Refugiados climáticos: la crisis humanitaria del calentamiento global a la que Piñera da la espalda.

La última cumbre sobre el clima (COP24) en Polonia fue un rotundo fracaso. Los líderes mundiales habían arribado a la cita emplazados por el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de la ONU (IPCC) que, en su último informe de octubre de 2018, afirmó que el tiempo se había agotado y que, de no hacer nada radical en lo inmediato, la temperatura del planeta aumentaría irremediablemente entre 2 °C y 3 °C, desatando impactos devastadores que incluyen consecuencias como ondas de calor extremas, potencialmente mortales, sobre más de un tercio de la población mundial.

Los datos se pusieron sobre la mesa. En lugar de disminuir la concentración de C02 en la atmósfera, los expertos revelaron que el promedio en el período 2017-2018 fue aún más alto que en el 2016, año del que se advirtió que habíamos traspasado la línea roja de las 400 ppm de dióxido de carbono, poniendo en riesgo las economías y los medios de subsistencia de miles de millones de personas en los próximos años.

No había mucho más que decir: los números eran categóricos y estaban sepultando los compromisos del Acuerdo de París. Pero lejos de adoptar las medidas que se esperaban, en Katowice los gobernantes mundiales rehusaron respaldar el informe de la IPCC, evitaron comprometer voluntad política para tomar decisiones drásticas y, en su lugar, el negacionismo climático –impulsado años antes por Donald Trump– comenzó a instalarse al lado del surgimiento de los nacionalismos en Europa y Latinoamérica, que rechazan los acuerdos globales. No solo eso, suponen –tal como lo expresó Jair Bolsonaro en Brasil– que el cambio climático sería una fantasía, una“conspiración marxista”, al responsabilizar directamente al modelo económico mundial de la crisis del planeta.

De forma casi paralela, días antes se llevó a cabo en Marrakech, Marruecos, la votación del Acuerdo Mundial Migratorio, que Chile se negó a firmar apelando a un conflicto con la soberanía nacional. El objetivo n.° 2 del Pacto, rechazado por el Presidente Sebastián Piñera, apelaba a la coordinación multilateral para hacer frente a las olas migratorias, internas y externas, que se vienen desencadenando desde hace varios años y que, se estima, aumentarían exponencialmente –según datos del Banco Mundial– debido a los desastres naturales, a los efectos adversos del cambio climático y a la degradación ambiental, configurando una nueva tipología de migración: la del migrante y refugiado climático.

La decisión del Gobierno chileno –apuntaron expertos en conflictividad social, clima, migraciones y ecología– quedó instalada, entonces, al lado de las políticas negacionistas del cambio climático, que rechazan los acuerdos globales. Mientras el Ejecutivo expresa su orgullo al ratificarse a Chile como sede de la próxima cumbre climática (COP25) a fines de 2019, queda “en evidencia la incoherencia del Gobierno en la materia” –apuntan los expertos–, ya que al ser “los desplazamientos humanos intrínsecamente fenómenos trasnacionales”, se requiere de coordinación multilateral para hacer frente a la “migración climática”, la que, junto al aumento del nivel del mar y la desertificación, son consideradas como una de las consecuencias más graves en términos políticos, económicos y de seguridad que pueden enfrentar las naciones, si no se trabaja coordinadamente ante el calentamiento global.

“Si el cambio climático es global, el problema de la migración y de los refugiados climáticos también es un problema global, por lo tanto, escapa de la normativa política de los Estados y eso el Gobierno lo tiene que entender. Esto es un problema en otra escala”, advierte Hugo Romero, investigador del Centro de Conflictividad y Cohesión Social (COES).

Pero el problema podría ser más grave todavía. Al reducir el tema de las migraciones a un problema por el número de haitianos que ha llegado al país, se omite que Chile no solo es candidato para ingentes olas migratorias de países vulnerables que sean golpeados por desastres naturales, sino que también se calla que, dentro del país, ya se están produciendo grandes desplazamientos humanos –el primer síntoma de la movilidad por razones climáticas– que en casos extremos también podría impulsar a chilenos a emigrar al exterior.

“Chile se va a quedar solo. No se puede abordar el tema de las migraciones y de cambio climático como si fueran problemas de cada país. No tiene ningún sentido que Chile pretenda solucionar el tema migratorio y de cambio climático con políticas locales. Y, si así lo intenta, lo único que se va a lograr es que se multiplique la presión sobre el sistema social y político del país”, resume Rodolfo Sapiains, del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia, CR2.

A este escenario –para nada improbable, coinciden los expertos–, se suma que Chile figura en el lugar 28 de los países más proclives a sufrir desastres naturales en el mundo. El desierto avanza rápidamente por la zona centro sur del país, ciudades como Talca superan el promedio mundial en alzas de temperaturas, toda la costa chilena podría sufrir graves consecuencias por el aumento del nivel del mar y la escasez hídrica en la Cordillera de los Andes incrementa el riesgo de deyección de rocas, causante de los deslizamientos masivos de tierra que dañan la infraestructura y cobran en vidas humanas la falta de previsión.

Para Jaime Hurtubia, exdirector de la División de Ecosistemas y Biodiversidad del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), con sede en Nairobi, Kenia, las malas decisiones y omisiones que se tomen hoy tendrán consecuencias insospechadas mañana. “No nos deja de sorprender la indolencia de los gobernantes por los sufrimientos de los migrantes y refugiados climáticos y la indiferencia con que tratan los efectos devastadores del cambio climático, que se harán sentir cuando probablemente superemos el límite catastrófico del 1,5 grados de calentamiento global”, anticipa.

Lo más preocupante de este tipo de decisiones –reflexiona el científico– es que no son aisladas. Mientras se prevé que en el mundo habrá decenas de millones de migrantes climáticos desplazándose a raíz del cambio climático en los próximos años, “la ola de nacionalismos y sentimiento antiinmigrante se extiende por Europa, Estados Unidos y Brasil, y cuyos coletazos también los sentimos en Chile”.

“Lo más probable es que por un buen tiempo no vayamos a tener ningún tipo de convención vinculante sobre las personas desplazadas debido al cambio climático. Por el contrario, seguiremos presenciando cómo aumentan los adeptos al negacionismo entre aquellos enemigos del multilateralismo, con menor conciencia social y que rechazan todo tipo de pactos, incluso no vinculantes, como lo hicieron las actuales autoridades de Chile. Un aislacionismo contraproducente que, por seguir la senda a la sombra de Trump, que se había retirado antes del PMM, va a complicar nuestra propia agenda multilateral, en particular la de inmigración, en las próximas décadas”, señala el ecólogo, sin falso pesimismo.

La contradicción de Piñera

En un contexto donde la problemática de la migración en Chile está reducida a la Operación Retorno, a través de la cual el Gobierno envía de vuelta a Puerto Príncipe a migrantes haitianos que no han logrado adaptarse al país, Piñera argumentó, para no firmar el Pacto, que su deber era “conducir las relaciones internacionales pensando solo en el interés de Chile y de los chilenos”.

Entre los argumentos que pasaron inadvertidos, Piñera planteó su oposición a regular la migración climática. “El Pacto establece, además, beneficios a ciertas categorías de migrantes, como aquellos que abandonan su país por causa de desastres naturales. Esta diferenciación es artificial y no la recoge la Ley de Migraciones. Además, pone en riesgo el carácter excepcional del refugio, que Chile busca”, sostuvo.

Esgrimir ese argumento, según los investigadores en cambio climático, equivale a darse un portazo en la nariz o ponerse una venda en los ojos. El doctor en Historia y Sociología del Centro de Conflictividad y Cohesión Social, Cristián Doña, explica que rechazar el Pacto en medio de las implicancias del cambio climático “podría repercutir que a los migrantes chilenos no les den las protecciones que dan a migrantes de otros estados. Al no ser parte Chile del pacto, no tienen por qué los otros estados actuar recíprocamente. Deja a Chile aislado en el tema”, puntualiza.

Rodolfo Sapiains, del CR2, apunta a que la matriz de la contradicción estriba precisamente en ese argumento: el de pensar “solo en el interés de Chile y los chilenos”.

“Se firme o no se firme el pacto, el tema ocurrirá igual, y si el cambio climático se intensifica o de la misma manera no se logren los objetivos de mitigación, lo más probable en que tengamos más migración desde el campo a la ciudad, dentro de Chile, y altamente probable más migración de países que se ven afectados por desastres naturales a nuestra región”, señala.

La importancia de regular la migraciones por razones ambientales, sostiene Norberto Girón, jefe de la oficina nacional de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) de Naciones Unidas, está en “minimizar los impactos negativos de este tipo de migración, porque con ello se reduce una serie de vulnerabilidades asociadas a comunidades con menor capacidad de adaptarse a las consecuencias del cambio climático”. De no hacerlo, las principales víctimas serían “las personas en situación social vulnerable, los sectores cuya actividad económica depende estrechamente de los recursos naturales (pescadores artesanales, agricultores, arrieros, etc.), las mujeres que trabajan la tierra pero de la que no son propietarias, y los migrantes, ya sean internos o internacionales”.

El hecho de no firmar el pacto migratorio, tampoco el Acuerdo de Escazú, pero sí los tenues acuerdos de la COP24, además de asumir el compromiso de organizar la próxima cumbre climática en Chile, revelan, además de una contradicción de sentido, una “incoherencia en la manera en que se toman las decisiones”, interpreta Sapiains.

Tal incoherencia se ve reforzada al recordar que, en el pasado mes de septiembre, con motivo de la 73° Asamblea General de la ONU, Piñera aseguró en su discurso que “el compromiso de mi país, Chile, es claro y categórico: estamos generando una política migratoria que sea segura, ordenada y regular, en perfecta armonía con la Declaración de Nueva York y el Pacto Mundial para la Migración, que plantea, precisamente, la necesidad de establecer políticas migratorias que garanticen migraciones seguras, ordenadas y regulares”.

Como es sabido, llegado el momento de la suscripción del Pacto, Piñera se desdijo de todo lo afirmado en la instancia internacional y se restó del acuerdo por no estar en sintonía con la política migratoria chilena, que tanto celebró en Naciones Unidas.

El ecólogo Jaime Hurtubia no deja margen a las dudas en su opinión: “El rechazo pasará como una página negra dentro de la historia de la diplomacia chilena. Fue una gran equivocación haberse restado del Pacto Mundial sobre Migración (PMM), que apunta a establecer nuevas pautas sobre cómo los países deberían enfrentar un aumento sin precedentes en el número de personas desplazadas, que ahora ha llegado a 65.6 millones en todo el mundo”.

Lo innegable: el calentamiento global golpea a Chile

Aun cuando el Presidente Piñera borró con el codo todo lo que afirmó respecto a las migraciones en la Asamblea General de la ONU, en su discurso dedicó largos pasajes a describir la amenaza del cambio climático en Chile. Recordó, por ejemplo, que el país posee siete de los nueve grandes factores de vulnerabilidad definidos por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. “(Tenemos) áreas costeras de baja altura, zonas áridas o semiáridas, grandes zonas de bosques, territorio susceptible de desastres naturales, áreas propensas a sequías o desertificación, zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica y ecosistemas montañosos, lo cual nos obliga a buscar fórmulas urgentes y eficaces para adaptarnos y poder enfrentar la amenaza del calentamiento global”, planteó.

En Chile, en la actualidad, se genera abundante investigación científica y, a pesar de que se han registrado avances en el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, las políticas para reducir el CO2 no han logrado alcanzar un impacto real.

Para el Acuerdo Climático de París 2015, el país se comprometió –por medio de un documento oficial para la Contribución Nacional Tentativa de Chile– a reducir sus emisiones a un 30%. Sin embargo, un análisis publicado en noviembre de 2018 por la organización alemana Climate Action Tracker –en el que estudiaron el correcto cumplimiento de dichas contribuciones y otras políticas públicas que las naciones tienen con respecto al cambio climático–, determinó que Chile es un país “altamente insuficiente” en cumplir sus políticas contra el calentamiento global.

Tal como subrayó recientemente el exsecretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, “el mundo alcanzó un punto de no retorno en materia de cambio climático». En Chile, las consecuencias del calentamiento global comienzan a quedar patentes a lo largo de todo el territorio nacional, aún cuando todavía –apunta el ecólogo Jaime Hurtubia– las devastaciones climáticas no han sido de la magnitud que ha golpeado a otras regiones del planeta, como Oceanía, en donde se desató una verdadera emergencia climática. “Más de una decena de archipiélagos se inundaron en el 2018, provocando la evacuación de las islas Carteret en el Pacífico Sur, con la consecuente migración de sus habitantes a la isla de Bougainville”, advierte.

La velocidad con que se desataron estos hechos eleva la preocupación de los científicos sobre la vulnerabilidad de las poblaciones de las islas Juan Fernández y Rapa Nui, ubicadas también en el Océano Pacífico, así como en los más de 6 mil km de litoral que tiene Chile continental y que se pueden ver azotados por otros tipos de fenómenos, como la pérdida de oxígeno en los mares. “Ya se han detectado más de 450 zonas muertas en los litorales desde el Mar Báltico hasta el Golfo de México. Son zonas en que el mar contiene poco o nada de oxígeno, provocando el estado de hipoxia, en donde la fauna y flora marina huyen o perecen. Ya estamos viendo algunos signos de estos problemas en Chile. Este año, la zona muerta se expandió en el Golfo de México hasta 15 mil km2, lo que corresponde a la mitad de Bélgica”, alerta Hurtubia.

El aumento del nivel medio del mar es otra de las consecuencias devastadoras que podrían afectar a nuestro litoral. El experto en biodiversidad pone el acento en que se trata de un caso típico de combinación de fenómenos naturales extremos, unido al vicio de no tomar decisiones oportunas para prevenir y enfrentar desastres naturales anunciados. “A pesar de tener más de 6.400 km de costas, nuestro país no cuenta con megainfraestructuras relevantes para la protección de costas, playas y asentamientos humanos costeros. Esta desidia podría llevarnos a experiencias muy dolorosas, ya que el cambio climático con seguridad nos expondrá a severas inundaciones de bordes costeros, humedales y suelos agrícolas; pérdida de vidas humanas y migraciones; destrucción de infraestructura portuaria y urbana; desaparición de playas y cambios profundos en el litoral”, advierte.

El alza sostenida de las temperaturas en el territorio nacional es otro de los indicadores preocupantes que está comenzando a dejar huella en Chile. Conviene recordar, por ejemplo, que en enero de 2017 más de 500 mil hectáreas de bosque fueron arrasadas en la Región del Maule (tragedia de Santa Olga) y que los riesgos de incendios forestales van desde la V a la IX regiones, siendo la zona comprendida entre La Ligua y Talca la más expuesta a los incendios.

Otro efecto de las temperaturas se advierte en el aumento de la aridez en el centro del país y la megasequía que abarca desde Coquimbo a Biobío, con un caso extremo en Talca. “Cada año tenemos más días de calor en esa ciudad, un ascenso por sobre el promedio a nivel mundial. En los últimos 40 años la temperatura promedio máxima anual fue de 21,6 °C; y desde 2003 a 2016 subió a 22,2 °C. En los últimos años, los días con temperatura máxima igual o superior a 25 °C aumentaron a 151, con un alza de 16 días”, detalla Hurtubia.

Como si fuera un cóctel explosivo, también ha disminuido notablemente la capacidad de almacenamiento de agua en la Cordillera de los Andes. De continuar así, adelanta el experto, aumentará la intensidad de los procesos masivos de deyección de rocas y suelos, provocando deslizamientos de tierras, avalanchas e inundaciones “con altos costos en vidas humanas, infraestructuras y viviendas”.

“Esta situación ya la vivimos en 2017 por las lluvias primaverales con deslizamientos de barro y tierras, matando a 19 personas y arrasando con 68 viviendas en el pueblo de Santa Lucía en Chaitén, Región de Los Lagos. También han ocurrido eventos similares en el Norte Grande”, precisa.

Y, como si fuera poco, el informe “Riesgo Mundial 2018”, que publican anualmente el Instituto para el Ambiente y Seguridad Humana de la Universidad de Naciones Unidas, el centro de estudios alemán Bündnis Entwicklung Hilft y el Instituto para la Ley Internacional para la Paz y los Conflictos Armados (IFHV) de la Universidad de Ruhr en Bochum, ubica a Chile en el puesto 28 del ranking de los 172 países con mayor riesgo de sufrir eventos naturales extremos. Es el segundo más peligroso de Sudamérica, detrás de Guyana.

Migrantes climáticos en Chile: una realidad imposible de negar

En el informe de marzo de 2018 del Banco Mundial, titulado “Groundswell: prepararse para las migraciones internas provocadas por impactos climáticos”, se analiza el fenómeno de migraciones dentro de los países y se realizan proyecciones para el 2050.

Se centra en tres regiones –África al sur del Sahara, Asia meridional y América Latina– y en él se advierte que, a menos que se tomen medidas urgentes de acción climática y adaptación migratoria, para 2050 estas regiones podrían sumar, en total, más de 143 millones de migrantes internos por motivos climáticos. Personas que se verán desplazadas por las sequías, las malas cosechas, el aumento del nivel del mar y las mareas de tormenta.

Norberto Girón, de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU en Chile, revela que en los últimos diez años ya se han registrado varios desplazamientos importantes de personas a raíz de desastres relacionados con el clima, de los cuales los más numerosos fueron las inundaciones ocurridas en La Araucanía en 2008, donde 35 mil personas fueron desplazadas. “También están los aluviones que se produjeron en el norte, en 2015 (principalmente en la Región de Atacama), en que se produjeron otros 30 mil desplazados, según los datos del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, 2018”, informa.

La desertificación de la zona centro sur y las sequías en el norte amenazan con aumentar significativamente el número de migrantes climáticos de las zonas rurales a los centros urbanos, incrementando la densificación poblacional. Con el objetivo de analizar cinco localidades sudamericanas afectadas por distintos fenómenos ambientales y climáticos (inundaciones, lahares, etc.), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) llevó a cabo un estudio en Ecuador, Argentina, Colombia, Brasil y Chile, donde la localidad de Monte Patria fue el caso escogido de nuestro país para estudiar el impacto de la desertificación en la migración interna.

Girón explica que los resultados indicaron que, del total de la población encuestada (180 hogares en tres sectores rurales de la comuna), el 49,5% indicó que sí está dispuesto a migrar desde Monte Patria, aduciendo como principales causas la falta de agua y empleo. Es decir, el cambio climático puede afectar directa (falta de agua potable o erosión de suelos arables) o indirectamente (falta de trabajo en el agro) la disposición a migrar. “En esto es importante considerar la dificultad de aislar los factores ambientales de los sociales, políticos y económicos, bajo los cuales suele esconderse”, sostiene.

Monte Patria es una zona dedicada a la agricultura. Sus habitantes crecieron trabajando la tierra, cosechando uvas, tomates y porotos. Sin embargo, con el tiempo el paisaje se transformó en un escenario árido y gris, debido a una sequía que ha azotado a la comuna por más de una década. Se estima que más de 5 mil personas han migrado de Monte Patria desde que se intensificó dicho evento.

Aparte del tema de desertificación del norte de Chile, Hugo Romero, sociólogo del Centro de Conflictividad y Cohesión Social (COES), suma a los pescadores artesanales en el flujo interno de migración climática. “En el caso de la pesca también puede ocurrir lo mismo, en las zonas donde se producen alteraciones de las especies que se comercializan y además abandonan nuestros mares. Esas personas –de no hacerse nada o no cumplir con los objetivos de mitigación– probablemente se van a ver forzadas a emigrar de las zonas costeras”, dice.

De hecho, el 4 de julio de 2018, más de 50 representantes de comités de manejo pesqueros, comités científicos, salmonicultores, mitilicultores, pesca artesanal y acuicultura de pequeña escala (APE), se reunieron en Valparaíso, en el marco de un seminario organizado por la Subsecretaría de Pesca, para interiorizar al sector respecto de los efectos y medidas de adaptación al cambio climático.

El programa incluyó a la jefa de investigación del Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola (INCAR), Dra. Doris Soto, quien dio a conocer algunas proyecciones del sector: “Las predicciones en el área auguran, para la mitad del siglo, en el mejor de los casos, una reducción del potencial pesquero entre un 2% y un 5%; mientras que, en el escenario más dramático, disminuirá hasta en un 12%”.

En esta línea, señaló que el “aumento de la temperatura del mar puede significar mayor crecimiento para algunas especies, pero el incremento en la acidificación de los océanos puede dificultar la producción de moluscos o crustáceos”, situación que afecta directamente al empleo, una de las razones para la emigración.

Los informes elaborados anualmente por el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés) otorgan una aproximación indicativa y fiable de que lo que está ocurriendo en Chile también está sucediendo a la misma o mayor velocidad en otras partes del planeta. Según esta organización, en 2017 hubo un total de 18.8 millones de nuevos desplazamientos debidos a desastres. Estas cifras, que no incluyen las migraciones internacionales, al menos indican de manera objetiva la magnitud que pueden alcanzar las migraciones climáticas. Por primera vez, en su informe de 2018, incorporaron los desplazamientos asociados a sequías, viéndose 1,3 millones de personas afectadas en 2017.

Refugiados climáticos: la emergencia global

Un estudio realizado en diciembre 2017 por investigadores del clima de la Universidad de Columbia, cuyos resultados se publicaron en la revista Science, concluyó que, si las temperaturas globales continúan su marcha ascendente, las solicitudes de asilo a la Unión Europea podrían aumentar un 28%, llegando a casi 450 mil personas por año.

“Las personas que tendrán que migrar debido a los efectos devastadores de un evento climático extremo o al clima severo, una sequía prolongada por décadas o elevación del mar, ¿serán ellas consideradas refugiados del cambio climático?”, se pregunta Hurtubia, al poner de relieve la crisis humanitaria tras el calentamiento global.

Lo desconcertante para este ecólogo, con basta experiencia multilateral, es que, de acuerdo al derecho internacional, las personas que migran debido al cambio climático no encajan en la categoría de refugiados. “La ley vigente fue redactada en 1951 en la Convención de Ginebra y define a un refugiado como alguien que abandona su país debido a ‘un temor fundado de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un Grupo social u opinión política particular’”.

El punto es que, más allá de la existencia o no de marcos jurídicos en la materia, las condiciones de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad ante desastres naturales de países pobres en América Latina y el Caribe, convierten a la migración forzada en una realidad insoslayable, cuyo destino probablemente sean los países de mayor estabilidad de la región, como Chile y Brasil.

“Es importante discutir cuáles serán las políticas migratorias que vamos a aplicar y también cuál va a ser la posición que vamos a tener frente a los refugiados por el cambio climático”, recalca Hugo Romero, del COES. El investigador en Conflictividad recuerda que el año pasado Puerto Rico fue despedazado por el huracán María, que mató a más de 3 mil personas e impulsó a sus habitantes a emigrar a Estados Unidos, ya que son ciudadanos de ese país. ¿Pero qué pasa si estos desastres azotan al resto de los países del Caribe?, se pregunta Romero. ¿A dónde irán?

“De ahí la importancia de establecer políticas migratorias que estén pensando en esos eventos. Lo primero que hay que entender es qué está pasando en materia global, cuál es el rol de Chile, cómo se está preparando para enfrentar procesos como las sequías y electrificación, mientras poblaciones desplazadas solicitan asilo en el país”.

La mera decisión de no plantearse los problemas globales como desafíos propios revela la falta de previsión de las autoridades políticas, apuntan los expertos. “La Cancillería parece haber ignorado que, desde 2008, cada año, un promedio de 24 millones de personas en el mundo han sido desplazadas por catástrofes climáticas. A medida que el cambio climático empeora con tormentas y sequías, los científicos del cambio climático y los expertos en migración esperan que ese número aumente. Mientras tanto, los impactos climáticos que avanzan lentamente en el tiempo, como la expansión del desierto y el aumento del nivel del mar, también podrían obligar a nuestros compatriotas en las próximas décadas a abandonar sus hogares”, sentencia el científico chileno que trabajó para la ONU en Nairobi.

¿Qué harán los eventuales refugiados climáticos chilenos si el país mantiene su posición de restarse de la multilateralidad?