miles de chilenas y chilenos durante la dictadura militar. Estos se encuentran bajo secreto por 50 años desde el año 2004.

Más allá del levantamiento del secreto, sus miembros lograron un mecanismo propio de resistencia y de desobediencia civil, que incluso es reconocido internacionalmente por eminencias de los derechos humanos, como Peter  Kornbluh, director para Chile y Cuba de la ONG National Security Archive. Kornbluh estuvo detrás de la desclasificación de los archivos de la CIA que involucraban el intervencionismo de Estados Unidos en Chile.

Hoy, a 30 años de la victoria del «No» en el plebiscito de 1988, el trabajo de esta colectividad cobra  más fuerza.

El origen del grupo

-Javiera, no muchos saben que parte importante de este proyecto fueron dos periodistas de investigación como Víctor  Herrero  y Javier  Rebolledo. Cuéntanos cómo llegaron a  participar  y cuál fue su  aporte.

-Ellos estuvieron al principio del proyecto, cuando a Francisco «Papas Fritas» Tapia se le ocurrió comenzar a estudiar el secreto de los 50 años de la Comisión Valech I. Los dos comenzaron a indagar cómo se realizó esta comisión. Además, tengo entendido que Víctor Herrero realizó un reportaje sobre lo poco que hizo la presidenta (Michelle) Bachelet, en su primer gobierno, en temas de derechos humanos. Entre sus omisiones, Víctor dio a conocer que Francisco Ugás, director del Programa de Derechos Humanos en el 2015, había entregado al Ministerio del Interior un borrador de proyecto de ley que levantaba el secreto de las Comisiones Valech. Proyectos de ley que Bachelet jamás mandó al Congreso.

-Desclasificación Popular partió en septiembre del 2015, a partir del trabajo que realizaste en conjunto con el artista visual Francisco «Papas Fritas». ¿En qué consistió ello?

-Yo me uno a este proyecto por un motivo, en primer lugar, de amistad. Soy amiga hace tiempo de Francisco «Papas Fritas». Me acuerdo que me contó que estaba estudiando el secreto de 50 años de la Comisión Valech I. Y le pregunté, ¿en qué ley está ese secreto? Me recuerdo que no sabía muy bien. Y la verdad que en ese año, yo tampoco sabía. Entonces, le dije que podía ayudar a revisar de dónde había surgido este secreto. Lo hice porque soy cientista política, y por la profesión podría rastrear bien el origen de eso. O ver la política pública, en general, que adoptó Chile cuando decidió hacer las comisiones de verdad y justicia sobre prisión política y tortura de la dictadura de Pinochet.

De la lectura pasé a una participación más activa, que continúa hasta el día de hoy. En medio de esa revisión, donde leímos directamente el artículo 15 de la ley 19.992 y vimos una frase clave: “excepto el titular”. Eso nos generó dudas grandes. Y comenzamos a averiguar qué podría significar eso. Teníamos la idea de que el secreto era para el resto del mundo: Poder Judicial o terceras personas. Pero que el mismo secreto reconocía la titularidad. Es decir, que las personas que acudieron a la Comisión Valech I eran dueñas de su testimonio. Incluso, recuerdo que le preguntamos a una amiga abogada, y ella nos dijo “esto está claro, hay secreto pero el titular es el que manda”.

La lucha por desclasificar

-¿Existía registro de lo que estaban a punto de realizar?, ¿algún abogado lo había  hecho antes?

-Eso fue lo segundo que hicimos: si era tan obvio, por supuesto que mucha gente ya debía tener estos archivos en sus manos. Por esto, consultamos a abogados de derechos humanos. En ese tiempo, pensamos que ellos debían saber bien si ya había personas con copia de su archivo Valech en la mano. Para nuestra sorpresa, los abogados nos dijeron que no se había hecho algo así: que los titulares pidieran, directamente, a la institución custodia estos archivos. Pasados los años, supimos que hubo ex presos políticos que acudieron a la Contraloría General de la República para pedir, por ejemplo, una recalificación. O pedir explicaciones de por qué no fueron calificados oficialmente como víctimas de prisión política y tortura. Pero no hemos encontrado, antes del 2015, a alguien que citara el artículo 15 de la ley 19.992 como fundamento. En lo personal, y lo digo siempre, espero que alguien lo haya hecho antes.

-¿Qué sienten cuando su teoría se vuelve real?  ¿Cómo fue ese proceso y cómo se logró obtener la primera desclasificación?

-Bueno, al confirmar que nuestra idea era correcta, fue la felicidad máxima. Y en lo personal, considero que es un gran logro: uno que podría ayudar a muchas personas y que rompería con algo injusto. Nuevamente, con los años, comencé a notar que es muy importante que en políticas sobre derechos humanos, y en especial en testimonios de prisión política y tortura, se le pregunté al testimoniante qué quiere hacer con su relato. Si quiere hacerlo público o no. Incluso, si quiere dar su testimonio al mundo pero resguardando ciertos datos. Las comisiones Valech, en la I y II, no hicieron eso. Y eso generó un gran daño: el Estado impuso un secreto sin consultar a las personas. Muchos justifican esto, invocando la protección. Pero la protección debió hacerse con la opinión de los y las ex presas políticas. Porque estos son archivos llenos de delitos: hay torturas, maltratos, prisión indebida, violaciones. Esto debió estar hace años en el Poder Judicial, y con el consentimiento de las personas para que el resto de Chile y el mundo pueda conocer qué pasó en la dictadura de Pinochet.

Ahora, sobre cómo se logró desclasificar, la verdad es que fue algo difícil. En primer lugar, comenzamos a trabajar en crear el mecanismo de Desclasificación Popular con un grupo de ex presos y ex presas políticas. Esa etapa fue muy buena, ya que aprendí mucho. Ahí nos dimos cuenta de la importancia del consentimiento. Es decir, ayudar a las personas a recuperar su archivo. Y luego consultarles si querían, voluntariamente, darnos una copia para subirlo a nuestro sitio web. El consentimiento es clave, especialmente, y por lo que nos explicaron estos ex presos políticos, porque muchos y muchas sufrieron violencia político-sexual: una parte esencial de las torturas eran las violaciones sexuales a hombres, mujeres y niños. Otro punto es que, hasta el día de hoy, muchos y muchas ex presas políticas no le han dicho a su familia que fueron torturados. Esto es uno de los pilares de Desclasificación Popular: el respeto a los ex presos y ex presas políticas.

La exposición de Matucana 100 y la negativa del INDH

«Con eso armado, se organizó una exposición en Matucana 100. Me recuerdo que fue desde el 26 de septiembre hasta el 4 de octubre del 2015. Ahí pusimos 50 mil manuales con las instrucciones para llevar a cabo la Desclasificación Popular, formando la frase “la memoria es nuestra”. El objetivo fue que el manual de desclasificación fuese obtenido por la mayor cantidad posible de personas. Luego de la exposición, se realizó un proceso de desclasificación enviando una carta formal al INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos) para que le diera todos sus archivos a 12 ex presas y ex presos políticos», señala Javiera.

Lamentablemente -revela- «el Instituto de Derechos Humanos interpretó el secreto de la Comisión Valech I de la siguiente manera: se pueden dar los archivos y documentos que cada ex preso político dio a los entrevistadores que trabajaron para la Comisión Valech I, y los documentos que muestren el trabajo de esta comisión se deben mantenerse en secreto».

La cientista política explica que por cosas de diferencias con ese grupo de ex presos políticos, no siguieron trabajando juntos y no se logró presentar ningún reclamo o recurso en los tribunales.

«Nos enteramos que este manual de desclasificación llegó a manos de unos abogados de la Universidad de Chile, Álvaro Aburto y Paz Becerra. Aplicaron el tema de la solicitud por transparencia del INDH, una gran innovación. Nuevamente, el INDH les dio sólo los documentos que, en este caso, la ex presa política pasó a la comisión. Frente a esto, los abogados presentaron un recurso de protección y lograron que le pasaran todos los archivos. Fue la primera vez que, al menos hasta donde nosotros tenemos conocimiento, se logró sacar toda la documentación de una ex presa política que fue a dar su testimonio a la Comisión Valech I».

«Logramos conversar con estos abogados que desclasificaron, y comenzamos a trabajar juntos desde el 2016. En junio de ese año, volvimos a presentar 14 recursos de protección para desclasificar. Esta vez, trabajamos con un grupo de 14 ex presas y ex presos políticos de la Coordinadora Nacional de ex presas y ex presos políticos Salvador Allende, organización que está en la sexta región. Y se ganaron los recursos de protección. Acá también participó el abogado Francisco Jara. Debemos comentar que, hoy, Paz Becerra no es parte de Desclasificación Popular. Se retiró del proyecto, pero es una abogada dedicada a temas de derechos humanos. Desde ahí, el INDH decidió cambiar su criterio. Ahora, cada vez que un ex preso político pida copia del archivo, se le pasa de forma íntegra. Solamente interviene nombres de terceros víctimas. Es decir, si en el archivo Valech aparece el nombre de otra víctima, se tacha. Si aparece, por ejemplo, el nombre de un torturador, no se tacha. Cosa que no nos parece muy buena idea, ya que podrían tachar el nombre de otra víctima que fue vista por un sobreviviente. Esa información es muy importante».

Los números de los desclasificados

-Desde entonces  a la fecha, ¿cuántos archivos se han desclasificado, y cuánto  han sido  puesto a disposición de la plataforma de www.desclasificacionpopular.cl?

-Mira, debemos hacer un recuento nuevo. Pero, desde octubre del 2015 hasta octubre del 2017, 159 personas han solicitado sus archivos Valech a través de Desclasificación Popular. Además, se ha cumplido otro objetivo de Desclasificación Popular: que los ex presos y ex presas políticas pudieran pedir archivos Valech también por su cuenta. Este fue el motivo de distribuir el manual de Desclasificación Popular en Matucana 100. De esta forma, desde octubre del 2015 a octubre del 2017, 235 personas han acudido directamente al INDH a pedir sus archivos Valech. Sumando las personas que acudieron al INDH y a los que acudieron a Desclasificación Popular, 394 personas han desclasificados sus archivos Valech. Llama la atención que 171 personas no calificadas de las comisiones Valech (de ambas comisiones Valech), han pedido directamente al INDH copia de sus archivos. Mientras que 120 personas de la Comisión Valech I, han pedido copia de sus archivos a través de Desclasificación Popular. Y en nuestro sitio web, hay 27 archivos donados.

-¿Qué hace falta para  lograr mayor desclasificaciones y publicación de estas? ¿Sientes que el INDH aporta o más bien se  ve en la obligación? ¿Se aprovecha de esto en algún sentido?

-Nos falta poder ir a las regiones, y pedir los archivos con el consentimiento correspondiente. Mucha gente de otras regiones ha desclasificado, pero no hemos logrado ir y consultarles personalmente si quieren donar el archivo. Una de las cosas que estamos haciendo hoy es mejorar el sitio web, para que las personas puedan por sí solas subir el archivo.

INDH: apropiación indebida

«Sobre el INDH, una de las cosas que se le puede reconocer es que cambió su criterio. Sin embargo, el año pasado, sacaron una nota en su sitio web diciendo que ellos han desclasificado los archivos Valech. Eso no es cierto. Hay una grave omisión por parte del INDH, ya que no fue por motivación propia que se decidió dar los archivos de la Comisión Valech I y II: fue por los recursos de protección puestos en la Corte de Apelaciones de Santiago. Esta omisión es una ofensa para todos y todas las organizaciones de ex presos y ex presas políticas que han desclasificado. Incluso, para los ex presos y ex presas políticas que han solicitado sus archivos sin la ayuda de Desclasificación Popular. Son ellos y ellas son los que han quebrado el secreto de los 50 años, no el INDH. Creemos, firmemente, que este no es un error casual. La invisibilización de la lucha contra la impunidad no se puede permitir. El gran logro de los expresos políticos fue poner fin de los archivos secretos, y eso no se puede omitir jamás».

-¿Otras organizaciones de DD.HH., como  por ejemplo Londres 38, los han apoyado?

-Sí hay apoyo. En el caso de Londres 38, nos hemos comunicado pero no hemos desclasificado en conjunto. Postulamos a un proyecto con ellos, y no quedamos seleccionados.  En general, las agrupaciones de ex presos y ex presas políticas son las que siempre dicen que sí a la desclasificación. Durante este año, nos hemos acercado a algunos sitios de memoria. Hay algunos que nos han dicho que no y otros están estudiando la propuesta. Podemos destacar que la Corporación Memoria Borgoño 1470 está trabajando con nosotros. En palabras simples, esta organización está recolectando información sobre la prisión política y tortura en el Cuartel Borgoño. Se le propone, entonces, a los sobrevivientes que desclasifiquen. Luego, se les pregunta si quieren donar, voluntariamente, este archivo a la Corporación Memoria Borgoño 1470 y a Desclasificación Popular. Además, la Corporación tiene una campaña llamada “Yo estuve en Borgoño”. El objetivo es recolectar información sobre los sobrevivientes de este centro de detención y tortura de la comuna de Independencia. Esta es una pequeña encuesta online y, entre las preguntas, está la consulta si se quiere desclasificar el archivo Valech. A los que dicen que sí, nosotros gestionamos estas solicitudes.

Gracias a los presos políticos

«Por otro lado, hemos escuchado, algunas veces, la siguiente crítica: “esto entonces no es toda la justicia”. Hay personas que creen que solo, o que importa más, la lectura de la justicia de estos archivos. O que al final del día, pesa más la verdad judicial. Creemos que tan importante como los juicios, es la reivindicación política: devolver a los verdaderos dueños y dueñas su testimonio y generar un diálogo intergeneracional sobre la resistencia a la dictadura de Pinochet. Por supuesto, es un camino largo pero vale la pena. Un ejemplo que puedo poner de esto es que, al momento de que las personas leen su archivo, se acuerdan de otras detenciones. Su memoria se llena de recuerdos, y les permite recordar detalles a través de la lectura del archivo. Primero está la dignidad de la persona. Y hemos comprobado que, en general, las personas sí quieren compartir sus testimonios. Son pocos los que dicen que no quieren abrir su experiencia. Además, las personas eligen qué hacer con su archivo: usarla para demandar al Estado, guardarla, donarla a Desclasificación Popular o dejarla como herencia a sus familiares».

-¿Crees  que  han  tratado de invisibilidad a Desclasificación Popular?, ¿quiénes  invisibilizan a Desclasificación Popular?

-Sí, como comenté anteriormente, creo que el INDH no ha dicho que la ruptura del secreto de las comisiones Valech es gracias a los ex presos y ex presas políticas. Sin ellos, no habría nada. Por otro lado la prensa, salvo excepciones, nunca cubre este tema. Una vez, un canal de televisión chileno nos entrevistó. Y jamás salió dicha entrevista al aire. Y creo que nunca saldrá. Esto es una mala señal. No he visto tampoco un reportaje a alguna agrupación de ex presos y ex presas políticas sobre cómo ha sido desclasificar en Chile. Esto es una experiencia única en América Latina. Y no lo digo yo, hemos hablado con otros activistas de derechos humanos de Argentina, de Perú, tesistas europeas y nos dicen que nunca habían visto un proyecto así. Ya hemos recibido algunas tesistas y académicas extranjeras, pero en Chile aún no se ha profundizado en este tema.

Balance a 30 años del «No»: peleas innecesarias

-¿Qué significado tiene para Desclasificación Popular el 05 de octubre?

-Creo que es un hito importante, pero que los partidos políticos han hecho una pelea innecesaria. Me refiero al intento de parte de la Nueva Mayoría de dejar fuera al PC. Es triste y es un símbolo de que falta mucho por avanzar. Por otro lado, me gustaría una celebración crítica: sí, hemos avanzado en muchas cosas, pero hay otras deudas democráticas urgentes, como en medio ambiente, en igualdad, en respeto. La deuda se podría resumir en la ausencia del Estado protegiendo a sus ciudadanos más desvalidos: a los que están en las cárceles, a los que viven al lado de la industria que tira humo todo el día, a los pueblos indígenas, a la comunidad LGTBIQ, a los ancianos, a los niños y niñas. En temas de derechos humanos, la verdad es que sin las organizaciones de derechos humanos, no habría nada. Ellos son los que han presionado al Estado para que haga lo poco y nada que hay. Sin ellos, varios centros de tortura estarían en el suelo. O serían un mall. Ellos pidieron las comisiones de verdad y justicia. Algunas veces los escuchan y otras no.

-Ricardo Lagos fue el hombre del dedo en el plebiscito, pero también el  hombre que impuso el secreto. ¿Qué opinión te merece lo realizado?

-Una de las cosas que pudimos comprobar mirando los archivos Valech que han sido donados a nuestro sitio web, es que no existió un documento que preguntará acerca de la publicidad de dicho archivo. Es decir, que le preguntaran al titular de la información si quería publicar su archivo, si quería publicarlo con resguardos o si decidía no hacer público su archivo. Tampoco un aviso o intención de que la comisión Valech I y II daría una copia de estos antecedentes al Poder Judicial, tal como se hizo en la Comisión Rettig. El Estado no preguntó, solo impuso. En el caso de la Comisión Valech I, hay un problema claro sobre el secreto. En un documento del abogado Matías Meza Lopehandia del año 2016, abogado que trabaja en la Biblioteca del Congreso, se indica que “por otro lado, la regulación legal de la facultad de la administración para decretar la reserva de antecedentes exigía que dicha reserva se decretara caso a caso y con fundamento, y en ningún caso podía exceder de veinte años. Finalmente, el ambiguo estatuto de la propia Comisión, podría implicar la imposibilidad de sancionar la infracción al deber de reserva, restando eficacia a la declaración de reserva”.

En palabras simples, la determinación de secreto de la Comisión Valech I debía hacerse caso a caso, y debía revisarse por la Presidencia de la República. Además, en esta época, no existía la actual ley de transparencia. Por lo tanto, lo máximo de secreto de un documento público eran 20 años. Lagos impuso en la ley de reparación, la ley 19.992, un secreto indebido. Que al final, te muestra que el objetivo era la impunidad biológica. Que torturados y torturadores estén muertos al momento de hacer público los archivos. Esto sería el año 2054.

Adultos mayores, ignorados

-En Chile es normal  invisibilizar al adulto mayor, ¿crees  que a las y los ex presos políticos no son tomados en cuenta  por su edad o también por otras razones?

-Sí, pero creo que es por una mezcla: entre la edad y la insistencia en sus demandas. Son adultos mayores consientes, que fueron brutalmente castigados por la dictadura. Eso debe incomodarle al actual Estado, ver que hasta el día de hoy exigen justicia. Por otro lado, me llama la atención que en temas de prisión política y tortura la prensa, en general, jamás se pregunta directamente a las organizaciones de ex presos políticos. Llama a un montón de expertos, pero no a ellos. Como si no pudieran hablar ni dar su opinión al resto. Es algo que no sé qué explicación tiene. Son los que resistieron la dictadura en sus barrios, cada familia chilena debe tener algún pariente que dijo no a la dictadura. Solo aparecen como personas que exigen reparación económica. Y eso no es así, la reparación es parte de varias cosas. Creo que a los chilenos se nos ha olvidado que la dictadura usó plata de todos los chilenos para matar y torturar a otros chilenos.

-¿Crees que esto debería desclasificarse por medio de una ley? ¿Cómo ves los  proyectos  e intenciones que existen por el legislativo?

-En teoría sí. Pero si no hay ley, hay Desclasificación Popular, citando a la Comisión Funa. Creo que una de las cosas buenas que tiene Desclasificación Popular, es que no espera que otros hagan lo justo. Las personas podemos hacer cosas importantes sin proyectos de ley. Ahora, nosotros hemos participado en los debates legislativos de los proyectos de ley que han intentado abrir el secreto de las Comisiones Valech. En el proyecto de ley del 2016, el que fue rechazado por la Sala de la Cámara de Diputados, (Gabriel) Boric y otros parlamentarios tomaron nuestras propuestas y las presentaron como indicaciones, las que fueron rechazadas. Fuimos también a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, y tampoco pasó nada. La verdad, es que las mociones que hemos visto tienen falencias técnicas. Para mencionar una, me recuerdo que no se consideraban los archivos de los no calificados por las comisiones Valech. Estos archivos también los guardó el Estado, y es importante verlos. Eso nos daría una pista de los criterios de calificación de las Comisiones Valech. Tampoco se consideraba dar más recursos al Poder Judicial para estudiar estos antecedentes. Creo que se deben mejorar las propuestas, para lograr bien los objetivos de verdad y justicia.

-¿Finalmente cuáles son los planes de Desclasificación Popular y cómo se financian como colectividad?

-Creo que debemos sacar urgente personalidad jurídica, porque no tenemos ningún tipo de financiamiento. Todo se ha hecho a pulso. Y sobre los planes, estaría la asociación con otras organizaciones de derechos humanos y mejorar el sitio web para que la gente de regiones pueda donar su archivo sin problema.

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