Chile corrupto I: No hay reforma tributaria que aguante con estos generales manilargas.

Milicogate: Corte Marcial otorga libertad bajo fianza a ex «número dos» del Ejército.

Fuente:  https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/10/18/corte-marcial-otorga-libertad-bajo-fianza-a-ex-numero-dos-del-ejercito.shtml

El caso que derribó al segundo mando del Ejército.

En el batallón de Policía Militar pasó su primera noche como detenido el general John Griffiths.

Antes de concurrir a los tribunales de justicia, el uniformado renunció al cargo de jefe del Estado Mayor del Ejército, que lo mantenía como el segundo al mando de la institución.

Tras ser notificado de los cargos, quedó en prisión preventiva. Según fuentes de Radio Bío Bío, el abogado del general, Rodrigo Ávila, solicitó de inmediato la libertad bajo fianza a la ministra en visita Romy Rutherford, la que debe ser revisada además por la Corte Marcial.

El Ejército, a través de un comunicado, confirmó su retiro y admitió que “no puede dejar de lamentar profundamente la situación que afecta al general Griffiths quien, en consideración al cargo que ocupa y en un acto que refleja su compromiso con los intereses superiores de la institución, ha presentado su renuncia voluntaria”.

“El comandante en jefe del Ejército premiaba a su gente de confianza con viajes a EEUU y España. Claramente salían con un decreto de comisión, pero en realidad iban fuera de comisión. Es decir, iban a pasear con cargo al fisco” (Clovis Montero, coronel en retiro).

En el procesamiento de 62 páginas, la jueza determinó que de tres agencias de turismo, Turavión, Latarch y Costanera, el general recibió devolución de dineros por un total de 44,6 millones de pesos, que fueron a su bolsillo y no restituidos al Ejército.

En concreto, se trata de viajes por comisiones de servicios a Estados Unidos, Italia, Alemania y Argentina, registrados entre noviembre de 2011 y mayo de 2014.

En el escrito judicial se describe que en la declaración ante la jueza, Griffiths “nunca pensó que era algo ilícito” (la devolución de dinero) y que creía que los pasajes y el flete eran “un derecho”.

En el viaje a Milán, en una comisión de servicios entre el 13 y 21 de febrero de 2014, la agencia de turismo Latrach le devolvió 823 dólares. Ahí fue acompañado por su esposa, con quien mantiene una sociedad. Dicha empresa recibió el depósito de la agencia.

En el procesamiento aparece la declaración del coronel (r) Clovis Montero, procesado por fraude al fisco en el caso Milicogate. “El comandante en jefe del Ejército (en la época Juan Miguel Fuentealba) premiaba a su gente de confianza con viajes a EEUU y España. Claramente salían con un decreto de comisión, pero en realidad iban fuera de comisión, es decir, iban a pasear con cargo al fisco”.

En la misma línea, también se sumaron las palabras del exjefe de sección de pasajes del Ejército, el coronel retirado Fredis Jara, que aseguró que Griffits sabía que no correspondían devoluciones ni otros destinos y que su actitud fue simplemente una “sinvergüenzura”.

“Práctica arraigada desde la dictadura”.

Bajo dicho escenario, el diputado socialista Leonardo Soto, quien integró la Comisión Investigadora del caso Milicogate, acusó que estas prácticas están incorporadas en el Ejército y en el resto de las Fuerzas Armadas. “Es una práctica arraigada desde la dictadura”, apuntó.

Desde la otra vereda, el diputado de la UDI, Osvaldo Urrutia, llamó a respetar la presunción de inocencia y valoró la decisión del procesado de renunciar al Ejército. “El quiere salvar el honor de la institución. Estas son responsabilidades personales”, remarcó.

“Es lo que corresponde. Cuando un oficial del Ejército está sometido a proceso, es lo que corresponde, precisamente que deje su cargo, es una situación reglamentaria. Así que nos parece bien”, dijo por su parte el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

“Se está desarrollando una investigación y aún está en este primer paso. Nosotros no tenemos antecedentes acerca de la situación específica y de si podrá involucrar a otras personas, así que como dicen ustedes: noticia en desarrollo”, remarcó para cerrar.

Fuente: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/10/18/pinera-pide-al-tc-que-se-rechace-recurso-de-medico-y-ex-dina-acusado-en-caso-frei-montalva.shtml

Anexo CT:

¿A qué se denomina Milico Gate?

Milicogate es un caso de Corrupción en Chile, específicamente de fraude y desviación de fondos públicos de la Ley Reservada del Cobre. El caso fue dado a conocer por el diario The Clinic en 2015, en una serie de reportajes firmados por el periodista Mauricio Weibel Barahona.¹​

Entre los militares investigados se encuentran el ex Comandante en jefe del Ejército de Chile Juan Miguel Fuente-Alba. El único General procesado actualmente en la causa es el general en retiro Héctor Ureta. De acuerdo con la magistrada a cargo del caso, Romy Rutherford, «hay presunciones fundadas de que al uniformado le ha correspondido una intervención directa e inmediata en la ejecución de los hechos en calidad de autor».²​ También se encuentran procesados los coroneles Jorge Silva Hinojosa, por el presunto delito de fraude al fisco³​ y el coronel Clovis Montero Barra como autor de delitos reiterados de fraude al Fisco y falsedad documental⁴​

Anteriormente, el ministro Omar Astudillo, primer instructor de la causa, procesó a tres generales que desempeñaron el cargo de Comandantes de Apoyo a la Fuerza por el delito de incumplimiento de deberes militares. Sin embargo, la medida fue revocada por la Corte Marcial por considerar que «si bien los hechos que se imputan podrían constituir infracciones de orden administrativo, los mismos resultan, en cambio, insuficientes en esta etapa de la investigación para tener por establecida la existencia del delito de incumplimiento de deberes militares que se atribuyen a los inculpados, como comandante del Comando de Apoyo a la Fuerza».⁵​

La palabra «Milicogate» fue adjudicado por The Clinic en alusión a «milico», nombre coloquial para los militares en Chile, y «gate», una terminación empleada informalmente para diversos escándalos de corrupción, surgida del llamado escándalo Watergate en Estados Unidos.

Antecedentes

En el año 1958, durante el gobierno de Carlos Ibañez del Campo, se promulgó la Ley Reservada del Cobre⁶​ que otorgaba el 15% de los impuestos de la minería directamente a la financiación de las fuerzas armadas.

Durante el período de la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet, conocido como Régimen Militar (1973-1990), esta ley sufrió cambios, pasando de un 15% de los impuestos a un 10% de las ventas totales de las faenas de extracción de cobre de Codelco.

Hay que destacar que ni la Contraloría General de la República ni el Congreso chileno tienen la facultad de revisar los gastos y facturas de las fuerzas armadas.¹​

Modus operandi

Los fraudes consistían en el uso de boletas y facturas falsas para extraer el dinero, las cuales no estaban reconocidas por el Servicio de Impuestos Internos, mediante la compra de material bélico inexistente. Dentro de los involucrados del ejército se encuentran el coronel Clovis Montero y el cabo Juan Carlos Cruz, ambos relacionados a las finanzas del ejército. El dinero pertenecía a saldos sobrantes de, por ejemplo, cambios de peso chileno a dólar estadounidense. Se emitían facturas por servicios no prestados de proveedores del ejército, como Frasim (Francisco Huincahue), Raúl Fuentes Quintanilla y Waldo Pinto.⁷​ El encargado de extraer los fondos el cabo Cruz, que trabajaba en la contabilidad del ejército y Montero se encargaba de conseguir las facturas y apurar los pagos.

Descubrimiento del fraude

En marzo de 2014, mientras revisaba unas facturas, el Tesorero del Ejército, el coronel Samuel Poblete detecta irregularidades y se da cuenta que la firma y puesto de uno de los oficiales que firmaban no correspondían, al tomar contacto con uno de ellos pudo comprobar que estaba frente a un fraude informando de ello de forma inmediata. Al exigir explicaciones al coronel Montero, este se desliga del hecho, inculpando de todo al cabo Cruz.

Investigación

El caso es investigado por la abogada Paola Jofré, de la VI Fiscalía Militar. En las llamadas a declarar de los imputados, ninguno reconoce estar completamente involucrado en la malversación de fondos. Mientras se revisaban más facturas, otras en situación irregular aparecían, pasando de unas decenas de millones de pesos al nivel de miles de millones de pesos, los cuales en palabras del coronel Montero “Se gastaron la plata en casinos, propiedades, caballos y fiestas”.⁸​ Entre los gastos más sonados, está el gasto de más de 2000 millones en casinos.⁹​ El nivel y alcance de las acusaciones llegaron a provocar la entrada de la justicia ordinaria con una querella de parte del Consejo de Defensa del Estado en contra de los responsables civiles.¹⁰​

Borrado de computadores del Comando de Apoyo a la Fuerza

En medio de la polémica por los nuevos antecedentes que aparecen, el general (R) Héctor Ureta junto con el diputado Jaime Pilowsky denuncian un supuesto borrado de datos desde los servidores del Comando de Ayuda de la Fuerza, sospechando de una red más amplia de implicados. El diputado hizo hincapié en el nulo control de los asuntos militares por parte del poder político.¹¹​

Nuevos antecedentes

En abril de 2016, el ministro en visita Omar Astudillo cita al ex Comandante en jefe, General (r) Juan Miguel Fuente-Alba debido a que poseía más de 1000 millones de pesos en bienes, los cuales presuntamente no tienen justificación. Se presentan pruebas como traspaso de automóviles de lujo, traspaso de bienes raíces y sociedades entre la familia del general. Debido a los costos de sus inversiones y compras comparadas con su sueldo de unos 4 millones, se ha iniciado una causa por incremento patrimonial injustificado.¹²​

En el mes de mayo de 2016 el proveedor del ejército Patricio Reyes presenta una querella criminal en contra de Virgilio Cartoni por irregularidades en la compra de uniformes militares, en cuya licitación no se pagaron impuestos y hubo un sobreprecio de alrededor de 302 millones de pesos. Las compras realizadas por Cartoni (Comercializadora, Exportadora e Importador CyM S.A.) se realizaron por una empresa externa (Servicios de Abastecimiento y Mantención Limitada) de propiedad del empresario iquiqueño Jorge Neira Hernández. Además se presentó otra querella en contra del general (r) Antonio Cordero por autorizar la licitación, sin embargo esta acusación de parte del proveedor Reyes carecería de sustento, por cuanto el sistema de adquisiciones del Ejército para los montos involucrados, exige la aprobación a través del Comité Permanente de Adquisiciones, con una resolución del propio Comandante en Jefe ¹³​En total, la evasión de impuestos subiría según Reyes a más de 1000 millones de pesos.¹⁴​¹⁵​

En agosto de 2016 la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados (responsable de indagar las responsabilidades administrativas en el fraude del), publicó en su página los resultados de la investigación. Entre las conclusiones, se destacan la falta de fiscalización de Contraloría General de la República, poco control legislativo por parte del Ministerio de Defensa¹⁶​ y la responsabilidad del ex-comandante Fuente-Alba en el monitoreo de gastos, además responsabilizó a los generales que ejercieron el mando de la Contraloría del Ejército y del Comando de Apoyo a la Fuerza, calificandolos de negligentes.¹⁷​ La principal recomendación hecha fue la derogación de la Ley Reservada del Cobre.¹⁸​

Referencias