Chile cínico: Alta oficialidad ataca a tribunales por causas de DD. HH.

El fallo de primera instancia de la justicia en el caso Frei Montalva y el procesamiento del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, por torturas a 24 prisioneros políticos, reinstalaron la agenda de derechos humanos en el tapete, y junto con ello la arremetida de ciertos sectores para impugnar estas temáticas.

Parte de esta respuesta es la carta publicada este viernes en El Mercurio bajo el título “La justicia, las instituciones y la República”, donde cuatro ex comandantes en jefe de ramas de las Fuerzas Armadas cierran filas, acusan una “campaña” y hacen una dura crítica a los tribunales de justicia.

“En los últimos años sectores políticos que no concuerdan con la transición realizada y que ambicionan cambios más radicales, sumado a determinados medios de comunicación poco objetivos han impulsado una campaña amplificar y endurecer las causas de derechos humanos”, se quejan los ex jefes uniformados.

Sin ánimo alguno de autocrítica, incluso, sostienen que desde las FF. AA. se ha dado plena colaboración en materia de DD. HH. Aseguran que desde el gobierno de Patricio Aylwin “ha habido una especial preocupación, llevándose adelante diferentes iniciativas, comisiones y leyes tendientes a obtener verdad, justicia, reparación”, las que han contado con el apoyo de las ramas armadas “con el espíritu de sanar las heridas del pasado”.

La misiva lleva la firma de Oscar Izurieta Ferrer (ex jefe del Ejército y ex subsecretario de Piñera), Miguel Ángel Vergara Villalobos (Armada), Ricardo Ortega Perrier (Fach) y Fernando Cordero Rusque (ex jefe del Carabineros y ex senador designado).

Defensa de Cheyre.

En la carta, los ex jefes castrenses cuestionan el funcionamiento de los tribunales, sosteniendo que “muchos de los uniformados condenados o procesados lo han sido solo por presunciones, sin que haya sido posible acreditar efectivamente su participación en los ilícitos investigados”.

En este sentido, hacen una cerrada defensa del ex comandante en jefe del Ejército, general (r)  Juan Emilio Cheyre, procesado por torturas a 24 prisioneros políticos en La Serena, y ya condenado por los crímenes de la Caravana de la Muerte en esa ciudad.

Para los firmantes, “un ejemplo paradigmático es la arbitrariedad con que se ha juzgado y se sigue juzgando al general Juan Emilio Cheyre, ahora por hechos prácticamente imposibles de acreditar 45 años después de su eventual ocurrencia”.

En esta línea, critican el funcionamiento del sistema procesal antiguo, que rige las causas de derechos humanos, señalando que bajo el actual sistema probablemente muy pocos de estos casos hubieran prosperado.

“El mantener a este sistema procesal antiguo, más la aplicación de leyes con efecto retroactivo y el uso de ficciones jurídicas produce una situación de denegación de un debido proceso y de desigualdad ante la ley”, señalan.

Así, citan el caso Frei Montalva argumentando que en esta causa se configura un proceso en el que la misma persona, vale decir el ministro en visita, “investiga y acusa luego juzga y falla, con total desconocimiento del principio de imparcialidad”.

Presión al Poder Judicial.

A juicio de los ex jefes uniformados, “el doble estándar y la injusticia que afecta a personal que perteneció a instituciones fundamentales se ha denunciado reiteradamente, pero frente a ello no hay receptividad en parte importante del mundo político, comunicacional y judicial”.

En este sentido, apuntan que “aquí está fallando las principales instancias que le dan sustento a la institucionalidad de la República. Ello no es positivo para la imagen del país, para su convivencia interna ni para la seguridad de Chile”.

Los ex jefes castrenses además hacen un “ferviente” llamado a las “instituciones políticas del Estado a reflexionar sobre esta injusticia y tomar las medidas remediales pertinentes”.

Es más, le ponen presión al Poder Judicial, al señalar que “depositamos nuestra esperanza en los tribunales superiores de justicia, en el entendido de que darán a cada cual lo suyo, sin más, con absoluta independencia, sin ningún sesgo político y con espíritu republicano”.

En tono de advertencia, agregan que “Chile no debe debilitar su convivencia, ya que afecta a su estabilidad democrática. La justicia, institución fundamental, debe ser un ejemplo de rectitud, imparcialidad y de igualdad ante la ley. La República es el bien mayor a proteger y, con ello, a las instituciones que la hacen posible”.

Los firmantes.

Izurieta ocupó la Comandancia en Jefe del Ejército de Chile desde el 10 de marzo de 2006 hasta el 10 de marzo de 2010.  Después de unas breves semanas de descanso, el 25 de marzo de ese mismo año  asumió como subsecretario de Defensa del Gobierno de Sebastián Piñera, y se mantuvo en el cargo durante toda esa administración.

Miguel Angel Vergara Villalobos fue jefe de la Armada en el período 2001-2005, y se ha transformado en un habitual columnista, con preferencia por los temas de DDHH, donde acusa permanentemente una “persecución” a los uniformados que participaron en la dictadura.

Ortega Perrier fue Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile desde el 2006 hasta el 5 de noviembre de 2010, y se destacó por su buena relación con la Presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, en su calidad de presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro, se ha transformado en un vocero de los militares condenados por DD. HH.  y es un habitual visitante de la cárcel de Punta Peuco para acompañar a sus ex compañeros de armas que purgan condenas. «En Chile se abolió la pena de muerte. Pero cuando uno condena a una persona de 90 años a 10 años, lo está mandando a morirse”, ha señalado.

Fernando Cordero Rusque, en tanto,  fue director general de Carabineros entre 1995 y 1997, y luego llegó al Congreso en su calidad de senador designado por el período comprendido desde 1998 a 2006.  Después quiso ser diputado por la UDI pero fracasó en su intento.

Fuente: https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/02/15/causas-de-ddhh-ex-comandantes-en-jefe-de-ramas-de-las-ffaa-cierran-filas-y-hacen-dura-critica-a-tribunales-de-justicia/

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[Anexo CT]

La justicia, las instituciones y la República.

viernes, 15 de febrero de 2019 /El Mercurio.

La temprana consolidación de una robusta e impersonal institucionalidad republicana hizo de Chile un ejemplo de estabilidad democrática en América Latina, permitiéndole alcanzar importantes logros a nivel nacional e internacional. Las instituciones han sido, son y serán los pilares fundamentales de la República. Cuando este andamiaje ha sido seriamente desafiado, el país ha entrado en crisis, pagando los costos de superar conflictos políticos extremos. Sin embargo, la República ha recuperado siempre su fortaleza para retomar la democracia, como ocurrió a partir de 1990.

El país llevó adelante una transición consensuada y gradual, hasta alcanzar su plena normalidad democrática, proceso mayoritariamente apoyado en Chile y ampliamente ponderado en el extranjero. En dicho contexto, se hizo énfasis en la profesionalización y reequipamiento de las FF.AA., así como en modificar las normativas constitucional, legal y administrativa, para alcanzar estándares democráticos en la Defensa Nacional.

En lo que a derechos humanos se refiere, desde el primer gobierno de la Concertación ha habido una especial preocupación, llevándose adelante diferentes iniciativas, comisiones y leyes tendientes a obtener verdad, justicia, reparación y no repetición. Todas ellas han contado con el apoyo de las FF.AA. y Carabineros, con el espíritu de sanar las heridas del pasado y alcanzar la reconciliación, así como con la aspiración de enfrentar procesos que ponderen todos los elementos de juicio y hagan verdaderamente justicia.

En los últimos años, sectores políticos que no concuerdan con la transición realizada y que ambicionan cambios más radicales en el país, sumado a determinados medios de comunicación poco objetivos, han impulsado una campaña para amplificar y endurecer las causas de derechos humanos, acción a la que lamentablemente algunos ministros con dedicación exclusiva a estos procesos han adherido, aumentando con ello las injusticias con el personal investigado. La asimetría entre el acusado y el tribunal, con todos los organismos de apoyo y financiamiento del Estado, más los entes estatales y privados que se hacen parte, es gigantesca.

El mantener a este personal en el sistema procesal penal antiguo, más la aplicación de leyes con efecto retroactivo y el uso de ficciones jurídicas, produce una situación de denegación de un debido proceso y de desigualdad ante la ley. La columna de opinión «Caso Frei y doble justicia penal» de Hernán Corral, publicada en «El Mercurio» de 7 de febrero de 2019, describe claramente esta falta de justicia, destacando, entre otros conceptos, la siguiente falencia: «Estamos ante un proceso en que la misma persona que investiga y acusa luego juzga y falla, con total desconocimiento del principio de imparcialidad».

Muchos de los uniformados condenados o procesados lo han sido solo por presunciones, sin que haya sido posible acreditar efectivamente su participación en los ilícitos investigados. Probablemente, muy pocos de ellos hubiera seguido igual destino en el nuevo sistema procesal penal. Un ejemplo paradigmático de lo descrito es la arbitrariedad con que se ha juzgado y se sigue juzgando al general Juan Emilio Cheyre, ahora por hechos prácticamente imposibles de acreditar 45 años después de su eventual ocurrencia.

El doble estándar y la injusticia que afecta a personal que perteneció a instituciones fundamentales se ha denunciado reiteradamente, pero frente a ello no hay receptividad en parte importante del mundo político, comunicacional y judicial. Aquí están fallando las principales instancias que le dan sustento a la institucionalidad de la República. Ello no es positivo para la imagen del país, para su convivencia interna ni para la seguridad de Chile.

Hacemos un ferviente llamado a las instituciones políticas del Estado a reflexionar sobre esta injusticia y a tomar las medidas remediales pertinentes. En el intertanto, depositamos nuestra esperanza en los tribunales superiores de justicia, en el entendido de que darán «a cada cual lo suyo, sin más», con absoluta independencia, sin sesgo político y con espíritu republicano.

Chile no debe debilitar su convivencia, ya que afecta a su estabilidad democrática. La justicia, institución fundamental, debe ser un ejemplo de rectitud, imparcialidad y de igualdad ante la ley. La República es el bien mayor a proteger y, con ello, a las instituciones que la hacen posible.

Óscar Izurieta Ferrer
Ex comandante en jefe del Ejército

Miguel Ángel Vergara Villalobos
Ex comandante en jefe de la Armada

Ricardo Ortega Perrier
Ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea

Fernando Cordero Rusque
Ex general director de Carabineros