Chile xenófobo: Piñera ordenó no firmar Pacto Migratorio de NN.UU.

Por tener diferencias con su contenido, es que el Gobierno decidió no participar del “Pacto Mundial para una migración ordenada, segura y regular”, sumándose a otros países vinculados a la extrema derecha que ya se habían alejado del acuerdo, como Croacia, República Checa, Hungría, Austria, Bélgica y Estados Unidos.

La decisión de inmediato causó molestia en la oposición, comenzando por la parlamentaria PPD Andrea Parra, quien dio a conocer que ella, junto a los senadores Ximena Órdenes y Manuel José Ossandón, en su rol de representantes de Chile en el foro interparlamentario de la ONU sobre migraciones, habían apoyaron la iniciativa sin saber que el Gobierno había decidido restarse, y aseguró que ni siquiera el embajador estaba al tanto de la decisión.

La diputada dijo que fue una total sorpresa enterarse de la nueva postura del Ejecutivo, y catalogó el hecho como “bochornoso”.

Por su parte, la senadora independiente Ximena Órdenes lamentó que el Gobierno se haya restado de la firma, pues señaló que la migración debe ser abordada desde una lógica de la cooperación y la integración.

“Yo quiero reiterar mi preocupación porque hoy día este es un fenómeno que no se va a controlar o abordar legítimamente solo desde la lógica de controlar los flujos migratorios y el control de fronteras, creemos que hay un error sustantivo en el diseño de esa política y el pacto mundial no tiene otro objetivo que cooperar, que efectivamente los Estados miembros se comprometan”, señaló.

El senador Ricardo Lagos Weber también se refirió a la situación, y en su cuenta de Twitter anunció que citarán al Canciller Roberto Ampuero a la Comisión de Relaciones Exteriores para que informe las razones y argumentos del Ejecutivo para restarse del acuerdo.

Durante este lunes, el senador volvió a participar del debate sobre el tema, y en una conferencia de prensa aseveró que “no es sano pensar que uno participa del mundo solamente en lo que me gusta, me conviene, léase suscribir acuerdos de libre comercio, que yo los avalo”.

El legislador criticó que en el sentido contrario, cuando se ha tenido que discutir temas de medio ambiente, como el Acuerdo de Escazú, Chile se ha restado, tal como la ha hecho ahora con el Pacto Migratorio.

“Si Chile quiere influir y ser parte de la comunidad internacional tiene que participar de ella no solamente vendiendo productos e importando productos, sino que participando de las responsabilidades de poner en sus hombros su decisión de trabajar junto con el resto de la comunidad internacional, y eso es en todos los planos, los temas laborales, los temas medioambientales, los temas de crecimiento, los temas de comercio y ciertamente los temas migratorios, y acá la responsabilidad está recayendo hoy en el Ministerio del Interior”, expresó.

Según consignó La Tercera, efectivamente la decisión de no firmar sería del Ministerio del Interior, pues en Cancillería sí habrían querido adherir a este acuerdo e, incluso, habían asegurado que este no era riesgoso. Sin embargo, la postura de la cartera que dirige Andrés Chadwick habría sido más convincente.

A pesar de estas posibles diferencias al interior del Gobierno, frente a las críticas, fue el canciller Roberto Ampuero quién salió a dar explicaciones, afirmando que el pacto choca con las normas que tiene Chile en la materia, y dijo que, aunque el acuerdo no es vinculante, Chile no adherirá a nada que pueda ser usado en su contra en una Corte Internacional.

Además, aseguró que como Gobierno reconocen los derechos humanos de los migrantes, pero también se debe respetar que cada país tiene el derecho de ejercer su soberanía.

“Cualquier persona es libre de salir de su país, tiene el derecho a hacerlo, los migrantes, claro que sí, tienen derechos, pero cada país tiene el derecho y es soberano también de fijas sus propias reglas de migración, pero quiero subrayar esto, cada país es soberano para fijar sus propias reglas de migración”, señaló.

El Presidente Sebastián Piñera también reafirmó la decisión de su Gobierno, indicando que están en defensa de la migración regular y que el pacto restringe la soberanía nacional. A través de una conferencia, el mandatario dijo que “contradice algunos de los principios y objetivos de nuestra política de migración ordenada, segura y regular. Si bien el pacto no es legalmente vinculante, sus objetivos y contenido incentivan la migración irregular”.

Sus dichos fueron reafirmados en su cuenta de Twitter donde expresó la misma idea.

Para la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Rita Lages, el Gobierno se equivocó al comenzar excusando su salida del pacto con el argumento de que migrar no es un derecho humano, pues este sí lo es, pero significa que cada persona tiene el derecho de emigrar de su país si así lo quiere, “pero eso no necesariamente significa que haya un derecho a entrar, ese derecho de entrar en un país está limitado a lo que diga el derecho nacional de cada Estado en materia de extranjería”.

Además, la experta en Derecho Internacional Migratorio dijo que aceptar el pacto no le restaría nada a nuestro país, sino al contrario.

“Chile no quedaría menos soberano en materia migratoria por haber adherido o no al pacto  (…) Fue una opción política del Estado de Chile, de estar al lado de unos pocos y mantenerse al margen de la posibilidad, y eso era un posibilitad histórica, de establecer o de definir transparentemente cuáles serían las líneas o las orientaciones para gestionar los flujos migratorios en el mundo”, explicó.

Por otra parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo en la cumbre que se desarrolla en Marruecos que aquellos que temen que el documento impondrá políticas migratorias que violen la soberanía nacional o que creará un derecho para que las personas emigren a donde quieran y cuando quieran, se equivocan, ya que lo que se busca es reafirmar que los migrantes deben disfrutar del respeto de sus derechos fundamentales.

El Pacto Mundial fue apoyado por más de 150 países, y tiene 23 objetivos, entre los que destacan el acceso a los servicios básicos, fortalecer los esfuerzos contra la trata de personas, eliminar la discriminación, salvaguardar las condiciones que aseguran un trabajo decente y facilitar el retorno seguro y digno para aquellos que son enviados de vuelta a casa.