Chile panóctico (*): Con el rut y los drones vivimos todos chequeados y vigilados.

El pasado jueves 18 de marzo, con bombos y platillos el Presidente Sebastián Piñera, presentaba junto a la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, el nuevo sistema de vigilancia de la Región Metropolitana, que constará de drones de última generación y modernas cámaras de vigilancia, llamado «Sistema de Televigilancia Móvil».

“Es nuestro deber como Gobierno hacer todo lo que esté a nuestro alcance para llevar más tranquilidad y seguridad a los hogares chilenos, y combatir con mayor fuerza, voluntad y eficacia a la delincuencia”, dijo en aquella ocasión el Mandatario en una ceremonia realizada en la Plaza de la Constitución.

El sistema, según lo informado, cuenta con aeronaves remotamente pilotadas, conocidas como drones, equipadas con cámaras infrarrojas para visión nocturna y de alta definición, capaces de grabar y transmitir imágenes en tiempo real. Además, cuenta con más de un centenar de cámaras de seguridad; y centros de monitoreo ubicados en las Intendencias Regionales, donde se almacenarían las imágenes captadas por estos drones.

Más de una semana después, sin embargo, llegó el primer inconveniente para el proyecto de seguridad estrella del Gobierno: el Consejo para la Transparencia (CPLT) le envió un oficio a Martorell donde «se solicita información que indica sobre cumplimiento de la Ley N°19.628, en materia de datos personales, a propósito de la implementación del denominado ‘Sistema de Televigilancia Móvil'».

En el documento firmado por el presidente del organismo, Marcelo Drago, le exigen a la subsecretaria que en 10 días hábiles informe al CPLT sobre la forma en que se dará cumplimiento a las disposiciones de la Ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada, basándose en que el órgano tiene que velar por el cumplimiento de la mencionada ley.

Las dudas que le surgen al CPLT se basan en lo que ellos mismos han recomendado a los municipios desde el año 2011 que los sistemas de televigilancia adopten «todas las medidas, tanto organizativas como técnicas, para resguardar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos contenidos en sus registros con la finalidad de evitar la alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado de los mismos».

En ese sentido, le ordenan a la Subsecretaría de Prevención del Delito que explique 13 puntos, entre los que se destacan la fase de desarrollo en que se encuentra el sistema de vigilancia, los resultados que arrojó su puesta en marcha, el tipo de información sensible que es recopilado, si el sistema contempla el reconocimiento facial y el marco normativo y legal que autorizaría la utilización de este sistema; además del plazo máximo de almacenamiento del material recopilado y cómo se tratarán las imágenes obtenidas de niños.

ONG en alerta

Pero en el CPLT no son los únicos que están alertas por la puesta en marcha del sistema de televigilancia del Gobierno. En la ONG Derechos Digitales les parece grave que «el Gobierno impulse una medida de este tipo sin una discusión previa en el Congreso, que en el fondo permita contar con herramientas para implementar una serie de protecciones respecto al modo en el cual este sistema va a funcionar», como señala Vladimir Garay, director de Comunicaciones e Incidencia de la entidad.

«Nos parece preocupante la liviandad con la cual el Gobierno ha decidido implementar este sistema de televigilancia, particularmente respecto a las capacidades que tiene el sistema, porque uno de los anuncios que se realizó es que estos drones cuentan con tecnología de cámaras infrarrojas y reconocimiento facial», agregó.

De acuerdo a Garay, para que se pueda implementar este tipo de tecnología se requiere que ocurran circunstancias «muy explícitas»: uno, que se promulgue una ley que habilite el uso de ellas; dos, en caso de no existir la ley, que las personas que son vigiladas entreguen un reconocimiento expreso que autoriza su uso y la captación de imágenes, por ejemplo. Pero ninguna de estas situaciones se cumple en estos casos, advierte el experto.

Otra ONG que mira con preocupación la implementación de este sistema de televigilancia es la Fundación Datos Protegidos. Ellos ya habían tocado este tema en una campaña llamada «LaDRONES de privacidad», donde indican que el uso de drones para vigilar a la ciudadanía va en aumento en América Latina, de la mano de las autoridades.

«Se observa que la industria de los drones se intersecta con el relato panóptico de políticos en toda la región. En la medida que existan autoridades que busquen monitorear una gran cantidad de población mediante videocámaras instaladas en drones para el freno a la criminalidad, tendremos una lógica panóptica que se desarrolla en las ciudades. Poco importa que las investigaciones den cuenta que estas medidas no afectan a una reducción real del delito o que el principal efecto tiene que ver con el desplazamiento de personas indeseadas por la autoridad de ciertos espacios públicos», indican en su informe.

«De esta forma, los discursos políticos comienzan a configurar la vulneración a derechos humanos. La sensación constante de estar vigilado mediante drones implica la inhibición de realizar ciertas actuaciones en espacios públicos como discursos artísticos, disidentes o políticos, demostrándose que la privacidad funciona como un escudo para el desarrollo de otros derechos humanos como la libertad de expresión o la libertad de reunión», sentencian.