Guatemala: élite política indiferente a las muertes de niños migrantes en custodia de EUA.

Guatemala: élite política indiferente a las muertes de niños migrantes en custodia de EUA.

por Andrea Lobo/WSWS.

El Gobierno guatemalteco y toda la élite política han respondido a las recientes muertes de dos niños guatemaltecos bajo custodia estadounidense con una indiferencia que no solo refleja su desprecio por las masas empobrecidas del país, sino también sus esfuerzos por demostrarle al Gobierno de Trump su leal servilismo.

Jakelin Caal, de 7 años, y Felipe Gómez Alonzo, de 8 años, murieron respectivamente el 8 y 24 de diciembre tras entrar en Estados Unidos y ser tomados bajo la custodia de la patrulla fronteriza.

Las autoridades guatemaltecas, así como gran parte de los medios, han guardado silencio sobre el caso de Yazmín Juárez, una migrante guatemalteca de 20 años que presentó una demanda el mes pasado contra el Gobierno federal de EUA por la muerte de su hija de 19 meses, Mariee, después de que contrajera una infección respiratoria y fuera tratada inadecuadamente en un centro de detención familiar del Servició de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Arizona más temprano en 2018.

Mientras que los hondureños y salvadoreños conformaron el grueso de las caravanas de migrantes que recibieron una atención mediática amplia y fueron objeto de gran simpatía internacionalmente el año pasado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) reportó que, por primera vez en su registro, arrestó a más guatemaltecos cruzando la frontera que cualquier otra nacionalidad durante el año fiscal de 2018, que terminó en septiembre. Un total de 50.401 migrantes guatemaltecos fueron detenidos, el doble que el previo año fiscal.

El 25 de diciembre, la secretaria de Seguridad Nacional de EUA, Kirstjen Nielsen, reportó que seis personas murieron durante el año fiscal 2018 bajo la custodia de la CBP, mientras que el comisionado de dicha agencia, Kevin McAleenan, le dijo a CBS que Jakelin fue la primera menor en morir en más de una década.

Las muertes de Jakelin y Felipe ponen de relieve el brutal régimen de detención al que el Gobierno de Trump ha sometido a los migrantes. Mientras que prosiguen las investigaciones sobre las muertes, se sabe que Felipe se enfermó después de ser enviado a las instalaciones de detención temporal conocidas como “hieleras” y que Jakelin colapsó después de ser arrancada de su padre bajo la excusa de que no podían confirmar su relación.

Muchos migrantes mas mueren cruzando el desierto de Sonora hacia EUA, donde los oficiales de la CBP infamemente destruyen agua y otras provisiones que dejan voluntarios para los migrantes.

El cuerpo de Jakelin fue recibido por un grupo ensombrecido de vecinos de San Antonio Secortez y comunidades cercanas del municipio de Raxruhá. Docenas de ellos donaron dinero y canastas de comida a la familia. El cuerpo de Felipe no ha sido regresado a su pueblo de origen ya que sigue siendo examinado.

Jose Manuel Caal, el tío de Jakelin, les indicó a reporteros que la niña y su padre escapaban del hambre. “La pobreza en la que vivimos, nuestras cosechas no son las suficientes para sostener a una familia”, dijo.

En el municipio de Nentón, Huehuetenango, el tío de Felipe y uno de sus primos no tuvieron tiempo para guardar luto o esperar el cuerpo del niño, ya que están planeando intentar el viaje a EUA. “No tengo terreno, no tengo nada para que vivan mejor mis hijos”, le comentó el tío, Andrés Gómez, a Prensa Libre, poco después de recibir la noticia sobre la muerte de Felipe.

Ambos Gobiernos han sido completamente ajenos a la indignación por estas muertes entre los trabajadores de EUA y la ira y dolor en Guatemala.

El Gobierno guatemalteco del presidente Jimmy Morales no ha protestado las muertes o el trato brutal a los inmigrantes por las autoridades estadounidenses. En cambio, ha reiterado las amenazas del Gobierno de Trump. De hecho, la muerte de Jakelin Caal fue temporalmente encubierta por las autoridades guatemaltecas pese a reportes que el consulado en Del Río, Texas, fue informado al respecto el 8 de diciembre a las 6 a.m. No fue hasta el 13 de diciembre, cinco días después de la muerte, que la CBP reconoció el incidente.

La canciller guatemalteca, Sandra Jovel, emitió poco después la siguiente declaración, donde también revelaba la identidad de la niña: “El Gobierno de Guatemala lamenta que una connacional haya perdida la vida en este trayecto y hacer ver que lamentablemente los lugares donde ingresan ahora los inmigrantes son más peligrosos y las distancias que recorren son mayores”.

El 25 de diciembre, después de la muerte de Felipe, la Cancillería publicó un nuevo comunicado indicando que “solicitará una investigación clara y resguardando el debido proceso sobre este caso a las autoridades estadounidenses”.

Ese día, el procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, “Los esfuerzos no deben centrarse solo en el control de los flujos migratorios sino en la integridad de las personas, porque en menos de 15 días han muerto dos niños guatemaltecos bajo custodia de la Patrulla Fronteriza”.

Univisión le preguntó al cónsul guatemalteco en Del Río, Tekandi Paniagua, si se pudo haber evitado la muerte de Caal, según reportes una niña sana de 7 años. Se rehusó a responder hasta la autopsia.

Después de que Nielsen y Trump culparan directamente a las familias por las muertes de los niños, el Gobierno guatemalteco no emitió ninguna protesta.

Trump ha seguido su matonismo sin molestias: Por ejemplo, el 28 de diciembre tuiteó:

“Honduras Guatemala y El Salvador no están haciendo nada por Estados Unidos, pero están quitándonos nuestro dinero. Se rumora que se está formando una nueva caravana en Honduras y que no están haciendo nada al respecto. Estaremos eliminando toda la ayuda a estos tres países; ¡se han aprovechado por años de EUA!”.

El 1 de enero, la CBP atacó con gases lacrimógenos a familias inmigrantes que buscaban cruzar la frontera cerca de Tijuana y arrestó a al menos 25 de ellos. Nuevamente, no hubo ninguna protesta de Guatemala u otro Gobierno regional.

El 18 de junio, durante el apogeo de la ira popular contra la política de “cero tolerancia” de Trump contra los inmigrantes, la cual estaba caracterizada por la separación de niños y padres, el Gobierno guatemalteco no protestó, pero declaró que era “respetuoso de la política exterior (de Estados Unidos) en temas migratorios”. El presidente Morales volvió a omitir una protesta después del despliegue de tropas estadounidenses y las amenazas violentas de Trump contra los miembros de la caravana en octubre y nuevamente después de que las fuerzas estadounidenses dispararan balas de goma y latas con gases lacrimógenos para dispersar a miembros de la caravana, incluyendo a mujeres y niños, dentro de Tijuana en noviembre.

Tal servilismo ha enojado a los trabajadores, campesinos y capas más amplias de la población. “La mató la insensibilidad del gobierno y fuerzas de seguridad estadounidense, la mató el gobierno de Jimmy Morales, la mató la ineptitud y el servilismo de la canciller Sandra Jovel, la mató el Congreso que legisla para los ricos, la mataron las avariciosas elites, la mataron las empresas transnacionales que despojan, la mató la indiferencia, la matamos todos”, escribió la historiadora María Aguilar sobre la Jakelin Caal en El Periódico .

La hostilidad de la burguesía guatemalteca hacia las masas ha sido a su vez explotada por los voceros de la política exterior imperialista estadounidense, marcando el tono para la respuesta de gran parte de la prensa y oposición política en Guatemala.

El New York Times, en un artículo del 28 de diciembre intitulado “Guatemala cautious on Young Migrants’ Deaths, Wary of Angering US” (Guatemala precavida sobre muerte de migrantes jóvenes, cauto sobre enojar a EUA), buscó descargar la culpa de las muertes sobre el Gobierno guatemalteco. Atribuyó la “actitud diligente” hacia la ofensiva antiinmigrante de Trump a los esfuerzos del presidente Morales a recibir el respaldo de Trump en expulsar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual es respaldada por la ONU.

La ministra Jovel presentó un ultimátum el lunes dándole 24 horas al órgano de la ONU a que se fuera el país.

No cabe duda de que Morales está buscando recibir la aprobación de Trump respecto a la CICIG, la cual ha estado investigando al mandatario guatemalteco por financiamiento ilícito de campaña y a varios de sus familiares y asociados políticos en otros casos de corrupción. Sin embargo, al hacer este argumento, el Times y muchos otros en Guatemala y otras partes buscan encarrilar la oposición social sobre la muerte de los migrantes en apoyo a la CICIG.

Lejos de “combatir la corrupción que ha obstaculizado el desarrollo político y económico de Guatemala y, que en parte, propicia la migración de sus ciudadanos” como hace creer el Times, la CICIG está plenamente controlada por el Departamento de Estado de Estados Unidos y ha funcionado como una palanca de dominio imperialista. Ha sido utilizada para presionar al oficialismo a adoptar políticas incluso más subordinadas al capital estadounidense y sus intereses geopolíticos —políticas que son las principales responsables de las desesperadas condiciones sociales que obligan a los migrantes a escapar—.

Dichas políticas incluyen la imposición de austeridad social y ataques a los derechos democráticos con el objetivo de mantener a Guatemala como una fuente de mano de obra barata y recursos naturales. Al mismo tiempo, Washington ha impulsado una mayor militarización de la región, el pago estricto de los intereses sobre la deuda pública a Wall Street y el rompimiento de los lazos económicos y políticos con rivales de EUA, principalmente China.

Un reporte del Gobierno presentado en agosto indica que 59,3 por ciento de la población vive bajo la línea de pobreza, 8,1 puntos porcentuales más que en 2006. Las tasas oficiales de pobreza de los municipios donde Felipe y Jakelin vivían superan el 80 por ciento. El acceso a un trabajo con un salario digno, cuidado de salud, instalaciones sanitarias apropiadas, educación secundaria, internet, cable y otras necesidades básicas es casi inexistente. Guatemala recauda el menor porcentaje en impuestos en relación con su producto interno bruto en el mundo.

Los trabajadores agrícolas ganan en promedio de 40 a 60 quetzales ($5-8) por día, por debajo del miserable salario mínimo para el sector de 90 quetzales ($11,6) por día.

Al mismo tiempo, Guatemala es el quinto mayor exportador de aceite de palma y el cuarto de azúcar del mundo. Después de los productos agrícolas, los textiles constituyen el mayor sector de exportación, seguido por químicos, minerales y metales.

Lo que mantiene los niveles intolerables de pobreza para los trabajadores y campesinos es el afán de lucro de grandes corporaciones transnacionales y terratenientes locales que continúan desangrando el suelo y el trabajo de Guatemala.

Casi uno de cada dos niños en el país sufre desnutrición crónica. Miles de niños menores de cinco mueren cada año de condiciones prevenibles (13.000 en 2015 según la UNICEF). Los jóvenes que buscan escapar la desesperante pobreza, el abuso doméstico o la violencia de las maras se enfrentan a ser encerrados, golpeados y abusados sexualmente en los albergues controlados por la Secretaría de Bienestar Social. En 2017, 41 niñas murieron en un incendio en una de estas instalaciones después de que prendieron sus colchones como parte de un intento fallido para escapar su “refugio”. El trato que les ofrecen las autoridades estadounidenses a los 15.000 niños migrantes bajo su custodia no es tan diferente.

Los partidos de oposición en Guatemala se han mantenido en gran parte en silencio sobre las muertes de Jakelin y Felipe y sus pocas declaraciones han sido desdentadas. Por ejemplo, la única declaración oficial del partido exguerrillero URNG-MAIZ, firmado por su único legislador, Walter Félix, atacó la política de “Tolerancia Cero” de Trump, pero no realizó una demanda mayor al “esclarecimiento del caso” por parte del Gobierno de Morales.

Un análisis de junio publicado por el centro de pensamiento CELAG (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica) advirtió que no hay una “izquierda” política en Guatemala, citando la falta de apoyo político para el URNG y el indigenista Partido Winaq, mencionando además el “modelo de trabajo flexibilizado e informal que impide el desarrollo sindical”.

En mayo, el centro de pensamiento con sede en Washington, Stratfor, expresó con plena confianza que cualquier explosión social en el país caería “nuevamente bajo los auspicios de los defensores guatemaltecos de la CICIG”, refiriéndose a la canalización de las protestas de masas en 2015 contra el Gobierno de Otto Pérez Molina detrás del caso de corrupción de la CICIG en su contra, culminando en su renuncia ese año y reemplazo por su vicepresidente fascistizante Alejandro Baltazar Maldonado. Poco después, vino la elección del excomediante Morales, un defensor incluso más complaciente de los intereses del imperialismo estadounidense y la oligarquía local.

Toda la oposición dentro de la élite política ha basado sus críticas a Morales en una defensa de la CICIG y sus casos de corrupción contra la coalición en el poder. El análisis del CELAG refleja la preocupación en círculos gobernantes latinoamericanos que el atrincheramiento pleno de la pseudoizquierda detrás de la CICIG y sus otros defensores derechistas podría eventualmente inutilizar a estos partidos como instrumentos para encadenar el malestar social a la política burguesa.

Sin embargo, su impopularidad está mucho más arraigada. Es el resultado de su abandono de la lucha de clases después de que, tras el “proceso de paz” de fines de los años noventa, las guerrillas, junto a las organizaciones de protesta estudiantiles e indígenas, se convirtieran en un flanco izquierdista para la facción de la élite gobernante en torno al partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), mientras las condiciones de vida de los campesinos y trabajadores siguieron empeorándose. Este fue el resultado inevitable de la política nacionalista avanzada por las direcciones pequeñoburguesas de las guerrillas maoístas y castristas y el estalinista Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) que socavaron activamente el desarrollo de un partido revolucionario marxista basado en la clase obrera internacional que luchara por el socialismo.

Solo un partido como este, una sección del Comité Internacional de la Cuarta Internacional, en la clase obrera guatemalteca, liderando tras este a todas las masas explotadas, puede proveer una dirección viable para luchar contra el imperialismo y la desigualdad social, luchando junto a los trabajadores de Estados Unidos y toda la región por derrocar el capitalismo, expropiar la riqueza de la élite financiera y la oligarquía local y aplastar la explotación, el hambre y la violencia.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 9 de enero de 2019)

Fuente: https://www.wsws.org/es/articles/2019/01/10/guat-j10.html