Corte Suprema ordena al Fisco indemnizar a familiares de víctimas de la matanza de Chihuío.
por Claudia Carvajal G./DiarioUchile.
Se trata de las ejecuciones ilegales en contra de trabajadores forestales y campesinos que fueron detenidos en octubre de 1973, en Futrono, región de los Ríos. Las sumas a pagar por parte del Estado de Chile van desde los cuarenta y hasta los cien millones de pesos en favor de hermanos, hijos, viudas y madres de los asesinados.
[Anexo CT]
La masacre de Chihuío.
por Arnaldo Pérez Guerra /CEME – Centro de Estudios Miguel Enríquez – Archivo Chile.
En la masacre de trabajadores forestales y campesinos de Chihuío se encuentra involucrado Santiago Sinclair, hombre de confianza de Pinochet, Senador designado, ex vice comandante en Jefe y miembro de la Junta Militar golpista. Como comandante del Regimiento de Caballería nº 2 «Cazadores», con asiento en Valdivia, él es una pieza clave en el asesinato de los 17 trabajadores del Complejo Maderero Panguipulli y el sindicato «Esperanza Obrera».
Durante el mes de octubre de 1973 una caravana de hombres y vehículos salió del Regimiento «Cazadores» y «Maturana» hacia Futrono, continuando a la precordillera, pasando por Chabanco, Curriñe, Llifén, etc., dejando su cargamento de prisioneros convertidos en cadáveres.
Es de ese mismo Regimiento de donde sale otro grupo de militares para enterrar clandestinamete los cuerpos. Un juzgado militar de Valdivia ordenó extender 1os certificados de defunción. Quienes comparecen como testigos de estas muertes, se domicilian, irónicamente, en el mismo Regimiento «Cazadores».
Los certificados contienen la misma información:
Fecha de Defunción 09 de octubre 1973, Hora 22.30. Lugar de Defunción: Liquiñe. Subinscripciones: Causa no precisada.
Los trabajadores asesinados eran: Luis Ferrada Sandoval (42), Eliecer Freire
Caamaño (20), Narciso García Cancino (31), Daniel Méndez Méndez (42), Juan
González Delgado (31), Carlos Acuña Inostroza (46), José Barriga Soto (32), José
Cortés Díaz (35), Neftalí Durán Zúñiga (22), Ricardo Ruíz Rodríguez (24), Carlos
Salinas Flores(21), Manuel Sepúlveda Rebolledo (28), Rubén Vargas Quezada (56),
Rosendo Rebolledo Méndez (40), Pedro Pedreros Ferreira (48), Sebastián Mora (47),
Fernando Mora Gutiérrez (17). Según relató el abogado de la Vicaría de la Solidaridad, Mario González: «en el viaje de la caravana se produce la detención del joven Fernando Mora Gutiérrez, el que al ayudar a sacar los camiones militares del barro, logra darse cuenta que su padre va entre los prisioneros. Solicita que le digan ‘qué va a ocurrir con él, a dónde lo llevan’. Le contestan: ‘si quieres ir con tu padre, sube al camión’. Y pasa a ser un prisionero más».
El convoy de asesinos salió desde los Regimientos «Cazadores» y «Maturana», que estaban al mando del comandante Santiago Sinclair, quien asegura hasta hoy ‘no haberse enterado de nada’. Lo componían al menos 90 hombres entre tropa y oficiales, y 7 vehículos, a cargo de el comandante de escuadrón Luis Osorio, y los oficiales Patricio Keller, Lautaro Ortega, Marcos Rodríguez Olivares y Luis Rodríguez Rogorrichi. El oficial de la unidad especial era el teniente Galileo Labbé.
Carabineros del retén Llifén habían ejercido una represión brutal en la zona de Curriñe, Arquilme y Chabranco, tomando detenidos y torturándolos. La caravana militar recorrió toda la zona hasta llegar a la precordillera. Se instalaron en los retenes, hicieron formarse a los hombres en varios poblados, leyeron nóminas con sus nombres y procedieron a las detenciones de algunos. Con los militares participaba Américo González Torres, uno de los dueños del Fundo Chihuío, que asesoró las detenciones.
En las localidades pidieron elementos como alambre, yuntas de bueyes para desatascar los vehículos, etc. En la administración del Complejo Forestal en Curriñe fueron torturados algunos detenidos. Una patrulla militar subió al aserradero de Folilco para detener a los trabajadores. El convoy continuó a Chabranco lugar de las últimas detenciones. La caravana de asesinos y sus prisioneros, siguió a Chihuío, en la casa patronal del fundo fueron ejecutados.
Según el Informe Rettig, «al día siguiente de las ejecuciones, un testigo reconoció a varias de las víctimas, y pudo percibir que la mayoría de los cuerpos tenían cortes en las manos, en los dedos, en el estómago e incluso algunos se encontraban degollados y con sus testículos cercenados, sin poder observar huellas de impactos de bala en sus restos. Los cadaveres permanecieron en el lugar de la ejecución durante varios días, aproximadamente 15 cubiertos tan sólo con algunas ramas y troncos».
Aquí no hubo ni siquiera un Consejo de Guerra para justificar sus crímenes.
Posteriormente, a fines del 78 o principios del 79, civiles llegaron hasta los Baños (termas) de Chihuío, y le pidieron al dueño que les ‘indicara el lugar en dónde habían sido enterrados los cuerpos’.
Excavaron durante la noche, y trasladaron los restos a un lugar hasta la fecha desconocido.
Sus cuerpos fueron hechos desaparecer.
Fuente: https://www.archivochile.com/Derechos_humanos/chihuio/ddhh_chihuio0001.pdf
Golpe en el Lago /El Ciudadano.
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