Una investigación de la Fiscalía de Rancagua reveló uno de los secretos mejor guardados del Arzobispado de Santiago desde 2015: habitaciones en el principal templo religioso de Chile, donde se se cometió una violación y abusos con jóvenes de clase media baja que fungían como acólitos. El autor es el presbítero Tito Rivera, exrector de la iglesia Las Agustinas, nombrado por el cardenal Ricardo Ezzati. Este último conoció los hechos de boca de una de las víctimas, cuando el caso estaba plenamente aclarado por la “investigación previa” que otorgó verosimilitud a los relatos y solo un año y medio después -en noviembre de 2016- inició el proceso canónico penal, sin enviar los antecedentes al Ministerio Público ni darlos a conocer a la ciudadanía. Al afectado que le relató cómo fue violado, Ezzati solo lo abrazó, lo conminó a rezar por su victimario y le entregó 30 mil pesos. No es todo. La PDI allanó la casa de Tito Rivera junto a la conservadora de la Catedral de Santiago y descubrieron que estaba “atiborrada” de imágenes religiosas que se había robado desde distintos templos. Para evitar ser descubierto intentó inculpar a una de sus víctimas, quien para limpiar su nombre entregó ocho fotos con imágenes de sexo explícito donde aparecía Tito Rivera con otros jóvenes. Con los hechos acreditados, este último fue suspendido por 14 años del Ministerio Sacerdotal. Los documentos de la indagatoria interna de la Oficina Pastoral de Denuncias de la iglesia quedaron al descubierto en una demanda indemnizatoria por 350 millones de pesos en contra del Arzobispado, presentada por el abogado Alfredo Morgado. La historia la revela la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

El pasado 27 de febrero, una demanda por indemnización de perjuicios por 350 millones de pesos ingresó al Poder Judicial. La acción legal está dirigida en contra el Arzobispado de Santiago, representado por el cardenal Ricardo Ezzati. La presentación podría ser una de tantas, pero esta revela un episodio de violación y abuso sexual de menores cometidos en las habitaciones de la Catedral de Santiago por el cura Tito Rivera Muñoz, hoy de 67 años.

Los hechos, hasta ahora desconocidos, son el corolario de una denuncia presentada en marzo de 2015 ante la Oficina Pastoral de Denuncias (Opade) por “Z”, -entonces de 40 años- quien asegura haber sido drogado y violado por Tito Rivera, cuando fue a pedirle ayuda para comprar los remedios que permitirían curar a su única hija enferma. “Lo vas a pasar rico”, fue la frase que escuchó “Z” de su victimario, cuando ya no tenía control sobre su cuerpo.

El crudo y detallado relato del acto sexual forzado, este medio se lo reserva, pero puede leerlo en el documento al final de este reportaje.

Los sucesos acaecidos en el principal templo religioso de Chile, quedaron acreditados en la “investigación previa” que hizo el presbítero Francisco Walker Vicuña y que finalizó el 3 de julio de 2015.

En ella se establece que lo denunciado por “Z” era verosímil, tal como consta en el informe final preparado por Walker Vicuña. Pero no fue lo único que descubrió. Rivera Muñoz también realizó tocaciones a un seminarista y un menor de edad de 16 años, cuyas denuncias fueron archivadas sin explicación.

Y más. Otra de las víctimas entregó ocho fotografías donde Rivera Muñoz aparecía en actos sexuales, los que se sumaron a videos caseros. Ante las evidencias, Rivera Muñoz no tuvo más que confesar que mantuvo varias relaciones homosexuales -penadas por el Derecho Canónico- en los dormitorios de la Catedral de Santiago.

Un informe posterior de la iglesia dejó por establecido que Tito Rivera tuvo “un comportamiento homosexual habitual, gravemente inmoral y prácticamente fuera de control”, infringiendo gravemente el Sexto Mandamiento.

La sorpresa mayor, sin embargo, fue que Rivera Muñoz, quien fuera nombrado por Ezzati como rector de la Iglesia de Las Agustinas en 2015, es que se apropiaba ilegalmente de especies sagradas, las que fueron encontradas en su domicilio por Carmen Pizarro, conservadora de la Catedral junto a la PDI. Para evitar ser descubierto, el presbítero intentó inculpar a uno de sus monaguillos, uno de los cuales lo denunció en el arzobispado y aportó evidencias de los hurtos.

Lo particular, es que sabiendo que los hechos estaban completamente establecidos a mediados de 2015, solo en noviembre de 2016, es decir más de un año y medio después, Ezzati elevó la causa a otra de carácter administrativo-penal canónico. Esta última, hace pocos meses, derivó en que Rivera Muñoz fuera sancionado con 14 años de suspensión de Ministerio Sacerdotal, situación que nunca fue notificada ni a la ciudadanía, como tampoco a la fiscalía.

De hecho en un listado de decretos eclesiásticos fechado a mediados de 2017, el Arzobispado autorizó a Tito Rivera a realizar matrimonios, decisión informada al Servicio de Registro Civil.

“Desde que “Z” denunció en marzo de 2015, recurrió en varias oportunidades a la Opade, sin conseguir respuestas. Incluso llegaron a echarlo de las oficinas donde funciona el organismo. Hecho que ocurrió de manera posterior a que la “investigación previa” estaba terminada, los hechos establecidos, sin que “Z” fuera citado a prestar declaración.

Por esta razón y apenas “Z” se enteró de los escándalos de abusos sexuales en la iglesia, resolvió presentar una denuncia en el Ministerio Público 26 de junio de 2018.

El perseguidor penal regional de Rancagua, Emiliano Arias, ha llevado el caso de “Z”, entre muchos otros, en estricta reserva. Y a raíz de este hecho, también, allanó el pasado 13 de septiembre las oficinas de la Catedral. Entre los documentos hallados estaba la indagatoria previa -que había permanecido en secreto- donde aparecen más testimonios.

Destaca el de Juan de la Cruz Suárez, el “Deán” de la Catedral desde hace 12 años. Se trata del mismo que designó Ezzati en 2018 para oficiar el Te Deum católico. Ello, atendido a que el jefe de la iglesia chilena es investigado como encubridor de delitos sexuales.

De la Cruz Suárez aseguró que Tito Rivera usaba constantemente una de las habitaciones de La Catedral y que incluso llegó a decirle “que estaban hablando mal de él”, que fuera “más discreto” cuando ingresaba jóvenes de clase media baja al lugar. De hecho, él mismo le pasaba las llaves al presbítero para que diera rienda suelta a sus deseos.

No fue todo. También de la Cruz Suárez reconoció haberle contado a Ezzati de los hechos. Este último, de acuerdo a la demanda, se enteró por la boca de la víctima de cómo y dónde ocurrió la violación. Sabiendo que la “investigación previa” estaba terminada, lo abrazó, le pidió que oraran por Tito Rivera y le entregó 30 mil pesos en efectivo.

Lo narrado, consta hoy en manos del fiscal Arias, quien ha mantenido una línea de investigación en contra de Ezzati como encubridor de los abusos sexuales en la iglesia chilena. Hasta ahora, no ha podido interrogarlo en calidad de imputado, ya que a través de distintas estrategias jurídicas de su abogado Hugo Rivera, ha logrado posponer el trámite.

De hecho, en la demanda interpuesta por Alfredo Morgado, se citan una serie de pasajes de la carpeta secreta que Arias a raíz de las diligencias que ha realizado la PDI. Entre ellas la de otros curas y funcionarios de la Catedral de Santiago que confirman las sospechas y en otros casos las prácticas de Tito Rivera Muñoz.

Atendida la dignidad del cargo de Ezzati, Morgado solicitó a la Corte la designación de un ministro de fuero para que indague los hechos y resuelva si la iglesia debe pagarle a “Z” la suma señalada.

Los detalles de esta historia, los revela la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

¿Y el altísimo?

Si Dios existe, a mediados de marzo de 2015 no estaba en La Catedral de Santiago. Ese mes, la única hija de “Z” padecía de una severa infección urinaria y no tenía cómo solventar los remedios para curarla. A sus 40 años, el dinero que ganaba esporádicamente como soldador y vendedor ambulante, apenas alcanzaba para sobrevivir junto a su pareja.

Premunido de su fe, concurrió a la Catedral de Santiago en busca de ayuda y se contactó con María Paz, quien fungía como la secretaria del presbítero Tito Rivera Muñoz.

La mujer, después de escuchar el relato de “Z”, lo hizo esperar unos minutos, cuando apareció Rivera Muñoz, indicándole que lo ayudaría y le pidió que lo acompañara.

Caminaron por un largo pasillo del centro religioso y subieron al segundo piso por una escalera de caracol. Al terminar el recorrido el cura invitó a “Z” a pasar a una dependencia que no era otra oficina, sino una las habitaciones que funcionan para el uso de los párrocos.

El presbítero le dio un vaso de agua y comenzó la conversación sobre la salud de su hija.

Sin embargo, a poco andar “Z” comenzó a sentir que no tenía control sobre su cuerpo, que sus piernas y brazos no respondían. Le dijo que no se sentía bien, pero el cura le indicaba que esperara, que esperara, sin decirle qué.

“Z” vio como el presbítero se quitó los anillos y el crucifijo que colgaban de su cuello e ingresó al baño de la habitación. Apenas regresó, Tito Rivera Muñoz estaba en ropa interior y pronunció una frase que nunca olvidaría: “lo vas a pasar rico”.

Lo que sigue es el crudo y pormenorizado relato de una violación, que consta en la demanda que presentó la víctima en contra del Arzobispado de Santiago que puede leer al final del texto.

En el libelo no solo consta la descripción del hecho que hoy investiga el fiscal regional de Rancagua, Emiliano Arias, sino también cómo la iglesia chilena tuvo conocimiento cabal de que Tito Rivera se hacía rodear de jóvenes acólitos y usaba los dormitorios de la Catedral para cometer sus delitos sexuales.

Secretos paralelos

Después de ser violado por Tito Rivera Muñoz, “Z” escuchó las amenazas del presbítero, según su relato, donde le indicaba que no debía contar lo sucedido, de lo contrario enfrentaría problemas con la autoridad, ya que era capellán de Carabineros. Acto seguido le ofreció un fajo de billetes de mil pesos, que “Z” rechazó de plano.

Apenas bajó las escaleras del templo se encontró con María Paz, la secretaria, cuya identidad real es Toshi Kamitahana. La abrazó y lloró con ella. La mujer le recomendó hablar con el padre Pedro Narbona, otro sacerdote que ejercía en la Catedral y le dio dinero.

“Z” buscó a Narbona, quien lo instruyó para que denunciara formalmente los hechos ante la Opade. El cura “le entregó la dirección en un papel y pidiéndole no contar que habían tenido esa conversación, porque no quería tener problemas por ayudarlo”, se lee en la presentación judicial.

A los pocos días “Z” llegó hasta la Opade. Allí fue “atendido en forma displicente”, dice el libelo, y un funcionario tomó nota.

“Durante el resto de 2015 “Z” concurrió en reiteradas oportunidades a la Opade par inquirir el estado de la investigación, que se supone se había iniciado y la solicitar la ayuda sicológica prometida, porque su estado anímico (…) era deplorable. Nunca recibió respuesta alguna a sus requerimientos. Es más, en una ocasión un sacerdote que estaba en la oficina de la Opade, que conocía la denuncia, lo expulsó y amenazó”, sigue la demanda.

La víctima, acongojada por la situación de violencia sexual vivida, decidió contarle a su pareja. Pese al apoyo que pensaba encontrar, su mujer no creyó su relato, “que nunca volvería a tener intimidad con él, acusándolo de gay y lo expulsó del hogar”. Tal fue el shock emocional que hasta hoy “Z” vive en situación de calle. Desde entonces no ha vuelto a ver a su hija.

Infierno en la tierra

Pero “Z” insistió. Volvió en los meses venideros de 2015 a la Catedral de Santiago con el fin de obtener ayuda sicológica y una respuesta.

“En una ocasión ingresó al confesionario donde estaba el padre (y además Deán) Juan de la Cruz Suárez, circunstancia que aprovechó para narrarle los hechos ocurridos con Tito Rivera en el dormitorio (…). El sacerdote se ofuscó, lo acusó de blasfemo y expulsó con un par de guardias”, puede leerse en la acción legal.

Y agrega: “En otra oportunidad, el mismo 2015, estaba el cardenal Ezzati en la Catedral, en el sector del confesionario. (“Z”) esperó su turno y le relató la agresión sexual, la denuncia ante la Opade, las nefasta consecuencias de todo ello en su vida, su frustración por la inacción del organismo que investigaría los hechos y la negativa de brindarle el apoyo sicológico prometido”.

Según el relato, Ezzati salió del confesionario, lo abrazó y en respuesta le dijo que oraran “por el cura Tito Rivera”. “Lo dejó solo en un pasillo y a través del padre Pedro, le dio 30 mil pesos. (“Z”) se sintió humillado por la iglesia a la que acudía en busca de contención y apoyo”, continúa.

Las duras condiciones de “Z” en su diario vivir, lo hicieron ir dejando de lado el asunto. Pero en secreto, la iglesia había iniciado el 7 de abril de 2015, decretada por el obispo Fernando Ramos Pérez, una indagatoria “previa” que la víctima desconocía por completo y de la que tardaría mucho en enterarse.

Porno religioso

El 21 de abril, el Deán de la Catedral y monseñor Juan de la Cruz Suárez, se sentó frente al presbítero encargado de la indagatoria, Francisco Walker Vicuña. En la oportunidad, según la demanda, declaró “haber tenido conocimiento de que (…) (Tito Rivera) usaba el dormitorio del segundo piso para ingresar jóvenes, ante lo cual le aconsejó cuidarse y que él mismo le facilitaba las llaves”.

“Agrega que Tito Rivera siempre andaba con acólitos personales, jóvenes de clase media baja y que los padres de uno de ellos lo acusaron por Facebook de haber abusado de su hijo. Dice que en esa época el arzobispo (Ezzati) dio órdenes de no darle más trabajo a Tito Rivera en la Catedral”, añade el escrito.

El presbítero Franco Javier Manterola Ayesta, en su testimonio agregó otro detalle: en 2011 una madre acusó a Rivera de haber iniciado sexualmente a su hijo de 16 años.

Aseguró que “hubo otras actitudes que le causaron sospecha, como la permanente compañía de jóvenes, sus acólitos, la cercanía incómoda con ellos y otros episodios imprudentes que se prestaban para rumores”. El sacerdote Héctor Villalobos confirmó los mismos hechos.

El 19 de mayo de 2015 le tocó el turno a Tito Rivera, Frente al investigador confesó que se había reunido con “Z”, pero que jamás tuvo sexo con él, que cometió una imprudencia al llevarlo al dormitorio y que todo se debía a un acto de extorsión para obtener dinero.

Hasta entonces, la “investigación previa” solo contenía versiones, más no hechos reales. El azar o la divina providencia hizo que todo cambiara el 17 de junio del mismo año. Ese día se presentó en el la oficina de la Opade, una víctima abusada sexualmente por Tito Rivera.

“F” llevaba consigo una prueba irrefutable: ocho fotos donde Rivera aparecía en actos sexuales. Fueron recibidos, de acuerdo a un acta que consta en la investigación de la fiscalía de Rancagua, con Walker Acuña y Óscar Muñoz Toledo. Este último es el excanciller de la iglesia chilena que renunció a su cargo el año pasado y fue formalizado por su responsabilidad en el abuso de menores por el fiscal Arias.

La víctima no entregaría las imágenes a cambio de nada. Quería saber el nombre de quiénes lo habían imputado de robar el cáliz desde la Catedral de Santiago. “Quiero limpiar mi nombre”, les dijo a los presbíteros.

Con los antecedentes en la mano, Walker Vicuña citó nuevamente a Tito Rivera. El 25 de junio de 2015 el presbítero, entonces rector de la Iglesia de las Agustinas nombrado por Ezzati, se enfrentó a lo indesmentible.

El sujeto “negó derechamente haber tenido algún tipo de trato sexual con “Lucho” con quién aparece en una de las fotografías aportadas por “F”. Al darle a conocer la existencia de esas fotos en actos sexuales en su domicilio particular, reconoce haber tenido actividad sexual un par de veces”.

Los hechos quedaban comprobados, por lo que la autoridad a cargo del caso -el 3 de julio de 2015-, resolvió ampliar la investigación al abuso de menores por haber tenido sexo con su acólito “F”. Incluyó además el robo de especies sagradas desde la Catedral y Las Agustinas.

No obstante, en el informe no todo es positivo. En él no se incluyó la denuncia de una madre, por el abuso de su hijo, ni menos el testimonio del sacerdote “S”, como tampoco una nueva declaración de “Z”. “Temo que intentar remover este asunto pueda ser peligroso”, escribió luego de escuchar al Deán de la Catedral Juan de la Cruz Suárez, quien a su vez le indicó que “el denunciante se había mostrado violento con intención de pedir dinero”.

Otro hecho llamativo es que la denuncia original de “Z” nunca se encontró, sino solo un acta fechada el 18 de marzo de 2015 con “una versión morigerada de los hechos”. Está firmada por el presbítero Lionel de Ferrari Lira.

“Hago presente que se individualiza a “Z” como una persona en situación de calle, en circunstancias de que a la fecha de la denuncia estaba domiciliado en (…) junto a su pareja (…), apunta el escrito.

Terminada la “investigación previa”, el 29 de julio de 2015 el presbítero David Albornoz Pavisic emitió un informe. En él detalló que los hechos acreditados revelan una violación al sexto mandamiento (delitos sexuales contra adultos y menores de edad”).

“(…) se puede concluir de la investigación que es verosímil que estas conductas hayan ocurrido y que las fotografías de sexo explícito, serían más aún una prueba fehaciente de un comportamiento sexual habitual, gravemente inmoral y prácticamente fuera de cualquier control”, señala la demanda.

A continuación recomendó tomar nuevos testimonios y tomar otras medidas contra Rivera Muñoz.

Sin embargo, solo en noviembre de 2016 se inició el proceso administrativo penal, designándose al presbítero Francisco Iglesias Ayesta, que un año y siete meses después volvería a tener noticias de “Z”.

Regreso a la dignidad

Habían transcurrido más de tres años desde que “Z” denunciara la violación de que fue objeto en la Catedral. En los medios proliferaban las noticias sobre la pederastia en la iglesia católica chilena y mundial y la visita del Papa Francisco a principios de 2018, generaron la necesidad de saber qué había sucedido con la investigación.

“Z” concurrió el 20 de junio de 2018 a la oficina de la Opade y pidió hablar con el sacerdote que recibió su denuncia tres años antes. Sin embargo, se trenzó en una dura discusión con un dependiente del lugar y acusó que nunca lo habían apoyado.

Tres días más tarde “Z” recibió un mail. En él, el cura a cargo del proceso administrativo penal, Francisco Javier Iglesias Ayesta, le escribió:

“Estimado señor (…) me llegado una carta de la oficina de denuncias del obispado, refiriéndome que usted se ha acercado a preguntar sobre la denuncia que usted presentó en su oportunidad. Quiero comunicarle que ante su denuncia se inició una investigación previa, la cual arrojó como resultado que la denuncia era verosímil para iniciar un proceso administrativo penal contra el P. Tito Rivera”.

Iglesias Ayesta repitió el envío del correo electrónico en otras dos oportunidades. En la última, como cuenta gotas, le indicó que Rivera había sido sancionado con 14 años y separado del Ministerio Sacerdotal. En la misma comunicación le enrostró que no había dejado ninguna dirección para contactarlo.

La demanda, sin embargo indica lo contrario.: “Lo cierto es que desde la denuncia que efectuara (“Z”) en la Opade en marzo de 2015 y hasta el 23 de junio de 2018, nunca recibió comunicación ni citación de dicho organismo, no obstante contaban con el correo electrónico del denunciante y haberse presentado este en numerosas oportunidades solicitando información acerca de la investigación, asistencia espiritual y apoyo sicológico”, escribió el abogado Alfredo Morgado.

Diligencias recientes

“Z” resolvió denunciar los hechos al Ministerio Público el 26 de junio del año pasado. Desde entonces la Fiscalía de Rancagua ha realizado una serie de diligencias, a partir de las cuales se descubrieron una serie de contradicciones con lo sostenido por la iglesia.

En un informe emitido por la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI fechado el 25 de enero de 2019 se da cuenta que “Z” declaró el 31 de julio y el 30 de agosto del mismo año donde expuso su testimonio.

El 21 de noviembre concurrió “María Paz”, la secretaria de Tito Rivera en la Catedral de Santiago, cuyo nombre real es Toshiko Kamitakahana.

La mujer reconoció que “Z” le contó de la agresión sexual, y que le indicó que debía denunciar los hechos, desconociendo cuáles habían sido los cursos de acción.

La conclusión del oficial de la PDI, indica que la versión “resulta inverosímil si ella misma reconoce haber aconsejado la denuncia”.

La expareja de “Z” -el 17 de enero de 2019- también entregó su versión a la policía civil. Dijo que en aquel tiempo no le creyó que había sido violado, “pensando en que era un argumento para justificar su desempleo y la posibilidad de sustentar a la familia”.

“Dice que ella intentó ayudarlo varias veces porque quedó muy mal con la situación y que ella finalmente le creyó, cuando él le mostró un correo de la iglesia donde hablaba de lo ocurrido”, señala el documento policial citado en la demanda.

“F”, otra de las víctimas de Tito Rivera, reconoció ante la PDI el 22 de enero de 2019 encuentros sexuales en la habitación de la Catedral y que lo obligó a inculparse por la pérdida de un cáliz a lo que él se negó. Por esa razón decidió entregar las fotos que revelaron los delitos del presbítero.

Los días 22 y 23 de enero de este año, en tanto un equipo especial de la policía civil, llegó hasta la Catedral e hizo una fijación fotográfica de las piezas y la distribución física del lugar, “que resulta concordante” con lo expuesto por los denunciantes.

Liboria del Carmen, encargada de las llaves de la iglesia, también confirmó que Rivera Muñoz, hacía “uso exclusivo de la habitación”.

Otro informe que consta en la investigación reveló, además, que al concurrir los funcionarios de la PDI en conjunto con la conservadora de la Catedral, Carmen Pizarro, al domicilio del imputado, “estaba atiborrado de objetos religiosos y de otro tipo; hallaron una “lámpara del Santísimo” que habían dado por extraviada hace seis años y que se evidenciaba que el sacerdote tenía la mala costumbre de disponer de objetos que no son propiedad de personas, sino de capillas, parroquias y órdenes religiosas”.

De esta manera, sigue el documento, Tito Rivera desarmaba “la historia y el contexto de su propio patrimonio”.

La PDI intentó interrogar a Ezzati, pero su abogado Hugo Rivera lo excusó por problemas de agenda. Rivera Muñoz, quien asegura estar internado en el Hospital de Carabineros, contestó el llamado, pero derivó a los investigadores a su abogada, que tampoco se prestó para la diligencia ordenada por la fiscalía.

Lea el crudo relato de la víctima y la demanda completa