Chile impresentable: El asilo de Francia a Ricardo Palma Salamanca.

El viernes recién pasado se dio a conocer por parte de la Oficina Francesa de Protección a los Refugiados y Apátridas (Ofpra) la decisión de otorgarle la calidad de refugiado político a Ricardo Palma Salamanca, quien ha sido apuntado como uno de los culpables en el asesinato de Jaime Guzmán en 1991.

Como era de esperar, a la altura de su tradicional doble estándar, la UDI vociferó indignada. Sin embargo, la reacción también vino desde la “centro-izquierda”, donde dirigentes del PS y el PPD cuestionaron la decisión del órgano administrativo francés y condenaron el crimen cometido, haciendo una defensa de la justicia, la democracia imperante y el Estado de Derecho de nuestro país en aquellos años. Aún más, lideraron un proyecto de acuerdo en el Senado para que se agoten las instancias para revocar el asilo político otorgado.

Es aquí donde queremos poner especial atención. La decisión de la Ofpra no debe ser entendida como una declaración de apoyo al asesinato del principal ideólogo de la dictadura, sino como un cuestionamiento a la transición, a las condiciones en que se retornó a la democracia y al papel desempeñado por el Poder Judicial desde la dictadura a la época. La discusión que abre es, precisamente, un juicio político a la transición y a su justicia transicional.

Por lo tanto, frente a las declaraciones de los dirigentes de la ex Nueva Mayoría, que consideran que en aquella época “en el país existía ya un régimen democrático, con separación de poderes y plena independencia del poder judicial y plena garantía procesal”, sentimos el deber de contraponer un análisis crudo, crítico y honesto acerca de lo que fue –y en muchos aspectos sigue siendo- el país que nos dejó la dictadura militar.

La democracia de comienzos de los 90’ fue una democracia a medida para la reproducción del sistema económico neoliberal, con una serie de mecanismos contra mayoritarios y una sumisión más bien aparente de las FF.AA. al poder civil. Una verdadera “jaula de hierro”, como ha sido denominada. Una democracia con senadores designados, con un sistema electoral que subvencionaba a la segunda minoría, con Augusto Pinochet como comandante en jefe y parlamentario, donde se le entregaba a las FF.AA. el carácter de garantes de la institucionalidad y donde se dejó intacto el decreto ley de amnistía de 1978, entre otras características.

En este contexto institucional, el Poder Judicial contaba con serias falencias. Cooptado y moldeado por los defensores de la dictadura militar, carecía de independencia e imparcialidad. Personeros de máxima confianza de Pinochet eran miembros de los más altos cargos, lo que permitió preservar la impunidad jurídica a los genocidas de nuestro país. En el mismo sentido, resulta emblemático el rechazo de la Corte Suprema al informe Rettig, al calificarlo de “apasionado, temerario y tendencioso.”

Aunque se han realizado grandes reformas en esta materia, también hoy hay serios cuestionamientos que permiten entender la desconfianza de la comunidad internacional a las instituciones chilenas. Sin ir más lejos, el exdirector de Inteligencia de Carabineros se encuentra en prisión preventiva por liderar una asociación ilícita dentro de la institución que se encargaba de fabricar pruebas contra comuneros mapuches, nuestro Ministro de Justicia fue un defensor de Colonia Dignidad y la Corte Suprema otorgó cuestionadas libertades condicionales a los violadores de DDHH.

Como dijimos, la discusión que abre la decisión de la Ofpra –completamente justificada, por lo demás– es un juicio a la transición democrática y a la justicia chilena. Por lo tanto, la indignación de dirigentes del PS y el PPD debe ser comprendida, precisamente, como una defensa de esa democracia y ese Poder Judicial. Lo anterior resulta decepcionante, porque muestra un conveniente desconocimiento de la realidad del país en esos –y estos– años y porque mantiene el camino de la autocomplacencia y defensa ciega de lo realizado por la Concertación.

Por cierto, no se trata de menospreciar las duras condiciones en las que se logró lo avanzado. Las condiciones institucionales descritas dan cuenta de la compleja correlación que vivían las fuerzas democráticas. Por lo mismo, un análisis burdo y complaciente, que considera como plena democracia la de principios de los 90, es incluso injusto para quienes se esforzaron por legarnos un país más libre.

Una lectura así de la transición no nos permite evaluar correctamente lo avanzado y lo que queda por avanzar. Sin esa claridad, hay conformismo. El mismo que hoy nos desapega de nuestros principios transformadores y nos lleva cabizbajos hacia la irrelevancia.

Fuente: https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2018/11/11/la-decision-de-la-ofpra-es-un-juicio-a-la-transicion-democratica-y-a-la-justicia-chilena/