Por Alejandro I. López
La dictadura de Alberto Fujimori en Perú puso en práctica un crimen de lesa humanidad a gran escala: la esterilización forzada de más de 300 mil mujeres indígenas.
En 1995, Fujimori anunció la implementación del Programa Nacional de Salud Reproductiva y planificación Familiar (PNSRPF), una estrategia de salud pública que tenía como objetivo reducir la natalidad en las regiones más marginadas de Perú.
«La esterilización forzada es una violación a los derechos humanos que ocurre cuando una persona es esterilizada tras haber rechazado el procedimiento, cuando éste se aplica sin su conocimiento o cuando la persona no tiene la oportunidad de facilitar su consentimiento con conocimiento de causa».1
Este crimen de lesa humanidad y violencia sexual ha sido utilizado en Latinoamérica –especialmente contra los sectores más marginados y poblaciones indígenas– y conlleva un procedimiento médico que afecta a la fertilidad de forma permanente sin el consentimiento de la víctima.Durante de la década de 1990, cientos de miles de mujeres fueron sometidas a esterilizaciones forzadas bajo el supuesto programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV). Todas compartían dos características en común, eran indígenas y tenían un bajo nivel de ingresos.El camino legal estuvo completo una vez que se aprobó la Ley 26530, una reforma que grosso modo modificaba la Ley de política nacional de población, agregando la anticoncepción quirúrgica voluntaria como un método anticonceptivo facilitado por el Estado.
A pesar de que a primera vista esta modificación legal simulaba un triunfo para los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, lo cierto es que se convirtió en el camino para poner en marcha una política que sin su consentimiento.En el caso de la dictadura de Fujimori, la población objetivo del PNSRPF no era fortuita: la elección respondía a una política social basada en la eugenesia, además de apoyarse en las falsas premisas de que los pueblos indígenas son ignorantes, viven en el atraso y deben renunciar a sus tradiciones y cultura para lograr acceder a la modernidad (lo que sea que esto signifique).
«Mujeres campesinas, indígenas de la amazonía y pobladoras de las zonas marginales de las ciudades importantes, incluida Lima; en dos palabras: mujeres pobres, que eran esterilizadas por medio de la ligadura de trompas sin su consentimiento, usando la coerción, las amenazas, o en el mejor de los casos el chantaje a base de la entrega de alimentos para someterlas a un método anticonceptivo definitivo (…) del que no eran transparentemente informadas».2
«Este modelo contemporáneo de eugenismo, practicado mayoritariamente en los sectores más empobrecidos del país, apuntó a una estabilización (y posiblemente disminución) del crecimiento poblacional en las zonas rurales y campesinas, imponiendo por lo tanto una lógica de crecimiento económico a todo costo y al detrimento de la dignidad humana».3
El modus operandi de esta práctica se basó en la coerción y las amenazas para concretar las esterilizaciones forzosas. El acoso de doctores, enfermeros y personal de salud que realizaba visitas casa por casa para convencer a las mujeres indígenas de acudir a la clínica era acompañado de un alud de desinformación disfrazado de campañas de salud que recorrían las comunidades marginadas.
De 1996 a 2000, más de 314 mil 605 mujeres fueron esterilizadas. Menos del 10 % fueron intervenciones voluntarias. La mayoría eran mujeres indígenas, quechua hablantes y analfabetas.
En ocasiones, el personal de salud aprovechaba la convalecencia de las mujeres que acababan de ser madres y amenazaba con no registrar al recién nacido si no aceptaba entrar al quirófano. En los casos más graves, las mujeres eran acosadas y llevadas a la fuerza en ambulancia hasta las clínicas.
La anticoncepción quirúrgica definitiva también se presentaba como requisito para acceder a programas sociales, de infraestructura o apoyos gubernamentales. También era común amenazar a las víctimas directamente con que sería detenidas por la policía o bien, convencer a los esposos de las mujeres objetivo y hacerlos firmar un documento que otorgaba una inexistente validez para practicar la esterilización.
A pesar de que Alberto Fujimori fue declarado culpable por distintos crímenes y paga una condena en prisión, los delitos relacionados con la política de esterilización no forman parte de su condena. La reparación del daño, la búsqueda de la verdad y justicia ante la violación de los derechos humanos y reproductivos que sufrieron cientos de miles de mujeres en Perú sigue en pie.
24 de marzo 2019.
Fuente: https://culturacolectiva.com/historia/esterilizacion-forzada-en-peru-alberto-fujimori
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