Los mapuche muertos que Chile olvidó: Sentencias sin cárcel e investigaciones vacías.

Sin embargo, el caso de Camilo, quien tenía 24 años y era el nieto del lonko de la Comunidad Tradicional de Temucuicui, no es aislado: existe un largo historial de personas mapuche quienes han sido asesinados y cuyas muertes han sido sancionadas por la justicia con penas extremadamente bajas, o han sido ignoradas y no se ha abierto ninguna investigación que busque a los responsables.

Las críticas hacia el actual gobierno por la extrema violencia contra el pueblo mapuche y la militarización de La Araucanía se han instalado como uno de los principales temas de discusión en la agenda pública, sin embargo, estas muertes se remontan ya desde el gobierno de Ricardo Lagos, el primero y segundo de Michelle Bachelet, y las dos administraciones de Sebastián Piñera.

Uniformados con penas extremadamente bajas.

Alex Lemun, Juan Collihuin, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío murieron debido al actuar de distintos funcionarios de Carabineros. En todos los casos, la versión oficial de la policía fue que se trató de un enfrentamiento, pero con el transcurso del tiempo se pudo confirmar que existió un uso de violencia injustificada por parte de los uniformados y los casos fueron tramitados por la justicia militar, que determinó los que fueron incluso considerados culpables no pasaran ni un solo día en prisión.

Lemun tenía 17 años cuando, el 7 de noviembre de 2002, recibió el impacto de un perdigón en su cabeza disparado por el mayor de Carabineros, Marco Aurelio Treuer, en medio de un proceso de recuperación de tierras en el fundo Santa Elisa, perteneciente a la empresa Forestal Mininco, en la comuna de Ercilla.

En un comienzo, el caso fue tramitado por la cuarta Fiscalía Militar de Valdivia, y pese a que se probó el uso innecesario de fuerza, finalmente se sobreseyó a Treuer en 2003, bajo el argumento de que había actuado en defensa propia. Pero la familia acudió hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2017 ordenó que el caso debía ser tramitado por la justicia civil, y en agosto pasado Treuer fue formalizado por el delito de homicidio. Quedó  en prisión preventiva durante los cuatro meses que dure la investigación.

Distinto es el caso del lonko Juan Lorenzo Collihuin Catril, de 71 años, quien en 2006 también murió durante un procedimiento policial. Carabineros irrumpió en la comunidad de Bollilco Grande, en la comuna de Nueva Imperial, e ingresó sin autorización judicial a su domicilio, donde recibió nueve impactos de una ráfaga de sub-ametralladora UZI. Por su muerte se responsabilizó al sargento Luis Marimán Levío, sin embargo, la Fiscalía Militar decidió absolver al funcionario en 2012.

Algo similar sucedió con la muerte de Matrías Catrileo, asesinado en 2008 mientras participaba en la ocupación del ex fundo Santa Margarita –que era propiedad del agricultor Jorge Luchsinger– en la comuna de Vilcún, y cuando el cabo segundo Walter Ramírez Inostroza le disparó con una subametralladora Uzi que le perforó el pulmón.

El caso también fue revisado por la Fiscalía Militar de Valdivia, que nuevamente determinó que el crimen se ejecutó en defensa propia, y lo condenó a 3 años y un día de presidio bajo el régimen de libertad vigilada por el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte. La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema.

Al igual que Ramírez Inostroza, el cabo Miguel Patricio Jara Muñoz tampoco pasó ningún día en la cárcel por el asesinato de Jaime Mendoza Collío. El 12 de agosto de 2009, el joven participaba en la ocupación del Fundo San Sebastián de Angol, y cuando abandonaba el lugar recibió un disparo por la espalda del uniformado, que formaba parte de una patrulla del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE).

El examen forense demostró que Mendoza no había utilizado ninguna arma de fuego, y en 2010 se confirmó que el uniformado había recurrido a un montaje –mostrando perdigones incrustados en su caso– para probar la tesis de la legítima defensa. Por ello, la justicia militar lo condenó a una pena de cinco años y un día, pero la Corte Marcial de Santiago lo absolvió al año siguiente. Finalmente, en 2013 la Corte Suprema revirtió la determinación, y lo condenó a tres años y un día, por lo que pudo acceder al beneficio de libertad condicional.

Olvidados por la justicia

Además de los tres casos anteriores, existen al menos ocho muertes de personas de origen mapuche quienes fueron asesinadas y en cuyos casos aún no existe justicia.

Entre ellos se encuentran los hermanos Agustina Huenupe Pavian y José Mauricio Huenupe Pavian, quienes en septiembre de 2002 fueron asesinados en el sector de Cauñicu, en la región del Bío Bío. Durante ese mismo mes, el grupo de pehuenches al que ambos pertenecían empezó un proceso de recuperación de tierras en el fundo San Luis, lo que gatilló un conflicto con otra comunidad que también habitaba en el lugar, y que organizó un violento motín para expulsarlos.

De acuerdo a distintos relatos, en el ataque en que ambos hermanos fueron asesinados –la autopsia señaló un traumatismo encefálico como causa de muerte– participaron tanto colonos como integrantes de la otra comunidad mapuche, sin embargo, quienes fueron condenados fueron solo pertenecen al segundo grupo. En 2012, la Corte Suprema rebajó las penas para los responsables a 10 años y un día, y 7 años y un día, por homicidio simple.

Al año siguiente se conoció de la muerte de Jorge Antonio Suárez Marihuan, de 27 años, quien era hermano del Lonko de la comunidad de Malla Malla en el Alto Bío Bío e integrante activo del proceso de recuperación de tierras. Su cuerpo fue hallado el 11 de diciembre de 2002 en la ribera del río Queuco, luego de haber estado desaparecido por seis días, y presentaba evidencias de golpes y torturas. La comunidad denuncia que se trató de un homicidio por encargo.

En 2004 Julio Huentecura Llancaleo fue asesinado en medio de una presunta una riña al interior de la ex Penitenciaria de Santiago. Huentecura fue detenido en 2001 cuando participaba en la ocupación de un terreno, y fue procesado los delitos de usurpación de tierras, robos y daños. El pueblo mapuche reclama su muerte debido a que señalan que se le debería haber reconocido su condición de preso político y que jamás debió ser ingresado junto a reos comunes, y así su muerte se podría haber evitado.

Un año después, en 2005, Zenén Alfonso Díaz Nécul, un joven mapuche de 17 años, fue arrollado en Puerto Montt por camión forestal, mientras participaba de un corte de ruta en el acceso sur del Viaducto del Malleco. Ese día, un grupo de comuneros mapuche protestaban luego de que guardias forestales de la empresa Mininco (grupo Matte) habían destruido un rewe y otros elementos culturales, cuando realizaban un proceso de recuperación de terrenos. Hasta el momento no existe ninguna condena por su muerte.

Semanas después, la madrugada del 3 de septiembre del 2005, José Gerardo Huenante Huenante quien tenía 16 años y vivía en la población Vicuña Mackenna de Puerto Montt, fue detenido por Carabineros. El adolescente se encontraba en estado de ebriedad junto a un grupo de amigos, y al día siguiente, su familia fue a la comisaría a la que se lo habían llevado y les negaron haber visto al menor, e incluso haberlo detenido. Hasta hoy se desconoce su paradero y por lo que se le considera el primer detenido desaparecido en democracia.

Por su desaparición se presentó una querella por el delito de sustracción de menor en contra del sargento Juan Ricardo Altamirano Figueroa y los cabos Patricio Alejandro Mena Hernández y César Antonio Vidal Cárdenas, quienes en 2009 fueron dados de baja pero luego de un tiempo se reintegraron a la institución. Sin embargo, luego el caso pasó a la justicia militar, que además abrió una arista por falsificación de documento –por la que en 2016 fueron formalizados los uniformados–, pero que a 13 años del hecho no ha logrado establecer cuál fue el paradero del entonces adolescente.

Dos años después, el 31 de marzo de 2008, Johnny Cariqueo Yañez murió de un infarto después de recibir una brutal golpiza por parte de Carabineros de la 26° Comisaría de Pudahuel. El joven rapero había participado de una manifestación en la misma comuna por el Día del Joven Combatiente, en que se conmemoraba un aniversario más de la muerte de los hermanos Vergara Toledo, y sufría problemas cardíacos, por lo que se atribuyó a ello la causa de muerte y no a las agresiones que propinaron los uniformados

Ya hacia el final del gobierno de Sebastián Piñera, durante la madrugada del 6 de agosto de 2013, fue hallado el cuerpo de Rodrigo Melinao Lican, quien fue asesinado con un disparo de escopeta a corta distancia en el tórax. Melinao tenía 27 años, 4 hijos, era un reconocido dirigente mapuche perteneciente a la comunidad Los Lolocos de la comuna de Ercilla, y hasta ahora no se ha dado con el o los responsables de su muerte.

Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet hubo dos nuevas muertes de personas mapuche: José Mauricio Quintriqueo Huaiquimil, de 32 años, murió en la mañana del 1 de octubre del 2014 luego de haber sido atropellado con un tractor por un inquilino del fundo Nilpe, en la comuna de Galvarino. Por este crimen en 2014 se condenó por homicidio a José Cañete Paredes, con una pena de 5 años y 1 día de presidio.

Menos de un mes después, el 29 de octubre de 2014, Víctor Mendoza Collío, werkén de su comunidad Manuel Pillan y primo de Jaime Mendoza Collío, fue asesinado el 29 de octubre del 2014, luego de que dos desconocidos llegaron a su casa, en el sector de Pidima, Ercilla, y le dispararon un tiro al tórax en presencia de su hijo de 6 años de edad.

En tanto, en junio de 2017, Luis Marileo Cariqueo fue asesinado junto a Patricio Gonzáles por el ex sargento de Carabineros Ignacio Gallegos Pereira en Ercilla, dueño del fundo “El Encino” de los Sauces (comuna de Ercilla), y quien los repelió a punta de balas por un presunto robo de caballos. Desde el primer momento se argumentó que el ex sargento los asesinó en “legítima defensa”, pero la autopsia dio cuenta que los disparos en sus cuerpos fueron recibidos por las espaldas. También tenían heridas en brazos y piernas y marcas de tierras, lo que implica que sus cuerpos habrían sido arrastrados y colocados en el lugar donde se les encontró. La familia se querelló por homicidio calificado y la causa se ha mantenido sin avances sustantivos durante dos años.