Nicaragua: La evolución del régimen de Daniel Ortega desde 2007.

La izquierda, en estos momentos, está dividida en cuanto a la interpretación de lo que está ocurriendo en Nicaragua y, las conclusiones, en consecuencia, difieren. El CADTM AYNA mantiene, también, diferentes miradas al respecto. Publicamos, por lo tanto, opiniones con posturas que difieren, provenientes de militantes de izquierda. Siempre con el deseo de que sea un aporte al debate.

Con el objetivo de ganar las elecciones presidenciales de noviembre de 2006, Daniel Ortega logró que las clases dominantes y, en especial, la cámara patronal COSEP, la iglesia católica representada por el cardenal Ovando y Bravo, los ex presidentes Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, y el FMI vieran aceptable su candidatura. Por otro lado, Ortega había hecho todo lo posible para conservar el apoyo de algunos dirigentes de organizaciones populares sandinistas. Consiguió el poder y así continúa hasta ahora. Esos dirigentes consideran a Daniel Ortega como el protector de una serie de conquistas de sus organizaciones y sobre todo de sus direcciones.

La primera parte de esta entrega contiene un resumen de la situación en Nicaragua a partir de la Revolución 1979 y se encuentra en el siguiente enlace: ¿De dónde viene el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo?

Lo que obtuvo Daniel Ortega de 2007 a 2018 recuerda lo realizado en México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) entre los años 1960 y 1970 (podéis consultar el recuadro sobre el régimen del PRI): defender los intereses del gran capital, abrir aún más la economía a las grandes empresas extranjeras, mantener buenas relaciones con el FMI, el Banco Mundial y otras organizaciones multilaterales, asegurándose, al mismo tiempo, el apoyo de un grupo de organizaciones populares sobre las que ejerce una fuerte influencia y mantener una política de asistencia social mínima, como es la asistencia financiera y material a los más pobres, sin combatir estructuralmente las causas de la pobreza. Esto es permitido, a la vez, por una coyuntura económica internacional favorable a las exportaciones y por la ayuda proveniente de Venezuela. Como el PRI en 1968, Ortega no dudó en utilizar la violencia contra las protestas sociales. Sin embargo, si se tiene en cuenta el tamaño de la población, Ortega en 2018, le ganó en escala al PRI. Sin embargo, y al igual que el PRI, continúa beneficiándose del apoyo de varios gobiernos antiimperialistas (Cuba, Venezuela, Bolivia) y de una parte de la izquierda latinoamericana. Pero ¿cuánto tiempo puede durar eso? Dependerá de muchos factores: amplitud de la crisis económica de un modelo que reduce el margen de maniobra para una política de distribución de algunas migajas para los más pobres, la capacidad de los movimientos sociales y de la izquierda radical nicaragüense a superar su desorientación, el disgusto, la represión brutal, el descrédito en el que cayó el sandinismo y el socialismo por la caricatura que representa el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y la incapacidad de la izquierda internacional de superar, ésta también, la desorientación.

El régimen del PRI en México

El PRI, nacido en 1946, había logrado, a partir de los años 1950-1960, distorsionar y corromper lo que quedaba de la revolución mexicana de 1910-1920 y de las grandes realizaciones sociales efectuadas durante el mandato del presidente Lázaro Cárdenas, entre 1934 y 1940: la nacionalización del petróleo y de los ferrocarriles; la expropiación de 16 millones de hectáreas a los grandes terratenientes extranjeros y nacionales y su redistribución a las comunidades nativas indígenas para su uso colectivo; la victoria sobre la deuda, con una reducción del 90 %, que se debía principalmente a bancos estadounidenses [Podéis consultar: Éric Toussaint, Sistema deuda, Icaria editorial, Barcelona 2018, capítulo 11, pp. 220-221 http://www.cadtm.org/Sistema-deuda ]. El PRI monopolizó el poder y se rodeó de partidos satélites. Controló los sindicatos obreros y de la función pública, así como la mayor parte de las organizaciones campesinas. Controló todos los órganos del Estado, una parte importante de las industrias estratégicas y los medios de comunicación de masas. Reprimió muy duramente la sublevación estudiantil del 2 de octubre de 1968, provocando la masacre de Tlatelolco. Nunca se reveló el número exacto de muertos, aunque fuentes serias hablan de 300. El gobierno del PRI terminó reconociendo una treintena de muertos, pero eso no era en absoluto convincente. Siguiendo la serie de represiones de 1968, el PRI hizo eliminar a centenas de militantes de izquierda, generalizando las desapariciones con el fin de mantenerse en el poder. Utilizó grupos paramilitares para organizar la represión y proceder a las ejecuciones. A partir de 1980, eliminó de manera progresiva las numerosas conquistas sociales que subsistían del período 1910-1940. Como Partido-Estado, se apropió de las recomendaciones del Consenso de Washington, privatizó masivamente el sector público y comenzó una fuerte liberalización de los mercados mexicanos.

A pesar de la represión, los gobiernos del PRI consiguieron obtener el silencio incómodo de parte de varios gobiernos y partidos de izquierda de América Latina hasta los años 1990, puesto que había intereses que diferían de los de Washington en algunos aspectos, y no de los menores.

Para entender el carácter complejo de la política del PRI en el poder y de sus relaciones particulares con la izquierda latinoamericana, es interesante ver algunos ejemplos. El presidente «tercermundista» Echeverría (1970-1976) rompió las relaciones con la dictadura de Pinochet y acogió a militantes chilenos perseguidos. Así mismo, ofreció asilo a militantes políticos de izquierda provenientes de Argentina, Uruguay y Brasil. Pero, al mismo tiempo, Echeverría, que por otro lado era un colaborador de la CIA, aplicaba por primera vez de forma masiva la política de desaparición forzosa para eliminar a los guerrilleros mexicanos. Por consiguiente, las políticas progresistas, tales como la acogida a exiliados de la izquierda latinoamericana, conducían a parte de la izquierda a no criticar el régimen del PRI. Cuando la militante de derechos humanos, Rosario Ibarra, cuyo hijo desapareció en 1975 en manos del PRI, participó como impulsora del Comité Eureka (http://archivo.eluniversal.com.mx/primera-plana/2015/impreso/cono-de-la-madre-fiera-40-anios-de-lucha-49287.html ) en las reuniones de la FEDEFAM (Federación de Familiares de Desaparecidos de América Latina), no conoció la solidaridad de todas sus compañeras latinoamericanas como ocurría entre las del Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay; Brasil…). Y sobre todo, las chilenas que rechazaban incluir a México en la lista de los regímenes que practicaban desapariciones forzosas. Los militantes chilenos no deseaban que se mencionara el régimen del presidente Luis Echeverría, en especial, porque ofrecía asilo político a los dirigentes y militantes de la Unidad Popular que huían de la dictadura de Pinochet. Más tarde, el gobierno mexicano fue de los primeros en reconocer el régimen sandinista que había derrocado a la dictadura de Somoza. También apoyó el proceso de negociación entre la guerrilla salvadoreña y el régimen vigente en ese país. El gobierno mexicano permitió igualmente a Fidel Castro y sus camaradas, entre los que estaban Raúl Castro y el Che, entrenarse en México antes de lanzar su expedición contra el régimen de Batista, en noviembre de 1956, saliendo de las costas mexicanas a bordo del Gramma. El régimen mexicano defendió el régimen cubano frente a Estados Unidos, después de la victoria de la revolución en 1959.

El gobierno del PRI del presidente Carlos Salinas de Gortari (de 1988 a 1994) reprimió la sublevación zapatista a partir de 1994. El monopolio del poder del PRI comienza a fracturarse ante los eventos trágicos del sismo de 1985 que golpeó duramente a la ciudad de México. La sociedad debió organizarse contando solamente con ella misma, por la inacción gubernamental durante la catástrofe natural, lo que marcó una nueva toma de consciencia social y política. La fractura del monopolio del PRI se manifestó en las elecciones para elegir gobernador de la ciudad de México en 1997, cuando Cuauhtémoc Cárdenas (hijo de Lázaro Cárdenas) fue elegido gobernador, aunque era un candidato que se oponía al PRI.

El PRI volvió al poder en 2012. En julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador, oponente del PRI, ganó las elecciones presidenciales, y será presidente, a la cabeza de Morena, una formación de centro izquierda.

Pero volvamos a lo que pasó después de la victoria electoral de Daniel Ortega en noviembre de 2006 y el comienzo de su presidencia en 2007. Como dice Mónica Baltodano, una excomandante guerrillera: «En 2007, con la llegada de Ortega a la Presidencia, se manifiesta de manera patente una tendencia que ya venía haciéndose clara. El pragmatismo económico mostrado por el Frente en relación a las privatizaciones y a las políticas neoliberales se despliega plenamente. Se inicia entonces una nueva fase en la que Ortega entra en un proceso de acercamiento con el otro pilar del poder nacional: los grandes empresarios agrupados en el COSEP [Consejo Superior de la Empresa Privada]. Se produce entonces la simbiosis de Ortega con el gran capital nacional. No lo llamo alianza a eso, es una simbiosis porque lo que define la naturaleza del régimen actual es que su misión principal es fortalecer y crear condiciones a la economía de mercado, fortalecer al gran capital, mientras reparte migajas a los pobres para que estén tranquilos. (…) Ortega y su grupo no están con el gran capital por conveniencia táctica. Están con el gran capital porque ahora ellos son un grupo capitalista importante y el gobierno representa esa comunidad de intereses que tiene hoy la nueva oligarquía sandinista junto a la oligarquía tradicional y el gran capital internacional.» [1]

Rechazo de Daniel Ortega al cuestionamiento de la legitimidad de la deuda reclamada a Nicaragua y renovación de los acuerdos con el FMI.

Después de la victoria de la revolución de 1979, la dirección sandinista había decidido no cuestionar el reembolso de la deuda contraída por la dinastía Somoza. Sin embargo, toda la deuda cumplía con los criterios que permiten calificar a una deuda de odiosa y rechazar en consecuencia su pago: no había beneficiado a la nación y los acreedores lo sabían, ya que eran directamente cómplices del corrupto régimen de Somoza. [2] Con un hecho agravante, pero no indispensable, para calificar esa deuda de odiosa: ésta había servido para financiar una dictadura responsable de crímenes de lesa humanidad.

La deuda acumulada después por los tres gobiernos de derecha que se sucedieron entre 1990 y 2007, sirvió para financiar las contrarreformas neoliberales, las privatizaciones, los atentados contra los derechos económicos y sociales de la población. Además, era posible demostrar que esa deuda había alimentado la corrupción, en particular, durante el mandato de Arnoldo Alemán (1997-2002). Daniel Ortega, una vez elegido presidente, habría podido, si hubiera querido, inspirarse en la iniciativa tomada por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, que también había sido elegido a fines de 2006. Rafael Correa instauró una comisión de auditoría de la deuda en julio de 2007, con una gran participación ciudadana (incluidos los representantes de movimientos sociales críticos con su presidencia, como la CONAIE y Ecuarunari) [3]. Esa comisión tenía por misión identificar la parte ilegítima e ilegal de la deuda pública interna y externa reclamada a Ecuador. Gracias a ello, Ecuador consiguió una victoria contra los acreedores en 2009. Agreguemos también que Ecuador había expulsado en mayo de 2007 al representante permanente del Banco Mundial. También le había pedido al FMI que abandonara los locales que ocupaba en el seno de los edificios del Banco Central y había decidido no pasar ningún otro acuerdo de préstamo con ese organismo. Recordemos también, que Bolivia, seguida por Ecuador y Venezuela, decidió abandonar el organismo de arbitraje del Banco Mundial en materia de litigios inversionistas-Estado (CIADI) [4].

Daniel Ortega adoptó una actitud totalmente diferente: Hizo todo lo posible para mantener las buenas relaciones con el FMI y afirmó que seguiría con las reformas que pidiera ese organismo. Se comprometió a liberar un excedente primario del presupuesto con el fin de poder continuar con el reembolso de la deuda y comprimir el déficit presupuestario. Elegir esa opción implicó rechazar una respuesta positiva a la lógica demanda de los trabajadores públicos por un aumento de su salario, que eran y continúan siendo, particularmente bajos, en especial, en enseñanza y en salud. [5]

Daniel Ortega aumentó la cantidad de tratados de libre comercio.

Cuando el FSLN estaba en la oposición, Daniel Ortega, como principal dirigente, obtuvo que, en 2006, el grupo parlamentario votara a favor del tratado de libre comercio con Estados Unidos. Eso constituyó otro cambio más en la orientación del FSLN, ya que, antes, había acusado al gobierno del presidente Enrique Bolaños de someter Nicaragua a los intereses económicos de Washington. La aprobación por los parlamentarios del FSLN de ese tratado fue acompañada por el sostén al cambio de toda una serie de legislaciones en conformidad a las condicionalidades planteadas por Estados Unidos. Otros tratados de libre comercio fueron aprobados con el apoyo del FSLN: un tratado con Taiwan (que entró en vigor en 2008), uno que concierne América Central y México (2011) y otro entre América Central y la Unión Europea (2012).

Daniel Ortega amplificó la apertura de Nicaragua a los intereses de las empresas extranjeras en el ámbito del agrobusiness, las industries mineras y la pesca.

El Observatorio de las Multinacionales en América Latina (OMAL), con sede en Euskal Herria y orientado claramente a favor de la defensa de los intereses de los pueblos, suministró estudios exhaustivos sobre los compromisos del gobierno de Daniel Ortega con respecto a las multinacionales, prolongando las políticas de sus predecesores.

Mónica Baltodano hace referencia a estos estudios y agrega su testimonio: nos explica que «las relaciones del gobierno de Enrique Bolaños con la multinacional española Unión FENOSA fueron tensas. En 2006, cuando llegó al gobierno Daniel Ortega, Bolaños tenía demandas contra Unión FENOSA, y había 12 juicios, reclamos estatales y multas incoadas en los tribunales contra la transnacional» y precisa: «Todo esto quedó resuelto con el gobierno de Ortega. Y en noviembre de 2007, mientras Daniel Ortega se lanzaba un discurso virulento contra las transnacionales en la Cumbre Iberoamericana en Santiago de Chile, Bayardo Arce [hombre de confianza de Daniel Ortega, exmiembro de la dirección nacional que se había aprovechado fuertemente de la piñata, ET] estaba reunido en Madrid, en el Palacio de la Moncloa, con la dirección de Unión Fenosa. A partir del “Protocolo de Entendimiento entre el gobierno de Nicaragua y Unión Fenosa” al que se le dio rango de ley en la Asamblea Nacional el 12 de febrero del 2009, una legislación que incluyó garantías de todo tipo para la empresa, todo el pasado conflictivo quedó borrado de un plumazo. Borrados todos los juicios, todas las demandas y las multas pendientes. Después, vinieron otras leyes siempre en beneficio de la transnacional. Nunca las relaciones con la transnacional española que distribuye la energía fueron tan fluidas como con este gobierno». [6]

Baltodano agrega que, bajo la presidencia de Daniel Ortega, la privatización del sector energético, y por lo tanto, de los recursos naturales nicaragüenses, fue en aumento, en provecho de las multinacionales y especialmente en aquellas donde Ortega invertía. Mónica Baltodano señala la apropiación, apoyada por el gobierno, “de las principales explotaciones mineras del país” por la empresa B2Gold http://www.b2gold.com/projects/nicaragua/cuya sede se encuentra en Canadá, con nefastas consecuencias para el medio ambiente y para las comunidades locales. Esta activista también denuncia la deforestación debida a las concesiones otorgadas a las «mafias de la madera».

Mónica Baltodano detalla la manera en la que la multinacional Pescanova consigue hacer muy buenos negocios bajo el gobierno de Daniel Ortega: «Otro ejemplo, menos conocido, es el de la explotación pesquera, en manos de la transnacional española Pescanova. La investigadora española María Mestre publicó en Diagonal, en diciembre de 2010 un informe sobre cómo actúa Pescanova en Nicaragua.. [7] Pescanova llegó a Nicaragua en 2002, cuando adquirió la empresa Ultracongelados Antártica S.A., la mayor planta española de cocción de marisco, que poseía un tercio de una empresa nicaragüense de producción de camarón que operaba en Chinandega. A partir de ahí, Pescanova se fue expandiendo, no limitándose a procesar el camarón y a la producción de larvas de camarón de laboratorio, sino comprando cada vez más superficie en concesión. Si en 2006, Pescanova disponía de 2.500 hectáreas en concesión, en 2008 —con el gobierno de Ortega— ya había duplicado esa extensión, controlando el 58 % del total de superficie en concesión. Entre enero y abril de 2009, Pescanova ya tenía el 82 % de la superficie dada en concesión pesquera.» [8]

 

El canal interoceánico

Ese viejo proyecto, de más de dos siglos de antigüedad, fue reactivado por el gobierno de Ortega. El 14 de junio de 2013, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó por 61 votos contra 28 una ley que otorgaba una concesión, con duración de 50 años renovables, a un consorcio chino HKDN Nicaragua canal Development. Los costes estimados eran de 50.000 millones de dólares, o sea unos 41.000 millones de euros. La construcción comenzó en 2015 y debería terminar en 2019, para una apertura prevista en 2020. Finalmente, la realización del proyecto se suspendió porque la empresa china quebró y su propietario desapareció.

El proyecto originó la oposición de organizaciones ecologistas y científicas. Había, y hay, un gran riesgo de contaminación del lago Nicaragua que constituye una importante reserva de agua dulce para la biodiversidad y para la población local que bebe agua del lago y la utiliza para regar las tierras agrícolas. En el ámbito social, se habrían tenido que desplazar unas 25.000 personas.

La prohibición total del aborto entró en vigencia en el código penal en 2008

Como mencioné en el artículo precedente, el grupo parlamentario sandinista votó en 2006, de acuerdo con los diputados conservadores, una ley que prohíbe completamente el aborto. Y fue bajo la presidencia de Daniel Ortega, quien se negó a revertir la ley, que esa prohibición fue incluida en el nuevo código penal, que entró en vigor en 2008. Esa prohibición no admite ninguna excepción, aunque esté en peligro la salud o la vida de la mujer embarazada, incluso en el caso que provenga de una violación. Amnistía Internacional indica: «Teniendo en cuenta la elevada tasa de embarazos adolescentes en Nicaragua, una gran parte de las mujeres afectadas por la nueva legislación tienen menos de 18 años. La abrogación de disposiciones que autorizaban el aborto terapéutico pone en peligro la vida de mujeres y de adolescentes, y coloca a los profesionales de la salud en una situación inadmisible.» Antes de la adopción de ese nuevo código penal, el aborto «terapéutico» (en caso de peligro para la salud de la mujer embarazada o en caso de embarazo a consecuencia de una violación) era legal y considerado como legítimo y necesario, provenía de una ley aprobada bajo el gobierno del liberal Zelaya en 1893, y que era una primera concreción de una evolución comenzada en 1837. Un gobierno que representa los intereses populares habría podido asumir un nuevo hito en la legislación, ampliando el derecho al aborto: autorizando a una mujer embarazada a decidir por si misma, sin importar las causas de su embarazo; suprimiendo las condiciones según las cuales tres médicos debían estar de acuerdo en la interrupción de un determinado embarazo, suprimiendo también la autorización que debía obtener de su marido o de su familia cercana. En lugar de ello, Ortega dio un terrible paso atrás.

Esa legislación retrógrada se acompaña de graves ataques contra las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, que fueron de las más activas en la oposición al gobierno de Ortega. En particular, el Movimiento autónomo de mujeres de Nicaragua (MAM), fuertemente movilizado contra la prohibición del aborto, está en el punto de mira de las autoridades. Los movimientos feministas fueron víctimas de la represión administrativa, policial y judicial. Con el fin de acallarlos, Daniel Ortega y Rosario Murillo los conminaron a sumarse al movimiento de mujeres vinculado al régimen. Otra evolución muy inquietante de ese régimen la escenifica Murillo, que no ha dejado de denunciar al MAM, y a los apoyos extranjeros que lo sostienen en su lucha por el derecho al aborto, ¡como emisarios del diablo!

El recurso a la religión

Daniel Ortega y Rosario Murillo recurren sistemáticamente a referencias de la religión cristiana, reclamándose permanentemente de que Dios está a su lado. El régimen dirigido por la pareja presidencial generó un profundo retroceso ideológico. En la continuación de este texto Dios, Diablo, Fe, Justicia Divina están en mayúscula porque en los textos de Murillo y Ortega aparecen efectivamente así.

Hablando de las mutaciones que ha conocido el FSLN bajo la conducción de Ortega y Murillo, Mónica Baltodano escribió: «Una segunda mutación a analizar es la que ha llevado al Frente Sandinista del racionalismo al fundamentalismo religioso. El programa de la Revolución reivindicaba el respeto a las creencias religiosas y promovía el laicismo. La Constitución de 1987 estableció que el Estado no tiene religión oficial y que la educación pública es laica. ¿Y qué tenemos ahora? El uso y abuso de la religiosidad popular y su continua manipulación en función de fortalecer el proyecto de poder. Las instituciones estatales están operando como reproductoras de las creencias religiosas para enfatizar que todo cuanto sucede en el país es producto de “la voluntad de Dios”, estableciendo así que la autoridad chayo-orteguista [de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ET] proviene de la voluntad divina, al igual que en el absolutismo monárquico el poder de los reyes venía directamente de Dios. Y este vínculo divino, según el discurso oficial, hace que Nicaragua viva “bendecida y prosperada”. Como resultado de este modelo las jerarquías religiosas legislan, las iglesias determinan, las autoridades civiles promueven creencias religiosas y todas las instituciones estatales y municipales están llenas de imágenes, símbolos y mensajes religiosos.»

Por parte de Rosario Murillo, las referencias a Dios y al Diablo vienen de lejos. Encontré un extracto de un artículo que esta mujer firmó en 1991, como responsable de Ventana, el suplemento cultural del diario sandinista Barricada. Durante la preparación del primer congreso del FSLN, escribía: «Al interior del Frente, encontramos sandinistas y no sandinistas. Millonarios y miserables. Almas de Dios y almas del Diablo (…), sí señores, el Frente Sandinista es actualmente un frente, y como frente, donde se encuentra de todo, es en este momento un montón de mierda». [9] Más tarde, Murillo abandonó la caracterización grosera del frente como un montón de mierda, pero introdujo en todos sus discursos una presentación maniquea y religiosa fundamentalista conservadora y oscurantista de los acontecimientos y de las personas.

En su discurso pronunciado el 19 de julio de 2018, durante el 39º aniversario de la victoria revolucionaria, Rosario Murillo hizo constantemente llamamientos a la fe, a la gracia de Dios, a la denuncia de las acciones diabólicas de los manifestantes que protestaban contra la política del régimen que codirige.

Al día siguiente, prosiguió en la misma línea, durante una declaración en la cadena TV canal 4, propiedad de uno de sus hijos: «Sabemos que hay Instituciones que serán capaces de reconocer los delitos y los crímenes de quienes han causado tanto dolor, tanta muerte, tanto sufrimiento, tantos crímenes aberrantes, diabólicos, en nuestra Nicaragua. Y tenemos confianza en la Justicia, confiamos en la Justicia Divina también». [10]

Y prosigue, más adelante: «Ese Pueblo de Dios porque el Pueblo nicaragüense es ¡el Pueblo de Dios! Pocos Pueblos hay en el Mundo con tanta Fe y tanta Devoción, y con tanta Relación con Dios. Y nosotr@s, l@s católic@s, con la Virgen María, con tanta Relación, con tanta Fe.» [11]

En la misma declaración, opone al pueblo los hombres y mujeres que luchan contra la despenalización del aborto de la manera siguiente: «Un Pueblo que ha defendido la Vida en todas sus formas, desde el vientre maternal… ¡Desde el vientre maternal! Mientras, muchos de los que hoy se llaman “Cívicos”, que de Cívicos no tienen nada porque son criminales, han desfilado en las Calles de Managua, pidiendo Aborto. ¡Atentando contra la Vida! Esa es la Verdad.» [12]

Y luego Murillo presenta a los manifestantes que protestan desde el 18 de abril de 2018 como los verdaderos culpables de los centenares de muertos que enlutan al pueblo. «…el Pueblo lo sabe, sabe quién produjo los muertos; sabe incluso, porque sabemos cómo entre ellos mismos por sus pleitos de ambición, por sus pleitos también propios de esa cultura de drogadicción con la que pretendieron aterrorizar al País, personas drogadictas, alcohólicas, personas vinculadas a todo tipo de crímenes y delincuencia; el Pueblo nicaragüense sabe que ahí entre ellos mismos se quitaron la Vida para culpar al gobierno.» [13]

La víspera, el 19 de julio de 2018, durante la gran concentración convocada por el régimen, Daniel Ortega también estuvo bien anclado en el razonamiento maniqueo e inquisidor. Explicó que los que protestaban, designados como terroristas y golpistas, ejercían prácticas diabólicas y satánicas. Afirmó que los terroristas “torturaban de manera satánica» (¡sic!) a la gente del pueblo ¡en el mismo lugar de las barricadas! [14]Literalmente afirmó que los que protestaban «terroristas y golpistas» estaban totalmente «satanizados». Llamó a los obispos católicos a «exorcizar» a esos «diablos», a esos «demonios» (los términos que Ortega utiliza para designar a los manifestantes) para echar al diablo que los había poseído. Y afirma que los manifestantes quemaban los cadáveres cerca de las barricadas y que bailaban alrededor de ellos. Llamó a los obispos a respetar la palabra de Dios y a no apoyar las exigencias de los manifestantes contestatarios que piden la dimisión de la pareja presidencial.

La tercera parte tratará sobre la dramática crisis desencadenada en Nicaragua, desde abril hasta julio de 2018.

El autor realizó una docena de viajes a Nicaragua y al resto de América central entre 1984 y 1992. Participó en la organización de las brigadas de trabajo voluntario de sindicalistas y de otros militantes de la solidaridad internacional que partían de Bélgica e iban a Nicaragua en los años 1985-1989. Éric Toussaint era uno de los animadores de los FGTBistas [activistas de la Federación General del Trabajo de Bélgica, N de T] por Nicaragua. Tuvo encuentros con diferentes miembros de la dirección sandinista: Tomás Borge, Henry Ruiz, Luis Carrión, Víctor Tirado López durante el período 1984-1992. Estuvo en estrecho contacto con la ATC, la organización sandinista de trabajadores agrícolas. Estaba presente en Managua, en julio de 1990, durante el movimiento de barricadas y de huelga general contra las medidas tomadas por el gobierno de derecha de Violeta Chamorro. Fue invitado al 1º congreso del FSLN en julio de 1991 y al 3º Foro de Sao Paulo, celebrado en Managua en julio de 1993. En el centro del Instituto Internacional de Investigaciones y Educación de Ámsterdam, impartió clases de formación en los años 1980 sobre la estrategia revolucionaria del FSLN, antes de la toma del poder y en el período pos-1979.

El autor agradece a Nathan Legran por la lectura del texto y por la búsqueda de documentos. Agradece igualmente a Claude Quémar por la lectura y a Joaldo Domínguez por su publicación en Internet.

Traducción: Griselda Piñero

Notas

 

Fuente: http://www.intersecciones.com.ar/index.php/articulos/94-nicaragua-la-evolucion-del-regimen-de-daniel-ortega-desde-2007