Chile y ese pinochetismo pequeño, pequeño que sobrevive en los colegios.

Desde octubre, los ánimos están agitados en el Colegio Nuestra Señora de Andacollo de Santiago centro, luego de la solicitud de alumnos de cuarto medio para homenajear a una profesora asesinada durante dictadura. A esta situación ahora se suman los despidos y no renovaciones de contrato de 12 funcionarios del establecimiento por “necesidades del establecimiento”.

Al interior del colegio Nuestra Señora de Andacollo de la Congregación Santa Cruz se respira un ambiente tenso luego de que 10 profesores, una psicopedagoga y una paradocente fueran desvinculados del establecimiento.

La situación de cese de contrato de los funcionarios se relaciona a lo ocurrido en octubre pasado, cuando alumnos de cuarto medio hicieron una petición especial a la dirección del colegio para conmemorar a una profesora asesinada en dictadura.

Actualmente, el establecimiento le pertenece al Arzobispado de Santiago y es administrado por la Congregación de Santa Cruz.

El “legado”

Al egresar del establecimiento, los cuartos medios del colegio Nuestra Señora de Andacollo dejan un “legado” al colegio. Por este motivo, el 4° A y el 4° B, escogieron dejar una placa en la sala de profesores en homenaje a la profesora Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, quien fue ejecutada en 1975 por agentes del Estado cuando tenía 3 meses de embarazo.

Cabe destacar que el caso de Pacheco Sánchez también constituyó uno de los montajes más oprobiosos de la DINA con la televisión de la época durante la dictadura de Augusto Pinochet.

En una primera instancia, las autoridades del colegio encabezadas por la rectora Adriana Verdugo, se opusieron a la decisión de los alumnos del cuarto medio, lo que provocó una movilización por parte de los estudiantes.

Producto de la manifestación, las autoridades del establecimiento terminaron aceptando la solicitud de los alumnos, pero con la objeción que la placa se instalaría en la biblioteca del colegio. Sin embargo, hasta hoy dicho legado aún no se ha concretado.

Este jueves, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) se sumó a la petición de los estudiantes de cuarto medio y  condenó a las autoridades del colegio por negarse en una primera instancia a instalar una placa conmemorativa para la profesora asesinada.

“Condenamos la actitud negacionista de la rectora del establecimiento, Adriana Verdugo, y de las autoridades del colegio, por oponerse al derecho que tienen los familiares de Mónica Pacheco a reivindicar su memoria ante la sociedad, pero también prohíben que sus alumnos y alumnas tengan el derecho de recordar aquellos hombres y mujeres como Mónica, que lucharon por terminar con la tortura”, indicaron desde la agrupación.

Desvinculaciones con una justificación “sospechosa”

Entre docentes de historia, lenguaje, inglés, música, filosofía, además de una psicopedagoga y una paradocente; son 12 los funcionarios del colegio Nuestra Señora de Andacollo que apoyaron a los estudiantes para en el homenaje a la docente secuestrada y asesinada en Villa Grimaldi, a a quienes a fines de noviembre los desvincularon laboralmente.

El Mostrador se reunió con algunos de los y las docentes afectados por la resolución de la rectoría, quienes expusieron su malestar y sus “sospechas” con respecto a la justificación de sus desvinculaciones del colegio.

Según manifiestan, al momento que se les informó de su desvinculación, algunos profesores acudieron a la dirección del establecimiento para saber cuál era el motivo real de su despido o no renovación de contrato.

Los principales argumentos que les entregó la rectora Adriana Verdugo, se debe al “bajo rendimiento de los estudiantes en pruebas externas (Simce)”. Y además, la carta de despido expone el conocido artículo 161 del Código del trabajo: “Por necesidad del establecimiento”. Así se lee en los avisos de término de contrato.

*Como medio intentamos tener una respuesta por parte de Adriana Verdugo, rectora del colegio Nuestra Señora de Andacollo, sin embargo, la autoridad se negó a dar una opinión referente al tema.

Pese a lo anterior, los afectados no están de acuerdo con la excusa por parte de la rectora, acusando que las gestiones educacionales por parte de las autoridades del colegio no han sido las mejores y también denuncian que la petición del legado del 4° año B tuvo injerencia en los despidos.

Así lo cree Andrea Suazo, quien fue la profesora jefa del curso que exigió la placa con el nombre de la profesora asesinada en dictadura. La docente recuerda que en octubre, mientras los estudiantes pedían que su legado fuese aceptado, desde rectoría la llamaron tres veces en una semana y donde recuerda muy bien una de las frases que le enrostró la autoridad del colegio: “No hay que morder la mano que te da de comer”.

A continuación se detalla un extracto de un escrito que realizó la profesora Suazo, luego de una de esas reuniones que sostuvo con la rectora.

“El martes 23 me llama a una reunión la sra. Adriana Verdugo, solo a mí, para consultarme una serie de cosas relacionada con cuartos medios. Comenzó a preguntarme cosas que no podía contestar y cada vez con más énfasis. Quería saber la percepción que tienen los cuartos medios y solo respondí que ellos están cansados y molestos. Ahí comenzó a preguntarme qué habían hablado los estudiantes en la jornada, pidiéndome nombres de quienes lo hacían, preguntándome si ellos nombraban a alguien en particular del colegio y a todo esto le respondí que no podía dar esa información. La rectora estaba molesta e insistía en que le diera esas respuestas. Me sentí amedrentada y agobiada”

Un grupo de profesores afectados envió un correo a Fernando Torres, cara visible en Chile de la Congregación de Santa Cruz, entidad encargada de la administración del colegio en cuestión.

“Siento mucho lo ocurrido y me parece lógico que ejerzan sus derechos en las instancias que correspondan. Gracias por todo lo que hicieron por nuestro colegio y les deseo lo mejor para cada uno en lo que viene”, fueron las únicas palabras que respondió Torres a los docentes afectados.

Hoy los profesores despedidos se encuentran realizando sus últimas clases en el colegio y dicen no avergonzarse de ser desvinculados, sino que les avergüenza la “redacción violenta del escrito del despido y el asumir, con pena, que trabajamos en una institución cuyo lema es: el fin justifica los medios a la hora de validar el artículo 161″, concluyen los afectados.

Asesinato de la profesora y el “montaje de Rinconada”

Han pasado 43 años del asesinato de Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, quien aparece en los archivos de las violaciones a los derechos humanos como víctima no sólo de la mano macabra de la DINA, sino que su caso es revelador de toda la complicidad de los medios de televisión de la época.

Al momento de su asesinato, la pedagoga se encontraba embarazada de tres meses. Fue detenida tras la muerte de su marido, el militante del MIR Roberto Gallardo Moreno, y llevada a Villa Grimaldi junto a familiares de su cónyuge. En dicho centro de detención y torturas fue ejecutada.

Sin embargo, la versión oficial dijo otra cosa y para ello se valieron del apoyo de la televisión. El comunicado de la Dirección de Informaciones de la dictadura señalaba: “Hoy 19 de noviembre (1975), a las 12:00 horas, en los cerros de Rinconada de Maipú, se registró un violento enfrentamiento a tiros de más de 30 minutos de duración, entre las fuerzas de DINA e Investigaciones, y un grupo de extremistas que se parapetó fuertemente armado en esos cerros. Resultaron muertos seis extremistas, huyendo uno de ellos”. Entre las víctimas del supuesto grupo extremista aparecía Mónica del Carmen Pacheco Sánchez.

Sin embargo, un ex agente DINA confesó en el proceso judicial que los seis cuerpos fueron llevados a Rinconada de Maipú ya muertos desde Villa Grimaldi. “Utilizaron sus cadáveres en una recreación que se hizo para la televisión, que fue transmitida en directo y que consistió en un gran despliegue de personal de la DINA que utilizaban armas de fuego”, contó.

En efecto, el 19 de noviembre del 1975 Televisión Nacional y Canal 13 transmitieron “en directo desde el lugar de los hechos” la nota sobre este enfrentamiento, con despachos de periodistas como Julio López Blanco, Cristián Sánchez y Roberto Araya Silva.

Por los homicidios calificados de seis integrantes de la familia Gallardo, la Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó a 20 años de presidio a tres agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Miguel Krassnoff Martchenko, Basclay Zapata Reyes y Rolf Wenderoth Pozo.